El PP renovará sus estructuras en el Congreso Nacional

MADRID.- La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha explicado este lunes que una de los objetivos del Congreso Nacional que este partido celebrará en febrero es la renovación de sus estructuras para dar "entrada a personas que tienen que ir abordando nuevas tareas".

   Este es uno de los resultados que tendrá el congreso de Sevilla, según ha expuesto Cospedal ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, reunido en Madrid por última vez antes de esa cita de febrero.

   La propia secretaria general lo ha explicado también en rueda de prensa. La renovación, ha dicho, es un "proceso lógico" en todos los partidos políticos, aunque tampoco hoy ha aclarado si le afectará a ella o no; María Dolores de Cospedal no se pronuncia sobre este asunto alegando que su futuro en el PP lo decidirá el presidente del partido, Mariano Rajoy.

   En el Comité Ejecutivo Nacional de este lunes se han aprobado las líneas generales de trabajo en el Congreso de Sevilla, en el que Mariano Rajoy será el único candidato a la presidencia 'popular', candidatura que él mismo ha anunciado hoy a la dirección de su partido.

   María Dolores de Cospedal ha explicado que su formación tiene que aprovechar el Congreso para preparar al partido para seguir siendo "instrumento de conexión" entre los ciudadanos y el Gobierno, a los que devolverán así la confianza que le han dado en las elecciones, ha dicho.

   Además, el PP debe emplearse en explicar el trabajo del Ejecutivo, las medidas que va tomando para afrontar "la peor herencia que se ha encontrado nunca un gobierno".

Rajoy espera acertar

El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, aseguró hoy, por su parte, ante sus compañeros del Comité Ejecutivo Nacional que espera acertar con las personas en el próximo Congreso del partido que tendrá lugar en Sevilla los días 17, 18 y 19 de febrero, según informaron fuentes populares.

   El jefe del Ejecutivo realizó esta afirmación durante su intervención ante el primer Comité Ejecutivo que celebra el PP después de que Mariano Rajoy tomara posesión como presidente del Gobierno el pasado 21 de diciembre.

   Mariano Rajoy realizó un repaso a lo acontecido en los cuatro últimos años, desde que se celebró el Congreso del PP en Valencia, después de la derrota de 2008. Recordó que en aquel momento se había celebrado el cónclave popular en unas circunstancias difíciles, bien distintas de las actuales.

   Pero expuso que los resultados de los partidos son como las cuentas de resultados de las empresas y señaló que estos han sido buenos para el partido durante todo este periodo.

  Quiso agradecer también el trabajo y el esfuerzo realizado a todos los miembros de la dirección del partido, que les ha llevado donde han llegado, pero no hizo ninguna mención especial que pudiera dar pistas de cara al nuevo XVI Congreso que tendrá lugar dentro de cuatro semanas.

   En lo que Mariano Rajoy sí hizo una mención especial nominativa fue en referencia a Andalucía, para destacar el esfuerzo realizado por el candidato a presidir la Junta de Andalucía, Javier Arenas, y su equipo.

   El presidente del Gobierno también pidió a sus compañeros que explicaran bien las medidas que se ha visto obligado a adoptar el Ejecutivo debido al exceso de déficit que ha encontrado en las cuentas públicas. Argumentó, en este sentido, que el control del déficit está dando ya resultados en los mercados financieros donde ha bajado la prima de riesgo que se paga por colocar la deuda soberana.

   También quiso dejar claro que cualquier previsión que se haga ahora tiene que tener en cuenta que los escenarios han cambiado y puso como ejemplo que el Gobierno del PSOE llegó a predecir un crecimiento del 2,3 por ciento para el presente ejercicio.

   Ante sus compañeros relató, además, el calendario de reformas previsto, como la Ley de Estabilidad Presupuestaria que irá al próximo Consejo de Ministros, y en dos o tres semanas, la reforma del sistema financiero y la laboral. Además, en el primer trimestre se prevé tener los Presupuestos y en el primer semestre, la reforma del sector público y la ley de emprendedores.

   De hecho, con este calendario respondió a Esperanza Aguirre cuando esta le demandó reformas estructurales para evitar que las decisiones estatales descuadren las cuentas de las CCAA. La presidenta madrileña fue, junto con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, la única en intervenir en la reunión del Comité Ejecutivo.

   Aguirre expuso sus quejas porque decisiones estatales en materia de Sanidad, Educación y Justicia han cargado los gastos de los presupuestos autonómicos y recordó que, aunque ella lleva varios años recortando gastos, estos se han incrementado por decisiones del Gobierno anterior.

  La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, también hizo balance de estos últimos cuatro años e hizo un repaso de las victorias electorales que han ido cosechando hasta llegar a la de las generales.

   Algunos de los presentes interpretaron que las palabras de Cospedal estaban más en clave de estabilidad profunda ya que ahora no hay tensión como la que había hace cuatro años. 

La secretaria general realizó un informe técnico y al finalizar pidió que se sometiera a votación el reglamento del Congreso del partido, que dará comienzo el viernes 17 a las cuatro de la tarde en Sevilla y será clausurado en torno a la una del mediodía del día 19.

El PIB español caerá un 1,5% en 2012, según el Banco de España

MADRID.- La economía española registrará una "caída sustancial" del 1,5% en 2012 y una "modesta" recuperación en 2013, con un crecimiento del 0,2%, tras avanzar un 0,7% en 2011, según el último 'Boletín del Banco de España'.

   El banco emisor ha adelantado la presentación de sus proyecciones por el reciente cambio de Gobierno y la modificación del calendario de presentación de los Presupuestos de 2012, aunque alerta de que las cifras están sometidas a un grado de incertidumbre "muy elevado" por las condiciones excepcionales del ejercicio, los supuestos fiscales adoptados y la compleja situación de la zona euro y los mercados financieros.

   El Banco de España parte de que el PIB entró en negativo por primera vez en siete trimestres en el cuarto trimestre de 2011 (-0,3%), trayectoria que "podría continuar en el presente año". Esto significaría que la economía española volvería a entrar en recesión técnica en el primer trimestre de 2012 (dos trimestres seguidos de crecimiento negativo).

   Destaca que a lo largo de 2011, la "modesta" recuperación que había emprendido la economía española un año antes se fue debilitando, a medida que la crisis de deuda soberana en la zona euro se fue extendiendo a un número mayor de países y se recrudecían las tensiones en los mercados financieros.

   Ello motivó que la economía española cayera en el tercer trimestre un 0,3% en tasa intertrimestral, pero en términos interanuales, el PIB siguió aumentando un 0,3% en el trimestre y un 0,7% en el conjunto del año 2011, tras sendos retrocesos en los dos años precedentes.

   En este contexto, indica la autoridad monetaria, el empleo no dio signos de recuperación en 2011, apreciándose incluso una intensificación en la senda de destrucción de empleo tras el verano. En concreto, estima en una caída del 1,7% de la creación de empleo el pasado año que, de confirmarse, implicaría un nivel de empleo inferior en algo más de un 10% al existente al comienzo de la crisis. La tasa de paro habría repuntado hasta alcanzar el 21,5% en el tercer trimestre, cifra que probablemente habrá sido superado en los últimos meses del ejercicio.

   Con este perfil, las proyecciones macroeconómicas contemplan una "caída sustancial" del PIB en 2012 (-1,5%) y una "modesta" recuperación en 2013 (0,2%), con tasas positivas desde el primer trimestre del próximo año, de forma que la economía se vaya aproximando a su ritmo de crecimiento potencial.

   En 2012, las caídas de la actividad serán "relativamente intensas" hasta el final de verano, atenuándose en el tramo final del ejercicio. En 2013, el incremento del PIB se deberá sobre todo a los menores requerimientos del ajuste presupuestario y una mejora de todos los componentes del crecimiento.

   El escenario global que plantea el Banco de España es el resultado de una "significativa contracción" de la demanda nacional, parcialmente contrarrestada por una "elevada contribución" del saldo neto exterior. El retroceso de la demanda nacional resultará de la confluencia de un "fuerte descenso" de sus componentes público y privado, en un contexto en el que el gasto de las familias se verá restringido por el impacto de la consolidación fiscal y el menor empleo.

   De hecho, el supervisor prevé un retroceso del consumo de los hogares a lo largo de todo el periodo de proyección, a pesar de que la tasa de ahorro se mantendrá en una trayectoria descendente. La inversión residencial, por su parte, seguirá registrando caídas en 2012 y 2013, si bien serán más modestas que en años anteriores tras haber superado la fase más dura del ajuste.

   Al analizar solo el año 2012, el Banco de España espera una contracción de la demanda nacional del 4% por un comportamiento "más desfavorable" de casi todas las partidas, aunque sobre todo el consumo público y la inversión pública. El consumo privado, por su parte, caerá algo más del 1% a pesar de que la tasa de ahorro volvería a mostrar un nuevo descenso por el retroceso del empleo y la subida del IRPF.

