miércoles, 19 de septiembre de 2012

El Fiscal Superior andaluz alerta sobre "importante déficit" en el control de los fondos públicos

SEVILLA.- El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha alertado sobre el "importante déficit" en el control administrativo previo de los fondos públicos, un "déficit" que, según ha dicho, se extiende igualmente a los órganos de fiscalización y control externo.  

   García Calderón, que ha presentado en el Parlamento andaluz la memoria de su departamento correspondiente al pasado año 2011, ha dicho a los periodistas que, de manera progresiva hasta hacerse especialmente constatable el pasado año, "han aparecido formas delictivas muy graves vinculadas con el manejo de fondos públicos".
   Así, ha detallado que la Fiscalía "ha tenido el deber de trasladar a los juzgados en distintas provincias investigaciones que afectan a distintos aspectos de la función pública", investigaciones en las que "apreciamos la necesidad de establecer controles administrativos más rigurosos, porque la falta de control provoca que, en ocasiones, puedan existir conductas delictivas que tienen que ser erradicadas en una situación como la actual, con una crisis económica creciente".
   Al hilo de ello, García Calderón ha señalado a los medios de comunicación que estas investigaciones afectan tanto a las subvenciones otorgadas por la Consejería de Empleo y, en concreto, el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, como a aquellos fondos públicos "que tenían que destinarse a combatir el desempleo o a fortalecer el tejido empresarial", aunque "también hay otras partidas presupuestarias en las que se han iniciado investigaciones".
   "Hay un déficit importante en el control administrativo previo y en la existencia de órganos de fiscalización y de control externo, que deben de existir, no han existido y han llevado a este fenómeno, pero confiamos en que en el futuro se puedan corregir", ha aseverado el fiscal superior antes de su intervención en la comisión de Justicia e Interior.
   Asimismo, y desde el punto de vista cualitativo, ha explicado que, "hace años, las formas de corrupción se centraban en la administración local y estaban relacionadas con el urbanismo", pero no obstante "ha habido un cambio de tendencia", apareciendo "nuevas formas de corrupción que se vinculan con la gestión de fondos públicos debido a la escasez de control previo".
   Ya en la comisión parlamentaria, García Calderón ha tachado de "muy preocupante" la aparición de nuevas formas de criminalidad y ha dicho que los controles de intervención internos y externos "tienen que ser fortalecidos e intensificados" de cara a "evitar la aparición de nuevos fenómenos de corrupción".
   Además, ha aseverado que, en relación a las formas de corrupción pública, el esclarecimiento del hecho delictivo debe ir dirigido a coger a los culpables y, en paralelo, "a recuperar esas cantidades de dinero que han sido sustraídas de manera ilícita a todos los ciudadanos y que deben volver al lugar del que nunca debieron salir".
   También ha llamado la atención sobre otro fenómeno criminal "de gran importancia", como es el tráfico de seres humanos, que "es casi un fenómeno endémico" y que "no es estático, sino que se va modificando".
 "Es una forma de crimen organizado muy desarrollada y que rinde grandes beneficios, que afecta también al menor", por lo que, a su juicio, "requiere de una cooperación institucional y transfronteriza".

Andalucía podría perder ya en 2014 la mayor parte de ayudas de la Unión Europea

BRUSELAS.- Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha podrían perder a partir de 2014 la mayor parte de ayudas regionales que reciben de la Unión Europea, según se desprende de la última propuesta de compromiso sobre el presupuesto de la UE para los próximos siete años que ha publicado este miércoles la presidencia chipriota.

   Chipre quiere alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto del periodo 2014-2020 en la cumbre extraordinaria del 22 y 23 de noviembre, de forma que la Eurocámara lo ratifique antes de fin de año. Los presidentes de la Comisión, José Manuel Durao Barroso; el Consejo, Herman Van Rompuy; el Parlamento, Martin Schulz; y el presidente de Chipre, Demetris Christofias se han reunido este miércoles y han dicho que "movilizarán todos los esfuerzos necesarios" para lograr este objetivo.
   Tras haber escuchado las opiniones de todos los Estados miembros, la presidencia sostiene que será "inevitable" aplicar recortes a la propuesta inicial de la Comisión, que preveía un gasto de la UE durante el periodo 2014-2020 de 971.000 millones de euros, un 5% más que en las actuales perspectivas financieras.
   Uno de los capítulos a los que más podría afectar el recorte es el de la política regional, según han defendido los países contribuyentes netos, como Reino Unido, Holanda o incluso Francia, que quieren concentrar las subvenciones únicamente en las regiones más pobres, cuyo nivel de riqueza es inferior al 75 por cient de la media de la UE.
   Para España, el Ejecutivo comunitario había propuesto que Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia, que ya superan este umbral, conserven hasta dos tercios de las ayudas actuales. Las tres comunidades estarían en una nueva categoría de "regiones en transición", que incluye a las que tienen un PIB per cápita de entre el 75 por ciento y el 90 por ciento de la media de la UE.
   También Murcia quedaría catalogada como "región en transición" (su PIB está en el 85 por ciento de la media), aunque recibiría menos subvenciones que las otras tres comunidades autónomas porque ya en el actual periodo dejó de ser objetivo prioritario de la política regional al superar el 75 por ciento. Por su parte, Extremadura mantendrá las subvenciones del actual periodo 2007-2013 por encontrarse todavía por debajo del umbral del 75 por ciento.
   Sin embargo, la propuesta de la presidencia chipriota cuestiona incluso que haya ayudas específicas para las regiones en transición. De hecho, todas las referencias a esta nueva categoría en el documento de negociación aparecen entre corchetes, lo que significa que no hay acuerdo entre los Estados miembros para reconocer sus problemas particulares.
   En cambio, sí que figura en el compromiso que seguirá habiendo ayudas para las regiones menos desarrolladas, con un PIB por debajo del umbral del 75 por ciento, aunque todavía no se ponen cifras.
   Alrededor de una quincena de países, entre los que está España y la mayor parte de los nuevos Estados miembros del centro y el este de Europa ya han hecho frente común para oponerse a los recortes en política de cohesión, según fuentes europeas. España está también, junto con Francia, entre los países que rechazan reducir el presupuesto de la política agrícola común, pero aceptaría ajustes en el resto de partidas, según las fuentes consultadas.
   El documento de negociación, que será debatido el próximo lunes por los ministros de Asuntos Europeos de los 27, recoge la propuesta de la Comisión de congelar en el futuro las ayudas europeas a los países con déficit excesivo que no apliquen las recomendaciones de la UE para corregir la situación.

El El PP critica que la Junta "mienta" sobre su situación financiera

SEVILLA.- El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Carlos Rojas, ha criticado que la Junta "calle y mienta" sobre su situación financiera, mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy muestra su voluntad "firme y total" de ayudar económicamente a la Comunidad andaluza, tal y como, según ha apuntado, ha dejado patente el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su última intervención en el Pleno del Congreso.

   En rueda de prensa, Rojas ha criticado que la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ocultara "deliberadamente" en el Pleno del Parlamento, en el que compareció la semana pasada para informar sobre la situación de déficit, el hecho de que la Junta emitiera bonos de deuda durante el pasado mes de agosto por valor de 2.600 millones, según publica 'ABC'.
   El dirigente 'popular', que ha considerado que "no es de recibo" que la consejera de Hacienda no informara sobre este asunto, se ha preguntado por qué el Gobierno andaluz "oculta" las cifras de déficit y por qué no actúa con la misma lealtad que sí lo está haciendo el Gobierno del PP, frente "al doble discurso" realizado por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán.
   "La prioridad para el Gobierno central es que llegue el dinero a Andalucía, pero que se gaste bien", ha destacado Rojas, quien ha pedido al Gobierno andaluz que informe sobre la cifra que va a solicitar al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), un fondo que, según ha apuntado, tiene unos criterios "objetivos, transparentes e iguales" para todas las comunidades autonómicas.
   De otro lado, el portavoz del Grupo Popular ha anunciado que su formación va a demandar en el Pleno del Parlamento que el Gobierno andaluz se ponga "a gobernar". En su opinión, Andalucía necesita un presidente "que mire al Sur y no solo más allá de Despeñaperros para agitar la confrontación y que deje de mirar a su ombligo".
   Rojas ha demandado al presidente de la Junta que explique dónde se ha gastado el dinero que recibió del Plan de Pago a Proveedores, ya que, según ha destacado, existe aún pendiente una deuda de más de 800 millones con el sector de la construcción, "una deuda gravísima que está poniendo en jaque miles de puestos de trabajo en Andalucía".
   Tras demandar a Griñán que busque cómo pagar "de manera inmediata" dicha cuantía, el portavoz 'popular' ha lamentado también los niveles de morosidad que tiene la Junta en estos momentos y la "parálisis absoluta" en la Consejería de Fomento y Vivienda, cuya titular, Elena Cortés, ha dado "cerrojazo" a las grandes obras.

