martes, 25 de septiembre de 2012

Fomento y Hacienda "trabajan para ayudar y acompañar" a las autopistas en quiebra

MADRID.-   La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que su Departamento trabaja con el de Hacienda "para, cuando menos, ayudar y acompañar" a las sociedades concesionarias de las autopistas en quiebra, "que lo están pasando mal".

   "Pero sólo veo un modo de que este problema se resuelva definitivamente, y pasa por la reactivación de la actividad económica", apuntó Pastor durante su intervención en el 'Ágora' de 'El Economista'.
   La ministra de Fomento asegura que, en paralelo, está en contacto con el sector para mejorar el sistema concesional español, "para que no se desprestigie un modelo que ha dado grandes éxitos en España".
   En este sentido, Pastor acotó el riesgo de quiebra que presentan una decena de autopistas a los cálculos que en su día se hicieron sobre su rentabilidad futura, y al sobrecoste de expropiación de terrenos que sufrieron.
   En cuanto a las medidas articuladas por Fomento para estas vías, la ministra recordó que su Departamento, en los Presupuestos de 2012, amplió hasta 2021 la vigencia de la cuenta de compensación con la que ayuda a las vías a amortiguar la caída de los tráficos, y articuló una línea de préstamos participativos.
   En la actualidad, de la decena de las sociedades concesionarias de autopistas que se encuentra en esta situación, cuatro ya se han acogido a procesos concursales. La Madrid-Toledo y la R-4 Madrid-Ocaña han solicitado el concurso, y la Cartagena-Vera y las radiales de Madrid R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, el preconcurso.
   Estas cuatro sociedades, que suman un pasivo de 2.171 millones de euros, realizaron una inversión en la construcción y puesta en marcha de las vías de 3.338 millones de euros. En todos los casos, se trata de autopistas que entraron en servicio en los últimos años y están participadas por grandes constructoras y entidades financieras.

El valor de las exportaciones hortofrutícolas de julio sube un 108% con respecto al mismo mes del año anterior

ALMERÍA.- Las empresas del sector hortofrutícola de Almería exportaron en el mes de julio más de 23.000 toneladas de hortalizas frescas, valoradas en 20 millones de euros, lo que representa un incremento del 108 por ciento en comparación con la facturación de este mismo producto en julio del año pasado. En total, entre verduras y frutas frescas, las empresas de la provincia vendieron fuera en julio más de 70.600 toneladas, un 90 por ciento más que en el mes de referencia.

   El delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz, ha valorado en un comunicado estos datos del Icex, que reflejan la incidencia negativa que tuvo la crisis de la 'E. coli' en las exportaciones hortofrutícolas de Almería en el verano de 2011, "pero al mismo tiempo ponen de relieve la capacidad del sector almeriense para reponerse y recuperar la imagen y los mercados gracias a la calidad y la seguridad de sus cultivos".
   Con estos datos de julio, las exportaciones hortofrutícolas de la provincia en los siete primeros meses del año ascienden a casi 1,3 millones de toneladas, un cinco por ciento más que en el mismo periodo del año pasado, lo que supone un "récord histórico". El valor de estas ventas se ha elevado hasta 1.153 millones de euros, un 9,6 por ciento más que en los siete primeros meses del año anterior, lo que supone también "la cifra más alta de las historia de la horticultura almeriense, que representa el 83 por ciento del total del valor de las exportaciones realizadas por la provincia".
   Las hortalizas frescas son las que mejor se comportando este año. Entre enero y julio las empresas exportadoras de la provincia han vendido 1,04 millones de toneladas, casi un cinco por ciento más que el pasado ejercicio, con una facturación de 1.024 millones de euros, un 11,7 por ciento más que en el mismo plazo de tiempo que el año 2011. Almería, por tanto, destaca como la primera exportadora de verduras frescas de España, con un 40,5 por ciento del total de las ventas en este periodo, seguida de Murcia (24,8 por ciento) y Valencia (7,2 por ciento).
   El comportamiento de las frutas frescas --sandía y melón, principalmente--, es "algo más discreto" que el de las verduras. En los siete primeros meses se han exportado 255.000 toneladas, un 8,7 por ciento más que el año pasado, con una facturación de casi 129 millones de euros, un 4,9 por ciento menos.
   En la exportación de hortalizas, Alemania, el principal cliente de Almería, ya que acapara el 28 por ciento de las verduras vendidas fuera, con una facturación de 286,7 millones de euros. Le siguen Francia (15 por ciento), Holanda (casi el 13 por ciento), Reino Unido (12,1 por ciento), e Italia (el 7,5 por ciento). Polonia se ha situado este año como el sexto mejor cliente, con el 4,3 por ciento, por delante de Bélgica, Suecia y Dinamarca.
   En cuanto a las frutas, el 36,2 por ciento se han destinado al mercado alemán --46,6 millones de euros--, el 16,6 por ciento a francés, y casi el diez por ciento al holandés. Nueve de los diez productos almerienses con más mercado en el extranjero, son frutas y hortalizas. Sólo uno es ajeno al agrícola, el de las manufacturas de cemento, hormigón y piedra, que ocupa el quinto puesto.
   En el primer lugar de la clasificación por su valor --casi 333 millones de euros--, destaca el tomate, que supone el 22,3 por ciento de las ventas; el segundo lo ocupa el pimiento, con el 17,7 por ciento de la cuota de mercado; el tercero, el pepino, con el 9,2 por ciento, y el cuarto, el calabacín, con el 7,8 por ciento.

La Junta prepara una ley que creará un impuesto a las grandes superficies

SEVILLA.- La Junta de Andalucía trabaja en estos momentos en la elaboración de una ley para la creación de un impuesto que gravará los impactos negativos causados por las grandes superficies comerciales minoristas en el medio ambiente, la ordenación del territorio, infraestructuras públicas y el tejido económico de los núcleos urbanos, según ha anunciado el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, durante su intervención en el Pleno del Parlamento andaluz.

