ALMERÍA.- El portavoz del PSOE en la Diputación Provincial de Almería, Juan Manuel
del Real Ruiz, ha exigido al PP que dé explicaciones sobre el viaje a
Madrid que investiga un juzgado de Almería del expresidente de la
Diputación Provincial,
Javier Aureliano García y quien fuera su jefa de
gabinete que habría sido sufragado con fondos públicos pese a su
carácter "privado".
Del Real ha reclamado a la Diputación
Provincial que aclare cuál fue la agenda institucional desarrollada por
el expresidente y su asesora durante esos días de junio de 2025, en los
que supuestamente había prevista una reunión en la sede de la FEMP, y si
el viaje "respondía realmente a motivos oficiales", según ha detallado
en una nota.
Asimismo, ha pedido que se haga pública la
relación de desplazamientos realizados por ambos responsables durante su
etapa al frente de la institución para comprobar "si todos ellos
estuvieron vinculados al ejercicio de sus responsabilidades públicas o
si existieron otros viajes de carácter similar".
"Seguimos sin
saber qué hacía el expresidente de la Diputación en Madrid, cuál era su
agenda institucional o si este tipo de desplazamientos era una práctica
habitual. Los almerienses tienen derecho a conocer cómo se utilizó su
dinero", ha afirmado.
El portavoz socialista ha señalado que
este nuevo procedimiento judicial se suma a las comparecencias
celebradas durante las últimas semanas en el denominado 'caso
Mascarillas', en el que ya han declarado como investigados destacados
dirigentes y exdirigentes del PP.
"Lo preocupante no es solo
que se acumulen las investigaciones judiciales; lo verdaderamente grave
es que el PP continúe sin ofrecer ni una sola explicación a la
ciudadanía", ha señalado del Real, quien ha criticado que la dirección
provincial del partido haya levantado "un muro de silencio" sobre unos
hechos que afectan directamente a antiguos y actuales cargos públicos de
la Diputación Provincial.
Del Real ha insistido en que la
transparencia y la rendición de cuentas "deben formar parte de cualquier
administración pública" y ha reclamado al PP que "deje de esconderse y
explique tanto lo ocurrido en el denominado caso Mascarillas como las
circunstancias que rodean el viaje a Madrid investigado judicialmente".
almeriaconfidencial@gmail.com / 'El poder más peligroso es el del que manda pero no gobierna' (Torrente Ballester) * Newsletter de opinión e influencia, fundado en 2009 sin afán de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, por el periodista profesional Francisco Poveda, licenciado en la Universidad Complutense de Madrid desde 1976.
lunes, 29 de junio de 2026
El PSOE exige al PP que explique el pago de un supuesto viaje "privado" a Madrid del expresidente de la Diputación
lunes, 4 de mayo de 2026
El PSOE acusa al PP de "financiar" a Vito Quiles y de cederle el despacho de una diputada en el Congreso
MADRID.- El PSOE acusa al PP de "financiar" y ser el "cerebro" detrás de Vito Quiles y también de cederle el despacho de una diputada en el Congreso de los Diputados para grabar vídeos contra el Gobierno.
Así, la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró ha cargado contra los de Alberto Núñez Feijóo en sus redes sociales.
"Lo financian, lo invitan a mítines y ahora también le dejan entrar a sus despachos en el Congreso, ha indicado en un mensaje en 'X' en el que señala al PP como "el cerebro y la pasta detrás del matonismo de Vito".
Las declaraciones de la cúpula del PSOE se producen después de que la semana pasada, la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, denunciara a Quiles --que cuenta con acreditación de periodista en la Cámara Baja-- por una presunta "agresión" en una cafetería.
En ese sentido, Torró ha cargado contra el líder nacional del PP porque "no condena", dice, el "acoso" que sufren los socialistas.
"¿Cómo va el PP a condenar el acoso de Vito Quiles si lo financia?", insiste el PSOE, en otro mensaje en su cuenta oficial en redes sociales.
En la misma línea, la portavoz de la Ejecutiva Federal, Montse Mínguez, ha señalado a la diputada del PP Alma Alfonso, por permitirle que utilice su despacho en el Congreso y considera que los 'populares' son "los mejores siervos" de Quiles.
"¿Entendemos ya por qué no las acosan, intimidan o insultan a ellas? Son grupos organizados y fanáticos subvencionados por el PP y Vox", ha indicado a continuación, detallando que Quiles ha recibido de administraciones gobernadas por el PP un total de "700.000 euros" en contratos "troceados en 17.998,75 euros para poder subvencionarlo a dedazo", denuncia.
martes, 2 de septiembre de 2025
El PSOE denuncia un "contrato a dedo" al padre de una concejala del PP en la empresa de jardinería y limpieza de Carboneras
CARBONERAS.- El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Carboneras ha denunciado que el alcalde de C's, Salvador Hernández, y los ediles del PP en el equipo de Gobierno han contratado “a dedo” en la nueva empresa encargada de la limpieza y jardinería de la localidad al padre de la concejala de Cultura, Ana María Caparrós Calvano.