La Fiscalía General del Estado rechaza el despido de Galera por dar prevalencia absoluta a la libertad religiosa sobre la personal

ALMERÍA.- La Fiscalía General del Estado (FGE) indica en la memoria de 2011 que la decisión por la que el Obispado de Almería no propuso a Resurrección Galera para impartir clases de Religión en el curso escolar 2001-02 se basa en un criterio de índole moral y religiosa que no puede primar sobre su derecho a "elegir de manera libre a la persona con la que desea contraer matrimonio", ya que supondría otorgar a la libertad religiosa "prevalencia absoluta" sobre la libertad personal. 

   "Entenderlo de otro modo conduciría a la inaceptable consecuencia, desde la perspectiva constitucional, de que la persona se vea obligada a elegir entre renunciar a su derecho a contraer matrimonio con la persona elegida, o asumir el riesgo de perder su trabajo, aún en el caso de guardar reserva sobre su situación personal", subraya al analizar la doctrina de la Fiscalía ante el TC en el pasado ejercicio.
   Cabe recordar que Galera, a la que el Tribunal Constitucional (TC) concedió amparo en una resolución que derivó en una sentencia de despido nulo dictada en abril por el Juzgado de lo Social nº 3 de Almería, ha interpuesto este miércoles una segunda demanda contra Obispado tras recibir un burofax en el que se le comunica su "no llamamiento" para el presente curso escolar.
   La memoria señala, al abordar el "controvertido tema" de la contratación laboral de los profesores de Religión Católica en centros escolares públicos, que la facultad reconocida a las autoridades eclesiásticas para determinar quiénes han de ser las personas cualificadas para la enseñanza de su credo religioso "puede ser objeto de control por parte de órganos judiciales del Estado" en aras de determinar si se adecuan a la legalidad.
   Remarca que, en estos casos, deben "operar las exigencias inexcusables de indemnidad del orden constitucional de valores y principios". Añade, en esta línea, que la razón por la que el Obispado de Almería no propuso a Galera fue "haber tenido conocimiento" de que contrajo matrimonio civil con una persona divorciada, lo que "no guarda relación" con la actividad docente desempeñada por ella ni con sus aptitudes pedagógicas.
   "Entiende el Obispado que la decisión de contraer matrimonio en forma civil puede afectar al ejemplo y testimonio personal de vida cristiana, un criterio que no puede prevalecer, por si mismo, sobre sus derechos fundamentales", apunta para, a continuación, recordar que no se le imputó que hubiese incurrido en la "más mínima desviación de los contenidos de la materia establecidos por la Iglesia Católica, ni que cuestionase como docente la doctrina eclesial sobre el matrimonio ni hubiera hecho exhibición pública de su condición".
   La Fiscalía concluye que, lo contrario, supondría otorgar a la libertad religiosa "una prevalencia absoluta sobre la libertad personal", lo que --añade-- ya rechazó el Tribunal Constitucional en una sentencia dictada en 2007. Precisamente a esta sentencia alude el Obispado de Almería en el recurso de amparo que interpuso en febrero al entender que se pronuncia en sentido contrario al caso de Galera en un supuesto similar.
   Así, para el Obispado es "enteramente constitucional el hecho de que no pueda impartir religión y moral católicas quien no profesa voluntariamente los dogmas de esta fe religiosa" y considera que la docente, "en el más respetable ejercicio de su libertad", al elegir contraer matrimonio civil con un hombre divorciado, se colocó "ella misma y por su sola voluntad, en objetiva situación de inidoneidad sobrevenida para dar lecciones de moral católica que incluye una concepción muy determinada del matrimonio".

El PP señala de "grave error" que la Junta oferte formación profesional en centros segregados sin especificarlo

ALMERÍA.-   La parlamentaria andaluza del PP de Almería Aránzazu Martín ha señalado este miércoles el "grave error" que, a su juicio, la Junta de Andalucía ha cometido al ofertar un ciclo formativo de Jardinería y Floristería en un centro educativo concertado masculino sin advertir de esta última condición, lo que ha impedido a una mujer cursar dichos estudios este curso, pese a lo que ha solicitado un "esfuerzo" al colegio para "admitirla". 

   En declaraciones a los periodistas, la diputada autonómica 'popular' ha manifestado que ha mantenido una entrevista con la afectada, quien ha criticado el caso de "discriminación" en el que se ve envuelta y con el que está dispuesta a llegar "hasta las últimas consecuencias", según ha trasladado Martín.
   "En ningún momento se le dijo que fuera educación segregada o diferenciada", ha advertido Martín, quien ha manifestado también que se trata del único centro de la provincia que ofrece esta modalidad de estudios.
   En este sentido, ha considerado también que el problema se podría haber evitado si "se hubiera puesto ya en marcha el ciclo de familias agrarias que se ha pedido para El Ejido y que se aprobó en el Parlamento de Andalucía", ya que la titulación estaría ofertada en un segundo centro.
   La diputada, quien trasladará el caso a la consejera de Educación, Mar Moreno, para conocer la opinión sobre el caso, ha resaltado el "error grave" de la Delegación de Educación al ofertar esta titulación "sin decir que era un centro de educación segregada", pese a lo que se ha mostrado a favor de la "libertad" de las familias a la hora de elegir un centro según sus características a la hora de recibir formación.
   Desde la Administración andaluza se ha señalado que ya la decisión de no renovar los conciertos que mantienen los centros que segregen a sus alumnos por sexo a partir del próximo curso académico, con lo que durante este año "no se puede obligar al centro" a que admita a la mujer.  
   La titular provincial de Educación ha indicado que los conciertos ya están aprobados para el presente curso, de forma que se revisarán de cara al periodo 2013/2014 bajo las nuevas condiciones anunciadas por el Gobierno andaluz, según las previsiones iniciales. En este sentido, ha lamentado que este curso no es posible "obligar" al centro a admitir a la mujer.

martes, 18 de septiembre de 2012

La Fiscalía detecta "constante incremento" de padres en busca de ayuda por comportamiento de sus hijos

ALMERÍA.- La Fiscalía Provincial de Almería ha detectado un "constante incremento" de progenitores que acuden al Ministerio Público "en busca" de soluciones frente a los comportamientos bien "desafiantes" bien "peligrosos" de sus hijos adolescentes.