   Rodríguez, que ha explicado que ésta es una de las medidas que prepara el Ejecutivo andaluz para paliar los recortes y subidas de impuestos desarrollados por el Gobierno central, ha precisado que  este impuesto ya existe en otras comunidades como Cataluña, Asturias, Aragón o Canarias y tiene una "finalidad extrafiscal", de forma que la recaudación "se destinará íntegramente a las pequeñas y medianas empresas comerciales". Por tanto, el consejero ha afirmado que la naturaleza de este instrumento impositivo "responde a criterios justos, solidarios, progresivos y, además, no merma el consumo ni la demanda".
   Durante su comparecencia en Pleno, Rafael Rodríguez ha advertido de que la aplicación de las medidas recogidas en el Real Decreto 20/2012, como la subida del IVA o la liberalización de calendarios y horarios comerciales, "afectarán gravemente" al turismo y el comercio, dos sectores que, según recordó, "son estratégicos para la economía andaluza".
   En este sentido, ha rechazado la "funesta" promulgación de la citada norma, porque, a su juicio, "pide aún más esfuerzo a los ya maltratados hogares y familias de este país, porque arroja un jarro de agua fría sobre el sector económico que está amortiguando la crisis, el turismo, y porque pone a caminar a pequeños y medianos comercios sobre una frágil y delgada cuerda floja".
   A su juicio, las medidas liberalizadoras en el sector de la distribución comercial rompen el equilibrio entre trabajadores, grandes empresas, pequeños empresarios y consumidores y "distorsionan la convivencia" de formatos existentes a favor de las grandes superficies en detrimento de las pymes.
   En este sentido, ha recordado que el Real Decreto Ley impone el incremento de las horas de apertura de 72 a 90 horas semanales, y el aumento de aperturas autorizadas en domingos y festivos de entre un máximo de 16 y un mínimo de 10 días, dos más de los consensuados actualmente en Andalucía y recogidos en su Ley de Comercio Interior.
   Además, ha subrayado que la modificación de la legislación actual es "innecesaria" porque en la comunidad andaluza ya está garantizada la libertad horaria para los locales de menos de 300 metros cuadrados, las tiendas de conveniencia, los establecimientos de estaciones y aeropuertos y los establecimientos de los 24 municipios andaluces declarados zonas de gran afluencia turística.
   "Si un comercio bajo el régimen de libertad horaria actual no abre es porque no le es rentable, no porque la legislación vigente se lo impida", ha puntualizado Rodríguez, quien ha asegurado que un mayor número de horas de apertura no incrementa el consumo, sino que "traslada las compras hacia modelos de grandes superficies", que pueden hacer frente a más costes de contratación "flexibilizando y precarizando sus plantillas sin necesidad de crear nuevos puestos de trabajo".
   Además de suponer la ruptura del modelo de consenso y de los perjuicios para las pymes comerciales de la comunidad, el consejero ha afimrado que la implantación de la norma estatal "vulnera los principios y fundamentos de nuestro marco competencial autonómico, ya que se lleva a cabo desde el más claro conocimiento de inconstitucionalidad".
   Por otra parte, Rafael Rodríguez ha expresado su rechazo a la subida del IVA decretada por el Gobierno central porque "se traducirá en un menor consumo, traerá menores ventas e ingresos y, como consecuencia, aumentará el número de personas que perderán sus empleos".
   Concretamente, se ha referido a la repercusión negativa del aumento de tipos y del precio en los bienes y servicios turísticos, lo que puede producir "un efecto disuasorio sobre el turista extranjero al encontrarse con precios mayores sin que ello haya supuesto un incremento en la calidad ofertada", agregó. A su juicio, "Andalucía no se puede permitir este tipo de riesgos en su principal industria económica".
   La diputada del PP-A María del Rosario Alarcón ha destacado que "una vez más" se vuelve a hablar en el Parlamento de cómo nos afectan las medidas del Gobierno central pero no las del Gobierno andaluz, en una estrategia de "jugar al despiste". Según ha apuntado, "nada tiene que ver" el decreto aprobado por el Gobierno de Rajoy con decisiones adoptadas por el Gobierno andaluz como la supresión o reprogramación de los 63 planes de iniciativas de turismo sostenible o con el impago de las subvenciones de 2011 al turismo.
   Alarcón ha recordado también que fue el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez quien abrió el debate sobre la liberalización de los horarios comerciales y ha destacado que esta cuestión no está reñida con el apoyo al mediado y pequeño comercio por parte de las administraciones. Por último, ha brindado toda su ayuda al consejero ir "de la mano y no contracorriente del Gobierno de la Nación" en pro del turismo y del sector del comercio.
   Por su parte, el diputado del PSOE-A Francisco Jesús Fernández ha asegurado que el decreto aprobado por el Gobierno contiene medidas que supondrán un "daño incalculable" al turismo y al comercio andaluz, fundamentalmente en lo que se refiere a la subida del IVA. Así, ha criticado que el PP afirmara que "jamás" subiría el IVA, y que finalmente lo haya hecho "con premeditación, alevosía y nocturnidad", haciendo "insostenible" para la economía doméstica de las familias este "golpe de gracia".
   El socialista, que ha considerado importante que las instalaciones de golf pueden ser calificadas como turísticas y no deportivas para poder pagar el IVA reducido, ha señalado también la ley de liberalización de los horarios comerciales ha supuesto "abrir el hoyo para enterrar al pequeño y mediano comercio ante las grandes superficies y que los empleados trabajan más por menos".
   Finalmente, la diputada de IULV-CA María del Carmen Pérez ha mostrado el "más rotundo rechazo" de su formación al decreto aprobado por el Gobierno de la Nación, por suponer un recorte "en todas las vertientes" de la industria turística andaluza y española. En su opinión, la subida el IVA conllevará un efecto disuasorio en los potenciales turistas, así como también una bajada del consumo.
   Asimismo, ha mostrado su respaldo al Gobierno andaluz en la elaboración de una ley que incluya un impuesto finalista para las grandes superficies que revierta en los pequeños y medianos comercios. Según ha recordado, su grupo parlamentario demandó hace un par de semanas la puesta en marcha de dicho impuesto.

La Junta pide por carta a Montoro el 17,8% de la inversión territorializada de los PGE

SEVILLA.- El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha remitido una carta al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, donde le pide que se contemple la Disposición Adicional Tercera (DAT) del Estatuto de Autonomía de Andalucía en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, de forma que el Gobierno asigne a Andalucía el 17,8 por ciento de la inversión territorializada del Estado.

   En dicha misiva,  el consejero ha recordado que desde que aprobó la reforma del Estatuto de Autonomía, el Estado y la Junta "han venido trabajando activamente para hacer efectiva la Disposición Adicional Tercera (DAT) de dicho Estatuto, que determina la inversión que el Estado debe destinar a Andalucía en los PGE durante siete años".
   Ha recordado que para ello se creó un grupo de trabajo que aprobó el documento denominado 'Metodología de cálculo de las inversiones del Estado en Andalucía', de forma que conforme a esa metodología, entre 2008 y 2011 en los PGE "se recogió el porcentaje a aplicar para determinar la inversión del Estado en Andalucía en función del peso de la población andaluza en la española". Agregó que en los Presupuestos Generales de 2010 y 2011 se incorporaron además mecanismos de seguimiento y ejecución de la DAT.
   Asimismo, ha apuntado que la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado, en cumplimiento de la metodología de cálculo aprobada en relación con la aplicación del DAT acordó fijar el pasado 16 de septiembre de 2011 las desviaciones definitivas observadas en la ejecución de las inversiones del Estado en Andalucía en los ejercicios 2008 y 2009.
   Ávila ha recordado en su misiva que el Pleno del Parlamento andaluz aprobó por unanimidad el 29 de septiembre de 2011 una proposición no de ley en la que se instaba al cumplimiento "integro" de lo acordado en dicha Comisión Bilateral.
   El consejero agrega que el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos en octubre de 2011 comunicó oficialmente los cálculos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en función de la metodología aprobada, reconociendo una desviación definitiva en cumplimiento de la DAT para los años 2008 y 2009 por valor de 1.504,54 millones de euros, cifra a la que la Junta dio su conformidad.
   Ávila le recuerda a Montoro que todo ello ya fue expuesto en una reunión celebrada en febrero de 2012, pero ha lamentado que en los PGE de 2012 "se ha incumplido la DAT por primera vez" en lo relativo al porcentaje de inversión del Estado en Andalucía, que representó el 14,6 por ciento del total de inversión regionalizada, "cuando debería haber sido el 17,8 por ciento, como en las cuentas antes aprobadas, en función del peso poblacional de Andalucía en España". Lamenta que tampoco se recogieron partidas para el cumplimiento de las desviaciones acordadas.
   El consejero le recuerda a Montoro que tampoco se han remitido las cifras correspondientes al ejercicio cerrado de 2010 para, en su caso, "articular el mecanismo de compensación acordado".
   Ávila considera que en función de la metodología aprobada, el Ministerio de Hacienda "tendría que haber facilitado, antes del 30 de junio de 2012, los importes de la inversión total realmente ejecutada por el Estado en 2011, distinguiendo la territorializada y especificada la ejecutada en Andalucía".
   El consejero ha apuntado que todas estas peticiones fueron reclamadas oficialmente al secretario de Estado de Hacienda al pasado 5 de junio de 2012.
   Ávila, por último, le recuerda a Montoro que la DAT "está recogida en una Ley Orgánica del Estado, como es el Estatuto", por lo que reitera que habida cuenta de que los próximos días el Consejo de Ministros aprobada el proyecto de PGE para 2013, Ávila le traslada la necesidad de que "contemplen la DAT en el anteproyecto que elabora el Ministerio" y propone al Gobierno que "el 17,8 por ciento de la inversión territorializada del Estado se asigne a Andalucía".

Fomento mantendrá "el ritmo inversor" en 2013 para impulsar el AVE en la provincia de Granada

MADRID.- La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que en los próximos Presupuestos de 2013 habrá "una dotación suficiente" para "mantener el ritmo inversor" y avanzar en la conclusión del AVE en la provincia de Granada, donde falta licitar las obras de la variante y la estación de Loja y la integración del tren en la capital.

