ALMERÍA.- “Nos han engañado con el toldo de la Plaza de Pavía. Sencillamente es una vergüenza que tarden siete meses en una mejora que, al final, se limita a dar sombra en uno de los pasillos del mercado”.
Los comerciantes de la Plaza de Pavía de Almería están indignados, pero ese malestar se ha extendido viralmente en todo el entorno, hasta el punto de que la actuación del Ayuntamiento ha conseguido generar una unión y consenso poco común en las organizaciones que representan a los distintos colectivos en los barrios de la Falda de la Alcazaba.
Así las cosas, los distintos colectivos que participaron en la anterior movilización del colectivo denominado Falda de la Alcazaba han vuelto a ser convocados para presentar un frente común frente al Ayuntamiento de Almería.
El objetivo es obtener lo que entienden que “por derecho y justicia nos pertenece”, en referencia a los fondos públicos que se han obtenido para la ciudad por la implementación de la Zona de Bajas Emisiones.
“Han tenido la poca vergüenza de decirle al Ministerio de Transportes que esta, la Plaza de Pavía o el barrio de Pescadería, es la zona con más densidad de tráfico de Almería. Nos han colocado aquí el medidor y somos el epicentro de las restricciones que se impondrán al tráfico rodado, pero el dinero se lo gastan en peatonalizar el Paseo de Almería, en ponerles aceras y servicios a la zona que más remodelaciones e inversión pública concentra tradicionalmente. Que nadie se equivoque: hablamos de restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos en la zona para supuestamente mejorar la calidad del aire. Restricciones que llegarán”.
El primer paso en la nueva etapa de protesta será dirigirse al Ministerio de Transportes y Transición Ecológica para conocer cómo se evaluó la propuesta almeriense y las ayudas a las que se han acogido.
“Esperamos contar con la ayuda de los partidos políticos con representación en el Congreso, porque pueden presentar nuestro mismo documento como pregunta parlamentaria”, explican.
Los comerciantes se apoyan en que la situación en Pescadería-La Chanca recuerda otros casos en España donde la delimitación de ZBE ha generado controversias.
En Alicante, Ecologistas en Acción cuestionó la ubicación de las estaciones de medición de calidad del aire, lo que llevó a solicitudes de devolución de ayudas públicas.
En Madrid, el Tribunal Superior de Justicia anuló varias ZBE debido a deficiencias en su regulación, destacando la necesidad de una planificación rigurosa y transparente.
En Valencia, la implantación de ZBE está en el punto de mira por no cumplir con las expectativas europeas.
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