   Así se recoge en la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado (PGE) correspondiente al ejercicio 2011 en la que se apunta que la mediación familiar, solución que se recomienda a falta de tintes delictivos de los citados comportamientos, es "normalmente insuficiente y ya tardía".
   En esta línea, subraya que este circunstancia se da cuando la conducta del menor aparece vinculada con adicciones, patologías físicas o, incluso, violencia mutua en el ámbito de la familia, lo que, según añade, "demanda un tratamiento psicológico intenso, a veces de todo el grupo familiar".
   La Fiscalía almeriense traslada, asimismo, su "alarma" ante las dificultades que se dan en el diagnóstico y evaluación de los "trastornos de comportamiento y otros problemas de salud mental" por "escasez" de centros adecuados ya que asumen exclusivamente la situación de crisis pero "tan pronto como remite, lo menores retornan al domicilio ante la impotencia de los padres".
   "Es estas circunstancias, la Fiscalía se convierte en un recurso de presión frente a la administración para que asuma la guardia voluntaria e ingrese en un centro pero, en muchas ocasiones, no se trata del recurso más adecuado", según remarca el documento.
   Por otro lado, la memoria hace referencia a la evolución de la delincuencia organizada en la provincia, que se mantiene en los mismo tipos delictivos que en años anteriores aunque con algunas variaciones aunque advierte de la "creciente actividad" de bandas organizadas para cometer robos violentos, especialmente en "entidades bancarias así como en viviendas habitadas".
   Destaca que se han "dejado prácticamente" de cometer "los en otros tiempos habituales secuestros entre individuos de origen magrebí" aunque continúa la tónica en los relaciones con la prostitución y el favorecimiento de la inmigración ilegal. Con respecto a estos últimos, señala que el modo continúa siendo la comisión de delitos de falsificación y recoge la aparición de nuevos como la falsificación y la distribución de moneda falsa.
   La Fiscalía Provincial constata que siguen teniendo "una especial incidencia" las mafias dedicadas a introducir ilegalmente ciudadanos extranjeros, fundamentalmente mediante el uso de embarcaciones tipo patera, y subraya la "notable implantación" que en la provincia tienen los grupos organizados dedicados al narcotráfico.
   En datos, pese a que remarca que Almería ha seguido siendo por su situación geográfica y la vasta extensión de sus costas una de las principales vía de entrada europeas de hachís procedente del Norte de África, refleja una "significativa disminución" de las cantidades intervenidas, lo que interpreta como un aval de eficacia de los mecanismos policiales desde 2007. Así, frente a las 40,5 toneladas que se aprehendieron en 2010, el pasado año la cifra descendió hasta las 38,3 toneladas. Hace cuatro años la cuantía llegaba a los 58.000 kilos de hachís.
   La memoria del Ministerio Público aprecia que el descenso en la incoación de diligencias previas iniciado en 2010 se mantiene. En 2011 se abrieron 73.983, lo que equivale a un descenso porcentual del 13,8 por ciento, el segundo más alto en Andalucía. Esta tendencia se rompe en el caso de las diligencias urgentes con respecto a las previas ya que en el pasado ejercicio repuntaron hasta un 16,7 por ciento hasta alcanzar las 5.047 frente a las 4.322 de 2010.
   Las diligencias incoadas por homicidios dolosos y asesinatos ascendieron a 22 y dos, respectivamente, lo que supone un descenso en el caso de los homicidios de un 4,3 por ciento haberse producido este año una incoación menos. Las cifras de incoaciones por asesinato se mantienen idénticas.
   Por lo que se refiere a las lesiones dolosas, experimentaron un "ligero descenso" en el año 2011 con 11.887 abiertas, un 4,1 por ciento menos que en el ejercicio anterior. La  disminución en el número de incoaciones por lesiones dolosas cualificadas es, sin embargo, "más pronunciada" con un 37,5 por ciento ya que se pasaron de ocho anotaciones a cinco.
   Según recoge la Fiscalía, los procedimientos relativos a delitos contra la libertad acusaron un ligero descenso al evolucionar de las 922 diligencias incoadas en 2010 a las 913 del año 2011, lo que implica una bajada de un uno por ciento. Por otro lado, las diligencias por detención ilegal se redujo en un 30,5 por ciento con 16 diligencias frente a las 23 de 2010. En este apartado se enmarca la disminución de secuestros entre compatriotas de origen magrebí.
   Por lo que se refiere a los delitos contra la libertad sexual, la Fiscalía apunta que las incoaciones disminuyeron en un 13,3 por ciento, al pasar de 211 en 2010 a 183 en 2011. Así, las agresiones sexuales bajaron en un 26,1 por ciento al evolucionar desde las 115 de 2010 a las 85 de 2011, las violaciones se duplicaron al pasar de 2 a 4, y los abusos sexuales se rebajaron desde las 52 incoaciones de 2010 a las 50 de 2011, lo que supone un descenso de un 3,95 por ciento.
   El documento hecho público este lunes indica un ruptura en la tendencia de 2009 y 2010 en la reducción de las diligencias incoadas por delitos contra las relaciones familiares ya que se pasó de 447 anotaciones a 427 en 2011. Califica de notable el descenso en un 16,1 por ciento de las diligencias incoadas por impago de pensiones aunque las relativas a abandono de familia pasaron de 162 a 164 con un crecimiento de un 2,5 por ciento y las de sustracción de menores subieron en un 280 por ciento pasando de cinco a 19.
   El capítulo de los delitos contra el patrimonio es el que consume la mayor parte de las incoaciones, que alcanzan la cifra de 29.862, lo que implica un importante porcentaje del total de diligencias previas incoadas, en concreto un 48,69 por ciento, dato que evidencia, según subraya la Fiscalía, "un incremento de la importancia relativa de estos delitos".
   Matiza, no obstante, que se ha producido una disminución de la incoación de diligencias previas por hurtos, robos con fuerza, robos con violencia o intimidación y estafas de entre un 3,4 y un 9 por ciento, lo que contrasta con el incremento en los robos con fuerza en casa habitada, pasando de las 115 diligencias previas de 2010 a las 202 de 2011, lo que equivale a un incremento del 75,7 por ciento.
   Por lo que se refiere a los delitos de incendio se aprecia un pronunciado descenso en las diligencias incoadas por los causados con peligro para la vida o integridad de las personas, de un 98,7 por ciento al descender el número desde los 149 registrados en 2010 a los dos del 2011, rompiendo con la tendencia marcada en 2009 y 2010. La disminución es más moderada, del 5,6 por 100, en el número de diligencias previas por incendios forestales con 51 en 2011 frente a las 54 del año anterior.
   En el capítulo de las falsedades, se detectó un descenso en sus cifras globales de procedimientos tramitados al pasar de 290 diligencias incoadas frente a las 378 de 2010, lo que supone un decremento de un 23,3 por ciento. Las 46 incoaciones que constan por falsificación de moneda corresponden en su totalidad a intentos de utilización de billetes falsos, normalmente sin conocimiento de su falsedad, generalmente de 50 euros.

Los constructores irán a la vía judicial si la Junta "sigue sin pagar 800 millones adeudados"

SEVILLA.- Los constructores, a través del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción y Obra Pública (Ceacop), han anunciado que acudirán a la vía judicial y estudia emprender alguna movilización o acción más "agresiva" si la Junta de Andalucía sigue sin pagar los 800 millones que aseguran que el Gobierno andaluz adeuda a las empresas de la construcción por obras ejecutadas, terminadas y puestas en servicio pero no abonadas.

   En rueda de prensa, el presidente de Ceacop, Enrique Figueroa, quien reconoció que el sector vive actualmente un "momento muy complicado, pues está mas muerto que vivo", ha explicado que el plan de pagos a proveedores "sí ha servido en el caso de las cantidades adeudadas por los ayuntamientos, pero en el caso de la Junta, se ha abonado solo una pequeña parte de las cantidades adeudadas".
   De esta forma, ha asegurado que la Junta mantiene una deuda con las constructoras de 800 millones de euros, cantidad que corresponde a obras finalizadas y ejecutadas, pero que las empresas no han podido cobrar de la administración al no haber partida presupuestaria consignada para estas actuaciones".
   Por ello, al no poder estas empresas facturar por no existir consignación presupuestaria, estos pagos pendientes han quedado fuera del plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno central.
   En ese sentido, Ceacop optó por presentar una reclamación conjunta, coordinada entre las diversas empresas, ante el Registro General de la Junta de Andalucía, por el impago de obras ejecutadas, con aprobación técnica formada por técnicos de la Junta que certifican la finalización de los trabajos y que no se han abonado. Esta reclamación suma 124 expedientes por valor de 70 millones de euros, y que "llevan, de media, más de tres años pendientes de abonarse".
   Figueroa lamenta que dos meses después, la Junta no se ha pronunciado sobre esas reclamaciones y el próximo mes de octubre se agota el plazo, por lo que en el mes próximo, si no se recibe respuesta oficial, la denuncia se derivará a la vía contencioso administrativa o a la vía judicial.
   Asimismo, los constructores piden a la Junta de Andalucía que utilice el dinero que pueda recibir del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para consignar una parte al pago de esos 800 millones de euros adeudados.
   El portavoz de los empresarios ha apuntado que junto a estas vías jurídicas prevén llevar a cabo más acciones y movilizaciones, de manera que estudian "formar follón" y ser "más agresivos" en sus acciones, para lo que llevarán a cabo acciones, aún sin precisar.
   Este portavoz empresarial reconoce que la Junta "efectúa insinuaciones" y tiene como "mal visto" que las empresas protesten por la falta de pagos o exijan las cantidades, algo que "ha ocurrido siempre", y que hace que el sector esté "apático", pero reconoce que actualmente "el sector de la construcción no aguanta más y ha tomado una determinación".
   Figueroa lamenta que en el plan de pago a proveedores "no se ha sabido aprovechar por la administración andaluza para ayudar al sector de la construcción, por lo que no se ha pagado toda la deuda"
   Figueroa asimismo ha lamentado que el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (Plan OLA), dirigido especialmente a las infraestructuras educativas, contemplaba un compromiso de pago a empresas en 40 días "pero no solo no se ha cumplido el plazo sino que no se ha pagado nada, a pesar de que las obras de los colegios están terminadas".
   Agrega que a esa situación de impagos se suma el hecho de que "no hay obra en el sector", de forma que "en los tres últimos años se han cerrado 25.000 empresas de todos los tamaños en el sector de la construcción".
   "Falta los pagos a proveedores, falta trabajo, faltan empleados, y el plan OLA no paga nada", se ha lamentado Figueroa, quien pide que en los presupuestos de la Junta para 2013 "se racionalice el gasto, se adelgace donde realmente sobre, como el conjunto de entes públicos o las subvenciones a las empresas, y se destine una parte de la ejecución de infraestructuras, las que se tengan que hacer y al mantenimiento de carreteras, pues las vías de comunicación no se están manteniendo y se están degradando" a pasos agigantados, y encima no se pagan a empresas encargadas de esa conservación de las carreteras desde abril, y, cuando pagan, lo hacen con 'confirming' a más de un año de plazo".
   Considera que "hay una destrucción total de empleo en el sector, de forma que ahora hay mas gente del sector despedida que trabajando en el mismo", ha agregado este portavoz, quien apunta que actualmente hay 165.000 trabajadores en el sector de la construcción, mientras que se han despedido a más de 250.000 personas. Figueroa agrega que harían falta "al menos 100.000 empleados más" para recuperar el sector.
   Asimismo, piden que se active las obra de adecuación de las depuradoras y demanda que se establezca un calendario de pagos.
   Lamenta que la Junta "solo nos dicen que no hay dinero y que el año próximo habrá cero inversiones" y ha recordado que "el 60 por ciento de lo que se invierte en infraestructuras revierte después a la administración en forma de impuestos, y encima genera empleo". "La administración debería ser exquisita en su funcionamiento, pero no se abonan los pagos y no se cumplen nada", se lamenta.
   Figueroa asimismo considera que la colaboración público privada "cada vez tiene menos sentido" y expresa su temor por que la obra ya iniciada bajo ese modelo "se pueda suspender", algo rechazado por Ceacop, puesto que en las mismas "las empresas han puesto mucho dinero y se han gastado mucho en ese tiempo de obras".
   Además ha expresado su temor de que la Junta "quiera adelantar el cierre del ejercicio económico, para poder cumplir el déficit, algo que nos preocupa mucho".