   Pastor ha respondido al senador socialista Juan Manuel Fernández, quien ha acusado al Gobierno de haber abandonado esta obra nada más llegar pese a lo poco que resta para su conclusión. "No tiene ninguna lógica económica ni política, solo la maldad del Gobierno de la derecha con Andalucía de castigarnos sistemática e injustamente", ha afirmado.
   El senador ha cifrado en 640 los millones que el equipo socialista invirtió en esta obra, que ha calificado de trascendental para los granadinos porque los situará a 20 minutos de la Costa del Sol, "motor económico" de la zona.
   "Usted se encontró el proyecto del tramo Loja y la estación de Loja en su despacho listos para licitarlos. No ha hecho nada. Si acaso, esconderlos en algún cajón del ministerio", ha censurado Fernández.
   La ministra ha contestado a las cifras del senador con otras y ha dicho que el Gobierno socialista invirtió 145,5 millones de 2007 a 2011. Desde que ella llegó a Fomento, ha aprobado una inversión de 208,7. "Como sabemos sumar y restar, de 145 a 208 van más de 50 millones", ha añadido.
   Sobre la variante de Loja, ha asegurado que se están recibiendo alternativas y estudiando alegaciones, porque el proyecto previsto para esos 18 kilómetros de obra costaba 400 millones para 18 kilómetros y suponía "reducir el tiempo (del trayecto) en poco más de cinco minutos".
 "No renunciamos ni a la variante ni a la estación, que la haremos", ha concluido.

lunes, 24 de septiembre de 2012

La Asociación 'SOS Bebés Robados Almería' detecta 30 presuntos casos de adopciones irregulares hasta los años 90

ALMERÍA.- La asociación 'SOS Bebés Robados Almería' ha detectado desde su creación una treintena de posibles casos de adopciones irregulares en los que, según la trama denunciada, se habrían sustraído bebés recién nacidos a sus madres para darlos a otras familias a cambio de una contraprestación económica mientras que a sus progenitores se les comunicaba el falso fallecimiento del neonato en el parto. 

   Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios la presidenta de la asociación, Ascensión López, quien ha manifestado que "a diario" hay personas que se ponen en contacto con ella para denunciar casos, si bien hasta ahora se han elevado cuatro a la Fiscalía Provincial de Almería de los que tres han sido archivados por falta de indicios de delito.
   No obstante, López ha señalado que, según las indagaciones realizadas por la asociación, han podido contrastar mediante documentación casos en los que se observan niños "con dos partidas de nacimiento en dos provincias" u otros inscritos en el registro civil como hijos biológicos cuando, realmente, han sido adoptados.
   En este sentido, SOS Bebés Robados Almería tiene constancia de presuntos casos detectados en el hospital de la Cruz Roja, en la Bola Azul o en el Hospital La Inmaculada, de Huércal-Overa que abarcan desde los años 50 hasta "bien entrados los 90" en los que, "como en el resto de España, una madre entra en el hospital embarazada, otra entra con un cojín, a una le dicen que su bebé ha muerto y la otra lo inscribe como biológico".
   López, quien ha mantenido este lunes una reunión con la parlamentaria andaluza de IULV-CA en Almería, Rosalía Martín, para reclamar el apoyo político de la formación; ha puntualizado además que, como en el resto de los casos denunciados hasta el momento, se ha podido corroborar, bajo su investigación, la participación de congregaciones religiosas, matronas y médicos.
   La presidenta, quien ha reconocido que muchos de los afectados se muestran "un poco pasivos" ante el inicio de una vía judicial por el archivo de casos, ha confirmado que en los próximos días formalizará una denuncia ante la Fiscalía de Almería ya que, según ha admitido, ella misma es un presunto bebé robado. "Yo nací un 7 de mayo y nací un 5 de mayo", afirma López, quien añade que apenas pudo abordar el caso con sus padres adoptivos, quienes se limitaron a confirmar este extremo.
   La representante de la asociación ha mantenido una reunión con la diputada autonómica de IULV-CA, con quien ha podido repasar la documentación y los trámites efectuados hasta el momento y quien se ha mostrado favorable a que se "esclarezcan" estos casos y "salgan a la luz" para que, en caso de que sea probado, actuar de cara a la "reparación" de los daños sufridos.

El rector de UAL advierte de que la falta de liquidez "está poniendo en riesgo la supervivencia" de universidades

ALMERÍA.- El rector de la UAL, Pedro Molina, ha advertido este lunes de que la situación de falta de liquidez de las universidades "está poniendo en riesgo" su "propia supervivencia" ya que afecta no sólo al pago a proveedores sino también a proyectos de investigación y al programa de becas 'Erasmus'.

   En declaraciones a los periodistas tras la inauguración del curso académico en el campus de La Cañada, Molina ha trasladado la "profunda preocupación" de los rectores andaluces por los problemas de tesorería que se están llevando a las instituciones a "dificultades muy serias" y ha indicado que se trata de una situación "que no puede durar mucho tiempo".
   "La falta de liquidez no es culpa de la universidad sino que se debe a la falta de transferencias por parte del órgano correspondiente, que en este caso es la Junta de Andalucía. Estamos en una situación de serias dificultades porque hablamos de aspectos urgentes para la propia supervivencia de las universidades", ha subrayado.
   Al hilo de esto y en alusión a la reunión el viernes de los rectores de las universidades públicas andaluzas con los consejeros de Hacienda e Innovación de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila, respectivamente, ha reiterado que se demandó a la administración una "senda de financiación" para que las universidades puedan hacer sus propias previsiones y cumplir así con los compromisos adquiridos y "urgencias inaplazables".
   "Estamos a la espera de que se resuelva rápidamente la financiación para las propias comunidades autónomas por parte del Gobierno central. Se debe tener claro que la educación superior es fundamental y que nadie piense que la crisis se puede resolver ahorrando de la educación superior, de la investigación y del conocimiento. Si es así, daremos un paso atrás inabordable para nuestra sociedad", ha considerado Molina.
   Como es habitual cada comienzo de curso académico, el rector de la almeriense ha participado junto a los equipos decanales de las distintas facultades en la recepción a los nuevos alumnos de la UAL en una jornada en la que la "normalidad" en las aulas ha sido la "tónica dominante".
   Los estudiantes han recibido información sobre los servicios que se prestan en el campus, la atención en el Área de Atención Integral a los Estudiantes (Araties) o las becas que pueden solicitar. También se les ha facilitado información sobre el curso académico y los sistemas de evaluación y se les han presentado las asignaturas correspondientes.

domingo, 23 de septiembre de 2012

La decena de autopistas en riesgo de quiebra supuso una inversión de 5.600 millones


MADRID.- La decena de autopistas de peaje que actualmente afrontan el riesgo de declararse en quiebra han supuesto una inversión de 5.601 millones de euros a las sociedades concesionarias que se adjudicaron su construcción y posterior gestión, según datos oficiales.

   Se trata de la inversión que los adjudicatarios han realizado en ejecutar las obras, con el fin de, posteriormente, recuperarla mediante el cobro de peaje a los usuarios de las vías durante el plazo en que tienen encomendada su explotación.
   No obstante, el sobrecoste que afrontaron por los terrenos que expropiaron para la construcción de las autopistas y la abrupta caída de tráfico que registran en los últimos años, consecuencia de la crisis, ha desequilibrado las cuentas de sus concesionarias e impide que puedan afrontar el pago de las deudas, que rondan los 3.000 millones.
   De la decena de las sociedades concesionarias de autopistas que se encuentra en esta situación, cuatro ya se han acogido a procesos concursales.
   La Madrid-Toledo y la R-4 Madrid-Ocaña han solicitado el concurso, y la Cartagena-Vera y las radiales de Madrid R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, el preconcurso.
   Estas cuatro sociedades, que suman un pasivo de 2.171 millones de euros, realizaron una inversión en la construcción y puesta en marcha de las vías de 3.338 millones de euros. En todos los casos, se trata de autopistas que entraron en servicio en los últimos años.
   La Madrid-Toledo, de 71,5 kilómetros y participada por Isolux Corsán, Comsa, Sando, Azvi y el Banco Espirito Santo, supuso una inversión de 407,5 millones de euros, y se ha declarado en concurso con un pasivo de 380 millones. En el primer trimestre de este año registró 1.639 usuarios diarios, un 15,6% menos que un año antes.
   La otra vía en concurso, la R-4 (Madrid-Ocaña) requirió una inversión de 1.079,3 millones de euros y ha solicitado el concurso con una deuda de 575 millones. Está participada por Ferrovial, Sacyr y la antigua Caja Castilla-La Mancha y en los tres primeros meses contabilizó 4.555 usuarios al día, un 10,6% menos.
   En cuanto a las también radiales R-3 y R-5, ambas de la concesionaria Accesos de Madrid, supusieron una inversión de 1.118,95 millones y actualmente se encuentran en preconcurso con un pasivo de 666 millones. Participada por Abertis, Sacyr, ACS y la antigua Caja Madrid, sufrieron un descenso de tráficos del 15,3% y el 16,2% respectivamente hasta marzo.
   Por su parte, la autopista Cartagena-Vera, en la que se invirtió 732,19 millones, también está en preconcurso, con una deuda de 550 millones y en el primer trimestre del año registró una media diaria de 2.396 usuarios, un 6% menos. Sus socios son Globalvía (grupo de concesiones de FCC y Bankia), Ploder, Cajamurcia (actualmente integrada en Banco Mare Nostrum), Unicaja (Ceiss) y CAM (Banco Sabadell).

