Sánchez desvela y destroza en el Congreso la impostura de un Abascal (Vox) ausente en el hemiciclo

 MADRID.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido hoy contra el líder de Vox, Santiago Abascal, por el desvío de dinero a su bolsillo denunciado por excompañeros, ironizando sobre que llegara a la política para regenerarla cuando «su patria y su bandera es un billete de 500 euros y su proyecto es forrarse». Sánchez desvela y destroza así en el Congreso la impostura de un Abascal (Vox) ausente en el hemiciclo

Sánchez ha sacado a colación estas denuncias de algunos de los que fueron compañeros de Abascal en su réplica al líder de Vox, que se ha ausentado tras agotar su turno en la sesión donde Sánchez comparece para dar explicaciones sobre la posición del Gobierno respecto de la guerra en Oriente Medio.

Este miércoles, en el pleno por la guerra de Irán, el presidente singularizó sus ataques en el líder de Vox, por el supuesto desvío de dinero a su bolsillo, denunciado por exdirigentes del partido. A fin de cuentas, la "patria" y la "bandera" de Abascal, dijo, es "un billete de 500 euros" y su proyecto es "forrarse".

En su turno de respuesta a los portavoces este miércoles, Sánchez no tenía delante a Abascal. El jefe de Vox había dado su discurso de réplica tras la primera intervención del presidente y se marchó después. El líder socialista, no obstante, sí que quiso responderle, y a la acusación de la ultraderecha de que "quiere la guerra porque el ruido oculta sus corruptelas", de que usa "cualquier desastre para tapar su corrupción", se lanzó. 

Y puso el dedo en la llaga, abordó una de las debilidades de los ultras: las denuncias internas por la red empresarial montada por la cúpula. "También se tiene que ir porque no me puede expulsar de su partido", se burló.

Pedro Sánchez ha arremetido contra el líder de Vox, Santiago Abascal, tras las acusaciones de sus excompañeros de filas. “Dice que todo esto lo hace por la patria. Y llega el señor Gallardo y dice que cobra dinero de forma ilegal. El señor Espinosa de los Monteros, asegura que Vox se ha convertido en un entramado económico que es cada vez más sospechoso y opaco. Y el señor Ortega Smith, uno de los fundadores, asegura que el señor Abascal ha convertido a Vox en su gallina de los huevos de oro”.

“Sabemos que ahora mismo el señor Abascal desvía 2,5 millones de euros de la Fundación Disenso a su bolsillo personal. El que venía a regenerar la vida democrática de nuestro país”, ha añadido para concluir que, en su opinión, “el señor Abascal no es un político, es un intermediario. Y por tanto hemos pasado de la caja B de Bárcenas del Partido Popular a la caja A de Abascal en Vox”. 

Se ha referido a las denuncias públicas que han hecho el exvicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo, el exportavoz del Congreso Iván Espinosa de los Monteros o Javier Ortega Smith, y gracias a ellas -ha subrayado- se sabe que Abascal ha desviado 2,5 millones de euros de su fundación, Disenso, «a su bolsillo personal».

Así, Sánchez se hizo eco de las denuncias públicas del exvicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo, del ex portavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros, del ex secretario general del partido Javier Ortega Smith. 

 Aunque estos hablan del desvío de 11 millones de euros públicos desde 2020 de Vox a su Fundación Disenso, Sánchez acusó a Abascal de un desvío de 2,5 millones de euros de su fundación, Disenso, "a su bolsillo personal".

Abascal, se rió, "el que venía a regenerar la vida democrática de nuestro país". 

"Con razón no está aquí, porque se le caería la cara de vergüenza, se pondría colorado", ironizó, para plantear una pregunta: si uno de sus asesores, Kiko Méndez-Monasterio, su mano derecha, cobra 27.000 euros al mes, entonces "cuánto cobra el asesorado".

 Su empresa de comunicación Tizona habría facturado a Vox solo el año pasado 1,3 millones de euros.

Es el que venía «a regenerar la vida democrática de nuestro país», ha ironizado el presidente para proponer a los diputados de su bancada que dejen de llamarse Vox «y pasen a llamarse Abascal S.L.».

«Con razón no está aquí, porque se le caería la cara de vergüenza, se pondría colorado», ha sostenido Sánchez que ha vuelto a plantear que si uno de los asesores de Abascal cobra 27.000 euros al mes, «cuánto cobra el asesorado».

 Según Sánchez, las evidencias se acumulan y ponen de relieve que el líder de Vox no es un político sino un intermediario: «hemos pasado de la caja B de Bárcenas del PP a la caja A de Abascal en Vox».

 También ha recordado en este sentido que su partido acumula tres investigaciones por parte del Tribunal de Cuentas por donaciones irregulares, préstamos vinculados al primer ministro de Hungría, Víktor Orban, «claramente pro Putin», además de reconocer -ha afirmado Sánchez- que el 80 % de la campaña de las europeas de 2014 «fue pagada con dinero iraní».