La docente casada con un divorciado demanda al Obispado por despido nulo

ALMERÍA.- La profesora de Religión Resurrección Galera, cuyo despido hace once años por contraer matrimonio civil con un hombre divorciado fue anulado por el Tribunal Constitucional (TC), ha interpuesto este miércoles una nueva demanda laboral contra el Obispado de Almería al considerar que su no llamamiento para el curso 2012-2013 incurre en nueva discriminación.

   El nuevo proceso se abre después de que la Diócesis almeriense comunicase el día 3 a la docente mediante burofax que no había obtenido la 'missio canoniga' por parte del Ordinario Diocesano, requisito que certificaría su "idoneidad" y que le habilitaría para que pudiera ser propuesta al Ministerio de Educación (MEC) para impartir clases de esta materia.
   De manera paralela a la presentación de la solicitud de conciliación en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC), se ha interpuesto, asimismo, una reclamación previa contra el ministerio y la consejería andaluza del ramo, codemandados en la causa.
   Fuentes judiciales han indicado que la nueva demanda por despido nulo aduce que el "motivo" por el que el Obispado de Almería no ha llamado a Galera para este curso escolar es "idéntico" al que sustento la declaración de nulo por parte del TC, que le concedió amparo por el despido en el curso 2001-2002.
   El Constitucional estimó casi once años después que se había contravenido su derecho a no sufrir discriminación por sus circunstancias personales, a la libertad religiosa en conexión con el derecho a contraer matrimonio y a la intimidad personal y familiar. Este fallo, así como la jurisprudencia derivada, se han adjuntado a la demanda.
   Esta argumenta, en esta línea, que, de la actitud de la Diócesis, se desprende que "no tiene intención alguna" de dar cumplimiento a las resoluciones judiciales que respaldan a la profesora de Religión. Una vez se de cumplimiento a la reclamación previa y al acto de conciliación, el proceso se volverá a judicializar ante un juzgado de lo Social.
   El burofax remitido a Galera el pasado día 3 indica, en los mismos términos expresados en el segundo recurso de amparo elevado ante el TC por el Obispado, que una sentencia de este órgano dictada en 2007 se pronuncia en sentido contrario al caso de Galera en un supuesto similar y apunta a que la citada resolución está pendiente de resolver ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
   Así, para el Obispado es "enteramente constitucional el hecho de que no pueda impartir religión y moral católicas quien no profesa voluntariamente los dogmas de esta fe religiosa" y considera que la docente, "en el más respetable ejercicio de su libertad", al elegir contraer matrimonio civil con un hombre divorciado, se colocó "ella misma y por su sola voluntad, en objetiva situación de inidoneidad sobrevenida para dar lecciones de moral católica que incluye una concepción muy determinada del matrimonio".
   Por el momento, el Ministerio de Educación sólo ha dado respuesta parcial al auto de ejecución dictado por el Juzgado de lo Social nº 3 de Almería en abril por el que se ordenaba, además de su reposición en su antiguo puesto hasta el pasado 31 de agosto en un plazo máximo de cinco días, que debía serle abonada la cuantía de poco más de 42.000 euros en concepto de salarios de tramitación.
   De momento, el MEC solo ha abonado los salarios correspondientes hasta ese día 31 en que expiraba la relación contractual de Galera pero sigue sin abonar 12.540,5 euros brutos del total del importe de los salarios de tramitación pese al plazo improrrogable de cinco días que le dio el juzgado a finales de mayo. El auto de ejecución del magistrado Juan Carlos Aparicio se encuentra recurrido en súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tanto por la letrada de Galera como por el ministerio público.
   Tras dos sentencias anteriores que avalaron el despido, el Tribunal Constitucional  concedió once años después a Galera, que impartía clases en el CEIP 'Ferrer Guardia' del barrio de la capital, amparo y reconoció sus derechos a no sufrir discriminación por sus circunstancias personales, a la libertad religiosa en conexión con el derecho a contraer matrimonio y a la intimidad personal y familiar.
   En cumplimiento de la orden de retrotraer las actuaciones, el Juzgado de lo Social nº 3 dictó una nueva sentencia, en este caso favorable a Galera al declarar el despido nulo, que fue recurrida al TSJA, que ratifico la resolución por la diócesis almeriense, que también ha elevado recurso de amparo al TC a través de los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal.

La Agrupación Local del PSOE de Almería celebra este jueves asamblea para elegir ejecutiva con Requena como candidata

ALMERÍA.- La asamblea general de la Agrupación Local del PSOE de Almería se reúne este jueves para elegir la nueva ejecutiva municipal de la capital, de forma que según las previsiones iniciales, se presentará una única lista encabezada por la actual secretaria municipal del PSOE almeriense, Josefa Requena, quien propondrá una candidatura "de continuidad pero integradora". 

    Requena ha asegurado que planteará ante la asamblea una lista que va en la línea de la actual agrupación, si bien con algunas modificaciones con el fin de "integrar" todas las corrientes que componen el partido, por lo que no espera ninguna "sorpresa" en este sentido.
   Asimismo, ha explicado que ha mantenido contacto con el concejal del Ayuntamiento de Almería Joaquín Jiménez quien, en las últimas convocatorias, ha presentado listas alternativas tanto a la candidatura de la ejecutiva local como para los procesos congresuales del PSOE. No obstante, según apunta Requena, no está previsto que Jiménez encabece en esta ocasión una candidatura.
   "Lo he hablado con él y coincidimos en que en estos momentos el partido tiene que estar fuerte", ha dicho la secretaria local socialista, quien ha apuntado a que "evidentemente" la lista que propondrá buscará el más amplio "consenso" de entre todos los militantes a fin de obtener "el máximo respaldo".

Vueling elevará a diaria la frecuencia de sus vuelos entre Almería y Barcelona

ALMERÍA.- La compañía aérea Vueling aumentará la frecuencia de sus vuelos entre la capital almeriense y Barcelona, de forma que a partir del mes de octubre la conexión se realizará de forma diaria con un vuelo en cada sentido. 

   Miembros de la propia aerolínea han comunicado por videoconferencia su decisión, que mejora las comunicaciones entre Almería y la Ciudad Condal, si bien de momento no se prevén nuevos destinos.
   En este sentido, y tras el anuncio de la compañía de bajo coste Ryanair de abandonar el aeródromo de El Alquián, la conexión entre Almería y Madrid quedará únicamente en manos de Air Nostrum, de cara a esta nueva temporada.

lunes, 17 de septiembre de 2012

La autopista Cartagena-Vera solicita el 'preconcurso' de acreedores con una deuda de 550 millones


MADRID.- La autopista Cartagena-Vera ha solicitado este lunes acogerse al 'preconcurso' de acreedores con una deuda de 550 millones de euros, según informaron fuentes del sector. De esta forma, la sociedad concesionaria de la vía cuenta con un un máximo de cuatro meses para renegociar este pasivo y evitar así la suspensión de pagos. 