El fiscal pide sobreseer la causa por cohecho contra exalcalde de Ohanes al haber prescrito el delito

ALMERÍA.- La Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional del procedimiento penal abierto contra el exalcalde socialista de Ohanes Juan Francisco Sierra al considerar que, si bien ha quedado acreditado que recibió 30.000 euros por parte de un empresario a cambio de la concesión de una licencia de primera ocupación, el delito de cohecho ha prescrito.

   El Ministerio Público interesa, asimismo, el sobreseimiento de la causa contra el citado promotor, Modesto O.L., quien interpuso en diciembre una denuncia ante la Fiscalía y aportó una grabación de video en la que este y el entonces regidor formalizan la entrega de un fajo de billetes al tiempo que se escucha al empresario decirle "Juanico, no digo na', en tus manos me encomiendo".
   El escrito indica que estos hechos han quedado "acreditados" y constituyen un delito de cohecho por el que el juez instructor ordenó incoar procedimiento por tribunal de jurado aunque remarca que estaría prescrito ya que pasaron tres años desde su comisión, en mayo de 2005, hasta su denuncia en diciembre de 2008.
   La fiscal hace referencia a un segundo episodio incluido en una ampliación de denuncia que realizó en sede judicial Modesto O.L. por el que el exalcalde le solicitó comprar, a cambio de otra concesión de licencia de primera ocupación, una vivienda a "un precio muy inferior a la que se ofertaba".
   "Queda constancia de ese contrato de compraventa fechado en 2006 por 63.130 euros cuando otras de iguales características eran vendidas a 96.013,24 euros si bien --añade-- hay que hacer constar que Juan Francisco Sierra finalmente anuló el contrato y no adquirió la citada vivienda".
   Al hilo de esto, el Ministerio Público rechaza que se dé un delito continuado de cohecho, que sí hubiera permitido continuar el procedimiento penal, al estimar que "no existe prueba contundente" de que se produjese, en diciembre de 2006, una segunda entrega de 30.000 euros que también fue denunciada por el promotor inmobiliario imputado.
   Según recoge el escrito, la "única prueba" en este punto es la declaración que prestó el propio Modesto O.L., quien aseguró que el exregidor le pidió esa cantidad "porque tenía que dársela a su pareja" y un reintegro bancario por valor de 26.800 euros que su socio en la empresa apuntó a que podría corresponder "al pago de trabajos realizados" y datado un mes antes de la fecha aportada por el denunciante.
   La fiscal desestima, asimismo, que exista un delito de coacciones por parte de Juan Francisco Sierra ya que, en la toma de declaración a los cuatro testigos referenciados por el empresario, "ninguno dio datos de los hechos ocurridos en el pleno del Ayuntamiento de Ohanes el 20 de octubre de 2008".
   El ex regidor socialista presentó su dimisión el 12 de enero de 2008 tras acceder a la Alcaldía de este pequeño municipio en 2003. La grabación de audio y video fue difundida a través de los medios de comunicación y en ella se veía a los dos implicados intercambiando un fajo de billetes con 30.000 euros después de referirse en términos despectivos a una tercera persona del género femenino.
   Tras el recuento del dinero, la conversación entre ambos continúa y el promotor inmobiliario le advierte de que el resto, al parecer otros 30.000 euros, se lo dará "cuando ya acabemos". En esta línea, y ante las insistentes preguntas de su interlocutor que cuestiona la validez del trato ya que no hay nada firmado, Sierra le tranquiliza y le asegura que puede "confiar en él". 
"Palabra, vete tranquilo. Problemas no va a haber", afirma, aunque matiza que para él "también es muy desagradable pero es que no tengo salida", justifica.

El Ayuntamiento de Almería ha de elaborar un plan de descontaminación visual para el cableado del casco histórico

ALMERÍA.- La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deportes de Almería, ha señalado que va a dirigir un escrito al Ayuntamiento de la capital para instarle a eliminar el cableado visible del conjunto histórico de la ciudad y elaborar un plan de descontaminación visual "ahora que se está modificando el PGOU". 

   Según ha explicado la Administración andaluza, aún hay cableado aéreo y en las fachadas de las viviendas del casco histórico pese a que la normativa vigente, tanto en el ámbito municipal como en el marco autonómico, establece restricciones a su instalación al descubierto.
   Ante esto, desde la Junta se ha explicado que ha habido conversaciones con el Ayuntamiento, desde donde se ha acordado con las compañías eléctricas y de telefonía, entre otras, un plan en el que el Consistorio prepararía las infraestructuras necesarias y cada compañía asumiría el coste del soterramiento de su cableado.
   "Hasta ahora el Ayuntamiento está soterrando el cableado aéreo municipal, si bien habrá que acometer el de las fachadas", apuntan desde el Gobierno andaluz, donde reconocen el "complejo" proceso que conlleva. No obstante, en la calle Cubo se ha soterrado ya el cableado del alumbrado público, que es competencia municipal, pero no el de telefonía, "que tendrían que hacerlo las distintas compañías".
   En este sentido, cabe recordar que el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación de la empresa Cableuropa SAU contra una orden de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en la que se desautorizó la instalación de cableado en las fachadas de los inmuebles que se encuentran en el Conjunto Histórico de Almería y se ordenó retirar todos los tendidos de cableado y armarios de registro ya instalados a fin de recuperar "el carácter y ambiente propio" de este espacio declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Griñán reclama para Andalucía una "identidad y autogobierno propios"

SEVILLA.- El presidente de la Junta de Andalucía y presidente del PSOE federal, José Antonio Griñán, ha defendido este domingo que la comunidad andaluza "se reconoce con el mismo derecho que Cataluña, País Vasco o Galicia a tener identidad y autogobierno propios", por lo que asegura que la región busca avanzar "en el perfeccionamiento de un Estado Federal cooperativo", que define como "la mejor forma de compartir un proyecto común de convivencia y sin exclusiones". 

   Bajo el título 'Un modelo federal para la convivencia', el presidente andaluz ha escrito un artículo publicado este domingo en el diario 'El País', en el que pone de manifiesto que la crisis económica "está poniendo en cuestión muchas de las certezas del pasado sin llevarnos a otras nuevas"; una situación que, según ha apuntado, "está poniendo en riesgo los pilares más importantes de nuestra convivencia como pueblo".
   Así, después de poner en valor el Estado de las autonomías como uno estos pilares "firmes" de convivencia, que cuenta con la convergencia económica y el desarrollo del Estado de Bienestar entre sus principales logros, Griñán considera que el paso del tiempo "obliga a actualizar" esta forma de descentralización política.
   En este sentido, ha abogado por llegar a "una fase de cooperación institucional que desemboque en un modelo federal capaz de garantizar la igualdad en la diversidad de todos los españoles, el respeto a las singularidades y de reforzar las líneas de actuación conjuntas en el objetivo compartido del crecimiento del empleo y la consolidación de nuestro modelo de bienestar social".
   Para ello, el presidente andaluz ha destacado que las reglas de convivencia de la Constitución "no son inmutables". "Se pueden reformar, pero hagámoslo con el mismo consenso con el que nacieron y con el que se han mantenido vigentes", ha apuntado.
   Asimismo, Griñán argumenta que "los países más avanzados y desarrollados tienen una estructura federal más o menos descentralizada", mostrando su confianza en que España podría "forjar un amplísimo consenso sobre un modelo de organización territorial en el que todos podamos sentirnos cómodos".
   En este punto, el presidente andaluz plantea que el Senado debería ser un "foro permanente de diálogo institucional", un órgano en el que las comunidades puedan expresar sus puntos de vista y aportaciones al conjunto. "No resulta lógico que, en un sistema como el nuestro, las distintas comunidades autónomas no tengan la oportunidad de implicarse en la legislación que les afecta", ha señalado.
   De este modo, ha puesto en valor que Andalucía "se siente muy cómoda en un proyecto de país que pueda garantizar la igualdad de derechos de todos los españoles, vivan donde vivan, y quiere avanzar, al mismo tiempo, en el perfeccionamiento de un Estado Federal cooperativo que respete las diferencias y singularidades de un patrimonio tan extraordinario como el nuestro".
   "Queremos ser parte importante en este recorrido que hemos de hacer para culminar ese modelo de Estado del que todos nos sintamos corresponsables y convencidos de que luchando por nuestra comunidad en un proyecto compartido damos más solidez al conjunto", ha apostillado, recordando que el 28 de febrero de 1980, no sólo se culminó la lucha por la autonomía andaluza, sino que se manifestó la capacidad de la región para "hacer España desde el progreso, la singularidad y la igualdad de oportunidades".