   La inversión en vivienda sería el único componente cuya tasa de variación en 2012 podría no ser inferior a la de 2011, aunque seguirá siendo negativa, con un descenso por encima del 4%. En cambio, la debilidad de la demanda, el deterioro de las perspectivas y las "duras condiciones de financiación" incidirán en la puesta en marcha de nuevos proyectos por parte de las empresas, de forma que la inversión caerá cerca del 3%.

   En el exterior, las exportaciones crecerán un 3,5%, mientras que las importaciones disminuirán con gran intensidad (-5%), lo que hará que la demanda exterior neta aporte 2,5 puntos al crecimiento, medio punto por encima de la cifra de 2011.

   En 2013, el consumo privado dejará de caer, el ajuste de la inversión residencial habrá terminado, el gasto empresarial tenderá a estabilizarse, la renta de las familias presentaría su primera variación positiva desde 2009, la tasa de ahorro se recuperaría "ligeramente" y las exportaciones se expandirían con mayor vigor.

   Por otro lado, el Banco de España asegura que el descenso del PIB en 2012 tendrá un "impacto apreciable" en el empleo que, sin incorporar medidas adicionales en el mercado de trabajo, caerá un 3%. Esta pauta se atenuaría en 2013, puesto que en la segunda mitad del año se volvería a crear empleo en términos netos, aunque seguirá cayendo en términos medios anuales (-0,7%).

   Pese al descenso de la población activa que se proyecta, estas cifras de empleo darían lugar a un incremento de la tasa de paro de casi dos puntos en 2012, hasta el 23,4%, nivel a partir del cual descendería solo de modo "muy marginal" en 2013, sin medidas adicionales. "Actuaciones más decididas en el ámbito de las reformas estructurales permitirían una reducción más rápida del desempleo", afirma.

   Por otro lado, las tensiones inflacionistas, bajo el supuesto de que el precio del petróleo se comporte en el futuro tal y como se desprende de sus cotizaciones actuales, seguirán disminuyendo en el primer semestre de 2012. Esta situación, unida a la disminución de los costes laborales unitarios en los dos próximos años, dará lugar a incrementos de precios "moderados" del 1,5% en 2012 y del 1,2% en 2013.

   A pesar de todo, el Banco de España cree que el ajuste adicional de la economía en 2012 y 2013 permitirá la corrección de algunos desequilibrios que habría "estrangulado" las perspectivas de crecimiento en el medio plazo, como el desapalancamiento de empresas y familias y la necesidad de financiación de la nación. 

Más déficit y más paro

El Banco de España estima que el déficit público cerró 2011 en el 8,1%, lo que obligará al Gobierno a adoptar un "esfuerzo fiscal adicional" al ya anunciado para asegurar el logro de recortar al 4,4% el déficit en 2012, según indica en su último 'Boletín Económico'.

   La autoridad monetaria, que destaca que la economía española se enfrenta a un proceso de consolidación fiscal "sin precedentes" y que ello supondrá uno de los "principales condicionantes" de la evolución macroeconómica de los próximos meses, prevé que el esfuerzo fiscal restante que tiene que acometer el Ejecutivo se hará por el lado del gasto público.

   En concreto, estima que, tras la no disponibilidad de gasto de 8.900 millones de euros y la subida fiscal por unos 6.000 millones, la composición del ajuste en 2012 quedaría distribuida en alrededor de un 20% por el lado de los ingresos y de un 80% por el lado del gasto, en este último caso repartido de forma prácticamente simétrica entre el gasto corriente y de capital.

   Como resultado de estos supuestos, el Banco de España proyecta una reducción del déficit público de 3,6 puntos, con una caída del peso del gasto público sobre el PIB de 2,8 puntos y un incremento de los ingresos de 0,8 puntos. Todas las partidas de gasto, añade, contribuirían a esta reducción, con la excepción de las prestaciones sociales y la carga de intereses, que aumentarían en 2 y 4 décimas del PIB, respectivamente.

   Por su parte, para 2013 se proyecta una disminución del déficit público de 1,4 puntos del PIB, ajuste que se concentraría "casi exclusivamente" por el lado del gasto público.

   Finalmente, advierte de que en la medida en que las cifras de cierre de las cuentas de las administraciones públicas correspondientes a 2011 y la composición y magnitud del ajuste fiscal en 2012 y 2013 se separen de las que se asumen en este informe, las proyecciones macroeconómicas incluidas en el mismo se verán afectadas también, por lo que afirma que deben tomarse "con especial cautela".

La tasa de paro escalará hasta el 23,4% este año y se reducirá de modo "muy marginal" en 2013 si España no acomete una reforma "ambiciosa" del mercado laboral, especialmente en lo concerniente a los mecanismos de contratación y negociación colectiva, así como al establecimiento de pautas para moderar "en mayor medida" los aumentos salariales en 2012 y 2013.

   Así lo advierte el Banco de España en su último boletín económico, en el que señala que con medidas "decididas" en estos ámbitos "se contribuiría a mitigar el coste, en términos de empleo, del descenso previsto de la actividad", se impulsaría la competitividad y la productividad de la economía española y se mejoraría la percepción sobre la sostenibilidad del endeudamiento externo de España.

   El panorama laboral que dibuja el Banco de España en ausencia de reformas es sombrío. Con un PIB cayendo al 1,5% este año, el empleo registrará una contracción cercana al 3% y la tasa de paro subirá casi dos puntos, hasta el 23,4%, según sus cálculos.

   En 2013, las proyecciones de esta institución apuntan a un retroceso del empleo en media anual del 0,7%, aunque en términos intertrimestrales prevé que empiece a crearse empleo neto en la segunda mitad del próximo año.

   De acuerdo con sus previsiones, la productividad aparente del trabajo aumentará un 1,6% en 2012, frente al 2,4% de 2011, mientras que en 2013 su ritmo de avance se ralentizará hasta situarse en el entorno del 1%.

   La institución que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez estima que el empleo en el sector público disminuya con "cierta intensidad" en 2012 y 2013 como consecuencia de la congelación de la oferta de empleo, la reducción del sector público empresarial y la simplificación y racionalización de la estructura administrativa del Estado, comunidades y ayuntamientos.

   El Banco de España señala además que el ajuste afectará "con notable intensidad" al sector privado, aunque calcula que empezará a crearse empleo neto en la economía de mercado a comienzos de 2013.

   "Si se pusieran en marcha medidas efectivas para adecuar la remuneración de los puestos de trabajo a su produtividad y, en general, para permitir que las condiciones laborales en un sentido amplio pudieran adaptarse a las necesidades específicas de las empresas, el resultado sería una anticipación e intensificación de la generación neta de empleo en el sector privado de la economía", argumenta el Banco.

Un juez obliga al Ayuntamiento de Almería a readmitir o indemnizar al sepulturero municipal

ALMERÍA.- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha obligado al Ayuntamiento de Almería a readmitir en los mismos términos o despedir con indemnización al sepulturero municipal después de declarar "improcedente" su despido en febrero de 2010 al entender que tras prestar servicio durante diez años debería ostentar la condición de trabajador indefinido "que no fijo", ya que "desde el comienzo de su relación servicial ha venido realizando las tareas y funciones de sepulturero en el mismo centro de trabajo" pese a haber estado sujeto distintos empleadores. 

   Según recoge la sentencia y el posterior auto aclaratorio, el salario diario del enterrador y la indemnización a abonar por despido asciende a 61,78 euros diarios y 2.780,1 euros, respectivamente. Este pronunciamiento responde al recurso de suplicación interpuesto por el interesado, si bien las partes condenadas, entre las que también se encuentran la UTE Ceal Aral Sociedad General de Construcciones S.A. y Construcciones Murias S.A., pueden interponer recurso de casación a la sentencia.

   El texto explica en sus fundamentos jurídicos que el sepulturero inició una relación laboral indefinida con la UTE a la que el Ayuntamiento concedió el servicio en mayo de 1999, de forma que ésta finalizó en enero de 2009 como consecuencia de la baja voluntaria del trabajador "en connivencia con la citada UTE y el Ayuntamiento de Almería, con objeto de figurar como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo y ser contratado por el citado organismo", ya que un mes después sería contratado directamente por el Consistorio.

   En este sentido, el Ayuntamiento se vio obligado a resolver un día después a la baja voluntaria del trabajador la concesión de la UTE por otro pronunciamiento judicial dado casi dos meses antes, con lo que el servicio mortuorio municipal fue asumido por el Consistorio, que "absorbió a los trabajadores que venían prestando sus servicios por cuenta de la UTE subrogándose el Ayuntamiento en la figura de empleador".