La consecuencia es que las evidencias cada vez pesan más y apuntan a que el líder de Vox no es un mero político, sino "un intermediario". 

 Y entonces trazó la línea, la comparación entre la corrupción de los populares y la presunta corrupción de Vox: "Hemos pasado de la caja b de [Luis] Bárcenas del PP a la caja a de Abascal en Vox".

Sánchez recordó que la formación de ultraderecha acumula tres investigaciones por parte del Tribunal de Cuentas, multas por más de un millón de euros, préstamos para las elecciones del año 2023 por valor de 9,2 millones de euros por el primer ministro de Hungría, Víktor Orbán, "que es claramente pro Putin", y el 80% de la campaña de las europeas de 2014 "fue pagada con dinero iraní".

 "Con dinero iraní", remarcó, para hacer ver la paradoja. El presidente acabó con una propuesta a la bancada ultra: que dejen de llamarse Vox "y pasen a llamarse Abascal SL", dado que la "patria y la bandera" del jefe del partido "es un billete de 500 euros".

 "Aquí Abascal está para forrarse", resolvió.

 Ver vídeo:

https://youtu.be/Z2WbF-Okwzc?si=nT_WWyur8oDu7eJj 

ERC pide en el Congreso blindar el honor de las víctimas ante documentales sobre casos como el de Gabriel Cruz

 MADRID.- El grupo parlamentario republicano, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con la que reclama reforzar las garantías legales del derecho al honor, la dignidad y la intimidad de las víctimas de violencia machista y vicaria ante la producción y difusión de documentales y series del género conocido como 'true crime', centradas en crímenes mediáticos como el asesinato en 2018 del pequeño Gabriel Cruz en Níjar (Almería).

Según recoge el Boletín Oficial de las Cortes Generales, la iniciativa ha sido presentada por la diputada Pilar Vallugera y cuenta con el respaldo del portavoz Gabriel Rufián para su debate en la Comisión de Igualdad. 

El texto advierte de que "la explotación mediática del dolor de las familias, sin su consentimiento ni participación, constituye una forma de revictimización secundaria" y recuerda que este fenómeno ha sido reconocido por organismos internacionales como la ONU y el Consejo de Europa.

La proposición recuerda el caso de Patricia Ramírez, madre de Gabriel, quien en 2024 emprendió una serie de acciones judiciales para frenar la producción y emisión de un documental el cual contaría con la participación directa de su asesina, Ana Julia Quezada, pese a que la misma cumple pena en la cárcel de Brieva (Ávila). 

La propia condenada llegó a alegar que los ingresos obtenidos con estas grabaciones servirían para cubrir la responsabilidad civil con la familia.

ERC subraya que este episodio evidenció las "grietas legales" que permiten a personas condenadas por delitos de "extrema gravedad" colaborar en producciones que "reabren heridas y vulneran la dignidad de las víctimas". 

El texto cita como referencia la legislación vigente en materia de honor, intimidad y protección de menores, pero advierte de que en la práctica los tribunales suelen dar prioridad a la libertad de expresión y de información, lo que deja a las familias en una situación de "desamparo" al no contar con mecanismos para impedir estas producciones.

La propuesta de ERC insta al Ejecutivo central a "impulsar las reformas normativas pertinentes para impedir la producción, difusión y reproducción" de este tipo de contenidos cuando no exista consentimiento expreso de las víctimas o de sus familiares, y a "impedir igualmente la participación" de personas condenadas en estos proyectos.

El caso del pequeño Gabriel Cruz, conocido como 'pescaíto', conmocionó al país tras su desaparición el 27 de febrero de 2018 en Las Hortichuelas de Níjar. 

Se organizó un amplio dispositivo de búsqueda que movilizó a cientos de agentes, voluntarios y vecinos durante doce días hasta que, el 11 de marzo, fue hallado sin vida, un crimen que impactó profundamente a la sociedad y que convirtió a Quezada en la primera mujer condenada en España a prisión permanente revisable.

Sánchez le recuerda a Feijóo que su antecesor, Pablo Casado, denunció las corruptelas de la señora Isabel Díaz Ayuso y su entorno familiar

 MADRID.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha arremetido este miércoles en el Congreso contra el jefe de la Oposición, Alberto Núñez Feijóo, al decirle que  él no tiene "ningún miedo a las elecciones", pero que las generales se harán cuando tocan y le ha acusado de haber "medrado" en su partido a costa de "tapar la corrupción": "Lleva 25 años consintiendo", le ha espetado.