El portavoz socialista, José Luis Amérigo Fernández, ha recordado que el progenitor de la dirigente ‘popular’ es militante y directivo del Partido Popular de Carboneras y que, además, “se encuentra imputado por haber participado en una supuesta compra de votos en las últimas elecciones municipales de Carboneras para el PP”.
“Según los medios de comunicación, estuvo declarando en sede judicial de los juzgados de Vera el 13 de este agosto por estos hechos”, ha ahondado.
Para José Luis Amérigo, con la contratación del padre de la concejala, C's y PP “pretenden que se perpetúe su empleo con otra ilegalidad que ya tiene en marcha el equipo de Gobierno Municipal y que es el concurso de Limpieza y Jardinería, por más de 12 millones de euros para la contratación de una empresa privada para la realización de este servicio”.
Dicho concurso se aprobó el pasado 11 de julio en la Junta de Gobierno Local compuesta por Salvador Hernández y cuatro ediles del PP y es “absolutamente ilegal” según el PSOE ya que el Ayuntamiento de Carboneras “decidió rescatar, en la legislatura anterior, el Servicio de Jardinería y Limpieza para hacerlo público, ahorrar costes y asegurar a los trabajadores como funcionarios públicos”; de hecho, se aprobó que así fuera en el pleno de mayo 2023 donde quedó constituida la empresa pública.
José Luis Amérigo ha añadido que el pacto de Gobierno entre el PSOE y Ciudadanos para la moción de censura llevaba “como uno de esos compromisos la puesta en marcha de la Empresa Pública de Servicios y el rescate del servicio de Limpieza y jardinería del municipio”.
Sin embargo, Salvador Hernández, “continuando con sus incumplimientos de todo lo firmado pretende, ahora con el Partido Popular, privatizar de nuevo el servicio con un concurso ilegal, hecho a medida y con una empresa predeterminada, en contra de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Carboneras, de la economía municipal y de los trabajadores que se pretendía que fueran funcionarios municipales”.
Por todos estos motivos, el PSOE de Carboneras ha presentado recientemente un Recurso de Reposición contra la aprobación en Junta de Gobierno Local del inicio del Expediente de Licitación de este concurso exponiendo las “ilegalidades” en el acuerdo y advirtiendo de las consecuencias económicas, sociales y laborales para el municipio que conllevaría seguir adelante con la privatización del servicio.
Asimismo, advierten de que acudirán a los tribunales ordinarios de Justicia y a la Fiscalía Anticorrupción en el caso de que Ciudadanos y PP continúen con esta “barbaridad y este atropello de los intereses públicos”, ha señalado el portavoz socialista.
martes, 30 de abril de 2024
Las mordidas por la compra de material sanitario en Almería salpican a la obra pública
Sus declaraciones no están entre las más esperadas de las dos comisiones que paralelamente se tramitan ante el Congreso y el Senado, pero la investigación sobre la presunta mordida percibida por Liria, ex vicepresidente de la Diputación (y destacado dirigente popular hasta hace muy poco), es una de las más avanzadas de cuantas se ha abierto en España por la compraventa de material sanitario.
También fue la primera que afectó a un cargo público. Hace apenas un mes, la jueza añadió una línea que ampliaba el foco a otras contrataciones de obra pública en la institución provincial, a petición de los investigadores de la Guardia Civil.
El 'caso mascarillas' saltó a los titulares el 15 de junio de 2021 con la detención de Óscar Liria y otras diez personas. Fue el primer aldabonazo judicial de lo que algunos estaban haciendo: aprovechar una necesidad de salud pública para enriquecerse de manera delictiva o, al menos, obscena.
Meses antes de que este medio desvelara las millonarias comisiones percibidas por Luis Medina y Alberto Luceño, de que Koldo García ofreciese mascarillas por los ministerios o de que la actual pareja de Isabel Díaz Ayuso ocultase al fisco sus ganancias, la Guardia Civil irrumpió en un despacho de la Diputación de Almería.
Los agentes de la UCO querían consultar el expediente de adjudicación de un contrato urgente de casi dos millones de euros a Azor Corporate Ibérica a cambio del suministro de mascarillas. Azor, de la que era administrador Kilian López Sole (amigo de la infancia de Liria) estaba desde hacía tiempo bajo el radar de un juzgado de Barcelona, que investigaba si formaba parte del entramado de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.