   Si bien en un primer momento se alegó que debido al cese de la actividad en el cementerio se dio una "acumulación de tareas" por las que el Ayuntamiento tuvo que hacer contratos temporales; la Sala de lo Social considera probado que el Ayuntamiento "asumió la gestión del servicio mortuorio municipal y la plantilla de la UTE" en la que está el enterrador, al que se hicieron dos contratos temporales de seis meses con prórroga hasta que se adjudicó el servicio a ASV Funeser, que ostenta el mismo en la actualidad.

   Este contrato temporal se ofertó a través del SAE ante la "inexistencia de personal" en la bolsa de trabajo. El anuncio detallaba que se buscaba a un sepulturero con al menos cinco años de experiencia en el servicio de cementerios. Sin embargo, el juez estima que se trata de una "ficticia oferta pública" de empleo al haber asumido previamente la plantilla de la UTE, y por ende al demandante, durante el tiempo en el que el Ayuntamiento gestionó directamente el servicio.

   En su primer contrato --a partir de febrero de 2009-- el sepulturero fue requerido hasta agosto del mismo año debido a una "especial acumulación de tareas", un extremo que el juez tacha de "fraude de ley" puesto que "no atendía" a este aspecto, sino a una subrogación del Ayuntamiento "en todos los derechos y obligaciones de la UTE como empleadora". En este sentido, ahonda más adelante que "no están acreditadas circunstancias fácticas que implicaran un aumento desmedido de inhumaciones" en el momento de la contratación.

   "En virtud de lo expuesto, ha quedado probado que ha existido sucesión de empresas, concretamente sucesión de plantilla, pues el Ayuntamiento de Almería se hizo cargo no sólo de la gestión del servicio mortuorio municipal, sino que también asumió a los trabajadores", señala el tribunal que también plantea si la administración local puede acudir a un contrato temporal por circunstancias de producción o debió concertar contratos de duración indefinida porque el servicio mortuorio en sí es permanente.

La Femp estudia el futuro de las diputaciones y la fusión de municipios

MADRID.- La Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) está realizando un estudio sobre el futuro de las Diputaciones provinciales, que excluye su desaparición, y sobre la posible fusión de ayuntamientos para rediomensionar el mapa local español.

Así lo ha manifestado el presidente de ese organismo y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, quien ha recordado que el estudio responde al mandato de la Asamblea general de la Femp celebrada en septiembre en la que se acordó llevar a cabo un análisis de la estructura municipal.

Partidario de "no improvisar ni usar de forma partidista" un asunto tan importante como la estructura del Estado, Zoido considera una "auténtica barbaridad" la propuesta de algunos sectores del PSOE de suprimir las diputaciones provinciales.

Zoido cree que estas administraciones "tienen mucha razón de ser" para la prestación y garantía de los servicios públicos en los municipios pequeños, pero deben "redimensionarse" sin que quede mermada esa función.

Dentro de ese estudio que la Asamblea encomendó al nuevo equipo que preside Zoido se incluye también un análisis para ver qué municipios pueden ser susceptibles de ser absorbidos por otros.

"Trabajamos en esa línea y, sin ningún tipo de alarma, tendremos tanto que redimensionar las Diputaciones, que son fundamentales, como llevar a cabo adaptaciones en los municipios", resume el regidor de Sevilla.

Y para ello, la Femp quiere seguir criterios técnicos y prescindir de los políticos o partidismos, nada aconsejables, considera Zoido, en un asunto como este, que requiere el máximo consenso y una garantía de "objetividad".

Aunque cree que en esta materia habrá acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, advierte de la inconveniencia de propuestas partidistas como, según él, la que encabezaron los socialistas cuando en las elecciones del pasado 22 de mayo perdieron la mayoría de las diputaciones.

Tras esa derrota, el PSOE pidió la eliminación de esas entidades provinciales, subraya Zoido, antes de insistir en la necesidad de adoptar medidas que "miren al futuro" sin que ello conlleve la eliminación de esos organismos.

Suficiente el alza del IBI 

Zoido  asegura que la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) acordada por el Gobierno es más que suficiente y que los ayuntamientos no deben apretar más el bolsillo de los ciudadanos, sino recortar los gastos superfluos para superar la crisis.
Cuatro meses después de haber sido proclamado por unanimidad presidente de la Femp, Zoido repasa los grandes retos del municipalismo para los próximos cuatro años, en un escenario de crisis que ha provocado la asfixia de las arcas municipales.
Pocos días antes de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, convoque la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local -el órgano que reúne al Gobierno y a las entidades municipales-, Zoido deja claro el compromiso de los ayuntamientos con los objetivos de déficit.
De todos modos, confía en que Montoro, al igual que ha acordado con las autonomías, materialice su promesa de ampliar de cinco a diez años el plazo que los ayuntamientos tienen para devolver a Hacienda las liquidaciones negativas de las entregas a cuenta correspondientes a 2008 y 2009 y que ascienden a casi 6.000 millones de euros.
Esta medida y la ampliación de las líneas de crédito ICO, que también demandará la Femp, dará "oxígeno" a muchos ayuntamientos, porque si no, "habrá muchos que sean inviables desde el punto de visto económico y financiero en los próximos meses", advierte Zoido.
Consciente de que debe resolverse el problema de la deuda local -36.700 millones a 30 de septiembre, según el Banco de España-, Zoido imputa los problemas financieros de los municipios a, entre otros motivos, un déficit de financiación de las competencias "impropias" que han ido asumiendo por "la vía de los hechos".
En cualquier caso, el también alcalde de Sevilla no es partidario de subir más impuestos -con el alza del IBI es suficiente, estima- ni de "apretar más el bolsillo de los ciudadanos".
Por el contrario, considera que al cinturón de los ayuntamientos aún le queda algún agujero más y pueden reducir el gasto corriente, los desembolsos superfluos y organismos públicos, como ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla.
Zoido quiere mantener en la Femp el espíritu de consenso con el que inició su mandato y, con el acuerdo de todos los partidos representados en este órgano, lograr en esta legislatura el pacto local o la "segunda descentralización" del Estado.
En 30 años de democracia, los ayuntamientos han ido asumiendo competencias sin que llevaran aparejada la financiación correspondiente, lo que ha dado lugar a un "desequilibrio económico" cuyas consecuencias están pagando ahora los ayuntamientos.
Y por ello, el "gran reto" municipal para esta legislatura es que se clarifiquen las competencias y que se pacte un nuevo sistema de financiación local, algo que Zoido espera conseguir dada la "generosidad" que ha demostrado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Reitera Zoido su compromiso de no poner la Femp a los pies de ningún Gobierno. "La Femp no debe ser combativa, sino reivindicativa. Debe servir de palanca y ser útil a todos y cada uno de los municipios, desde la capital al menor de ellos. Tenemos que ser útiles y resolver los problemas endémicos del municipalismo", enfatiza.
Algo que es "perfectamente compatible" con una "lealtad institucional", añade Zoido antes de reiterar su compromiso por evitar cualquier tipo de controversia política en el seno de la Femp.
Ha observado el presidente de los alcaldes un cambio de sensibilidad en el nuevo Gobierno respecto al anterior Ejecutivo socialista y resalta de Rajoy su promesa de "una competencia, una administración".
La "frustración" de los ayuntamientos con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, asegura el presidente de la Femp, ha dado paso a un "optimismo" municipal porque, según él, "se está viendo una luz al fondo del túnel".
Zoido se reunirá con Rajoy después de que lo haga con Montoro y va a iniciar una ronda de contactos con todos los ministros para abordar los asuntos que competen a la Femp.
No descarta, incluso, mantener encuentros con los presidentes autonómicos para demandar la aplicación de las "picas" (Participación en los ingresos de las comunidades autónomas) y para buscar fórmulas que permitan a las administraciones prestar los servicios públicos desde la solidaridad.

La Caixa recomienda a la banca encarecer créditos y subir comisiones

BARCELONA.- El Servicio de Estudios de La Caixa recomienda a las entidades financieras aumentar los diferenciales cobrados en los nuevos créditos y elevar las comisiones para ganar rentabilidad en el complicado entorno operativo, que apunta a una contracción del margen de intereses del 10% en 2012.

   La entidad sostiene en su informe mensual que la reducción de la demanda de crédito es un proceso que no ha concluído y que reducirá el volumen de negocio y, por tanto, el margen de intereses del conjunto del sistema durante cierto tiempo.

   "Es preciso recurrir a otras vías para aumentar la rentabilidad, una podría ser aumentar los diferenciales en los nuevos créditos para adaptarlos al nuevo coste del pasivo", advierte, si bien reconoce que el impacto de esta medida se verá atenuado por la débil demanda de crédito actual y sólo sería significativo a largo plazo.