"La triste verdad es que usted lleva 25 años conviviendo, consintiendo y auspiciando las corruptelas del partido, que es el más condenado por casos de corrupción de la historia democrática en nuestro país. Usted ha medrado a base de tapar la corrupción en el suyo", le ha soltado.

Se ha retrotraído a su carrera en el PP gallego que, ha apuntado, "que se financiaba de forma irregular con los tejemaneje de Crespo y la complicidad de Manuel Fraga. Después, ha proseguido, Feijóo alcanzó puestos "de máxima responsabilidad y remuneración" bajo los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, "a base de mirar a otro lado".

"Y obtuvo la presidencia nacional del PP a base de defenestrar al señor (Pablo) Casado, que entre otras cosas lo que hizo fue denunciar las corruptelas de la señora (Isabel Díaz Ayuso) y su entorno familiar", ha rematado, antes de volver a sacarle su foto con el "narcotraficante" Marcial Dorado. 

"De todos los que estamos aquí, señor Feijóo, el único que ha mantenido una relación estrecha con un delincuente condenado es usted", ha incidido.

Asimismo, ha protestado de la "doble moral" que, a su juicio, practica el PP, según la cuál él tenía "que saber todo lo que hacía el señor Cerdán, a espaldas del partido, pero en cambio el señor Rajoy no podía saber que los sobres que recibía eran ilegales, o la señora Ayuso que el ático en el que vive está a nombre de un testaferro".

También ha sacado a colación la ponencia política aprobada por el PP en su congreso nacional del pasado fin de semana y se ha ido a leer la página 34 de la misma para informar a la Cámara de la que ha bautizado como "cláusula Quirón".

"Darle la vuelta a la relación entre el contribuyente y la administración tributaria, incorporando el derecho al error en el ordenamiento tributario español para minimizar las consecuencias de los errores que se puedan producir en las declaraciones fiscales y reducir la indefensión del contribuyente", ha detallado, antes de traducir al "cristiano" que si el PP gobierna "va a introducir una reforma medida para salvar al novio de la señora Ayuso", investigado por haber defraudado al fisco.

"¡Es impresionante, el descaro es total, y luego hablan de autoanministías! ¡Pero qué despropósito, qué descaro, qué desvergüenza y qué ley del embudo! Subir aquí a decir que si gobiernan, van a aplicar una autoamnistía a la pareja de la señora Ayuso", ha clamado.

El presidente ha insistido en que es consciente de que la gente está "enfadada y decepcionada" con él y "con toda la razón", pero ha recalcado a Feijóo que también sabe que la gente "no es ciega" y sabe que "la indecencia de unos pocos no define al resto" y que ni José Luis Ábalos ni Santos Cerdán "eliminan siete años de una extraordinaria gestión".

"Es injusto que ustedes nos pidan borrarnos del mapa por tres personas que han podido cometer casos de corrupción cuando el Partido Popular no se ha movido una silla por 228 fallecidos en la dana, ni con 7.291 fallecidos en las residencias de Madrid", ha apostillado.

Y, en este contexto, ha asegurado que no tiene "ningún miedo a las elecciones", pero que se tienen que convocar "cuando tocan".

 "Las legislaturas son de cuatro años, y tienen que estar, dos años más en la oposición. Da la sensación de que están ustedes diciendo que van a ganar las elecciones y luego les pasa lo que les pasa, que siguen en la oposición", le ha dicho a Feijóo.

También se ha referido a las "cacofonías" sobre los pactos o los "cordones sanitarios" a Vox que, según ha dicho, se han escuchado en el congreso nacional de los 'populares'.

 "Luego ha dicho (Miguel) Tellado que quieren gobernar y solitario y yo también pero los españoles nos dicen que tenemos que pactar", le ha recordado, antes de apuntar que su problema es que "no pueden llegar a acuerdos salvo con Vox".

"Si a ustedes les avergüenza decir que van a pactar con Vox y gobernar con ellos, ¿por qué creen que se van a sentir orgullosos el resto de españoles y españolas? 

Toda su candidatura se construye en una gran mentira, señoría, la promesa de una independencia, de una autonomía que no tiene porque es sólo un títere de la extrema derecha que se ha apoderado de su partido y también de su ideología", ha zanjado.

Vox denuncia que el PP vota en contra en el Congreso de derogar el Pacto Verde y se abstiene en la aprobación del Plan Nacional del Agua

MADRID.- La diputada de Vox por Murcia, Lourdes Méndez, ha denunciado hoy la “incoherencia y la actitud engañosa” del Partido Popular tras votar en contra de la iniciativa presentada por Vox en el Congreso de los Diputados que incluía tanto la derogación del Pacto Verde Europeo como la aprobación de un Plan Nacional del Agua con interconexión de cuencas, absteniéndose en este último punto.