La empresa ha adoptado esta decisión ante la caída de los tráficos, la falta de cobro de las cuentas de compensación y la imposibilidad de refinanciar su deuda, vencida desde diciembre de 2011, han informado fuentes del sector.
La autopista Cartagena-Vera, con un periodo de concesión de 36 años, tiene 98 kilómetros de peaje a los que hay que añadir otros 16 libres de peaje. En 2010, la intensidad media diaria fue de 2.045 vehículos.
   Se trata de la cuarta sociedad concesionaria de autopistas, la tercera en dos semanas, que se acoge a la Ley concursal.
   La Madrid-Toledo y la R-4 Madrid-Ocaña han solicitado el concurso, y las radiales de Madrid R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, el preconcurso. Todas estas vías suman un pasivo total de 2.165 millones de euros.
   Además, forma parte de la decena de autopistas de peaje que actualmente se están viendo afectadas por el desplome del volumen de tráfico derivado de la crisis y por los sobrecostes que afrontaron a la hora de expropiar los terrenos sobre los que se construyeron.
   En el caso de la sociedad concesionaria de la autopista Cartagena-Vera (Aucosta), está participada por Globalvía (grupo de concesiones de FCC y Bankia), con una participación del 35,7%, Ploder (15%), y Cajamurcia (actualmente integrada en Banco Mare Nostrum), Unicaja (Ceiss), Cajamar y CAM (Banco Sabadell), con un 4,5% cada una de ellas.
   A partir de ahora, la concesionaria cuenta con un máximo de cuatro meses para negociar su pasivo con un sindicato bancario integrado por numerosas entidades financieras.
  La autopista Cartagena-Vera, de 114 kilómetros de longitud, se puso en servicio a comienzos de 2007 y cuenta con un plazo de concesión de 36 años. En el primer trimestre del año registró una media diaria de 2.396 usuarios, un 6% menos que en el mismo periodo de 2011, según datos de Fomento.
   Las mismas fuentes del sector indicaron hoy que, además de los tráficos y las expropiaciones, la autopista, al igual que el resto de vías, se ha visto afectada por el hecho de no haber recibido del Ministerio de Fomento los importes solicitados de las líneas de ayudas articuladas por el Departamento.
   El Ministerio que dirige Ana Pastor ha puesto a disposición de estas vías cuentas de compensación, con las que el Ministerio pretende compensar a las autopistas por la caída del tráfico, y préstamos participativos, con los que busca ayudarlas a afrontar los sobrecostes de las expropiaciones.
Ante esta situación, el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, ha asegurado hoy que, mientras no se recupere el tráfico de estas vías, las alternativas son difíciles, aunque ha mostrado su disposición a buscar soluciones para ellas.
Catalá ha subrayado que las cuentas de compensación y los préstamos participativos son las únicas herramientas con las que se puede ayudar de manera financiera a las compañías que operan las autopistas de peaje y que están atravesando problemas económicos.

El TC mantiene la suspensión de la convocatoria de oposiciones a profesores en Andalucía

MADRID.- El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido mantener la suspensión de la convocatoria de oposiciones realizada por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía el pasado mes de febrero y en la que se ofertaban 2.389 plazas para cuerpos docentes de enseñanza no universitaria.

   En un auto, fechado el pasado jueves, el Constitucional mantiene así la suspensión de la norma que decidió el pasado 22 de mayo al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno contra la convocatoria andaluza.
   El TC cumple así con el plazo "no superior a cinco meses" con el que contaba para ratificar o levantar la suspensión de la norma, desde la fecha de interposición del recurso por parte del Ejecutivo, que se formalizó el 23 de abril.
   En el acuerdo adoptado en mayo, el TC decidía "admitir a trámite" el recurso y, con ello, la suspensión de la orden por la que se convocaban las oposiciones. Ahora, escuchada a la letrada de la Junta de Andalucía y al Abogado del Estado decide mantener la suspensión respaldando lo defendido por éste último en cuanto a que si se desarrollaran las pruebas selectivas para cubrir las plazas y los que las obtuviesen tuvieran acceso a ellas, los perjuicios que se causarían si finalmente la convocatoria fuera inconstitucional serían "notables" y de "difícil reparación".
   Asimismo, el alto tribunal justifica su decisión de mantener la suspensión en que, de lo contrario, se "podría poner en peligro" la eficiencia del Real Decreto sobre recortes presupuestarios que se aprobó el 30 de diciembre para la corrección del déficit público y que entre otras medidas estipula la congelación de la oferta de empleo público, con ciertas modulaciones para el personal docente.
   Así las cosas, el Constitucional atiende al argumento realizado por la Abogacía del Estado sobre que la convocatoria andaluza "desborda" las limitaciones fijadas por ese Decreto y supone un "obvio incremento del gasto público" y mantiene la suspensión basándose también en "la necesidad de preservar la contención del gasto público en el actual contexto económico y financiero de reducción del déficit público".

Economía busca alternativas a la financiación bancaria ante la caída del crédito

MADRID.- El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, ha cifrado la caída del crédito bancario por encima del 3% en lo que va de año, por lo que ha defendido "alternativas" para financiar aquellos proyectos "viables". 

   En este sentido, Latorre anunció que desde el Ministerio de Economía se trabaja en colaboración con Bolsas y Mercados Españoles (BME) para la creación de un mercado de pagarés de empresas, además de potenciar mercados alternativos de renta fija y variable.
   "Ante las dificultades de financiación bancaria es importante impulsar instrumentos que permitan cambiar esta forma de financiación", aseguró en 'número dos' de Economía durante la inauguración del foro entre pymes y fondos de inversión organizado por Madrid Network.
   Para Latorre, dentro de este contexto "complejo" se tiene que tratar de cambiar la dependencia de las empresas de la financiación bancaria. En concreto, calculó que el 80% de las compañías españolas emplea financiación bancaria, mientras en Estados Unidos este mismo porcentaje de empresas depende de la no bancaria.
   "Hay un largo camino por recorrer", expresó el secretario de Estado, quien puso en valor el fondo del pago de proveedores para resolver en parte este problema.
   El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ya anunció el pasado miércoles en el Congreso que avanzado que el Gobierno presentará en los "próximos días" un paquete de medidas para impulsar la financiación de las pymes, algo "fundamental" para el Gobierno.

Crece la división entre Norte y Sur de España en materia de empleo

GINEBRA.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha destacado la "creciente división" que existe en Norte y Sur en materia de empleo en España y ha alertado de que el desempleo está aumentando con mayor rapidez en las zonas rurales que en centros urbanos, lo que a su vez está "alimentando la tensión social. 

   "La ola de malestar social que ha afectado recientemente a España refleja el aumento de la disparidad en términos de empleo entre el campo y la ciudad, y entre el Norte y Sur del país", avisa un informe del Instituto Internacional de Estudios Laborales (IIEL) de la OIT.
   Según los datos recopilados por el instituto, en las zonas rurales el desempleo se incrementó de 8,3% en 2007 a más de 26% en 2012, mientras que en las zonas urbanas aumentó un poco menos, de 7,8% a 24% durante el mismo período. El promedio nacional se sitúa apenas por debajo del 25%.
   El economista del IIEL, Steve Tobin, resalta que la situación es "especialmente difícil" en la región meridional de Andalucía, que registraba tasas de desempleo elevadas ya antes de la crisis. "Por ejemplo, en las provincias de Almería, Jaén y Granada, más de la tercera parte de los trabajadores está desempleada", añade.
   Por el contrario, apunta que esta cifra es muy superior a las tasas de desempleo en Madrid y Barcelona, donde menos de 22% de la población está desempleada, e incide en que la situación no es la misma en todas las zonas rurales de España, ya que regiones del Norte del país como Navarra y Cantabria tienen un paro mucho menor que el promedio nacional.
   En opinión del IIEL, esto significa que la crisis está haciendo "más evidente la disparidad Norte-Sur y es posible que la esté agravando", ya que los datos más recientes muestran que el desempleo en el Sur de España alcanza el 32,8%, mientras que las regiones septentrionales tienen una tasa de desempleo en su conjunto de 15,4%.
   A este respecto, el director de la Oficina de la OIT en Madrid, Joaquín Nieto, considera que "el secreto se encuentra en el modelo de producción".
 "Las regiones rurales más afectadas son aquellas donde fue mayor el auge del sector inmobiliario y más grande la burbuja especulativa", agrega.
   Por su parte, Tobin explica que antes de la crisis muchos trabajadores estacionales solían trabajar en los campos en el verano y en el sector de la construcción durante el resto del año. "Sin embargo, debido al colapso del sector de la construcción, que fue uno de los más afectados por la crisis, en la actualidad están desempleados durante la mayor parte del año", remarca.
   Por último, la OIT añade que el descontento social ha comenzado a propagarse en diversas zonas rurales, en especial en Andalucía, después de que protestas como el movimiento de los 'Indignados' se desencadenaran inicialmente en las principales ciudades de España.
   La Organización señala que un creciente sentido de insatisfacción frente las medidas adoptadas para abordar la crisis ha generado protestas que van desde ocupar las tierras a organizar saqueos en los supermercados. Así, la multiplicación de las protestas en las zonas rurales está en concordancia con la tasa de tensión social del IIEL para España, que muestra un incremento constante entre 2006 y 2011, con un pico en 2009.
   "Como destacamos en un reciente informe sobre la Crisis del empleo en la eurozona, las medidas de austeridad no han logrado estimular la economía y la creación de empleo, y han hecho poco para mejorar las finanzas públicas. El caso de España demuestra que es necesaria una estrategia de crecimiento y de empleo", subraya el Director del IIEL, Raymod Torres.

