SEVILLA.- El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la
Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, y el presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, han
coincidido este lunes en alertar de que Andalucía sufre un "déficit muy
importante" de jueces que dificulta la reforma estatal impuesta con la
Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entra en su
tercera y última fase.
Una reforma que Nieto ha resaltado que
la Junta está costeando "en solitario" para ampliar plantillas y
adecuar sedes y equipos informáticos, sin ayuda estatal y sin que en
2025 el Ministerio de Justicia haya incorporado ningún juez más a
Andalucía.
"Sin jueces es materialmente imposible mejorar la calidad del
servicio de Justicia", ha subrayado, tal y como ha indicado la Junta en
una nota.
Nieto y Del Río han presidido este lunes la reunión
de la Comisión Mixta entre la Consejería y el TSJA para coordinar esta
última fase, que ha afectado a los doce partidos judiciales más grandes
--las ocho capitales, Algeciras, Jerez, El Puerto de Santa María y
Motril--, donde el nuevo modelo de tribunales de instancia entrará en
vigor el 31 de diciembre.
En esta línea, la Junta va a crear
casi un centenar de nuevas plazas de funcionarios para las tres fases,
además de adaptar servidores y equipos informáticos y abordar reformas
en las sedes judiciales. En total, el coste de la reforma estatal para
las arcas andaluzas superará los 56 millones de euros.
No
obstante, Nieto ha agradecido la "implicación" de todos los operadores
jurídicos para poner en marcha esta reforma y ha valorado el "esfuerzo
importante" del personal de Justicia para cumplir los ajustados plazos
previstos en la ley estatal, que debe estar "completamente implantada el
31 de diciembre".
Por otro lado, el consejero ha señalado
que es "un reto muy importante y complejo" para culminar una reforma
judicial que, según el propio ministro de Justicia, "supone una
revolución pero que la hemos tenido que asumir en solitario, financiar
en solitario y llevarla a término de la mano de todos los operadores
jurídicos que están implicándose y ayudando".
En este sentido,
el titular de Justicia ha lamentado que Andalucía tiene "un déficit muy
importante de jueces", por ello el año pasado en la Comisión Mixta, la
Consejería y el TSJA consensuaron solicitar al Ministerio la creación en
2025 de 56 unidades judiciales y 15 plazas de magistrados.
"La respuesta fue cero cuando con otras comunidades como Cataluña se
negoció bilateralmente y recibieron 60. Ese cero nos ha hecho mucho daño
en este ejercicio en el que además teníamos que afrontar la
implantación de los tribunales de instancia". Por ello, ha insistido en
"pedir al Ministerio que trate dignamente a Andalucía en cuanto al
número de jueces". "Nosotros haremos el esfuerzo que nos toque, se
pondrá el número de funcionarios necesarios, dotaremos de espacios a
esos jueces y los dispositivos digitales", ha incidido, al tiempo que ha
precisado que "sin jueces es materialmente imposible mejorar la calidad
del servicio de Justicia".
De hecho, en la reunión de este
lunes, Junta y TSJA han estudiado la carga de trabajo de los 85 partidos
judiciales andaluces para consensuar las plazas que reclamarán este año
al Ministerio, teniendo en cuenta que tras un año en blanco las
necesidades "se van a multiplicar por dos".
Además, la
Comisión Mixta también ha abordado un protocolo entre la Junta, el TSJA y
la Fiscalía Superior de Andalucía sobre la gestión de los depósitos
judiciales para "agilizar la entrega o la destrucción de vehículos
intervenidos, con el fin de evitar su acumulación y deterioro en los
depósitos judiciales y optimizar el espacio en los mismos, así como
sobre la eliminación de las narcolanchas".
Así, Andalucía cuenta con
cuatro depósitos públicos, tres de ellos creados por el Gobierno de
Juanma Moreno.
En la reunión también se ha analizado cómo
mejorar el uso de las Salas Gesell habilitadas en las sedes judiciales
para la grabación de declaraciones, con asistencia de psicólogos el SAVA
y seguridad jurídica, que puedan utilizarse como pruebas
preconstituidas en juicios, evitando que víctimas vulnerables como
menores, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de
género o sexual tengan que declarar varias veces durante un
procedimiento.
En contexto, esta es una de las medidas para
evitar su revictimización y humanizar la Justicia por las que ha
apostado la Consejería, que ha incrementado el número de salas de siete a
41 desde 2019.
Asimismo, Junta y TSJA han acordado mejoras en
la coordinación con el SAVA para que conozcan con previsión las
diligencias programadas, la formación especializada sobre su
funcionamiento a profesionales de la Abogacía y resto de operadores
jurídicos y la ubicación, insonorización y calidad audiovisual de su
equipamiento.
Por su parte, el presidente del TSJA también se
ha referido al "importante momento" que afronta la Justicia con la
implantación de la Ley de Eficiencia en las capitales y grandes ciudades
y ha incidido en las "necesidades enormes de plazas judiciales" que
tiene Andalucía, tras destacar que el nuevo modelo de tribunales de
instancia facilita la creación de plazas.