“Desde Vox denunciamos que el PP haya votado en contra y se haya abstenido en distintas propuestas fundamentales para las familias españolas. En primer lugar, han votado en contra de la derogación del Pacto Verde Europeo, prefiriendo seguir los dictados de Bruselas antes que defender los intereses de los españoles”, ha señalado.

“Recordemos que la derogación del Pacto Verde era un requisito que la Región de Murcia había establecido para aprobar los presupuestos regionales”, ha añadido Méndez.

La diputada ha destacado además la contradicción del PP en relación con el Plan Nacional del Agua. “Es un verdadero engaño que el señor Feijóo estuviera ayer en Murcia prometiendo un Pacto Nacional del Agua si llega a La Moncloa, y que hoy en el Congreso el PP se haya abstenido en la aprobación de un Plan Nacional del Agua que contemplara la interconexión de cuencas. Eso sí, Feijóo ha venido a votar, pero su voto ha sido de abstención”, ha criticado.

Finalmente, Méndez ha concluido señalando que “tenemos un Partido Popular que dice una cosa en un sitio y otra en otro. Que habla de derogar el Pacto Verde en la Asamblea Regional y luego en el Congreso vota en contra. Que promete un Plan Nacional del Agua en Murcia y luego se abstiene en el Congreso cuando se propone aprobarlo. Estamos ante un partido que traiciona y engaña a las familias españolas.

Interrogatorio de Javier Aureliano García en la comisión de investigación por el 'caso mascarillas' de Almeria

 MADRID.- La diputada por Madrid y ponente de la Comisión de Investigación sobre las mascarillas, Mercedes González, ha afeado hoy al presidente de la diputación de Almería y presidente del PP en esta provincia, Javier Aureliano García, que haya calificado de "impoluto" el el contrato que adjudicó la institución para la compra de mascarillas por más de dos millones de euros a la empresa Azor Corporate, que está siendo investigado por un presunto caso de cobro comisiones ilegales.

Así lo ha expresado la parlamentaria socialista hoy en su intervención en la Comisión de investigación del Congreso sobre los procesos de contratación de emergencia de material sanitario por parte de las Administraciones públicas durante la crisis de la Covid-19, en la que ha comparecido García.

La ponente socialista ha recordado que el 15 de junio de 2021 la UCO irrumpió en la Diputación de Almería para requisar todo lo que tuviera relación con el contrato de más de dos millones de euros en mascarillas que esta institución firmó con Azor Corporate. 

Asimismo, la diputada ha lamentado que tras esta intervención “saltaran todas las alarmas” en torno a las irregularidades y presuntas mordidas en este caso, ya que “detectan que su administrador, Kilian López, está investigado por colaborar con el narcotráfico, que recibió casi un millón de euros, la mitad de lo que pagó la diputación a dicha empresa” .

Por otro lado, en respuesta a las preguntas de Mercedes González sobre el anterior vicepresidente de la Diputación, Oscar Líria, detenido por la trama de las mascarillas en Almería, el compareciente ha defendido que la participación de Líria durante la compra de material se limitó a “poner sobre la mesa” el nombre de la empresa con la que contrataron, Azor Corporate, pero ha negado tener conocimiento de que se estuviesen pagando comisiones. La ponente socialista ha lamentado que lo nieguen todo y sin embargo, “tres años después sigan teniendo a 17 personas investigadas por este contrato por delitos relacionados con la corrupción, blanqueo de capitales y cohecho”.

La diputada socialista ha puesto en entredicho que el compareciente haya dicho que “no se enteró de nada” cuando ha estado 13 años con diversos cargos en la Diputación y el partido y también ha criticado que se normalizara que el abogado que atendió a Óscar Líria, fuera contratado a posteriori por la propia Diputación en dicha causa.

El Congreso, sólo con el voto a favor de PP y PSOE, aprueba que haya aumento del gasto militar

 MADRID.- El Congreso ha rechazado este jueves oponerse al aumento del gasto militar y al plan de rearme de la Unión Europea (UE) con el voto de PP y PSOE, en una votación que ha servido para demostrar las discrepancias en el seno del Gobierno de coalición en materia de defensa y seguridad, ya que Sumar ha votado en contra de eso y ha apoyado que España abandone la OTAN.

La iniciativa del BNG incluía puntos para rechazar las "amenazas" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Groenlandia y Panamá y su plan para la Franja de Gaza, que sí han concitado el acuerdo de las dos partes del Ejecutivo.

Por otra parte, el Congreso ha rechazado una iniciativa del PP que pedía al Gobierno, entre otras medidas, someter a votación en el Congreso las decisiones relativas al gasto militar y a la guerra de Ucrania, con los votos en contra de PSOE y Sumar y la abstención de Vox y Junts.