En el curso de las pesquisas, los agentes descubrieron que Azor había recibido una jugosa suma de dinero público a cambio de material sanitario. Y saltaron las alarmas. La propia Guardia Civil subrayó aquellos días que era la primera vez que se detectaba un caso de adjudicaciones irregulares para la adquisición de material sanitario con motivo del COVID-19 implicando a cargos públicos.
Paradójicamente, el PSOE andaluz de Juan Espadas ha sido en su labor de oposición mucho menos incisivo con esta “trama almeriense” de las mascarillas -que salpica colateralmente al PP de Juan Manuel Moreno- que los populares andaluces con el caso Koldo, capítulo aparte ya del diario de sesiones en el Parlamento andaluz.
Dos años después de la detención del dirigente popular almeriense, el PP revalidó su hegemonía política en esta provincia en las municipales de 2023, donde sigue gobernando la Diputación con holgada mayoría absoluta.
Óscar Liria fue detenido en su casa de Fines (Almería), donde los investigadores hallaron 26.250 euros en efectivo repartidos entre sobres y prendas de vestir. Además, detuvieron a otras diez personas, varias de ellas con relación familiar con Liria: su hermano Francisco Liria Sánchez, su primo Rodrigo Sánchez López, su tío Rodrigo Sánchez Simón (alcalde de Fines -PP-), y la cuñada de este, Hortensia López.
El primo y el tío de Liria recibieron el alto a bordo de un Mercedes, en cuyo maletero portaban una bolsa de plástico con 119.950 euros. En total, los agentes requisaron aquel día 178.895 euros. Liria fue cesado como vicepresidente de Diputación, expulsado del PP y puesto en libertad provisional 15 días después, el 30 de junio.
En total, 17 personas siguen investigadas por presuntos delitos relacionados con la corrupción (blanqueo, cohecho) en las diligencias previas que instruye el juzgado de instrucción nº 1 de Almería desde febrero de 2022, cuando llegaron desde Barcelona.
En la primera fase de la investigación los agentes concluyeron que la presunta trama había obtenido casi un millón de euros en comisiones por intermediar en el suministro de mascarillas: 945.297,61 euros de los 2.036.186,34 que pagó la Diputación Provincial de Almería (en abril de 2020) por la compra de un lote de 500.000 mascarillas FFP-2 (varios de cuyos lotes eran defectuosos), 15.570 monos de protección y 500.000 guantes de nitrilo.
Esto es, se habrían embolsado en comisiones el 46,42% del total de la inversión con fondos públicos, canalizadas a través de una empresa (Corpfam Global Investment) de la que Francisco Liria fue administrador hasta 2018, y en la que Kilian López le sustituyó desde entonces.
Los investigadores creen que Óscar Liria se llevó entre 200.000 y 400.000 euros del total, y que destinó parte del dinero a adquirir un par de vehículos de alta gama para sus familiares o inmuebles e incluso una administración de lotería en Adra a través de terceros.
Con Liria ya en el punto de mira, la UCO se fijó en algo más: había otra empresa administrada por Kilian López que estaba logrando pequeños contratos a dedo del área de Fomento de Diputación, dirigida por Liria. Así que analizaron los contratos de obra menor adjudicados a Pulconal, la mayoría de ellos para arreglar cementerios y parques infantiles de pequeños municipios almerienses.
Entre el 4 de diciembre del 2017 y el 28 de julio del 2020, Pulconal fue adjudicataria de 15 obras menores de Diputación con la “participación preponderante” de Liria. El total adjudicado fue de 375.939,05 euros. La UCO trabaja ahora en un informe sobre estas adjudicaciones.
Dos años después de estallar, la investigación parece lejos de concluir. En un auto del pasado 28 de marzo, la jueza abrió una nueva vía a petición de los investigadores: quiere que la Diputación Provincial le dé más información sobre contratos suscritos con otra empresa presuntamente integrada en la trama, OYC Servicios Urbanos.
Se trata de una entidad también con sede en Fines y cuya finalidad sería la “realización de obras de ayuntamientos y de Diputación” y su titular, el alcalde Rodrigo Sánchez, “pero que tiene a un encargado que hace las veces de gerente de la empresa”, según un testigo citado en el informe policial, al que ha tenido acceso este medio.
En ese informe constan conversaciones de Whatsapp entre Kilian López y Francisco Liria (hermano de Óscar) en las que se instruye a Pulconal para no presentar ofertas en licitaciones que OYC acabó llevándose.
15 de abril de 2020: “Francis. Más obras en el correo. Sufli y Ballarque [dos municipios de Almería], no nos presentamos! Me acaban de llamar de Diputación. Anota esas dos para que cuando lleguen no nos presentemos”, le dice López a Francisco Liria, cuyo hermano Óscar es, precisamente, el vicepresidente de Diputación encargado de firmar esas adjudicaciones.