Los fondos operativos destinados por la UE a retirar productos agrícolas alcanzarán los 13.800.000 euros

ALMERÍA.- Los fondos operativos destinados por la Unión Europea a la retirada de productos agrícolas para la provincia de Almería pueden llegar hasta los 13.800.000 euros, ha informado hoy el responsable estatal de Frutas y Hortalizas de COAG y secretario general de COAG Almería, Andrés Góngora.

En rueda de prensa, Góngora ha recordado que la retirada de producto vuelve a ser un instrumento de gestión prevención de crisis gracias a la modificación del reglamento de la OCM, y ha señalado que estos fondos compuestos al 50 por ciento por la aportación de socios de las organizaciones de productores OPFH y el resto por el FEAGA (Fondo Español de Garantía Agraria).
En este sentido, ha reclamado a las OPFH que pongan en marcha de forma inmediata dicha prevención y gestión de crisis de precios debido a que "Almería cuenta con un fondo operativo que puede llegar hasta los 13.800.000 euros para la retirada de hortalizas, aunque esta cantidad podría verse duplicada si los agricultores de la provincia se integraran en OPFH".
El responsable estatal ha indicado sólo 8.676 de los 16.500 agricultores almerienses forman parte de uno de estos organismos, y ha mostrado la disconformidad de COAG con la exclusión del resto de comercializadoras del reglamento de la OCM.
"Llegados a este punto es primordial que los productores tomen conciencia de la importancia de este mecanismo de gestión de crisis y presionen a sus comercializadoras para que se conviertan en OPFH" ha dicho Góngora, a la vez que ha apuntado que no es necesario constituirse como cooperativa.
Por otro lado, Góngora ha anunciado que COAG Almería se presentará como acusación particular en la demanda penal que firmarán esta semana los agricultores afectados por el incendio de la planta de recogida de residuos Albaida en La Mojonera.

domingo, 16 de septiembre de 2012

El presupuesto del Ministerio de Agricultura se recortará un 30% en 2013

MADRID.- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha adelantado que el presupuesto de su departamento se recortará "probablemente" en un 30% en 2013, el mismo pocentaje en el que se redujo este año, por lo que el gasto se quedará en un 40% de lo que era esta cartera hace dos años.

   "Estamos todo el verano trabajando en mantener las políticas absolutamente esenciales, necesarias e imprescindibles, quitando todo lo superfluo", ha afirmado el titular de Agricultura en una entrevista a la Cadena Cope.
   Asimismo, ha explicado que su equipo está trabajando además en la simplificación normativa con la voluntad de armonizar todos los procedimientos.
   "Todo el mundo está de acuerdo en que tenemos una normativa demasiado frondosa, compleja y que, a veces, desconcierta totalmente a los ciudadanos, y por ahí vamos a avanzar", ha señalado Arias Cañete, quien ha afirmado que incluso se está analizando la puesta en marcha de alguna de las "denostadas" leyes orgánicas de armonización o leyes básicas.
   Por otro lado, Arias Cañete ha abogado por la búsqueda de un mecanismo nacional de apoyo a la integración de cooperativas para que todos los productores puedan concentrar la oferta y dialogar con la gran distribución con el fin de evitar distorsiones en los precios.
   En materia de pesca, Arias Cañete ha explicado que España está trabajando con Marruecos para que se pueda agilizar la renovación del acuerdo pesquero, al tiempo que ha reconocido que existen muchos problemas con el convenio con Mauritania en el que, a su juicio, la Comisión Europea ha negociado "pésimamente", con unas condiciones de pesca "imposibles" para Gibraltar.
   "Eso ya no es un conflicto pesquero, el gobierno de la Corona está buscando otras finalidades políticas y está utilizando a los pescadores como medio para esas reclamaciones de soberanía sobre las aguas, que no se les dió nunca en el Tratado de Utrech", ha señalado Arias Cañete, quien ha dejado claro que el Gobierno seguirá defendiendo el derecho a pescar en aguas que "son y han sido españolas"

El PSOE abre expediente a una militante por difundir un vídeo de una asamblea de la Agrupación municipal

ALMERÍA.- La Agrupación municipal del PSOE de Almería ha incoado expediente a una militante de la capital por la supuesta grabación y reproducción pública en la red social 'Facebook' de la asamblea extraordinaria celebrada en enero para debatir y votar las enmiendas a la Ponencia Marco del congreso federal de Sevilla y elegir a los 34 delegados al congreso provincial.

   Así lo ha revelado el secretario de Organización del PSOE, Juan Carlos Pérez Navas, quien ha indicado que la decisión de abrir expediente compete a la Agrupación municipal, que es la que ha tomado la iniciativa, al tiempo que ha asegurado que el Estatuto Federal no permite "exponer públicamente" actos "internos" orgánicos sin el consentimiento de los implicados, según ha matizado.  
   "Las normas establecen que no podemos estar continuamente exponiendo públicamente o sacando a los medios una discusión interna sin el permiso de determinadas personas que aparecen en ese vídeo", ha afirmado Pérez Navas, quien ha remarcado que afiliarse supone "que admites voluntariamente unas reglas de juego y someterte a cierta disciplina".
   Tras precisar que la instrucción del expediente aún no ha concluido, ha afirmado que el procedimiento estipulado para este tipo de casos es "muy garantista" con los derechos del militante contra el que se tramita y que la decisión final sobre la sanción que procedería imponer dependiendo de si el comportamiento se califica leve, grave o muy grave corresponde a la Ejecutiva Federal.
   Según informa el medio digital 'Noticias de Almería', el instructor del expediente considera la difusión del citado video a través de las redes sociales y de medios de comunicación "falta grave prevista en el artículo 41 en relación al artículo 27 del Reglamento (Federal de los Afiliados)" ya que se realizó "en un momento de la asamblea en el que se procedía a cerrar el periodo de votación acordado".
   La grabación recoge, al parecer, una discusión sobre si debe permanecer abierta o no la urna para elegir delegados hasta la hora que se había indicado o no, lo que, según sostiene la argumentación del procedimiento, "contribuyó a difundir una imagen pésima de nuestra organización de cara al exterior".
   Pérez Navas ha hecho alusión a preguntas de los periodistas al expediente de expulsión abierto al exsecretario general de los socialistas almerienses Diego Asensio después de que en junio de 2011 anunciara su dimisión del cargo --empujada por el cese de más de la mitad de su ejecutiva-- y criticase las "las continuas agresiones a este partido y a la provincia por parte del presidente de la Junta y secretario general del PSOE-A, José Antonio Griñán", al que acusó de tener "un talante autoritario y de anteponer sus intereses" como líder de los socialistas andaluces a "los intereses de la provincia".
   Ha indicado que el citado expediente, incoado con el voto a favor de todos los miembros del comité ejecutivo provincial de Almería, ha sido remitido, una vez que se ha finalizado la instrucción, a la Ejecutiva Federal, "que tiene todas las competencias para resolverlo". Ha rechazado que, desde el PSOE almeriense, se haya realizado propuesta de sanción en uno u otro sentido y ha remarcado que "antes de expulsar a nadie, se le da muchas opciones".
   "Nosotros nos hemos limitado a recopilar toda la información y ponerla en conocimiento tanto del afectado, con todas las garantías, como de la Ejecutiva Federal a la que, ahora, le corresponde retomarlo y resolverlo aunque la decisión pueda ser recurrida por las partes implicadas", ha concluido.

