BILBAO.-
La realidad es que se acerca 2025 y hasta más de 150 ciudades
españolas,
todas las de más de 50.000 habitantes, así como los territorios
insulares y las poblaciones de más de 20.000 habitantes con
incumplimientos en materia de calidad del aire, tienen que poner ya en
vigor sus nuevas restricciones circulatorias a las que obliga la Ley del
Cambio Climático aprobada en España.
El
impacto de esta medida va a ser enorme, teniendo en cuenta que hoy solo
el 22% de estas ciudades, es decir, 33, ya tienen sus Zonas de Bajas
Emisiones activas.
Eso sí, en ellas ya las restricciones son muy importantes, afectando en
muchas no solo a vehículos sin etiqueta medioambiental, sino también a coches con etiqueta B y, próximamente, incluso a los de etiqueta C, que representan la gran mayoría del parque español actual en circulación.
Con
el objetivo así de debatir sobre el impacto de estas áreas ZBE
obligatorias, Bilbao acogió la semana pasada la celebración de la XXII
edición del Encuentro Ciudadano con la Movilidad, un evento organizado por el RAC Vasco Navarro y que contaba con la colaboración de Pons Mobility, Arag y Caser Seguros.
Y allí expertos y abogados han cargado contra la implantación de una
medida que va a afectar a miles de conductores y familias en nuestro
país.
Quizá una de las conclusiones más importantes extraídas de este encuentro ha sido, como hemos avanzado al inicio, la
falsa interpretación realizada sobre una directiva europea que
supuestamente obligaba a activar estas Zonas de Bajas Emisiones.
El abogado Francisco Lopez Lera
ha sido tajante al asegurar que, desde una perspectiva jurídica, “es
erróneo y falso justificar la implantación de las ZBE, y en los
formatos que proponen los Ayuntamientos, en base a una supuesta
imposición por parte de Europa ya que la directiva europea establece una
serie de recomendaciones y principios pero no imposiciones”.
El
experto jurídico ha confirmado que “la norma o directriz europea recoge
que es necesario elaborar planes de calidad del aire, donde hagan falta
verdaderamente (en base a supuestos y circunstancias reales
demostrables). Si no es necesario no deben establecerse teniendo en
cuenta que afecta a sectores y genera desigualdades”.
Asimismo
ha matizado que esta directiva europea incluye términos como “los
municipios podrán” que no significa lo mismo que “deberán o tendrán la
obligación de…”.
López
de Lera también ha garantizado que, atendiendo a la directiva europea,
“se proponen zonas de actuación pero no estrictamente en municipios de
más de 50.000 habitantes tal y como se pretende aplicar en el ámbito de
España”.
El abogado ha concluido su intervención criticando específicamente el caso de Bilbao, “por establecer criterios horarios y de lugar sin fundamento aparente.
¿Acaso fuera de la ZBE los vehículos dejan de contaminar y son menos?
¿Los fines de semana los vehículos no contaminan?”.
El
experto jurídico
considera finalmente que “los políticos necesitan recaudar y no van a
descuadrar las cuentas por estas premisas.
En un supuesto de que se hiciera o incluso en el supuesto de que
desapareciesen los vehículos o se redujese el parque de forma
significativa, se buscaría otra forma de recaudación que, seguramente,
pasaría por una subida en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles)”.
En este mismo sentido se ha manifestado también el presidente del RACVN, Pedro Martínez de Artola, recordando “el carácter orientativo de la directiva de la Unión Europea (no obligatorio)”
y señalando que “antes de su implantación, se debería considerar si es
necesaria o no en cada circunstancia y, en segundo lugar, cómo aplicarla
en base a supuestos, circunstancias y necesidades reales”.
Para
el presidente del RACVN, “detrás de las ZBE, hay una repulsa al
automóvil” y considera que “si todos los vehículos fuesen eléctricos se
inventarían zonas de bajas intensidades o algo parecido”.
Martínez de Artola concluyó su intervención señalando que el compromiso
por reducir las emisiones es compartido, pero matizaba que se debe
realizar sin discriminar a los ciudadanos en función de su poder
económico.
“Se señala al automóvil y se pretende acotar su uso, sobre
todo en las ciudades, en base a la contaminación, pero hay otros
elementos que contaminan tanto o más que el automóvil”, ha manifestado
el presidente del RACVN.
El director general de GANVAM, Fernando Miguélez,
también ha criticado la forma en la que se están implantando en España
las ZBE, ya que “nadie está en contra de ellas o de la descarbonización,
pero sí no en la forma en la que se llevan a cabo”.
“Es
un error considerar a las ZBE sólo como medidas medioambientales, ya
que las ZBE suponen nuevos modelos de negocio (movilidad personal y
micromovilidad, etc.). La movilidad sostenible “se debe alcanzar pero
sin poner en riesgo el tejido industrial, económico y social.
Se debe favorecer la movilidad sostenible asequible”, ha concluido el
director general de GANVAM, confirmando que además las primeras
implantaciones, como la de Madrid, “no ha propiciado la renovación de
vehículos, sino que ha trasladado los más viejos a otras zonas como las
periferias o zonas rurales en una segunda vida o uso de los mismos”.
Por último, el director gerente del RACVN, Eduardo Martínez,
clausuró la jornada mostrándose también muy crítico con las ZBE,
“especialmente con aquellos municipios que la han aplicado de una forma
más restrictiva y no proporcional”,
destacando también el caso de Bilbao y recordando que esta medida está
recurrida por el RACVN igual que la de San Sebastián, si finalmente se
publica en los términos anunciados por el Consistorio.
El director del
RACVN se mostró muy confiado en poder ganarlas en los Tribunales, según recoge la revista Autopista.