sábado, 22 de septiembre de 2012

La Iglesia de Las Salinas se consagra este domingo tras concluir las obras de rehabilitación


ALMERÍA.- La Iglesia de Las Salinas de San Miguel, en Cabo de Gata, será consagrada este domingo tras la conclusión de las "profundas" obras de restauración del templo en las que se han invertido más de 400.000 euros.

   Al acto, previsto a las 11,30 horas, van a asistir el Obispo de Almería, Adolfo González Montes, y el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador. La dedicación supone la aspersión, la unción del altar y de los muros de la iglesia, la cremación del incienso y el revestimiento e iluminación del altar.
   El Ayuntamiento y la Diócesis almeriense firmaron un convenio de colaboración para la cesión durante diez años, renovables, de un espacio específico en la Iglesia de Las Salinas para darle un uso turístico relacionado con el entorno natural en el que se encuentra ubicada. A cambio, el Consistorio aportó 100.000 euros para la ejecución de las obras de rehabilitación del templo.
   La sala que cederá el Obispado se encuentra adyacente a la denominada 'cripta de la Iglesia', debajo del templo, con acceso directo a la vía pública e incomunicada con el resto de la edificación.
   Su uso fundamental será ejercer de oficina de turismo, pero también como sala de exposiciones con temas relacionados con el parque natural u otros de análoga naturaleza. El alcalde ha mostrado su "satisfacción" porque cada vez "está más cerca que esta iglesia tan emblemática para todos los almerienses pueda recuperar todo su esplendor".
Desde el 25 de diciembre de 2004 este templo estaba en desuso debido a su deterioro.

Historia del templo La iglesia fue inaugurada en el año 1907. Se levantó sobre una plataforma para evitar la entrada de agua y arena. Este práctico recurso les confiere cierto aire de superioridad simbólica sobre el resto de las construcciones. La iglesia está concebida bajo los cánones eclécticos que imperaban en la arquitectura de principios del siglo XX en la provincia. Se construyó para el culto religioso católico de los trabajadores de las salinas. El 25 de diciembre de 2004 se ofició misa por última vez debido al deteriorado estado del edificio.

Artículo publicado en almeria360.com: Las Salinas de Cabo de Gata recupera su iglesia, reabierta este domingo http://almeria360.com/almeria-capital/23092012_las-salinas-de-cabo-de-gata-recupera-su-iglesia-reabierta-este-domingo_38914.ht

Andalucía registra 1.474 despidos de empleados públicos en ayuntamientos desde la reforma laboral

SEVILLA.- Un total de 1.474 empleados públicos en los ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y empresas públicas locales andaluzas han sido despedidos en lo que va de año, en concreto desde la entrada en vigor de la reforma laboral, según ha indicado un informe de FSP UGT-A, que precisa que municipios de Cádiz y Huelva registran la mayor parte de despedidos en la Comunidad.

   Según el informe, esos 1.474 despidos incluyen despidos individuales, despidos colectivos, así como no renovaciones de contrato.
   De esta forma, en concreto, en la provincia de Cádiz se ha registrado 539 despidos, que acapara el 36,7 por ciento del total de despidos andaluces. En concreto se ubican en el Ayuntamiento de los Barrios; La Línea de la Concepción; Arcos de la Frontera y los 260 despidos en el Ayuntamiento de Jerez a través de un expediente de regulación de empleo.
   Asimismo, el número de ERE presentados en la provincia de Cádiz asciende a tres, aunque de gran importancia, en concreto en Los Barrios, que afecta a 178 trabajadores y es un ERE que "fue rechazado por la Autoridad Laboral, y al final se ha producido una amortización de plazas en los presupuestos presentados por el Ayuntamiento así como en la RPT del mismo"; La Línea de la Concepción, con 65 trabajadores afectados, que se ha reducido el número a 46, aunque finalmente el PSOE ha retirado el ERE; y el ERE consumado en Jerez de la Frontera, que empezó afectando a 300 trabajadores y en la actualidad afecta a 260.
   Asimismo, el informe de UGT-A cifra en diez los ayuntamientos que incumplen su obligación de pago de nómina a los trabajadores, en concreto Los Barrios, que debe tres meses a 400 trabajadores; La Línea de la Concepción, que debe nueve meses al personal laboral y ocho a los funcionarios, siendo 900 los afectados; Puerto Serrano, donde, según el informe, se deben cuatro meses a 100 trabajadores; Prado del Rey o Villamartín.
   En el Ayuntamiento de Jerez también se debe otro mes de sueldo a 1.540 trabajadores; en el de Barbate se debe un mes y media paga a  380 trabajadores; en Algodonales también se debe media nómina; al igual que en Zahara de la Sierra y en Alcalá de los Gazules.
   Por otro lado, en el caso de Huelva se han registrado 339 despidos, el 23 por ciento del total de Andalucía en el sector público local.
   Estos se ubican en Aljaraque, Bollullos Par del Condado, Lepe, Valverde del Camino, Gibraleón, Isla Cristina, Higuera de la Sierra, Almonte, Cartaya, y en el de Moguer.
   El informe destaca que no se ha presentado en lo que va de año ningún ERE en el sector local en la provincia onubense, aunque sí existen 14 ayuntamientos que "incumplen su obligación de pago de nómina a los trabajadores".
   En concreto, el Ayuntamiento de Alosno; el de Cartaya debe tres meses y la mitad de agosto, además de otros conceptos, a 246 trabajadores afectados; el de Aljaraque debe siete meses a 500 empleados; el de Bollullos Par del Condado; el de Lepe debe tres meses y algun concepto a 750 trabajadores; y el de Huelva capital debe, según UGT, un mes a los trabajadores de la Empresa de Transportes Urbanos.
   Asimismo, el Ayuntamiento de Valverde del Camino también debe; el de Encinasola le debe siete meses a 20 empleados; el de Isla Cristina; la pedanía de La Redondela, Campofrío o Moguer; Cortegana; o Ayamonte le debe dos pagas y ayudas sociales a 300 trabajadores.
   El informe de FSP UGT-A apunta que en los entes locales de la provincia de Sevilla se han despedido a 265 personas, lo que supone el 18 por ciento del total de despedidos en los entes locales andaluces.
   En concreto se han despedido en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca;en Herrera; en La Lantejuela; en Sanlúcar la Mayor; en Estepa; en Burguillos; en el de Olivares; en Villanueva del Río y Minas; en el de Umbrete; y en Carrión de los Céspedes.
   Además, según el sindicato, se registró un ERE, ya consumado, que afecta y supone el despido de 72 trabajadores en el Ayuntamiento de Espartinas. UGT-A además teme que haya otro ERE en el Ayuntamiento de Coria del Río, que no está materializado, pero que afectaría a nueve trabajadores, según el sindicato.
   El informe, que recuerda el ERE presentado en el Ayuntamiento de Espartinas, apunta que hay seis ayuntamientos que incumplen su obligación de pago de nómina a los trabajadores.
   Estos en concreto son Los Palacios y Villafranca, que debe cuatro meses a 600 trabajadores; el de Montellano; el de Carrión de los Céspedes; y el de Écija tiene un concurso de acreedores con 50 trabajadores afectados de la Gerencia de Urbanismo. También apunta posibles incumplimientos en Mairena del Aljarafe y Villanueva del Río y Minas.
   Por otro lado, en el caso de Málaga, el informe de UGT-A apunta que en el provincia de Málaga se han registrado 241 despidos, lo que supone el 16,4 por ciento del total andaluz.
   Dichos despidos, según el sindicato, se registran en Torremolinos;  Manilva; y el ERE presentado en el Ayuntamiento de Estepona, que afecta a 176 trabajadores.
   El de Estepona es el único ERE presentado en lo que va de año, con los referidos 176 afectados, aunque apunta que hay dos ayuntamientos que incumplen su obligación de pago de nómina a los trabajadores, en concreto el de Coín, que, según el sindicato, le debe media paga extra de junio, que afecta a 477 trabajadores; y Cañete la Real, que debe cuatro pagas a 30 trabajadores.
   En cuanto a la provincia de Almería, se registran en lo que va de año 63 despidos de empleados públicos en ayuntamientos de la provincia, lo que supone un 4,3 por ciento del total andaluz.
   En concreto se registraron despidos en Macael, Vera, Cuevas de Almanzora, Huércal-Overa, Vélez-Rubio, Carboneras, y en el Ayuntamiento de Níjar.
   El informe apunta que en la provincia de Almería aún no se ha producido ningún ERE, aunque sí indica que hay una serie de ayuntamientos que incumplen su obligación de pago de nómina a los empleados, en concreto el de Macael, que adeuda dos meses a 75 trabajadores.
   En la provincia de Jaén se registraron 21 despidos de empleados públicos en lo que va de año, el 1,4 por ciento del total andaluz. En concreto en el Ayuntamiento de Marmolejo y un ERE de 11 trabajadores en el de Torreperogil.
   El informe alude a ese ERE en Torreperogil como único expediente presentado en la provincia jiennense y apunta que no hay ningun ayuntamiento, de los que UGT tenga constancia, que incumpla su obligación de pago de nómina a los trabajadores.
   Asimismo, en la provincia de Granada se han registrado en lo que va de año seis despidos, el 0,4 por ciento del total, y se destaca que no se ha presentado ningún ERE en entes locales en lo que va de año ni ningún consistorio que incumpla su obligación de pago de nóminas.
   Por último, en la provincia de Córdoba no se ha registrado ningún despidos de empleados públicos en lo que va de año, ni ningun ERE presentado ni hay constancia de ningún ayuntamiento que incumpla su obligación de pago.
   Fuentes del sindicato UGT han lamentado que los despidos "se estén facilitando con la reforma laboral" y que esa solución "sea la puerta de salida para paliar la crisis económica de las administraciones locales", toda vez que "tras los despidos se esconden verdaderos dramas familiares".
   "El Gobierno ha decretado para pagar a proveedores de los ayuntamientos, pero no ha tenido en cuenta que los trabajadores también se les debe dinero", agregan fuentes del sindicato, quienes demandan un "cambio radical" en la política del Gobierno central para evitar que los ayuntamientos "sean una mera oficina de información".
   Por ello, han anunciado que todos los martes los sindicatos se concentrarán ante todas las administraciones locales andaluzas en paros de 15 minutos.