18 de mayo de 2020: “Francis, de todos los correos que te mandé, seguro que no había ninguna adjudicación para nosotros?”, pregunta Kilian López a Francisco Liria. A lo que este responde: “Seguro. Eran 4 para otros”.
Los agentes creen que esto demuestra que la propia Diputación de Almería solicita a Pulconal no se presente a determinados contratos o que presente ofertas no competitivas, “con el aparente ánimo de orientar el procedimiento hacia una tercera empresa”.
Según la jueza, en el sumario hay “constancia y evidencia de claros indicios objetivados” de que se produjo un fraude, y quiere seguir tirando del hilo, por lo que pide el listado de los expedientes de contratación adjudicados a OYC entre 2019 y 2021, y los expedientes completos de seis de ellos (obras en parques infantiles o cementerios), con un valor total de unos 223.000 euros. También quiere saber si en ese periodo había normas o instrucciones internas que obligasen a solicitar varias ofertas para un contrato menor.
En paralelo, el caso llega al Congreso tres años después con la
comparecencia de Óscar Liria y Fernando Giménez, actual vicepresidente
de la Diputación de Almería.
martes, 16 de enero de 2024
La Corporación de Lubrín exige la dimisión como diputado provincial del alcalde de Tíjola, José Juan Martínez
Esta decisión de exigir su dimisión, surge como respuesta a la judicialización de incidentes relacionados con el Plan Acelera 2020, que según el Consistorio, han demostrado “un desprecio hacia el municipio” por parte de dicho diputado.
El conflicto se agravó tras las acusaciones por parte del diputado y la empresa Tagilis, cuestionando la veracidad de documentos administrativos emitidos por el Ayuntamiento y atentando contra el honor de sus funcionarios.
Estas imputaciones han afectado a la imagen de Lubrín y generado un profundo malestar entre sus habitantes, pese a que hasta en dos ocasiones los juzgados de Almería han dado la razón al Ayuntamiento de Lubrín y a su primer edil.
La propuesta de la Alcaldía incluye la dimisión o cese inmediato del diputado por parte del presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García (PP).
Además, se han declarado las acciones de José Juan Martínez como “contrarias a los intereses de Lubrín”, y solicitan una comisión de investigación sobre las obras realizadas por Tagilis para la Diputación en el mandato anterior, al existir indicios de posibles infracciones administrativas dado que la empresa, bien a nombre suyo o al de su cónyuge, vinieron realizando buena parte de las actuaciones cuando al frente del área se encontraba el ahora encausado por el Caso Mascarillas, Oscar Liria.
Asimismo, Lubrín ha solicitado vía moción, una visita institucional del presidente de la Diputación a la localidad para que sea él mismo quien evalúe el estado de las obras afectadas por el caso Tagilis y otras que también han sido suspendidas y que generan un importante impacto en los servicios básicos para la comunidad.
El acuerdo del pleno ya ha sido trasladado al presidente de la Diputación de Almería para su consideración y que lleve a cabo las acciones pertinentes.
domingo, 26 de noviembre de 2023
'Moderna' pagó una operación encubierta para acallar a los críticos de las vacunas
En estas amplias operaciones de vigilancia e influencia, Moderna buscó eliminar cualquier crítica o rechazo hacia su vacuna en el discurso en línea.
Moderna, la empresa de biotecnología conocida por su vacuna de ARNm contra el Covid, se hizo famosa al lanzar al público estas inyecciones, que fueron su primer y único producto.
Durante la pandemia, estas inyecciones de ARNm fueron suficientes para impulsar a Moderna a una valoración de 100.000 millones de dólares.
Ahora se informa que UnHerd ha revelado que la empresa, en lugar de centrarse únicamente en la innovación farmacéutica, se ha adentrado en el oscuro mundo de la vigilancia, la propaganda, la censura y la influencia pública.
Según el informe, Moderna ha creado una compleja red de monitoreo con el objetivo de influir en el discurso público sobre las vacunas.
La colaboración con Proyectos de Bien Público (PGP) y ex funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es un elemento central de esta operación. PGP, una ONG financiada por la industria farmacéutica, participa activamente en el objetivo de combatir lo que la compañía considera una "desinformación" sobre las vacunas.
Las importantes preocupaciones han sido suscitadas por el alcance y los métodos de esta iniciativa. Las líneas entre la defensa de la salud pública y la vigilancia corporativa estaban siendo difuminadas por el esfuerzo. De ser una empresa de biotecnología incipiente, Moderna se convirtió en un nombre familiar casi de la noche a la mañana durante la pandemia.
Las ganancias de Moderna disminuyeron a medida que la demanda de vacunas disminuyó, lo cual se debió al uso generalizado de su vacuna de ARNm y al repentino éxito que experimentaron.