   Asimismo, apunta que otra opción para mejorar la rentabilidad es aumentar las comisiones para acercar los precios a los costes, aunque también admite que esta medida es difícil de implementar en el actual entorno de elevada competencia y sensibilidad al precio por parte de los consumidores.

   Según especifica el informe elaborado por Matthias Bulach e Inmaculada Martínez Carrascal, del departamento de análisis económico de La Caixa, las entidades presentan un elevado volumen de créditos morosos y adjudicados que representan el 11% del crédito a los sectores privados residentes.

   Estos activos generan un doble impacto negativo en la cuenta de resultados, ya que además de tener que provisionarlos, afectan ngativamente al margen de intereses, porque necesitan seguir siendo financiados, pero no generan ingresos financieros.

   La Caixa prevé que el coste del pasivo siga siendo inusualmente alto por los altos vencimientos de las entidades en 2012, de 120.000 millones de euros, y por el difícil acceso a los mercados mayoristas, lo que provoca que persista la competencia por la captación del pasivo a precios muy elevados.

   A esta competencia entre entidades se ha sumado en los últimos meses la del sector público, ya que las altas remuneraciones de las emisiones del Tesoro han provocado cierto traspaso de depósitos del sector bancario hacia productos de deuda pública, y obliga a las entidades a ofrecer altas remuneraciones para poder competir por estos productos.

   Por otro lado, apunta que "parece inevitable" seguir actuando sobre la estructura de costes, ya sea mediante la reducción de éstos o de la capacidad, lo que se realizará a través de una mayor contracción del sector.

   La situación entre entidades es muy diferente, tanto en cuanto a los ajustes realizados y activos problemáticos como en cuanto a las tensiones de liquidez que les induzcan a incurrir en sobrecostes en la captación de pasivo o a ser más conservadoras en la concesión de crédito, destaca La Caixa.

   En cualquier caso, afirma que "es de prever que a escala individual las entidades tengan que actuar en alguna o varias de estas palancas".

IU aprueba impulsar una "gran acción de movilización" en los próximos meses

MADRID.- La Presidencia Ejecutiva Federal de Izquierda Unida, máximo órgano ejecutivo de la coalición, ha aprobado la propuesta del responsable federal de Acción Política, José Luis Centella, de organizar una "movilización sostenida contra la política de recortes, por el empleo y en defensa de la democracia", dentro de la cual convocará una "gran acción" para finales de febrero o principios de marzo, coincidiendo con el debate de los Presupuestos Generales del Estado.

   La votación sobre esta propuesta se ha saldado con 30 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. Centella ha explicado su propuesta ante la Presidencia Ejecutiva Federal tras la presentación del informe político del coordinador federal, Cayo Lara.

   "Planteamos una movilización sostenida contra la política de recortes, por el empleo y en defensa de la democracia", ha expuesto Centella. Según el responsable de Acción Política de IU, esta movilización "debe contemplar la celebración de asambleas abiertas, acciones sectoriales y encuentros de las áreas de Izquierda Unida, todo ello encaminado a plantear una alternativa al modelo de salida de la crisis que está desarrollando el PP y que tendrá su plasmación en los Presupuestos Generales del Estado que se presentarán en el mes de marzo".

   La propuesta incluye instrucciones para su planificación y desarrollo; en concreto propone que durante este mes las federaciones regionales de IU presenten un "plan de trabajo para la difusión de las propuestas políticas que IU defiende frente al modelo del PP".

   Según precisa, dicho plan de trabajo "debe contar con la realización de acciones de protesta, actos públicos, encierros, manifestaciones, etc.", para dar prueba en cada territorio del Estado de la confrontación de IU con "una política que sigue produciendo más paro, más desahucios y menos derechos sociales". Además, apunta que el plan debe contar también con la dirección federal y cargos institucionales, para "una mayor difusión pública".

   Entretanto, a nivel federal se organizará el trabajo de las distintas áreas de Izquierda Unida, a la vez que se seguirán desarrollando las relaciones con los distintos colectivos, organizaciones y personas que han venido colaborando con la coalición. "De esta manera realizaremos una acumulación de fuerzas en el objetivo de implicar al máximo de colectivos y personas en una gran acción de movilización publica en las fechas en las que se discutan los PGE en el Parlamento", ha explicado Centella.

   La convocatoria tendrá lugar "en torno a final del mes de febrero o primera quincena de marzo, en función de la fecha de las elecciones andaluzas", entretanto, Centella ha instado a que "desde este momento toda la organización esté en movilización contra los recortes y en defensa del empleo".

   Todo esto se enmarca en la estrategia de "convergencia social" que puso en marcha la coalición de izquierdas antes de las elecciones generales del 20 de noviembre, cuyo primer objetivo era la elaboración de un programa electoral participativo, pero que pretende llegar a convertirse en "un lugar de encuentro y de acción social y política" más allá de los comicios.

Montoro, ministro español de Hacienda: "El objetivo de déficit para 2012 lo marcará Bruselas"

BARCELONA.- El ministro español de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha señalado que el objetivo de déficit en España para 2012 lo marcará Bruselas, si bien ha recordado que será necesario conseguir la estabilidad económica "de forma realista" con una nueva previsión.

   El objetivo de déficit español actual está fijado en el 4,4% para este año, si bien el propio Montoro mostró dudas sobre el cumplimiento de esta cifra esta semana en una entrevista a un diario alemán. Posteriormente, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, resaltó la "voluntad y determinación" del Gobierno para reducir el déficit en lo comprometido con Bruselas.

   En una entrevista en 'La Vanguardia', Montoro ha asegurado que Bruselas deberá "dibujar un nuevo escenario" económico, puesto que entiende que las anteriores previsiones de reducción de déficit se hicieron con un escenario de crecimiento económico.

   Una vez se hayan establecido las bases de esa "nueva realidad", el Gobierno español tiene "el firme compromiso de cumplir" con el objetivo de déficit marcado. Bruselas ya fijó reducir del 6% hasta el 4,4% el PIB español, si bien preveía un crecimiento del 2,3% y no un escenario de recesión.

   "No bajamos el déficit simplemente porque nos lo ordena Bruselas, sino porque nos interesa. En la medida en que reduzcamos nuestra deuda y ganemos confianza en los mercados, disminuirán los tipos de interés que pagamos, lo que podremos utilizar para salir de la crisis", ha justificado.

   Por otro lado, el ministro de Economía ha rechazado subir el IVA, puesto que considera que esta medida perjudicaría a las capas sociales más débiles y representaría "una injusticia que ahogaría" a la economía española. En esta misma línea, tampoco contempla una subida de los impuestos especiales

Valderas sitúa a la agricultura y la ganadería como "apuestas estratégicas"

SEVILLA.- El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha señalado este sábado que el sector agroalimentario y el medio rural andaluz serán "apuestas estratégicas" del programa con el que la federación de izquierdas que encabeza concurrirá a las elecciones autonómicas que se celebrarán en Andalucía el próximo 25 de marzo.

   Tras intervenir en el encuentro programático sobre agricultura y ganadería que su formación está desarrollando en el Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla y al que asisten representantes de organizaciones agrarias como COAG o la Unión de Pequeños Campesinos, y asociaciones como el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Valderas ha remarcado que la agricultura y la ganadería andaluza constituyen un "pilar fundamental" para "impulsar en Andalucía un modelo de economía social".

   Además, en opinión del coordinador general de IULV-CA, "sin una agricultura y una ganadería fuerte no es posible salir de la crisis en condiciones de solidaridad y solvencia". Por ello, ha reclamado "un gran pacto social y un acuerdo económico entre instituciones, agentes sociales, partidos políticos y organizaciones agrarias para sacar a la agricultura andaluza del lugar en que se encuentra".

   Al hilo de ello, Valderas ha concretado las propuestas que la formación que coordina plantea para este "sector estratégico". Entre ellas, figura la reclamación de un "gran acuerdo" en materia agraria y ganadera para plantear ante la UE, desde una posición "fuerte y unida", una reforma "en profundidad" de la Política Agraria Común (PAC), de la que la agricultura andaluza "salga ganando".

   Igualmente, IULV-CA apuesta por "vertebrar el sector, impulsar una ley de cadena agroalimentaria y fomentar el asociacionismo", así como lanzar "un respaldo fuerte a las organizaciones interprofesionales que aumente el valor de las rentas del campo".

   Para ello, Valderas apuesta por "optimizar los recursos hídricos, aprobar una ley integral de agricultura y alimentación, así como un plan de ordenación agrícola y ganadera, un banco público de tierras y otro de crédito agrícola", todo con el fin de "desarrollar el gran potencial de agricultura ecológica que tiene Andalucía".