La Junta completa la documentación previa necesaria para la incoación del expediente de El Toblerone como BIC

ALMERÍA.- La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería ha elaborado ya la documentación técnica necesaria y previa para la incoación del expediente administrativo que, en caso de concretarse, posibilitaría la protección del silo de mineral conocido popularmente como 'El Toblerone' como Bien de Interés Cultural (BIC) con la tipología de Lugar de Interés Industrial. 

   Fuentes de la Administración andaluza han explicado que la elaboración de dicha documentación preliminar supone el estudio exhaustivo y comparativo del bien a fin de justificar los valores históricos, arquitectónicos, paisajísticos, tecnológicos, etnológicos y sociales que posee y que reclama la plataforma social 'Salvemos El Toblerone'. Esta plataforma solicitó mediante escrito a la Junta en mayo de este año la distinción del bien, antiguamente empleado para el almacenamiento de mineral.
   El estudio y revisión de esta documentación implicaría, en caso de iniciar el expediente de cara a la declaración del BIC, emitir una propuesta a la Dirección General de Bienes Culturales para su informe y oportuna incoación, en caso de que dicho organismo diera su visto bueno. En este sentido, con la incoación se iniciaría la tramitación del expediente administrativo que tras 12 meses, como máximo, concluiría con la declaración de BIC, en caso de prosperar.
   Sería a partir de éste momento, la publicación en BOJA de la incoación del expediente, cuando surtirían los efectos propios de protección del inmueble, es decir, a partir de éste momento sería cuando no se puede llevar a cabo ninguna actuación que altere sus valores patrimoniales, y cualquier otra que se realice en el entorno debe de ser autorizada por la Delegación Provincial.
   No obstante, desde la Consejería se ha incidido que la protección como patrimonio histórico de este inmueble --en suelo urbano en el PGOU vigente y con un Plan Especial del Sistema Ferroviario en tramitación avanzada-- conllevaría la posible petición de responsabilidades patrimoniales, lo que obligaría a hacer frente a indemnizaciones económicas para los propietarios.
   En esta línea, desde la Junta se advierte que el Ayuntamiento de la ciudad "podría proteger de modo más rápido el inmueble promoviendo una modificación puntual del PGOU vigente" lo que implicaría un periodo de unos tres meses y "posteriormente incorporarlo al Catálogo de Bienes Protegidos del PGOU de Almería en el grado 1, para lo que solicitarían informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico".
   "Además de ser un procedimiento mucho más corto que el de declaración de BIC, el Ayuntamiento con las herramientas urbanísticas de que dispone, puede compensar o permutar a los propietarios en la disminución de los aprovechamientos urbanísticos del solar", indican desde el Gobierno andaluz, en el que apuntan a la "idoneidad" de esta solución para los colectivos proclives a la protección de El Toblerone.

Una protesta de marroquíes provoca el cierre de la frontera de Melilla

MELILLA.- El autodenominado Comité de Liberación de Ceuta y Melilla se ha manifestado este sábado en la frontera entre Melilla y Marruecos, lo que ha obligado al cierre de las verjas del puesto fronterizo por espacio de algo más de un hora.

   Según fuentes policiales españolas, el número de manifestantes era "unos 200" mientras Yahya Yahya, presidente de dicho comité, el senador marroquí y alcalde de Beni-Enzar y Farhana --las dos localidades magrebíes más próximas a Melilla--, los manifestantes "eran unos 1.500".
   Los asistentes a la manifestación portaban pancartas pidiendo la "recuperación" de Ceuta, Melilla y las islas y peñones de soberanía española en el Norte de África, como las Islas Chafarinas, los peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas, y el islote de Perejil.
   La concentración se ha desarrollado en la llamada "tierra de nadie" de la frontera --una zona que controla no obstante la policía marroquí-- y, a parte de pancartas, corearon consignas y demás en contra de la españolidad de dichos territorios. Ello provocó el cierre de la frontera durante más de una hora, momento en el que Yahya Yahya, con sus colaboradores, colocó unas cadenas en las verjas que cerró con unos candados, para testimoniar el cierre.
   Tanto en uno como en otro lado había un fuerte despliegue policial y de hecho fuerzas antidisturbios marroquíes intentaron cortar el paso de los manifestantes que se dirigían a la frontera para evitar que llegaran a "tierra de nadie", pero finalmente pudieron superar la barrera y plantarse justo delante de las verjas que custodian la Policía Nacional y Guardia Civil.
   Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de España cerraron en ese momento dichas puertas durante la hora y cuarto que duró la manifestación, una protesta que acabó sin más incidentes ni tampoco con detenidos. Las fuerzas de seguridad rompieron la cadena con candados y abrieron de nuevo las verjas de la frontera para el paso de vehículos y personas.
   Yahya Yahya ha declarado que ha decidido no realizar un cierre indefinido como había anunciado, por "razones humanitarias" para permitir que muchas familias que se encontraban atrapados en la frontera pudieran pasar a Melilla para tomar el barco en dirección a la Península. "Había muchos niños y personas mayores en los coches que iban a regresar a Europa con sus familiares y no podíamos dejarles esperar más", ha manifestado.
   El presidente del Comité de Liberación de Ceuta y Melilla ha indicado que esta protesta "es solo el inicio" de su calendario para reivindicar los territorios españoles en el Norte de África.
   Así, ha recordado la fecha para la marcha que vienen organizando sobre el Peñón de Vélez de la Gomera, un istmo de soberanía española separado únicamente por una cuerda de la costa marroquí, y que será el 3 octubre, coincidiendo precisamente con la Reunión de alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos que tendrá lugar ese día en el país magrebí.
   De esta manera, Yahya ha señalado que "después de la reunión celebrada en Rabat este miércoles 19 de septiembre con diversas asociaciones, partidos políticos, sindicatos, miembros de toda la sociedad civil y el Comité de Coordinación para la Liberación de Ceuta y Melilla, se ha aprobado por unanimidad que la marcha sobre el Peñón De Vélez De La Gomera se realizara el miércoles día 3 de octubre de 2012 coincidiendo con la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre Marruecos y España".