El Congreso tumba la Agencia Estatal de Salud Pública

 MADRID.- El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves el proyecto de Ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), lo que obligará a empezar su tramitación desde cero. El dictamen que se había aprobado en comisión con el único voto en contra de Vox, ha sido ahora abatido en el Pleno de la cámara porque PP y Junts se han pasado al 'no' en protesta por el veto del Gobierno a una serie de enmiendas referidas a otra norma.

En concreto, la Agencia ha caído con 176 votos en contra frente a los 167 que han sumado el PSOE, Sumar y el resto de aliados parlamentarios, y dos abstenciones.

Ahora, tras rechazarse el dictamen, la Agencia Estatal de Salud Pública deberá volver a empezar con la presentación de un nuevo proyecto de ley el Gobierno o con una proposición de ley de los grupos parlamentarios.

 "Vamos a estudiar la manera de volverla a traer", ha dicho la ministra Mónica García en los pasillos del Congreso.

El voto de PP y Junts no tiene que ver con la Ley de Agencia de Salud Pública, pues de hecho los 'populares' hablaban inicialmente de introducir mejoras en la ley a su paso por el Senado. 

El cambio ha surgido porque una bronca surgida minutos antes por la decisión del PSOE de negarse a aplazar la votación de la Ley de desperdicio Alimentario, en la que el Gobierno hizo eliminar enmiendas que el Senado había aprobado en contra de su criterio. 

El PP y Junts, junto con ERC, pidieron aplazar la ley de agricultura hasta que la Mesa del congreso resolviese sus recursos, pero como los socialistas se negaron, optaron por tumbaron la de Sanidad.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado las interrupciones del PP por su disconformidad con el orden del día: "Lo primero, quería pedir perdón en nombre de esta Cámara por el espectáculo lamentable que nos está ofreciendo nuevamente el PP", ha señalado, al tiempo que ha lamentado el comportamiento de la derecha en un día que, a su juicio, "debería ser felicidad".

En este punto, García ha defendido que, después de la pandemia de Covid-19, uno de los "deberes más urgentes" era la creación de la Agencia. "Un organismo diseñado para reforzar nuestra capacidad de vigilancia, mejorar la coordinación entre administraciones y dotarnos de una respuesta más ágil. Se trataba de construir un sistema de prevención del siglo XXI capaz de anticiparse a los desafíos", ha apuntado García.

La ministra ha asegurado que la pandemia "pilló con el pie cambiado" y "con los radares apagados", algo que "no puede volver a pasar", por lo que ha justificado la creación del organismo, al tiempo que ha recordado que las competencias en materia de vigilancia continuarán en las comunidades autónomas.

"Esta ley es un granito de arena más en contra de todos los negacionismos presentes en la sociedad. España va en la dirección correcta, está a la altura de los retos que tiene por delante y está preparada para abordarlos. Esta ley es una deuda del pasado, pero sobre todo es un compromiso con el futuro", ha destacado la ministra de Sanidad.

Por su parte, la diputada del PSOE Carmen Martínez ha celebrado que la Agencia es un "ítem de excelencia" en el sistema sanitario y ha recordado que incluye el concepto de 'One Health': 

"Que tiene en cuenta factores como el cambio climático y, por supuesto, el estilo de vida".

Durante su intervención, García también ha defendido y agradecido el trabajo que realizó en la pandemia el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, quien no descarta presidir la nueva Agencia.

"Gracias y mil veces gracias por estar ahí, por dar la cara, por tu profesionalidad, por hacerte cargo de la salud de todo un país y por aguantar los insultos", ha señalado García al director del CCAES, que ha estado presente en el Pleno.

En contra, la diputada del PP María del Mar Vázquez ha dudado sobre la independencia de la Agencia, al tiempo que ha asegurado que "va a acabar siendo un chiringuito".

 "Mal vamos si antes de que nazca esta Agencia ya conocemos al que se postula como director de la misma, Fernando Simón. El portavoz de las mentiras institucionales, la marioneta del Gobierno que disfrazaba de ciencia las instrucciones que recibía", ha achacado la 'popular'.

En este punto ha coincidido el diputado de Vox, David García, quien ha calificado a Fernando Simón como "títere" del Gobierno durante la pandemia de Covid-19.

 "Esta agencia dijimos que podría convertirse en un chiringuito para colocar a los suyos y no nos equivocábamos. El infame señor Fernando Simón, aquí presente, funesto portavoz del Gobierno de Sánchez durante la pandemia, el mismo que reconoció haber sido testigo de mentiras flagrantes por parte de este Gobierno, se postula ahora como candidato a dirigir esta agencia", ha señalado.

Luz verde definitiva a la Ley de Desperdicio Alimentario

El pleno del Congreso ha dado este jueves luz verde definitiva a la Ley de Desperdicio Alimentario, tras el debate de las enmiendas introducidas por la Cámara Alta. La norma aprobada por el Gobierno en enero de 2024, promueve la donación de alimentos sobrantes en el sector de la distribución, obliga a los establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados a suscribir convenios de colaboración con ONG para esta donación y contempla sanciones por incumplimiento.

