MADRID.- La autoridad laboral también destapa abusos y fraude sin
que sus inspectores pongan un pie en los centros de trabajo. Una sola
carta "informativa" de la Inspección de Trabajo, en la que advierte a
las empresas de que han detectado un presunto fraude en la contratación
de sus trabajadores, logra que los empleadores regularicen miles de
puestos de trabajo de manera "voluntaria". Este año, entre agosto y
octubre, se han beneficiado de esta actuación 81.714 trabajadores, según
el Ministerio de Trabajo y recoge www.eldiario.es
De estas 81.714 personas,
59.359 trabajadores han pasado de tener contratos temporales a
indefinidos en sus empresas y 22.355 empleados que tenían contratos a
tiempo parcial han logrado ampliar sus jornadas laborales. En el caso
de 12.305 trabajadores los incrementos de la jornada son iguales o
superiores al 50% respecto a lo que figuraba en sus contratos hasta el
momento, por lo que se presume que sus empleadores mantenían la mitad de
su jornada o incluso más en la economía sumergida.
Son los resultados de la primera fase de los Planes de
Choque aprobados por el Gobierno contra la temporalidad y la parcialidad
abusivas, que se aplicaron por primera vez el año pasado y que el
Ejecutivo volvió a lanzar este 2019. En total, este año se mandaron 85.000 misivas a empresas presuntamente incumplidoras, que afectaban a un total de 238.015 empleados, lo que supuso un aumento de las compañías y trabajadores alcanzados.
¿En
qué consisten estos planes y cómo detecta la Inspección de Trabajo los
presuntos incumplimientos? Las campañas cuentan con dos fases. En la
primera, la autoridad laboral da un plazo para las regularizaciones
"voluntarias", como las denomina el Ministerio. La Inspección de Trabajo
envía las cartas con los presuntos incumplimientos a las empresas, tras
detectar indicios de fraude a través de la Herramienta de Lucha contra
el fraude. Se informa en las misivas de los datos obtenidos e insta a
las compañías a regularizar los contratos de forma "voluntaria" o
justificar que se está cumpliendo con la ley (si es el caso) en el plazo
de un mes.
La segunda fase de los planes pasa por
comprobar qué han hecho las empresas con estos avisos. Cuando los
empleadores no modifican los contratos, o solo lo hacen parcialmente,
son "objeto de una actuación por parte de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social para la comprobación de tales extremos", recoge la
instrucción de la autoridad laboral que dirige la actuación de los
inspectores.
Se repite la efectividad de 2018
El
Gobierno de Pedro Sánchez volvió a lanzar estos dos Planes de choque
este año después de considerar que habían tenido muy buenos resultados
en su primera puesta en marcha, el año pasado. En las campañas de 2018,
se transformaron 61.445 contratos temporales fraudulentos en indefinidos
–el 76% de los afectados por el plan– y 8.824 personas con contratos
abusivos a tiempo parcial vieron ampliar su jornada de trabajo –el 17,5%
de los casos analizados–.
Si se atiende solo a la
primera fase del año pasado y de este 2019, se observa que por el
momento se repite la efectividad de los planes, e incluso se mejora un
poco en el caso de la temporalidad abusiva.
En la
etapa de regularizaciones "voluntarias" de 2018, las empresas
convirtieron en indefinidos a 51.941 trabajadores temporales (el 64,50%
del total de trabajadores alcanzados por esta campaña). En el plan
contra la parcialidad fraudulenta, las cartas motivaron la ampliación
directa de la jornada de 7.591 personas (el 15% del total de
trabajadores analizados).
Este año, el porcentaje de
efectividad en esta primera fase mejora un poco en la campaña contra la
falsa temporalidad (66,5%) y se mantiene igual en el plan sobre
contratos parciales (15%).
El Ministerio de Trabajo
explicó el año pasado la menor efectividad de la campaña contra la
parcialidad abusiva por la mayor dificultad para detectarla, para lo que
esperaba que el nuevo registro de jornada obligatorio facilitara la
tarea de la Inspección de Trabajo. El control horario está en vigor
desde el pasado 12 de mayo, pero muchas empresas aún no lo han
implantado pese a ser obligatorio. El sector de la banca, por ejemplo,
firmó esta semana el acuerdo con los sindicatos sobre el registro y se ha dado tres meses para implantarlo.
Fuentes
del Ministerio de Trabajo precisan que la modificación de contratos
parciales "efectivamente sigue siendo baja si la comparamos con la
conversión en indefinidos, pero dentro de esto, la Inspección está
razonablemente satisfecha" con los resultados. Estas fuentes oficiales
reconocen que "el registro de jornada tiene una implantación lenta",
pero añaden que "poco a poco va dando resultados".
En
el Ministerio recuerdan en cualquier caso que "ahora hay que esperar a
la fase de inspección" y que los resultados finales dependerán de "si
efectivamente los indicios de incumplimiento detectados eran tales o si
por el contrario son jornadas parciales justificadas".
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