viernes, 21 de septiembre de 2012

Jueces, magistrados y fiscales de Almería se adhieren por unanimidad a las protestas por reformas legislativas y recortes

ALMERÍA.- La Junta General de Jueces de Almería, los magistrados que integran las tres secciones de la Audiencia Provincial, y la Junta de Fiscales se han adherido este viernes por unanimidad a las protestas por el "desmantelamiento" del poder judicial que suponen las medidas tanto legislativas como económicas que está adoptado el Gobierno y han respaldado las propuestas que se recoge en el manifiesto emitido a mediados de julio por la Comisión Interasociativa del Conflicto.

   Los portavoces de los tres órganos han subrayado la "unidad de acción" en el pronunciamiento de magistrados, jueces y fiscales y han trasladado su importancia de cara a la apertura de una vía de negociación con el Ministerio de Justicia y a que este recoja sus reivindicaciones antes de que se puedan materializar paros parciales, concentraciones, limitación de señalamientos, o, en su caso, la huelga tal y como contempla el manifiesto de la citada comisión.
   Según ha indicado la presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes Molina, de momento, y a la espera de que lo que se resuelva en próximas reuniones en octubre, han acordado como primera medida "de presión" cumplir del horario de audiencia o atención al público, que está estipulado en cuatro horas, tal y como se recoge en quinto punto del manifiesto, así como el encargo de un estudio a la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales sobre los efectos de la actual carga de trabajo en los magistrados y sus enfermedades profesionales.
   Molina, quien se ha referido al citado manifiesto conjunto como "la hoja de ruta" de la movilización del colectivo judicial ha considerado, en esta línea, que la reforma de la LOPJ "cercena" derechos fundamentales "ya consolidados", por lo que se acordado, asimismo, instar de "forma inmediata" a que se paralicen y suspendan la tramitación de cualquier reforma de la Ley Orgánica.
   Por su parte, el fiscal jefe de Almería, Antonio Pérez Gallegos, ha remarcado el respaldo unánime de los fiscales provinciales al "acuerdo de mínimos" aprobado por las siete asociaciones profesiones, incluidos jueces y fiscales, y ha trasladado su confianza en que el ministerio se "muestre receptivo" con las reivindicaciones "que redundarán finalmente en beneficio del ciudadano".
   Pérez Gallegos ha hecho especial hincapié en la "unidad de acción" que se ha generado ante las reformas legislativas impulsadas por el Gobierno central y los recortes y ha indicado que se trata de un hecho inédito "en más de dos décadas de trayectoria profesional".
   En esta línea, el juez decano de Almería, Luis Columna, ha advertido de que la Justicia "está siendo dejada cuando más falta le hace al ciudadano" y ha subrayado como "necesario" que las citadas reformas legislativas "sean en otro sentido". Columna ha asegurado que espera que la "sensatez" impere en el proceso que se abre en los próximos meses y ha instado a "sentarse y trabajar".
   Entre las quejas recogidas por la comisión figuran la ausencia de inversión en Justicia, la descoordinación en la gestión de la administración, la congelación de plazas judiciales, fiscales y oposiciones, los recortes salariales y estatutarios, y el control político de los órganos de gobierno del Poder Judicial.
   Las propuestas desgranadas en el manifiesto contemplan el estudio de los recursos que procedan contra las medidas adoptadas y su ejecución en cuanto son discriminatorias por la deducción salarial de los Jueces y Fiscales, así como en lo relativo al régimen de coberturas de licencias por incapacidad o el establecimiento de forma inmediata por las asociaciones judiciales de un sistema de baremación de la carga de trabajo, instando a la misma para que a la mayor brevedad establezca un catálogo de enfermedades profesionales aplicables tanto a la Carrera Judicial y Fiscal.
   Aboga, asimismo, por que las asociaciones de fiscales promueva la creación de una comisión nacional de seguridad y salud integrada en la Fiscalía General del Estado (FGR) y por que se inicie la coordinación con otros cuerpos de la administración pública para la adopción de medidas de protesta de forma conjunta.
   Plantea como medida inmediata llamar a los jueces y fiscales a actuar con prudencia en el desempeño de sus funciones no asumiendo aquellas que excedan de la jornada ordinaria de trabajo y exige del Ministerio de Justicia que de forma inmediata paralice cualquier reforma legislativa y reciba conjuntamente a las asociaciones judiciales y fiscales a fin de participarle de primera mano el malestar actual de la Carrera Judicial.

La reforma educativa quita a las CCAA capacidad de decisión

MADRID.- El Consejo de Ministros aprobó hoy viernes el primer borrador que detalla la reforma de la ley educativa con la que el Gobierno del Partido Popular quiere reducir la elevada tasa de abandono y fracaso escolar y mejorar el rendimiento de los estudiantes españoles, y para conseguirlo exigirá una mínima calidad en todas las Comunidades Autónomas.

En concreto, el Ministerio de Educación aumentará en un 10% su capacidad de decisión sobre los contenidos de las materias comunes en todo el Estado, un giro criticado el País Vasco y Cataluña por "retrógrado y recentralizador" en un nuevo frente de batalla con el Gobierno central.
"El (Gobierno) pasará a fijar los contenidos comunes necesarios para la adquisición de las competencias básicas, que requerirán el 65% de los horarios escolares en comunidades autónomas que tengan lengua cooficial y el 75% para las que no la tengan", dijo el Gobierno en las referencias del Consejo de Ministros.
Actualmente la LOE, vigente desde 2006, establece unos contenidos comunes mínimos del 55% y 65%, respectivamente.
"No es una recentralizacion, es simplemente una serie de disposiciones que se orientan a dar mayor equidad (...) Hay un mayor margen a la diferencia e incluso una competivividad sana entre las Comunidades Autónomas en el plano educativo", dijo el ministro de Educación, José Ignacio Wert, en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial.
El ministro calificó la actual situación de los contenidos escolares de "dispersión inmanejable".
El anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la séptima reforma de la democracia que afecta a todos los niveles a excepción del universitario, introducirá exámenes nacionales unificados (reválidas): dos en Primaria - en 3º y 6º pero sin efectos académicos -, uno al terminar la ESO y otro al final del Bachillerato, que sí deberán aprobarse para obtener el título.
Además se suprime la Selectividad y se refuerza las horas de clase en las materias de matemáticas, lengua, ciencias e inglés.
Wert afirmó que con esta reforma se trata de que los alumnos españoles puedan competir "con el chico o la chica que está estudiando en Singapur, Estados Unidos o Letonia".
"No es una reforma ideológica", dijo.
El Gobierno busca poner remedio a las debilidades del sistema educativo español que se refleja en un fracaso escolar del 26,4 por ciento - el doble que la media europea -; un desempleo juvenil del 52 por ciento, y un 23,6 por ciento de "ni-nis", jóvenes de entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan.
"Los dos principales objetivos de la reforma son fortalecer la formación integral de los ciudadanos y conseguir un sistema educativo que sea una plataforma para lograr un empleo. Es decir, conectar las aulas con el empleo", dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.
Las autoridades españoles también justifican la necesidad de reforma en el gran desfase que existe actualmente entre el gasto público por alumno - un 21% más que en los países de la OCDE y la UE, según datos del "Panorama de la educación en España 2012" realizado por la OCDE - y la falta de resultados académicos que arrojan evaluaciones internaciones como PISA, que en su informe 2009 situó a España 12 puntos por debajo de la media de la OCDE y ocupa el puesto 18 entre los 25 países evaluados de la Unión Europea.
Uno de los objetivos de la reforma es mejorar en 16 puntos los resultados de PISA, lo que situaría a España por encima de países como Francia, Reino Unido e Italia, y la igualaría con Alemania, dijo el Ministerio.
El texto articulado, que inicia ahora su tramitación por los distintos órganos y consejos consultivos, establece un adelanto en la elección de los alumnos hacia la Formación Profesional desde 3º de la ESO, creando un nuevo ciclo de FP dentro de la enseñanza obligatoria (FP Básica).
En la Formación Profesional de Grado Medio se incluirán materias instrumentales adaptadas al campo o sector profesional correspondiente y, mediante asignaturas optativas, se facilitará la continuidad a la de Grado Superior.
A los centros escolares se les otorgará un mayor grado de autonomía para diseñar e implantar métodos pedagógicos propios, con capacidad para contratar y determinar la retribución del personal docente, entre otros.
Finalmente, la nueva norma permitirá la concertación con centros de educación diferenciada por sexos, siempre que cumplan con los requisitos relativos a la lucha contra la discriminación, dijo el Gobierno.
La nueva reforma de la Educación llega después de que el Gobierno anunciase en mayo recortes por importe de 3.000 millones de euros en el sector, que incluyen desde el aumento del número de alumnos por aula a la reducción de personal docente o la subida de la matrícula universitaria.
El inicio del curso en la Universidad vivió hoy algunas protestas de profesores y alumnos por la subida de tasas y los recortes en campus de Valencia, Murcia y Cáceres, siguiendo la estela de manifestaciones en toda la enseñanza ante un otoño que se prevé caliente en el sector.