La nueva norma establece una jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos que inevitablemente se conviertan en desperdicio alimentario, siendo la prioridad máxima el consumo humano, a través de la donación o redistribución de los alimentos.

En el segundo orden de prioridades se contempla la transformación de los alimentos que no se hayan vendido pero que mantengan condiciones óptimas de consumo, que se transformarán en otros productos, como zumos o mermeladas.

 Cuando los alimentos ya no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será, por este orden, la alimentación animal y fabricación de piensos; el uso como subproductos en otra industria y, ya como residuos, la obtención de compost o biocombustibles.

En cuanto a bares y restaurantes, tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse los alimentos que no haya consumido sin coste adicional alguno en envases reutilizables o fácilmente reciclables y se enfrentarán a sanciones de no hacerlo.

Asimismo, el proyecto de ley establece una serie de medidas de buenas prácticas, tanto para la administración como los distintos eslabones de la cadena, para evitar el desperdicio.

 Por ejemplo, contempla que los establecimientos comerciales dispongan de líneas de venta de productos considerados "feos, imperfectos o poco estéticos", o promover el consumo de productos de temporada, de proximidad o ecológicos.

Además, la norma anima a incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, de acuerdo con la jerarquía de prioridades de uso. En este sentido, prevé que el Gobierno adopte políticas y medidas para fomentar la adecuación de las fechas de consumo preferente a la prevención del desperdicio.

En cuanto al Gobierno, la norma contempla que deberá elaborar un Plan Estratégico para la prevención y reducción de pérdidas y desperdicio alimentario, que se revisará cada cuatro años y definirá la estrategia general contra el desperdicio, así como las orientaciones y estructura que deberán seguir las CC.AA. 

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en consulta con otros ministerios relacionados con la materia, deberá elaborar un Plan Nacional de control de las pérdidas y desperdicio alimentario.

Al margen de este texto, la norma ha incluido tres enmiendas del Senado aprobadas para rebajar la protección al lobo. Por otro lado, el PP pidió aplazar el debate del texto después de que la Mesa de la Cámara vetase varias enmiendas que hace una semana aprobó el Senado en contra del criterio del Gobierno.

El Gobierno aprueba la ley para prevenir el consumo de alcohol en menores

  MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley de prevención del consumo de bebida alcohólicas y sus efectos en los menores de edad, un texto que recoge, entre otras medidas, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan realizar pruebas de alcoholemia a menores y mayores de edad en lugares y circunstancias específicas donde el consumo de alcohol esté prohibido, como colegios e institutos.

De este modo, los agentes de Policía y Guardia Civil realizarán pruebas no invasivas como el etilómetro y podrán ser repetidas a petición de la persona afectada. En cuanto a las sanciones, la multa impuesta a los menores de edad por la comisión de la infracción leve relacionada con el consumo de alcohol podrá ser suspendida a cambio de la participación en programas preventivos de sensibilización y concienciación o rehabilitadores en función de cada caso.

Esta es una de las medidas de este proyecto que fue presentado el 30 de julio al Consejo de Ministros, elevado a audiencia e información pública en agosto y que ahora es aprobado por el Consejo. El texto, que ahora seguirá su trámite parlamentario, surge de las recomendaciones de la Ponencia 'Menores sin alcohol' de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas y que tiene como objetivo prevenir el consumo de alcohol, retrasar la edad de inicio y reducir los episodios de consumo intensivo en este grupo vulnerable.

"Esta es una ley pionera que armoniza todas las leyes que teníamos a lo largo de nuestro territorio, leyes de las comunidades o leyes incluso municipales que abordaban este problema. Armoniza todas las medidas que ya estaban en marcha y añade unas medidas nuevas", ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Asimismo, el proyecto de Ley prohíbe el consumo de alcohol para todas las personas en centros de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas elementales artísticas, aunque sí que estará permitido el alcohol en universidades. Tampoco se podrá beber en centros de protección de menores y residencias de estudiantes que admitan a personas menores de edad.

El alcohol también estará prohibido en centros deportivos, de ocio o espacios dedicados a espectáculos públicos cuando haya sesiones que se hayan concebido específicamente para personas menores de edad.

"No existe una cantidad segura de alcohol de cualquier tipo que no implique un impacto negativo en la salud. Tenemos que desterrar de nuestro imaginario esa idea arraigada y anticientífica que dice que puede haber algunos beneficios en la salud con el consumo moderado", ha afirmado García.

El texto recoge la prohibición del emplazamiento de publicidad de bebidas alcohólicas en la vía pública en un radio de 150 metros de centros educativos, centros sanitarios, de servicios sociales y socio-sanitarios y de parques y lugares de ocio infantil.

