CARBONERAS.- El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de
Carboneras, José Luis Amérigo, ha criticado este martes el
despido de tres trabajadores municipales del Consistorio a causa de
"motivos políticos", al menos, en uno de los casos, según ha reconocido
el Juzgado de Social nº 4 de Almería, que ha declarado nulo el
despido de una empleada afiliada al partido socialista.
En rueda de prensa, Amérigo ha criticado que el equipo de gobierno
formado por PP y Gicar "ha gastado más de 200.000 euros en los
despidos" de estos empleados "por ser militantes socialistas y por haber
vulnerado sus derechos fundamentales", de forma que dos de los despidos
han sido declarados nulos mientras que el tercero ha sido declarado
improcedente, por lo que está recurrido al Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (TSJA).
Según ha detallado Amérigo, el alcalde de Carboneras, Salvador
Hernández (Gicar), contrató tres meses después de que PP y Gicar
llegaran al gobierno carbonero "a una empresa sin experiencia en el
ámbito económico-financiero" para que realizara un análisis de la
situación de las arcas municipales "e ignorando las competencias y
estudios previos realizados por el interventor municipal".
Esta empresa "que ha cobrado 46.400 euros por sus trabajos al
Consistorio", emitió un informe en el que aseguraba que el Ayuntamiento
tenía un remanente negativo superior a los cinco millones de euros. El
documento, según la información manejada por el PSOE, se realizó por la
empresa "pese a que no estaba dada de alta en el Registro Mercantil y
utilizando la rúbrica de un funcionario del Ayuntamiento de Almería que
resultó ser hijo de la administradora única de la entidad, sin
colegiación ni formación alguna en este ámbito", según mantiene el PSOE.
Ese informe, ha señalado el portavoz socialista, "sirvió como
coartada al alcalde para realizar los despidos" al basarse en la
"alarmante situación económica del Ayuntamiento". No obstante, un mes
después de la emisión del informe de la empresa privada, las cuentas
municipales de 2011 revelaron un remanente positivo de 553.367 euros
"frente a los cinco millones en negativo defendidos por PP y Gicar".
Ante esta situación, el PSOE solicitó la celebración de un pleno
extraordinario con el objeto de revocar los despidos "y fue durante la
celebración del mismo --ha ahondado el dirigente socialista-- cuando el
portavoz del PP, Salvador Alarcón, mostró de manera descarada cómo el
móvil de los despidos había sido única y exclusivamente político como
finalmente han recogido las diferentes sentencias que han obligado a
readmitir a los trabajadores".
"Es indignante que, en total, los carboneros tengamos que pagar
más de 200.000 euros de nuestros bolsillos para abonar indemnizaciones,
informes y defensa jurídica del Ayuntamiento por el capricho y la
revancha política del PP y de Gicar, quienes deberían de preservar el
Ayuntamiento como un espacio con las puertas abiertas en el que a ningún
trabajador se le pida el carné de afiliación a ningún partido
político", ha considerado Amérigo.
En su sentencia, el Juzgado de lo
Social nº 4 de Almería ordena la readmisión inmediata de una de los
tres trabajadores despedidos al considerar que este se produjo con
"vulneración de sus derechos fundamentales, obedeciendo a su pertenencia
al partido político en la oposición", en alusión al PSOE.
El juez fundamenta el fallo en unas declaraciones del portavoz del
PP en un pleno, en las que, según recoge, aseguró que la demandante
"fue en su día contratada a dedo por el gobierno municipal socialista y
que fue despedida por el gobierno popular dada la desastrosa situación
económica que dejó el socialista en el ayuntamiento".
Señala que, si bien estas "no acreditan directamente el móvil
político" en la extinción contractual, "sí, al menos, resulta
discriminatorio por afectar precisamente a quien en párrafo
inmediatamente posterior se califica como militante del PSOE activo y
provechoso, sin justificación acreditada de los motivos concurrentes
para el despido de esta trabajadora en concreto y no de cualquier otro".
La resolución, que obliga al Ayuntamiento a abonar 22.624,8 euros a
la trabajadora en concepto de salarios de tramitación, considera que no
ha quedado probada la concurrencia de la causa económica alegada por el
Consistorio para el despido objetivo ni la duplicidad de puesto "como
se ha dicho por la demandada".
En concreto, apunta que el informe de una consultora esgrimido por
el Ayuntamiento "choca frontalmente" con los informes emitidos "tanto
antes como después" por el interventor municipal y subraya que, si bien
el de la consultora sostiene que el ingreso mensual del Ayuntamiento "no
cubre los gastos del mismos, con un volumen de gasto mensual de 500.000
euros", el interventor, en informes de 2011 y 2012, indica un
"superávit del 19,13 y el 11,6 por ciento, respectivamente".