   No obstante, el líder de la federación de izquierdas también ha expresado su convencimiento de que "la agricultura y la ganadería no son nada sin un desarrollo ligado a la agroindustria en Andalucía, a la comercialización, a la calidad productiva, a la producción ecológica, al concepto de soberanía alimentaria y a potenciar un modelo social de agricultura que se consolide en un mercado justo y sostenible".

   Junto al sector agroalimentario, el candidato de IULV-CA a la Presidencia de la Junta de Andalucía se ha referido a otros sectores que su formación considera "estratégicos" e "imprescindibles" para "reactivar la economía y crear empleo", y que son, en concreto, el sector turístico, el de las energías alternativas fotovoltaica y eólica, el de la construcción y el sector público.

   En relación al sector de la construcción, Valderas ha expresado su apuesta por "rehabilitar" las ciudades andaluzas y el parque andaluz de viviendas, mientras que, respecto al sector público andaluz, el líder de la federación de izquierdas se ha mostrado partidario de potenciar "una banca social ética que desemboque en una banca pública", que juzga "muy necesaria" para la economía andaluza.

   De igual modo, Valderas ha enmarcado este encuentro desarrollado en Sevilla en "el proceso de convergencia social" que, según ha señalado, ha impulsado su partido para "conformar un programa participativo de cara a las elecciones autonómicas", hacer posible "un nuevo bloque social de progreso de carácter alternativo en Andalucía" y abrir "un nuevo tiempo político" en la comunidad de la mano de "un nuevo modelo económico", que debe sustentarse, en su opinión, en los principios de "sostenibilidad, solidaridad e igualdad de género".

   En definitiva, el "objetivo central" de ese proceso es, según el coordinador general de IULV-CA, "la búsqueda de una salida social de la crisis por la izquierda y la creación de empleo".

La candidatura de Chacón afirma que gana en Almería

MADRID.- La candidata a la Secretaría General del PSOE Carmen Chacón se ha impuesto a su rival Alfredo Pérez Rubalcaba en Teruel (con cinco delegados a favor de un total de siete), Huesca, Murcia (con 14 a favor de un total de 26), Ciudad Real y Almería (con el 70% de los votos), según han informado fuentes de la candidatura de Chacón. 

   Las mismas fuentes han asegurado que ambas candidaturas compartieron el mismo número de votos en Guadalajara, mientras que en Cádiz ganó Rubalcaba "por unas décimas".

   Ante estos resultados, y sumando el apoyo del 'congresillo' de Barcelona, la candidatura de Chacón ya mostraba su "satisfacción" de cara a las votaciones de los delegados de este fin de semana.
La candidatura de Carme Chacón a la Secretaria General del PSOE  considera que ha superado a su rival Alfredo Pérez Rubalcaba en al menos diez provincias hasta el momento, según han informado fuentes de su candidatura.
   En concreto, estas mismas fuentes han destacado que Chacón ha obtenido un respaldo de todos los delegados en la provincia de La Coruña, logrando hasta ahora un apoyo del 60% en la comunidad autónoma de Galicia (con 32 delegados de 54).
   Asimismo, estiman que en Teruel y Huesca la presencia de los partidarios de la exministra de Defensa es de un 60%, mientras que en Zaragoza hay todavía un empate que será resuelto por el apoyo de una veintena de delegados.
   Además, en Barcelona capital y Barcelona norte ha obtenido un respaldo de 26 delegados, cifra que se suma a la lograda en la comunidad autónoma de Navarra, con el secretario autonómico Roberto Jiménez --en la candidatura de Chacón-- al frente.
   En esta misma línea, ha destacado su victoria en Castellón (con 10 de los 11 delegados) y Alicante (con el 70% de los votos), a la espera de los delegados valencianos. En total, en esta comunidad autónoma 25 delegados de 39 son partidarios de Chacón hasta el momento.
   En Castilla-La Mancha, el apoyo a la exministra también ha sido total en Ciudad Real, con 18 delegados a favor de una lista encabezada por Jose María Barreda. En Murcia, Chacón ha recibido el respaldo de 14 delegados de un total de 26, mientras que en Almería y Córdoba también ha resultado vencedora.
    Ante estos resultados, la candidatura de Chacón ha asegurado que "se pone por delante" de cara a las votaciones de los delegados de este fin de semana, con una "clara ventaja" respecto al otro candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Griñán alerta de una "operación contra Andalucía" con fines "electorales"

SEVILLA.- El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha manifestado este sábado que el Gobierno de España "conoce perfectamente la solvencia de Andalucía", cuyo endeudamiento es "menor" que el de otras comunidades autónomas, por lo que atribuye las "irresponsables" declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a una "operación contra Andalucía orquestada por motivos puramente electorales". 

   En declaraciones a los periodistas en el Palacio de San Telmo en Sevilla, Griñán ha insistido en su condena a las declaraciones de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno sobre su "preocupación" por la situación económica andaluza. "Es una deslealtad con Andalucía inédita y sin precedentes que el Gobierno de España no puede cometer", ha apuntado al respecto.

   En este sentido, el presidente andaluz ha instado a Sáenz de Santamaría a hablar "con rigor", puesto que la situación de los mercados financieros "no puede verse alterada por declaraciones falsas como las que ha hecho la vicepresidenta".

   Del mismo modo, el máximo dirigente de la Junta ha criticado que la ministra de la Presidencia "no diga nada de otras comunidades a las que (el Gobierno) ha tenido que socorrer, cuando Andalucía no ha pedido ni un euro, ni un aval de la Administración del Estado". Así, Griñán ha apuntado que en la comunidad andaluza "la deuda equivalente es de 1.700 euros por habitante, mientras que en Valencia es de más de 4.000 y en Cataluña supera los 6.000 euros".

   Por tanto, el presidente del Ejecutivo andaluz ha exigido tanto al Gobierno de España como al Partido Popular de Andalucía y a su líder, Javier Arenas, que "respeten" a esta comunidad autónoma, ya que "ganar o perder las elecciones es importante, pero defender el prestigio de Andalucía lo es mucho más".

   Asimismo, Griñán ha indicado que "querría que se reconociera la verdad", lamentando que al PP no haga referencia a que "en los tres primeros ejercicios de la crisis actual, Andalucía ha reducido el gasto no financiero un 7,5 por ciento mientras las demás comunidades la aumentaban un 2,5 por ciento" o que "en época de crecimiento económico cerramos tres presupuestos con superávit mientras resto de comunidades autónomas lo cerraban con déficit".

   Por último, el presidente de Andalucía ha pedido al Gobierno que explique cómo afectan en Andalucía "los recortes que aprobó el 30 de diciembre por un importe de 9.000 millones de euros". "Cuando lo diga, podremos comprobar en qué medida el Gobierno ha dejado de allegar los recursos que figuraban en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Andalucía, y me temo que serán mucho menores", ha concluido.

La Junta impulsó la creación de 972 empresas y 1.160 empleos en Almería a través de los CADEs

ALMERÍA.- La Junta de Andalucía, a través de los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADEs) de Andalucía Emprende ha impulsado en 2011 la creación de 972 nuevas empresas en Almería, que han generado 1.160 empleos y una inversión inicial estimada superior a los 9,2 millones de euros. 

   El consejero andaluz de Empleo, Manuel Recio, ha dado a conocer este viernes el balance de actuación de Andalucía Emprende en Almería durante 2011 y ha presentado las principales líneas de actuación que conformarán el plan provincial de 2012.

   Con relación a los resultados alcanzados en 2011, Recio ha destacado que las nuevas empresas y empleos generados con el apoyo de los CADES almerienses han supuesto un incremento medio del 11,3 por ciento respecto a los resultados obtenidos en 2010, año en el que se impulsó la creación de 840 empresas y 1.085 empleos.

   Recio ha resaltado que el 9,65 por ciento de las empresas dadas de alta en 2011 en la provincia lo ha hecho gracias a los servicios recibidos en alguno de los 26 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial que la Junta tiene a disposición de emprendedores y empresas para ayudarles a poner en marcha y a desarrollar sus ideas de negocio.

   En cuanto al plan provincial para 2012, Recio ha adelantado que está conformado por 47 líneas de actuación que se materializarán en la realización de más de 200 acciones de dinamización, de las que se beneficiarán más de 6.000 personas.

   Entre ellas, ha destacado acciones para el fomento de la innovación empresarial, encaminadas hacia un desarrollo sostenible; volver a emprender un negocio como segunda oportunidad; redes sociales para empresas como instrumento fundamental para un óptimo posicionamiento en el mercado; la internacionalización como estrategia en tiempos de cambio; los recursos endógenos como opción de futuro; y la cooperación empresarial como vía de fortalecimiento y de competitividad.