Nacionalistas marroquíes se atribuyen la ocupación hoy del islote español de Perejil


RABAT/MADRID.- El Comité de Liberación de Ceuta y Melilla y las islas vecinas aseguró hoy que cinco de sus activistas alcanzaron el islote español de Perejil, situado a 200 metros de la costa marroquí, e izaron dos banderas de Marruecos, una acción que no ha sido confirmada desde Madrid por el Ministerio de Defensa español. La Guardia Civil de Ceuta, a una veintena de kilómetros de Perejil, envió allí a una patrullera cuyos hombres pusieron pie a tierra y recorrieron el islote sin encontrar rastro humano, según fuentes del instituto armado, tras haber hecho esta tarde un primer reconocimiento desde el mar del islote de Perejil y "no haber avistado a nadie", según han informado fuentes del Ministerio del Interior.

La ocupación de la isla ha sido anunciada esta tarde por el vicepresidente de este comité, Saíd Chramti, en tanto que un portavoz español de Defensa ha señalado que este ministerio “no puede confirmar ni desmentir esa información”.
Chramti apuntó que los activistas llegaron al enclave a nado y provistos de aletas a las 15.14 hora local (una hora más GMT y 17.14 en la España peninsular) con provisiones necesarias para aguantar en el islote durante 15 días. 
Y según ha informado también su presidente, Yahya Yaya. El líder del Comité de Coordinación para la Liberación de Ceuta y Melilla ha señalado que la acción ha sido realizada "para denunciar una vez la ocupación de los territorios usurpados a Marruecos".
“Tanto las autoridades marroquíes como las españolas, en estrecha colaboración, han comprobado la no certeza de la noticia”, difundida por la prensa española después de que varios medios recibiesen llamadas de de los activistas, según señaló un comunicado de la Delegación del Gobierno en Ceuta.
El Comité de Coordinación para la Liberación de Ceuta y Melilla (CCLCM) está dirigido por Yahya Yahya, senador y alcalde de Beni Enzar, localidad pegada a Melilla, secundado por Said Chramti, que desde la frontera de la ciudad autónoma lleva años acosando a la policía española. 
Ambos supervisaron desde la costa marroquí, a menos de 200 metros del islote, el desembarco de los activistas, según informó Chramti por teléfono a las 17.20 horas (hora de Madrid) a este corresponsal. Los jóvenes que, según dijo, tenían la intención de permanecer dos semanas en Perejil, no encontraron resistencia alguna porque está deshabitado desde que el Ejército español retiró, en 1963, a sus últimos hombres.
El islote tiene un estatus ambiguo porque su soberanía la comparten España y Marruecos y ninguno de los dos países puede tener presencia ni sus ciudadanos pueden instalarse allí. Ese fue el acuerdo que alcanzaron los Gobiernos de Madrid y Rabat, gracias a una mediación de EE UU, en julio de 2002. 
El islote de Perejil, de 1,5 kilómetros cuadrados, es español desde 1668, y en 2002 un grupo de gendarmes marroquíes lo invadió provocando uno de los mayores conflictos diplomáticos entre Marruecos y España, y que el Gobierno de José María Aznar zanjó seis días después con una acción militar que acabó con la izada de la bandera de España.
Tras recuperar su estatus, el islote de Perejil estaba hasta ahora deshabitado, ningún militar se encuentra allí destacado y tampoco es objeto de vigilancia especial por parte de las Fuerzas Armadas españolas.
El suceso de hoy se produce después de que el pasado 29 de agosto un grupo de cuatro nacionalistas marroquíes enviados por el mismo comité tratasen de “ocupar” el Peñón de Vélez de la Gomera, también de soberanía española y situado frente a las costas marroquíes, pero fracasaron al ser desalojados por miembros de los Regulares que resguardan el lugar.
Chramti calificó lo ocurrido en el Peñón de Vélez de la Gomera de “pura diversión”, y señaló que en dos semanas se organizará una marcha en distintos puntos del país para “pedir a España que abandonen lo que nos pertenece”.
Por otro lado, el pasado 4 de septiembre Marruecos y España se vieron envueltos en otra delicada situación cuando un grupo de subsaharianos alcanzó la Isla de Tierra, un islote español situado en el archipiélago de Alhucemas frente a las costas marroquíes.

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sábado, 15 de septiembre de 2012

La presidenta de la Audiencia de Almería ve un "acierto" reducir a tres los partidos judiciales

ALMERÍA.- La presidenta de la Audiencia Provincial de Almería, Lourdes Molina, ha considerado "todo un acierto" la nueva configuración de demarcaciones judiciales que reduce a tres los actuales ocho partidos judiciales aunque ha propuesto, sobre el informe previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la creación de dos nuevos juzgados en la futura zona del Levante, que agruparía Vera, Huércal-Overa, Purchena y Vélez Rubio, y de otros tres en la de Poniente, que integraría a los partidos de Roquetas de Mar, Berja y El Ejido.

   Molina ha indicado que la "conformidad" con el planteamiento del CGPJ se debe a que responde "fielmente" y "refleja la "idiosincrasia" de una provincia en la que, ha explicado, existen "demasiados partidos judiciales" con descompensaciones en cuanto a carga de trabajo, lo que sumado a la situación económica, que "no hace fácil" la creación de nuevos órganos e "impone una gestión más adecuada de los recursos", provoca que este proyecto sea "imprescindible" para dar un "servicio público de calidad" a los ciudadanos.
   Así se recoge en el informe remitido por la Audiencia Provincial en julio en respuesta a un oficio del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) donde, Molina, partiendo de un análisis exhaustivo de la situación actual, hace una propuesta en la que, al margen de la creación de nuevos juzgados en algunos casos, se aboga por especializarlos en Violencia sobre la Mujer y Familia, descentralizar las jurisdicciones Penal y Social --con presencia única en la capital-- y por aumentar las plantillas ya existentes.
   En su radiografía del estado actual de lo que sería la demarcación de Poniente, Molina señala que, pese a que la carga de trabajo que soportan los tres partidos actuales, Berja y Roquetas de Mar resultan "caóticos" frente a El Ejido que funciona de forma "casi correcta". Atribuye esta disfunción a que los dos primeros no cuentan con adscripción territorial de la Fiscalía y del Instituto de Medicina Legal (IML), "lo que retrasa de manera considerable la tramitación ordinaria de los asuntos y propicia el trasiego constante de expedientes de un lado a otro".
   Estos dos servicios con los sí que cuenta El Ejido, sumados a los once funcionarios que trabajan en el servicio común de notificaciones y al nuevo edificio judicial, hacen, según resalta, que puedan afrontar con "mayor flexibilidad una carga de trabajo que también es considerable".
   La solución a la situación de "colapso" que se registra en los cinco juzgados de Roquetas de Mar y en los dos de Berja pasa, según remarca Molina, por ampliar dos juzgados más en el municipio roquetero y en El Ejido, y uno en la localidad virgitana hasta alcanzar 17 órganos judiciales en la demarcación de Poniente.
   De ellos, siete serían de Primera Instancia, y seis de Instrucción, uno de Familia, uno de Violencia sobre la Mujer, otro de lo Penal y otro de lo Social. La propuesta recoge, así mismo, que los servicios comunes también se compartirían quedando a cargo de un secretario con funciones en exclusiva. Añade que la plantilla de funcionarios debería aumentarse en 16 y las adscripciones territoriales de Fiscalía e IML en número proporcional correspondiente.
   Con respecto al Levante, que completa un panorama provincial que Molina califica como "desolador", la presidenta de la Audiencia almeriense plantea la necesidad de ampliar de ocho a diez juzgados en total de los que cuatro serían de Instrucción, otros cuatro de Primera Instancia, uno de Familia y otro de Violencia sobre la Mujer. También compartiría los servicios comunes dirigidos por un secretario con funciones exclusivas y las adscripciones territopriales de IML y Fiscalía mientras que la plantilla de funcionarios habría de elevarse al menos en 12.
   Para Molina, a la vista de análisis de partida, las "disfunciones" que padece el actual sistema de demarcaciones judiciales se "agravan" en el Levante por la existencia de dos juzgados únicos que conforman los partidos de Purchena y Vélez Rubio y que están "totalmente descompensados".
   Así, mientras el segundo es un juzgado "controlado", el de Purchena tiene una situación "casi desbordante por el aumento de asuntos civiles debido a la crisis que se ha cebado en la Comarca del Mármol", y la "gran cantidad de centros geriátricos y de protección de menores". A esto, añade la distancia kilométrica de ambos con la adscripción territorial de Fiscalía e IML, con sede en Huércal-Overa, donde únicamente señala como problema que las tres sedes judiciales en este municipio "están en unas dependencias obsoletas que, de forma difícil, pueden cumplir con los parámetros de la nueva oficina judicial".
   En caso de Vera, como "demuestra las numerosas inspecciones realizadas y los informes elevados al TSJA" según subraya Molina, el funcionamiento es "caótico, con un gran atraso en la tramitación y ejecución de todos los asuntos civiles y penales" y con un servicio común de actos de notificación que "solo cuenta" con cuatro funcionarios que "no pueden afrontar la vigente carga de trabajo".
   El informe elaborado por Molina mantiene la demarcación territorial que tiene en la actualidad el partido judicial de Almería capital aunque con la ampliación, sino del número de órganos judiciales, sí de magistrados para cada orden jurisdiccional además de un cambio en la configuración de las guardias, que pasarían de ser semanales a ser de 24 horas.
   Según recoge la propuesta, para orden social serían precisos dos más sobre los cinco que ejercen en la actualidad; en penal, tres que se sumarían a los cinco existentes y en civil dos hasta alcanzar los nueve contando Mercantil. En el caso de contencioso-administrativo, señala la necesidad dos más mientras que instrucción se incrementaría en un magistrado sobre los seis actuales.
   Molina hace referencia, asimismo, al Plan de Refuerzo aprobado para los juzgados de lo contencioso-administrativo y que está ya en marcha para Penal y Social, y apunta que el Juzgado de Menores debería ampliarse a un magistrado más, "permaneciendo igual el de Violencia sobre la Mujer y el de Vigilancia Penitenciaria".
   Molina, quien ha puesto como ejemplo de cómo esta "ambiciosa reforma" va a "mejorar" la actual situación al partido judicial de Almería, ha trasladado que, de momento, se trata de una propuesta sobre la que le "consta" que el Ministerio de Justicia "va a tener en cuenta las consideraciones de otras administraciones y organismos".
   "La idea no es dar protagonismo a un municipio sobre otro sino optimizar los recursos y eliminar agravios comparativos palpables como los que se dan ahora entre Vera y Huércal-Overa, o entre El Ejido y Roquetas de Mar", ha indicado para, a continuación, resaltar que "el objetivo es dar una respuesta al ciudadano en el menor tiempo posible, algo que, hoy por hoy en Almería, no se puede hacer".
   Para la presidencia de la Audiencia Provincial, la reforma "va a mejorar la situación de forma clara" aunque ha advertido de que "no basta" si no se modifican las plantillas de funcionarios, entre otros aspectos.
   Molina, quien ha asegurado que aún se desconoce si el proyecto contempla el traslado de sedes judiciales o cómo se va a articular, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los entes locales y a los ciudadanos, "que no verán mermados sus intereses sino que verán como el sistema judicial funciona mejor, más rápido y con el mismo coste".

