MADRID.- El Gobierno ha ampliado la cobertura de la prestación por desempleo a más trabajadores,
como los despedidos durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo o a
los que no hayan podido incorporarse a un nuevo puesto a causa de esta
crisis del Covid-19.
Según ha explicado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, también se ha incrementado el ámbito de aplicación de los ERTE por causa de fuerza mayor en sectores considerados esenciales que también han visto reducidos sus ingresos.
Según ha detallado el Gobierno, la fuerza mayor de una actividad esencial podrá tener carácter parcial y no extenderse, por tanto, a toda la plantilla de una empresa.
Junto a esto se prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada.
El objetivo de todas estas medidas es seguir protegiendo a trabajadores en esta crisis, ha subrayado Calviño quien ha avanzado que habrá medidas de financiación especificas para las empresas que están apostando por el teletrabajo.
Según ha detallado el Gobierno, se amplía la cobertura de la prestación de desempleo a los trabajadores cuyos contratos terminaran durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo desde el 9 de marzo o aquellos que dejaran un trabajo por tener una oferta laboral en firme que no se haya materializado a causa de la pandemia.
También se refuerza la protección de los trabajadores fijos discontinuos que podrán incorporarse a los ERTE o percibir una prestación aun cuando hubiesen agotado el desempleo.
Estos trabajadores tendrán una prestación de 90 días independientemente de que hubiesen consumido su desempleo o de que hubiesen cotizado.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha destacado en un comunicado que esta medida beneficia a muchos empleos asociados a actividades de temporada que empiezan en este época y que trabajan sólo unos meses al año (muchos de ellos ligados al sector turístico).
Se ha acordado suspender plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, salvo en los casos en los que la intervención del organismo sea necesaria para garantizar la protección del interés general o por estar relacionados con el Covid-19 y reforzar los mecanismos de control y sanción para evitar comportamientos fraudulentos en la percepción de las prestaciones.
Habrá una sanción específica aplicable a las empresas que presenten solicitudes fraudulentas para la obtención de ERTE que además y se obligará a las empresas a devolver las prestaciones indebidamente percibidas por sus trabajadores.
El Ejecutivo también ha acordado la reducción de las cotizaciones para determinados trabajadores agrarios durante los periodos de inactividad en 2020.
Por otro lado, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado en el Congreso que durante un tiempo tras el levantamiento del estado de alarma los expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE) mantendrán exoneradas o reducidas las cuotas sociales y los trabajadores afectados cobrarán el desempleo.
Durante su comparecencia en el Congreso, la ministra ha explicado que en una primera etapa, posterior a la vigencia del estado de alarma, todavía serán necesarias medidas de excepcionalidad, como los ERTE por fuerza mayor que "seguirán teniendo gran relevancia por lo cual deberá mantenerse transitoriamente el mecanismo de apoyo establecido durante la etapa de crisis sanitaria aguda".
La duración exacta de la prolongación de esta medida y su aplicación por sectores está siendo debatida en la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos, según han explicado fuentes del Ministerio de Trabajo.
La ministra ha añadido que después los ERTE evolucionarán para dar respuesta a las nuevas necesidades de las empresas, que serán fundamentalmente por causa económica, técnica, organizativa o de producción, y que también evolucionarán los mecanismos de exención o reducción de cotizaciones a la seguridad social y la protección de desempleo durante el ERTE de acuerdo a estas nuevas situaciones.
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