Esta medida entrará en vigor un año después de la publicación de la ley, sin afectar a aquellas situaciones ya existentes antes de ese momento. "Cabe decir que las bebidas fermentadas que tengan menos de un 0,5% de alcohol estarán permitidas", ha indicado García.

Además, se prohíbe cualquier forma directa, indirecta o encubierta de publicidad de bebidas alcohólicas o productos que simulen ser una bebida alcohólica incluyendo el nombre comercial, la denominación social, símbolos o marcas comerciales de las personas o empresas productoras de dichas bebidas, dirigida a personas menores de edad.

Tampoco se podrá usar en la publicidad la imagen o la voz de personas con menos de 21 años; personas mayores de edad cuando se presenten caracterizadas o disfrazadas de personas menores de edad; personas o personajes, reales o de ficción, cuya relevancia pública o su popularidad estén vinculadas con la población menor de edad, mujeres en estado de gestación, aunque hayan prestado su consentimiento, o la imagen de un feto.

Al ser preguntada por si Sanidad se ha reunido con representantes del sector para consensuar la ley, García ha asegurado que han mantenido encuentros "con todo el mundo", aunque ha señalado que la ley se ha hecho "con un eje fundamental", que es "la protección de los entornos de los menores y de los adolescentes".

Así, el proyecto de Ley permite que las Administraciones públicas en materia de planificación urbanística puedan valorar, con el objetivo de prevenir el consumo de alcohol en personas menores de edad, la limitación de apertura de nuevos establecimientos.

"Teniendo en cuenta la concentración de puntos de venta minorista de bebidas en las inmediaciones de centros educativos, de protección social de personas menores de edad o establecimientos en los que se desarrollen espectáculos o actividades recreativas públicas destinadas a menores de edad", señala el proyecto.

Además, el suministro automático de bebidas alcohólicas requerirá que las máquinas de dispensación incorporen mecanismos técnicos "eficaces, con vigilancia y custodia directa", que permitan impedir su adquisición por personas menores de edad. Estas máquinas no podrán instalarse en la vía pública, ni en lugares donde esté prohibida la venta o consumo de bebidas alcohólicas.

Por su parte, los establecimientos de autoservicio deberán limitar un espacio concreto dentro del local para exponer las bebidas alcohólicas, que esté separado de los espacios con productos específicamente destinados a las personas menores de edad.

Al hilo, los establecimientos dedicados mayoritariamente a la venta de productos para personas menores de edad, no podrán venderse bebidas alcohólicas ni otros productos que los imiten, ni exhibirse en los escaparates o en el interior.

El texto permite desarrollar protocolos para detectar el consumo de alcohol en menores y fomenta la inclusión de registros de consumo en la historia clínica. En caso de que un menor de 16 años sea atendido en los servicios de urgencias por intoxicación etílica, será objeto de una evaluación integral que implicará a sus padres.

El proyecto también promoverá la inclusión de nuevos contenidos sobre prevención del consumo de alcohol en primaria, secundaria, formación profesional, bachillerato y planes de estudios universitarios y de formación del profesorado.

También se implementarán programas para concienciar a las familias sobre los riesgos del alcohol y dotarlas de herramientas para prevenir su consumo en menores.

Podemos confirma su "radical voto en contra" de la ley migratoria

 MADRID.- Podemos se ha reafirmado este jueves en que votará "radicalmente en contra" de la delegación de parte de las competencias de inmigración a Cataluña pactada entre el PSOE y Junts y ha replicado a las críticas que les ha dedicado la portavoz de los independentistas en el Congreso, Míriam Nogueras, lanzándole una primera propuesta: "No ser racistas".

Esta ha sido la respuesta de la formación morada a las palabras de Nogueras, después de que ésta reprochara a Podemos que se "quejan por todo" en vez de hacer propuestas.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra ha contestado mediante un mensaje la red social 'X' directamente a Nogueras: "Primera propuesta, no ser racista".

Por su parte, el secretario de Organización del partido morado ha advertido a Junts que "van a votar radicalmente en contra" y que no pretendan "esconder su racismo" con las legitimas aspiraciones de autogobierno en Cataluña.

Es más, ha retado a la formación catalana a tratar de sacar su proposición de ley con PP y Vox, que tienen una postura similar a Junts en materia de migración, aunque aprecia que están también en el "no" por motivos tácticos.

Además, Fernández ha incidido en que el texto legislativo acordado por PSOE y Junts en realidad busca "descentralizar" el racismo y no las competencias migratorias.

"Esto es evidente tanto por la motivación política del acuerdo como por su contenido explícito en una exposición de motivos, que contiene marcos de la derecha y de la ultraderecha. Es un acuerdo que normaliza el racismo institucional, que legitima el racismo", ha ahondado el dirigente morado, para reprochar luego que tampoco cierra los Centro de Internamiento de Extranjeros ni prohíbe las devoluciones en caliente en frontera.