   Respecto a los sectores de actividad de las empresas creadas durante 2011 en la provincia de Almería, a través de los CADEs de Andalucía Emprende, destaca el de servicios, con 765 empresas, representando el 78,7% del total. Le sigue el sector primario, con 75 empresas (7,71%);  la construcción, con 62 empresas (6,37%); industria, con 48 empresas (4,93%) y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con 22 empresas (2,26%).

   En cuanto a la forma jurídica, la inmensa mayoría de las empresas creadas durante el pasado año a través de los CADEs almerienses han sido constituidas por empresarios individuales (concretamente 902, un 92,79% del total). Le siguen las sociedades mercantiles, con 43 empresas (4,42%) y las empresas de economía social, con 19 (1,95%), perteneciendo las restantes (8) a otras categorías.

   En materia de género, cabe destacar el elevado número de mujeres que han tenido iniciativa emprendedora en la provincia de Almería (462), suponiendo un 43,13% del total (1.071), así como la cifra de empresas creadas en su totalidad por mujeres (424; un 43,62% del total) y los puestos de trabajo que han sido ocupados por mujeres (515; un 44,39% del total). En este apartado, también sobresale el servicio de asistencia técnica especializada para emprendedoras, que este año ha sido solicitado por 209 mujeres en Almería y por 1.290 en toda la Comunidad.

   Además, durante el año el personal técnico de Andalucía Emprende en Almería ha realizado 12.421 atenciones a usuarios, de los que 1.071 han tenido iniciativa emprendedora; ha tutorizado 478 proyectos empresariales; ha ayudado a la tramitación de 1.565 solicitudes de incentivos públicos; y ha impartido formación empresarial a 1.254 personas, a través de 178 cursos, con una duración total de 1.423 horas.

   Entre otros, los contenidos formativos impartidos han sido sobre trámites administrativos para la constitución de la empresa, formas jurídicas, contabilidad y fiscalidad básica, fuentes de financiación, gestión documental, introducción al marketing, cooperación, innovación, modernización y TIC.

   Para impulsar la puesta en marcha y el desarrollo de ideas y proyectos empresariales, los CADEs de Andalucía Emprende ofrecen un servicio de alojamiento empresarial en naves industriales y oficinas que permite a los emprendedores contar con un espacio en el que desarrollar su actividad durante un tiempo determinado, con el apoyo permanente del personal técnico especializado, que les tutoriza y acompaña en todo el proceso de creación y desarrollo empresarial.

   En la actualidad la Junta tiene en la provincia de Almería 132 espacios de alojamiento empresarial --30 naves y 102 oficinas-- que acogen a 97 iniciativas empresariales. A nivel regional, estas cifras ascienden a 734 espacios --295 naves y 439 oficinas-- que alojan a 537 iniciativas empresariales.

   En el año 2011, Andalucía Emprende ha desarrollado en la provincia un total de 360 actuaciones de dinamización y fomento de la cultura emprendedora, que han beneficiado a 8.659 personas. De dichas actuaciones, 248 corresponden al plan provincial, que se ha llevado a cabo en 60 municipios almerienses, beneficiando a 6.696 personas. A nivel regional, Andalucía Emprende ha desarrollado en 2011 un total de 4.531 actuaciones de dinamización y fomento de la cultura emprendedora, que han beneficiado a 95.023 personas.

Jiménez introduce siete delegados en la lista oficial de los 23 que irán al congreso federal socialista

ALMERÍA.- La lista alternativa al congreso provincial del PSOE de Almería, encabezada por el concejal del Ayuntamiento de Almería Joaquín Jiménez y apoyada por el exconsejero andaluz Martín Soler, y el exsecretario provincial del PSOE almeriense Diego Asensio, ha logrado introducir siete delegados en la lista oficial que encabeza el secretario provincial del PSOE, José Luis Sánchez Teruel, de forma que de los 23 delegados que acudirán al XXXVIII Congreso Federal del PSOE en Sevilla, solo 16 pertenece a la lista oficial. 

   Así lo han trasladado fuentes socialistas después del recuento de votos que ha tenido lugar a partir de las 20,30 horas, momento en el que se han cerrado las urnas tras una activa participación durante toda la tarde y que han culminado con un 70 por ciento de los apoyos a la lista oficial y un 30 por ciento a la alternativa.

   La lista final, que irá encabezada por el secretario provincial del PSOE almeriense, incluirá, además de al propio Jiménez, a la exdiputada nacional del PSOE Ana Cano, el exvicepresidente de la Diputación Provincial y secretario local del PSOE de Adra, Luis Pérez Montoya, el exdelegado de Obras Públicas Luis Caparrós, la concejal del Ayuntamiento de Almería, Déborah Serón, el exconsejero Martín Soler, y la alcadesa de Las Tres Villas, Virtudes Pérez.

   Entre los miembros que concurrirán al cónclave por esta circunscripción pertenecientes a la lista oficial se encuentran el secretario provincial de Organización, Juan Carlos Pérez Navas, la delegada provincial de Iguadad, Adela Segura, el presidente del PSOE de Almería, Antonio Bonilla, la secretaria de la ejecutiva local del PSOE de Almería, Pepa Requena, el exalcalde de Almería, Fernando Martínez, la portavoz del grupo del PSOE en la Diputación, Esperanza Pérez Felices y la coordinadora provincial del IAM, Águeda Cayuela, entre otros.

   Fuera de la representación que acudirá a Sevilla entre el 3 y 5 de febrero ha quedado la diputada nacional del PSOE Consuelo Rumí y el delegado provincial de Cultura y exalcalde de Olula del Río, Antonio José Lucas, quienes habían expresado abiertamente su apoyo a los precandidatos Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón respectivamente, y que figuraban en la lista oficial. También ha quedado fuera el exsecretario provincial Diego Asensio, quien ostentaba el puesto número diez en la lista de Jiménez.

   De esta forma se han cumplido las expectativas anunciadas momentos antes del congreso por Jiménez y Soler, quienes advirtieron que contarían con al menos un 30 por ciento de los apoyos de los más de 200 delegados que han concurrido al congreso. "Aunque no formáramos una lista de consenso, hemos llegado para sumar y todos somos Almería y somos compañeros", ha declarado Jiménez tras el evento. Igualmente, ha destacado el papel "testimonial" de Asensio, quien ha apoyado la lista que él encabezaba.

Una lista alternativa liderada por Jiménez, Asensio y Soler llega al congreso socialista al no haber acuerdos

ALMERÍA.- Una lista alternativa liderada por el concejal del Ayuntamiento de Almería Joaquín Jiménez e integrada entre otros, por el exconsejero andaluz Martín Soler y el exsecretario general del PSOE almeriense Diego Asensio se ha presentado en la tarde de este viernes en el congreso provincial extraordinario del que deberán salir los 23 delegados que por la circunscripción almeriense acudirán al cónclave federal que se celebrará en Sevilla la primera semana de febrero. 

   Así lo ha confirmado en declaraciones a los periodistas previas al congreso el propio Soler y Jiménez, quien ha asegurado que se ha intentado alcanzar un "consenso" hasta última hora con la Ejecutiva Provincial y ha trasladado que cuentan con al menos el 30 por ciento del respaldo de los asistentes al congreso, lo que abriría la puerta a su candidatura para que sea incluida proporcionalmente en la lista final que irá a Sevilla.

   Por su parte, el secretario provincial del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha avanzado que la lista oficial que él encabeza junto al secretario provincial de Organización, Juan Carlos Pérez Navas, incluye también a la diputada nacional del PSOE Consuelo Rumí, y al exalcalde de Olula de Río y delegado provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, Antonio José Lucas, ambos como cabezas visibles de los apoyos a los candidatos a la Secretaría General, Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón, respectivamente.

Amenazan con suicidarse 70 marroquíes en una protesta laboral

RABAT.- Unos 70 marroquíes sin empleo amenazaron con un "suicidio colectivo" el viernes al intentar marchar a canteras de fosfatos cargados de explosivos a menos que se les diera trabajo en el monopolio estatal de fosfatos OCP, según las autoridades locales.

 

La policía intervino por la fuerza para disolver la protesta cerca de la ciudad sur de Benguerir y detuvo a seis personas acusadas de instigadores, según las autoridades. No había más detalles disponibles en un primer momento.

Se trata de la última de una serie de llamativas protestas. El miércoles, cuatro licenciados en paro se prendieron fuego con petróleo en el centro de la capital, Rabat, emulando el acto de un vendedor tunecino de verduras que dio inicio a las revueltas de la 'primavera árabe' el año pasado.

Los licenciados sufrieron quemaduras pero sobrevivieron al incidente, durante una protesta para presionar a las autoridades para que dé empleos públicos a licenciados universitarios, según los medios marroquíes.