Colectivos sociales lamentan nuevos derribos de chabolas en el asentamiento ejidense de 'Tierras de Almería'

ALMERÍA.- La Plataforma por los Derechos y Justicia Social de Almería ha lamentado la demolición de tres nuevas infraviviendas en el asentamiento del paraje de 'Tierras de Almería', lo que eleva a más de una veintena el número de derribos ejecutados en el último mes y ha vuelto a reclamar una solución a los desalojos y al chabolismo.

   Así lo ha indicado a los periodistas uno de los portavoces del colectivo, Rafael Lorente, quien ha advertido de que las viviendas no se encuentran abandonadas por sus moradores, tal y como sostiene la administración estatal y local. "Están siendo derribadas mientras que sus propietarios están trabajando o en otros municipios como temporeros", ha asegurado.
   Lorente ha asegurado que la situación que están viviendo los afectados, en su mayoría ciudadanos extranjeros en situación irregular, es "trágica" ya que, a las condiciones de precariedad en las que viven, "se añade ahora que no saben si cuando lleguen a las diez de la noche de trabajar se van a encontrar sin casa".
   El Ayuntamiento de El Ejido ejecutó a principios de septiembre las órdenes de derribo que pesaba sobre varias viviendas del asentamiento del paraje 'Tierras de Almería' y en las que vivían diez personas. La Plataforma sostiene que la misma amenaza se cierne sobre otro centenar de inmigrantes aunque estas estarían paralizadas gracias a la interposición de recursos de reposición al acuerdo de junta de gobierno que daba vía libre a esta actuación.
   Cabe recordar que la Policía Local con fecha 21 de agosto emplazó a los habitantes del asentamiento ubicado junto a la carretera que une Almerimar y el municipio de La Mojonera, en su mayoría en situación irregular, a que abandonasen el enclave antes del pasado día 1 o a que presentase recurso de reposición en un periodo de 30 días como finalmente ha sucedido.
   El acuerdo por vía de urgencia de la junta de gobierno local ejidense de fecha 16 de agosto señala que la zona de la Carretera del Alcor acoge un asentamiento de chabolas construidas en torno a una balsa de riego y que se observan "embolsamientos de agua en terreno, conducciones de goma en mal estado y gran cantidad de basuras acumuladas en el tiempo".
   La resolución hace alusión, asimismo, a un informe que describe que los alojamientos son "de pequeñas dimensiones, elaboradas en sus cerramientos y cubiertas con restos de madera, telas de sombreo", por lo que concluye que procede su demolición en virtud de su apariencia de "una situación de ruina".
   En este punto, se refiere al Plan Integral de Erradicación del Chabolismo y a la ley que regula el derecho a la vivienda en Andalucía, y subraya que el asentamiento carece de todo tipo de instalaciones "tanto eléctricas como de fontanería y saneamiento, presentando una situación de auténtica insalubridad y falta de habitabilidad", por lo que, según añade, procede el "urgente previo desalojo de los moradores y la demolición para evitar riesgos personales innecesarios".
   Tras un encuentro con la Plataforma el pasado día 13, el subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, abogó por abrir una "vía de colaboración" con la Junta de Andalucía y con los ayuntamientos para estudiar la posibilidad de realojar a las personas que residen en asentamientos chabolistas a través de las agencias de fomento del alquiler como una "alternativa interesante" en aras de "dar una solución" a las infraviviendas.
   Por su parte, la Junta de Andalucía trasladó cinco días después que iba cursar una petición formal tanto a la Subdelegación del Gobierno central como a ayuntamientos almerienses de Níjar, Roquetas de Mar, El Ejido y Vícar para celebrar una reunión en la que abordar de forma "conjunta" una "respuesta coordinada" a la existencia de asentamientos chabolistas, según indicó la delegada del Gobierno andaluz, Sonia Ferrer tras otra reunión con el colectivo.

El juez aplaza el desahucio de la calle Remo tras las gestiones de la familia a través de la Junta

ALMERÍA.- El juez del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Almería ha aplazado el desahucio previsto para este viernes en la calle Remo nº 6 de Almería tras las gestiones realizadas por la familia afectada a través de la Junta de Andalucía, después de que la semana pasada mantuvieran una reunión con la delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Almería, Encarna Caparrós. 

   Según ha explicado a los medios el afectado por esta situación, Sebastián González, desde la Administración se instó a requerir información sobre la entidad a la que pasaría la posesión de la vivienda y las condiciones de dicho trámite, de forma que tras comprobar la documentación, se detectaron una serie de "anomalías" por lo que se ha requerido más documentación, lo que, finalmente, ha llevado a la paralización del desahucio.
   Por su parte, desde la Consejería de Fomento y Vivienda se ha concretado que se ha dirigido al juzgado un escrito con una "serie de consideraciones" a tenor del proceso que afecta a la vivienda en respuesta a la solicitud efectuada por la familia, que se halla en "emergencia social", según el estudio del caso.
   La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), miembros del 15M y vecinos del barrio de Pescadería se han congregado desde primera hora de la mañana para impedir la entrada de los agentes judiciales quienes, a causa de las gestiones, finalmente no han aparecido. En este sentido, cabe destacar la ausencia de un dispositivo policial en la zona que sí estuvo presente en marzo de este año cuando se consiguió paralizar por primera vez el desahucio.
   González, que vive con su mujer y uno de sus hijos en el inmueble, lleva tres años sin poder afrontar los costes de la hipoteca que pesa sobre la vivienda, valorada en el momento de su adquisición en 126.000 euros. En este sentido, la situación de desempleo de los miembros de la familia ha imposibilitado, según ellos, el pago de las letras durante los últimos tres años.
   "Cobro 426 euros al mes y la letra es de más de 700 euros", ha lamentado el afectado, quien ha indicado que los intereses devengados superan los 37.000 euros. Igualmente, ha acusado la imposibilidad de negociar con la entidad crediticia ya que "se lo ha cedido a Fondo de Titulación de Activo, que es una agencia".
   La familia González evita por segunda una vez el desahucio de su vivienda después de enfrentarse a un primer aviso en marzo, momento en el que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se movilizó para impedir el desalojo y conseguir un aplazamiento que permita a los afectados mejorar y hacer frente a su situación.