Diputación inicia el proyecto Calmarr de cooperación entre Almería y Marruecos dotado con un millón de euros

ALMERÍA.- La Diputación ha presentado el Proyecto Calmarr, una iniciativa que acercará inversiones por valor de un millón de euros a la comarca del Bajo Andarax para revalorizar el turismo en los siete municipios que la componen mediante un plan de cooperación entre la provincia y Marruecos. 

   El diputado provincial de Promoción Económica, Amós García (PP), junto al presidente de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax, Eugenio Gonzálvez, ha expuesto la iniciativa que "tiene como filosofía hacer posible el trabajo de territorios pertenecientes a regiones fronterizas con características comunes con el fin de fomentar el enriquecimiento mutuo".
   García ha explicado que esta comarca es un área metropolitana próxima a Almería capital "que presenta dificultades a la hora de generar y financiar un crecimiento económico diversificado, basado en su propio turismo, aspectos que contribuyen a que a que sea una zona idónea para desarrollar una iniciativa de este tipo". El proyecto "ofrece la posibilidad de abrir nuevos caminos y oportunidades de crecimiento para el futuro de la Comarca del Bajo Andarax".
   La duración prevista del proyecto es de dos años y el presupuesto global asciende a 1.005.700 euros, de los que el 75 por ciento proceden de fondos Feder mientras que el resto está financiado por la Diputación de Almería --219.550 euros-- y la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax, hasta los 31.875 euros.
   "El proyecto Calmarr es una excelente oportunidad para situar a la Comarca del Bajo Andarax donde por meritos propios le corresponde y contempla una serie de actividades de gran importancia, toda vez que nos va a permitir sentar en  una misma mesa a expertos que nos van a enseñar a potenciar lo que tenemos  y a vender mejor nuestros recursos", ha añadido el diputado.
   El proyecto incluye un plan estratégico y un plan de marketing para promocionar el patrimonio cultural, paisajístico y humano de la comarca. Asimismo, contempla dotar de contenido los centros de interpretación turística de los siete pueblos de la comarca, y desarrollar y divesificar la economía con nuevas oportunidades de negocio.

El SAT rechaza la reprobación en el Parlamento de los asaltos porque PP y PSOE "son arcaicos y viejos"

ALMERÍA.- El secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, ha rechazado la votación parlamentaria en la que PSOE-A y PP-A han reprobado la estrategia de "asaltos y ocupaciones que desde el mes de agosto" se han venido produciendo en Andalucía por parte del sindicato, liderados por el diputado de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo, porque, a su juicio, ambos partidos políticos son "arcaicos y viejos como los dinosaurios" y "defienden un sistema que nos está llevando a la bancarrota". 

 Cañamero ha minusvalorado el acuerdo de los parlamentarios a la vez que ha considerado que la sociedad tendría que "quitar de la vida pública" a ambas formaciones "porque no representa a nadie aunque tengan el voto".
   "Nadie vota a estos partidos para que haya reforma laboral, suban el IVA, los impuestos, quiten los 400 euros o el chequebebé", ha exclamado el líder del SAT, quien ha acusado de PSOE y PP de originar el "desastre económico, ecológico y cultural" a la hora de subestimar la acción del pleno, que ha sido rechazada por IULV-CA.
   Asimismo, ha asegurado que el PP trata de "desprestigiar a los dirigentes obreros reprobando a Sánchez Gordillo", sentido en el que ha cuestionado que no se "arremeta" contra otros casos o personalidades. "Quieren desprestigiar a un dirigente obrero que ha tenido la osadía de ponerse al frente y señalar a los culpables de la crisis", ha enfatizado.

Una mujer critica "discriminación" al no poder cursar un ciclo formativo en un colegio concertado masculino de Almería

ALMERÍA.- Una mujer de Almería ha denunciado públicamente un caso de "discriminación" ante la imposibilidad de cursar este año un ciclo formativo en el centro educativo concertado 'Campomar' de Aguadulce, en Roquetas de Mar, ya que éste segrega a los alumnos por sexo, de forma que no admite a mujeres, lo que lleva a la afectada a "no tener la misma igualdad de oportunidades que un varón". 

   Según ha explicado la pareja de la mujer, Demetrio Otero, no existe una oferta formativa similar en toda la provincia, por lo que para cursar el ciclo formativo de Jardinería y Floristería, la afectada se vería obligada a desplazarse a otra provincia, con lo que, según manifiesta, carece de las mismas oportunidades que un hombre para completar su formación en un centro sufragado con fondos públicos.
   Otero señala que se han realizado los trámites oportunos para matricularse de cara al curso 2012/2013, si bien la solicitud no fue admitida, por lo que se interpuso una reclamación y un recurso de alzada ante la Delegación de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía que "a día de hoy están sin contestación".
   Con esto, considera que el caso de Almería es "distinto" al de otros centros concertados, pues "al no existir oferta del mismo ciclo formativo en Aguadulce o en las proximidades, la igualdad de oportunidades es vulnerada y por lo que estamos viendo, desde hace tiempo". En este sentido, apuntan a que el instituto más próximo que ofrece tal curso se encuentra en Málaga.
   Además, asegura que la web de la Consejería de Educación oferta este ciclo formativo en el centro referido "sin especificar que es solo para varones" dadas las características del colegio, por lo que ha acusado falta de información a la hora de señalar las características del centro.
   "El curso está a punto de empezar y todo son largas, supongo que con intención de que este caso quede en el olvido", señala la pareja sentimental de la afectada, quien sospecha que la mujer perderá este curso pese a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que defiende a las administraciones públicas que se nieguen a suscribir convenios económicos con colegios concertados que segregan por sexos.
   En este sentido, critica que la Junta de Andalucía se "escude" en las medidas cautelares adoptadas por el TSJA a raíz de un caso similar que engloba a una docena de centros de la región y que obliga a mantener los pagos a los colegios de diferencian por sexo.