El viernes, un tribunal de la ciudad de Safi, en la costa del Atlántico, sentenció a 10 personas a pasar cuatro años en prisión y pagar onerosas multas por incendiar propiedad pública y atacar a la policía durante unos disturbios en torno al desempleo registrados allí en agosto.

Uno de los condenados es un activista local, Abdeljalil Akadil, que según el principal grupo de derechos humanos del país, AMDH, fue torturado durante tres días tras su detención para obligarle a admitir su participación en los disturbios. El tribunal sentenció a otras seis personas a cuatro meses de prisión por su implicación en los sucesos.

Safi y Benguerir está en una región con el segundo PIB per capita de Marruecas, la mayor tasa de pobreza y las mayores desigualdades de ingresos, según datos oficiales.

El rey Mohamed VI, el mayor accionista privado en la economía nacional, valorada en 100.000 millones de dólares, reaccionó con rapidez cuando centenares de miles de personas protestaron el año pasado pidiendo una monarquía al estilo de España o Reino Unido, un poder judicial independiente y que se combatiese la corrupción.

El monarca cedió algunas competencias a funcionarios electos y adelantó en casi un año unas elecciones que los islamistas moderados del Partido Justicia y Desarrollo ganaron en noviembre.

En Imider, el pueblo del sudeste donde están las mayores minas de plata del país, cientos de personas llevan dos meses celebrando sentadas en protesta por los menguantes acuíferos locales, y que acusan a la empresa minera de estar sobreexplotando.

Casi un tercio de los jóvenes marroquíes están en paro, la pobreza afecta en torno a un cuarto de los 33 millones de habitantes del país y hay quejas persistentes por una educación ineficiente, nepotismo y corrupción extendida.

"La gente intenta llamar la atención de los que están al mando sobre sus dificultades. No se sienten iguales ante la justicia o en términos de acceso a cualquier oportunidad que haya disponible", explicó Jadiya Ryadi, que dirige AMDH.

Tres diplomados en paro intentan quemarse a lo bonzo en Rabat

RABAT.- Tres diplomados en paro intentaron prenderse fuego ayer jueves en Rabat para exigir al Gobierno que cumpla "inmediatamente" su promesa de contratarlos como funcionarios del Estado, según informaron fuentes de los activistas a los medios locales.

   Se trata de Omar Akaui, de 28 años y licenciado en Química; Zaydun Abdowahab, de 27 años y licenciado en Derecho; y Mahmud el Hauas, de 25 año y licenciado en Derecho Penal, que han sido trasladados al hospital Ibnu Rochd de Casablanca con quemaduras de segundo y tercer grado, según informó el denominado Grupo de Licenciados Superiores en Paro a la cadena de radio Yabiladi.

   En Marruecos se suele denominar "diplomados en paro" a los licenciados superiores sin empleo. Según las últimas cifras oficiales, la tasa de desempleo entre los jóvenes marroquíes menores de 34 años es del 31,4 por ciento.

   En julio de 2011, después de una sentada de varios días de duración, los representantes de los "diplomados en paro" de Rabat recibieron la promesa de que serían contratados por el Estado en 2012. No obstante, poco después comprobaron que la promesa únicamente beneficiaría a los licenciados en 2010.

   Alrededor de 200 jóvenes han constituido en la capital el autodenominado Grupo de Licenciados Superiores excluidos del Acuerdo del 20 de Julio, que se manifiesta desde el pasado 5 de enero en la terraza de un edificio dependiente del Ministerio de Educación para reclamar su "inmediata" contratación como funcionarios del Estado.

   El pasado miércoles, varios de ellos amenazaron con autoinmolarse y al menos tres cumplieron su amenaza al día siguiente. Según el responsable de prensa del Grupo, Aziz Sbaai, la situación degeneró a causa de la intervención de las fuerzas del orden. "Algunas personas vinieron hasta nosotros para ayudarnos con alimentos y medicinas, pero las autoridades se lo impidieron. Fue en ese momento cuando decidimos prendernos fuego", explicó.

   En su programa electoral, el nuevo primer ministro marroquí, Abdelilá Benkirane, advirtió de que era imposible integrar a tantos diplomados desempleados en el sector público y que el futuro de este sector depende de la competencia profesional de los diplomados y de las necesidades reales de las empresas.

   Según la presidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), Jadija Ryadi, la situación de este colectivo es "un desastre" a causa del "mal gobierno", la corrupción y la injusticia. "Pedimos a las autoridades estatales que cumplan sus promesas", declaró a Yabiladi. "Lo paradójico es que se hable de un nuevo Marruecos cuando las cosas no hacen sino empeorar", agregó.

   El secretario general del Grupo de Licenciados en Paro ha advertido de que la situación podría agravarse si el Ejecutivo no cumple su promesa e incluso llegó a insinuar la posibilidad de un suicidio colectivo.

Rajoy obligará a dejar el cargo público a quien tenga un procedimiento judicial

MADRID.-  El PP obligará a dejar el cargo público a quien tenga un procedimiento judicial que dañe al partido o a la institución pública a la que pertenezca. Esta es una de las condiciones que se incluyen en la "carta de compromisos" que tendrán que firmar los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en el PP, tal y como consta en la Ponencia de Estatutos que los populares llevarán al XVII Congreso Nacional del partido que tendrá lugar a mediados de febrero en Sevilla.

   La citada ponencia incluye esta medida junto con otras con el objetivo de reforzar y agilizar la respuesta ante "comportamientos indeseables" de sus militantes.

   Para ello, los redactores de la ponencia --Alberto Fabra, Alicia Sánchez-Camacho e Ignacio Diego-- han añadido un nuevo Capítulo Primero a los Estatutos relativo a la los cargos de representación institucional.

   En el establecen la obligación de los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en la organización de suscribir una "Carta de Compromisos", que contendrá un conjunto de obligaciones de contenido "ético y deontológico".

"La negativa a firmar esta Carta impedirá ser candidato en los procesos electorales, cargo público o tener responsabilidades ejecutivas en el PP", precisa el texto.

   La citada Carta, que deberá renovarse cada dos años establece cinco compromisos claros. El más destacado de ellos es el de "comunicar" a la dirección del PP la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse "indicios racionales de comisión de un delito y de poner a disposición del partido el cargo público u orgánico que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública".

   En esta carta también se establece la obligación de realizar una "declaración jurada" de que no existe ninguna causa jurídica que le inhabilite para participar en un proceso electoral, ni alguna situación posible de "conflicto de intereses", en caso de resultar electo, con su persona o con los intereses privados de los que sea titular.

   En la Carta se recordará a los dirigentes populares que, en el caso de ser cargos electos, están sujetos al régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, cuyo incumplimiento lleva parejas sanciones administrativas y también las que se deriven del Reglamento disciplinario del partido.

   También se comprometerán a actuar públicamente de acuerdo con los principios de integridad, responsabilidad, transparencia, ejemplaridad y honradez además de poner a disposición del Comité de Derechos y Garantías, cuando este lo requiera, la declaración de bienes y actividades que por razón de cargo público están obligados legalmente a depositar en la institución correspondiente.

   En el caso de no estar obligado a depositar esta declaración por razón de cargo público, deberán presentar si se les requiere, una declaración formal de bienes y actividades que incluya: los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales que posean; los valores o activos financieros negociables; las participaciones societarias; el objeto social de las empresas en las que tengan intereses personalmente y las sociedades participadas.

   Finalmente, en la citada "Carta" está recogido el compromiso de separar claramente la actuación pública de la privada y de las del partido.

  Este nuevo Capítulo Primero establece también unos principios generales que deben observar todos los cargos públicos y dirigentes populares. Entre ellos, está la obligación de demostrar la "máxima ejemplaridad, rigor y exigencia" en el desempeño de sus funciones, velando siempre por el interés público y absteniéndose siempre de cualquier conducta que, "aún siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización a la que pertenecen".

   También deben actuar de acuerdo con los principios de transparencia, eficacia y austeridad y se abstendrán de "toda actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses en el ejercicio de su función". En este punto, el PP deja claro que sus cargos "no aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja".

   Además, establece que "no influirán" en la "agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo cuando ello comporte un privilegio en su beneficio o en el de su entorno familiar y social". Tampoco podrán dedicarse a actividades recogidas en el régimen de incompatibilidades ni por sí mismos, ni por persona interpuesta.

  Los populares también modifican en la ponencia de Estatutos la parte referida a la apertura de los expedientes disciplinarios. Añaden un nuevo punto en el que establece que se abrirá expediente disciplinario en el momento en el que el partido tenga conocimiento de una imputación judicial por "cualquier forma de corrupción" en el ejercicio de cargo público o que realice conductas que estén tipificadas como un "delito doloso" que, "por su naturaleza o por las circunstancias" en las que se haya cometido se considere "incompatible con las obligaciones y deberes éticos" a los que están sujetos los afiliados del PP.

