MADRID.- Los gestores públicos que cometan infracciones muy graves en el ejercicio de su cargo, tales como falsear u ocultar datos contables, podrán enfrentarse a diez años de inhabilitación y una multa, según consta en el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Además, esta norma establecerá baremos para fijar los sueldos de los cargos electos locales, que se recogerán cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que España es uno de los pocos países de la UE que no dispone de una norma de estas características y ha recalcado que su aprobación definitiva -no se prevé que sea antes del mes de junio-- permitirá "cumplir otros estándares de competitividad institucional" y "reforzar la confianza y la credibilidad de las instituciones españolas".
"La norma busca reforzar la transparencia de las administraciones públicas y eliminar compartimentos opacos en el ámbito de la administración para que puedan ser consultados por los ciudadanos. También impone férreas obligaciones de buen gobierno y principios éticos de actuación, con el correspondiente régimen de infracciones y sanciones, incluso penales, para los malos gestores o los que incumplan las obligaciones previstas en la ley", ha destacado.
La vicepresidenta ha explicado que la norma incorpora un procedimiento "novedoso" de audiencia pública, de forma que los ciudadanos dispondrán de 15 días a partir del próximo lunes para hacer aportaciones y sugerencias al texto de la ley a través de la web del Ministerio de la Presidencia. La norma se compone de tres bloques: publicidad activa, derecho de acceso a la información pública y buen gobierno.
En cuanto al primer bloque, la Ley de Transparencia "refuerza" las obligaciones de publicidad activa de todas las administraciones y, por lo tanto, deberá suministrarse en las webs de las administraciones la siguiente información: contratos adjudicados con indicación del objeto, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado, adjudicatario, prórrogas o precios del contrato; la relación de los convenios suscritos por las administraciones con mención de las partes, el objeto y las obligaciones económicas convenidas; las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo, finalidad y beneficiario; y los presupuestos, con descripción de las partidas y datos actualizados sobre su ejecución.
Igualmente, debería ofrecerse información sobre las retribuciones percibidas por los órganos superiores y directivos; las resoluciones dictadas por la Oficina de Buen Gobierno y Conflicto de Intereses sobre compatibilidad con actividades privadas a realizar por los cargos incluidos en la la Ley de Conflictos de Intereses; y la información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento de la ley, según ha precisado la vicepresidenta.
Para cumplir con esa "obligación" de publicidad activa, el Gobierno creará un Portal de la Transparencia que, en el ámbito de la Administración General del Estado, centralizará toda la información que debe hacerse pública. Se prevé que la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales puedan adoptar medidas de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de información.
El segundo gran eje de la ley se refiere a la regulación del acceso de los ciudadanos a la documentación pública a través de preguntas y solicitudes de información dentro de los límites previstos en la Constitución, estableciendo un "equilibrio" entre la protección de datos de carácter personal y el derecho de acceso a la información pública. El plazo para responder a las peticiones de información de los ciudadanos será de un mes desde la recepción de la solicitud.
En cuanto a los límites, no se proporcionaran datos si afectan a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias. Tampoco está previsto que los ciudadanos puedan conocer el régimen de visitas de los ministros o del presidente del Gobierno, algo que sí que ocurre en países como Estados Unidos.
Sáenz de Santamaría ha indicado que la Agencia de Calidad de los Servicios y Evaluación de las Políticas Públicas pasará a llamarse ahora Agencia de Transparencia, encargándose de resolver las reclamaciones que se produzcan en caso de denegación de acceso de información.
El tercer bloque de la norma es la aplicación de un "código de buen gobierno" por "primera vez" con rango legal" para todas las administraciones públicas, que incluye "principios éticos y de actuación que dejan de ser meras recomendaciones" porque "se constituyen en obligaciones de cumplimiento legal", por lo cual su incumplimiento acarreará sanciones.
Entre las infracciones "muy graves" en materia de gestión económica-presupuestaria figurará: la administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública estatal sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro; la utilización de compromisos de gastos sin tener crédito para hacerlo o en contra de la legislación aplicable; la ausencia de justificación de la inversión de los fondos con arreglo a la Ley de Subvenciones; el incumplimiento deliberado del nivel de deuda pública; no formular los planes económico financieros en los supuestos que figura en la Ley de Estabilidad; o el incumplimiento de medidas de corrección previstas en esa norma.
Sáenz de Santamaría ha recalcado que esas infracciones "muy graves y algunas graves" podrán llevar aparejada la destitución en el cargo del gestor en cuestión y la imposibilidad de poder volver a ser nombrado por un periodo de entre cinco y diez años.
Además, en el caso de que haya "un verdadero falseamiento u ocultación de datos de naturaleza contable", la conducta "será constitutiva de delito, pudiendo ser penada con una inhabilitación de hasta diez años y la correspondiente multa". Aunque no se prevé en la norma la pena de cárcel, la portavoz del Gobierno ha recordado que si no se cumple la pena de multa, ésta "se sustituye por una pena de prisión".
El objetivo de esta norma es "complementar" la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para que las administraciones públicas "cumplan y sean respetuosas en la gestión de los fondos públicos", de forma que los altos cargos "responden con carácter personal de esa conducta". Es más, ha subrayado que esta ley trata de "evitar" que "alguna administración diga que cumple el seis por ciento de déficit" y "acaba dejando el país en un ocho".
La portavoz del Gobierno ha hecho hincapié que "el responsable sólo puede ser el competente". En este sentido, ha comentado que, por ejemplo, si un consejero es el responsable de enviar a Hacienda un plan de ajuste y no lo hace, sería "el responsable". "La competencia determina la responsabilidad", ha reiterado.
Sáenz de Santamaría ha explicado también que la Ley de Transparencia "por primera vez hará públicas las resoluciones en relación con las compatibilidades e incompatibilidades", colgándose en la web "las autorizaciones o denegaciones que se den en este punto".
Además, el anteproyecto de ley fija un "primer paso" hacia la fijación de baremos en la retribución de los miembros de las entidades locales, que constarán en los Presupuestos Generales del Estado de cada año. Para fijar estos baremos, se tendrán en cuenta las características de cada entidad local, el tamaño y sus circunstancias económicas o administrativas.