   Una vez que se haya incoado el expediente, el Comité de Derechos y Garantías podrá determinar la suspensión de funciones o de militancia, algo que acordará en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto.

   La duración del citado expediente se extenderá hasta que transcurran dos meses de la firmeza de la sentencia o auto de sobreseimiento que ponga fin al proceso penal correspondiente y, en caso de sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento, aunque no sean firmes, se revocará inmediatamente cualquier medida cautelar o sanción que hubiera podido acordarse y el partido reparará al afiliado, con los medios a su alcance, los "perjuicios" que hubiera podido sufrir.

   Además, los Comités de Derechos y Garantías pueden acordar la apertura de una información reservada, que podrá dar lugar a un expediente disciplinario, cuando tengan conocimiento "por cualquier medio" de la falta de ejemplaridad en el comportamiento o conducta de un afiliado o cargo de representación institucional del PP.

   El PP también dos comportamientos que considera como infracciones muy graves. Se trata de la realización de conductas que estén tipificadas como delito doloso que, por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos establecidos en los Estatutos.

   También añade como falta grave la "deslealtad manifiesta al Partido, entendida ésta como toda acción u omisión voluntaria encaminada a perjudicar el interés general del PP".

   En este capítulo precisa mejor la pena de expulsión del partido, dejando claro que se podrá imponer "en todo caso, cuando exista sentencia firme que condene al afiliado a penas de prisión o inhabilitación, cualquiera que fuese su duración".

  No obstante, en otro apartado, deja claro que el Comité Nacional de Derechos y Garantías podrá "suspender el cumplimiento de la sanción firme, impuesta a un afiliado, siempre que se den circunstancias especiales".

   En el preámbulo de la ponencia explican que los Estatutos son "algo más que un Código de funcionamiento interno" y para ello incorporan el Código de Buenas Prácticas, con el fin de que sea norma de obligado cumplimiento.

El Gobierno fijará "obligaciones legales"

  La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado este viernes que el Ejecutivo quiere "fijar con precisión" un conjunto de "obligaciones legales" que deberán cumplir gestores públicos y altos cargos de la Administración en materia económica y después revisará el sistema sancionador para "intensificar y fortalecer" la respuesta penal a los casos "más graves".

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la 'número dos' del Gobierno ha explicado que en el control de la responsabilidad de los gestores públicos lo primero es "determinar" por ley las obligaciones legales de exigido cumplimiento. Esto se hará, por un lado, a través de la futura Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, pero también en una ley de transparencia, acceso a los documentos y buen gobierno en la que se está trabajando y que es competencia del Ministerio de la Presidencia.

   En esta segunda ley, ha precisado, se va a "concretar una serie de obligaciones legales que tienen en materia de buen gobierno los gestores públicos" en lo que se refiere a "la gestión económica que tienen encomendada".

   Además, la ley también determinará qué incumplimientos deben ser objeto de "un reproche administrativo o contable" y cuáles otros "por su gravedad" tienen que ser objeto de una sanción penal. Entre estos últimos, ha dicho, "indudablemente" estarán los incumplimientos "más graves y que además puedan tener un carácter doloso, de ocultación". Sáenz de Santamaría ha recordado que ya "existe" un reproche penal ante determinados comportamientos de gestores públicos, pero ha indicado que el Gobierno de Mariano Rajoy está "trabajando para intensificar y fortalecer" esta respuesta.

   Por ello, según ha explicado, una vez se establezca la "base amplia" de obligaciones legales, se va a "revisar" el régimen de sanciones e infracciones ya existente. El objetivo, ha dicho, es "establecer, para los casos más graves, de dolo acreditado o gran culpa" una respuesta penal, mediante las reformas correspondientes, que, en el caso del Código Penal, necesitarán de una ley orgánica, ha recordado.

   Dicho esto, la vicepresidenta también ha puntualizado que esta reacción penal no debe identificarse automáticamente con la cárcel, ya que "hay gran variedad de penas", entre ellas "algunas muy adecuadas" para este tipo de delitos, como es la inhabilitación para el desempeño de un cargo público, ha indicado.

   Además, también ha descartado que las nuevas sanciones que se establezcan se puedan aplicar con carácter "retroactivo", como había planteado el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago. En cualquier caso, ha incidido en que lo primero es fijar el "conjunto de obligaciones legales", 'porque "no se puede sancionar una conducta si no hay una ley que dice que esa obligación existe para los gestores".

El Gobierno buscará un pacto por la austeridad para evitar duplicidades

MADRID.- El Gobierno trabajará para sacar adelante un "pacto por la austeridad" entre todas las administraciones públicas para revisar las competencias con el fin de evitar duplicidades determinando a qué administración corresponde más la gestión.

   Así lo ha señalado la vicepresidenta del Gobierno y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha dicho que por otro lado se está procediendo a la simplificación de estructuras tanto del Estado como de las comunidades autónomas.

   "Es necesario reducir toda la estructura administrativa que supone la multiplicidad de organismos y presupuestos", ha dicho la portavoz, quien ha explicado que el Gobierno va a dar un "nuevo impulso" al compromiso que ya habían adquirido las administraciones en el pasado para reducir el sector público.

   Para lograrlo, el Gobierno acordó con las comunidades en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Finanicera (CPFF) la creación de un grupo de trabajo para actualizar los anteriores compromisos y realizar un seguimiento "exhaustivo" de la reducción del sector público.

   En este sentido, Sáenz de Santamaría ha valorado la importancia de los acuerdos alcanzados en el CPFF, los primeros "grandes acuerdos" del Gobierno, que incluyen además la implementación de medidas para mejorar la liquidez de las comunidades autónomas, supeditadas al cumplimiento de los objetivos de déficit, los planes de saneamiento y las reformas estructurales.

   De hecho, ha resaltado el "apoyo total" que ofrecieron las comunidades durante la reunión a las bases que presentó el Gobierno sobre la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, que se aprobará en los próximas semanas. "Sale un compromiso firme y unánime con la estabilidad presupuestaria", ha dicho.

   La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha resaltado la "voluntad y determinación" del Gobierno para cumplir sus objetivos en materia de consolidación fiscal y reducir el déficit al 4,4% comprometido con Bruselas.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría respondía así al ser preguntada por las palabras del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que en una entrevista a un diario alemán mostró dudas sobre el cumplimiento de esta cifra.

   Sáenz de Santamaría ha recordado que la reducción del déficit es una medida "clave e imprescindible" para volver a crear empleo. "Toda la tarea del Gobierno está encaminada a crear empleo. Para eso hay que cumplir los objetivos", ha dicho.

   En este sentido, ha asegurado que el Gobierno tomará más medidas si las circunstancias económicas hacen que tenga que trabajar "más y con más reformas". "Lo vamos a hacer", ha señalado la vicepresidenta, tras asegurar que el Ejecutivo intentará "consejo tras consejo" cumplir objetivos y luchar contra los "malos datos" con más "rigor y esfuerzo".

   Esta labor, según Sáenz de Santamaría, se tendrá que complementar con las correspondientes reformas estructurales, "fundamentales" para dinamizar la economía y ayudar a la creación de empleo. En este sentido, ha recordado que en los Consejos de Ministros de las próximas semanas se aprobarán la reforma del sistema bancario y la del sistema laboral.

   Con todo, Sáenz de Santamaría ha asegurado que uno de los principales objetivos del Gobierno es trabajar para no defraudar la confianza de los españoles, para lo que el propio Rajoy está cumpliendo en "plazos y calendario" las reformas que planteó en el Debate de Investidura.   

Con las previsiones de la CE

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha indicado que al margen de la previsión de crecimiento para España del Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé una caída del PIB del 1,7% para este año, el Ejecutivo atenderá "especialmente" las estimaciones de la Comisión Europea (CE) para, "de acuerdo con ellas", establecer el cuadro macro y el techo de gasto para este año.

   Al término de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría apuntó que aunque el Gobierno está "atento" a las distintas previsiones que realizan los diferentes organismos, los Presupuestos de 2012, que pretende aprobar antes del 31 de marzo, recogerán la previsión de crecimiento y el techo de gasto de acuerdo con la estimación que realice Bruselas sobre la economía española.

   No obstante, añadió que previsiones como las del FMI renuevan el compromiso del Ejecutivo de trabajar "todavía más y con mayor esfuerzo" para luchar contra el cumplimiento de las mismas y para que no afecten "de un modo tan grave" a España.

   "Contra ello estamos trabajando desde el primer momento, haremos todos los esfuerzos y todas las reformas que sean necesarios", reiteró la portavoz del Gobierno.