De hecho, ha lanzado una advertencia a Junts al espetar que "no pretendan esconder su racismo detrás de las legítimas demandas de autogobierno del pueblo catalán".

 "No se puede pretender hacer políticas racistas con los votos de izquierdas y, por tanto, no van a contar en ningún caso con los votos de Podemos para este acuerdo", ha insistido.

Fernández ha explicado que Junts ya les ha enviado algún mensaje pero su postura es firme y clara a la hora de rechazar los términos de la proposición de ley. 

Por ello, les ha invitado a intentar sacar adelante su texto con PP y Vox, con los que coinciden ideológicamente en materia de inmigración aunque también se suman al voto en contra por "razones de tacticismo político".

Finalmente, ha defendido que la prioridad del bloque de investidura en el Congreso debe consistir en aprobar de una vez la Iniciativa Legislativa Popular para regularizar a más de medio millón de migrantes irregulares.

El Gobierno aprueba el anteproyecto para crear el registro de medios de comunicación, que controlará la CNMC

  MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio Digital y Función Pública, el anteproyecto de Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, con el que se prevé crear un registro estatal de medios de comunicación accesible a los ciudadanos, y que controlará la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).

Así lo ha anunciado este martes el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro. En este registro, según fuentes de su departamento, los medios deberán inscribir su estructura de propiedad y los fondos públicos (nacionales y extranjeros) que reciben en concepto de publicidad.

Las mismas fuentes señalan que será un procedimiento dirigido por la CNMC para evaluar los procesos de concentración de medios y "garantizar, de esta manera, que se respete la pluralidad informativa y la independencia editorial".

En este sentido, López ha destacado que el registro de medios de comunicación dependerá de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y no del Gobierno.

"Es registro de medios, tal y como establece la legislación europea, tendrá que contener la propiedad de los medios, transparencia absoluta sobre la propiedad de los medios y también sobre la publicidad institucional que reciben esos medios", ha manifestado.

El ministro ha recalcado que los medios tendrán que "mantener actualizada" esa información en ese registro que tendrá la CNMC, que será quien "vele por el cumplimiento de esta normativa europea".

De este modo, con esta ley el Gobierno atribuyen esa competencia a la CNMC para, como ha comentado López, "tenga ese registro y para que haya esa transparencia sobre la propiedad y sobre la financiación pública a través de campañas institucionales de los medios de comunicación".

Para el responsable de Transformación Digital, se trata de una ley "importante que refuerza a todos, a los derechos de todos los ciudadanos".

 "Y mucho más en un contexto como el actual, donde hemos visto retrocesos, por ejemplo, en sistemas de verificación, en redes sociales, en medios de comunicación".

Esta norma, que adaptará el ordenamiento jurídico español a la normativa europea sobre servicios digitales y medios de comunicación, "propicia un entorno digital seguro, predecible, plural y fiable tanto para la innovación tecnológica como para el acceso a la información".

Además, busca reforzar el derecho de los ciudadanos a acceder a una información veraz en un entorno mediático plural y, para ello, establece la creación de un registro estatal de medios de comunicación accesible a los ciudadanos, donde deberán inscribir su estructura de propiedad y los fondos públicos (nacionales y extranjeros) que reciban en concepto de publicidad, así como un procedimiento, dirigido por la CNMC, para evaluar los procesos de concentración de medios y garantizar, de esta manera, que se respeta la pluralidad informativa y la independencia editorial.

En cuanto a los servicios digitales, la ley "avanzará en la protección de los derechos digitales y en la defensa de la calidad de la democracia".

Para ello, se nombra a la CNMC coordinador de servicios digitales, con lo que colaborará con la Comisión Europea para velar por que los proveedores de servicios digitales (plataformas y buscadores) cumplan con el Reglamento europeo de servicios digitales; designar 'alertadores fiables', que son entidades acreditadas para alertar sobre contenidos ilícitos; propiciar que los proveedores de servicios de internet se doten de canales de denuncia de contenidos ilícitos; exigirles transparencia sobre los criterios de recomendación del algoritmo y sobre la publicidad presente en sus plataformas; y proteger a los consumidores cuando realizan contratos online.

En relación con el registro de la CNMC, López ha incidido en que han decidido cumplir con la normativa europea "que exige que haya un registro de medios donde se vea la propiedad de los medios, la financiación a través de campañas públicas y también evitar la concentración para que haya pluralismo".

 "El Gobierno de España ha decidido que esa competencia recaiga en una autoridad independiente como es la CNMC", ha aseverado.

"La palabra es transparencia y yo creo que los ciudadanos merecen saber quién es el propietario de un medio, qué financiación pública recibe de campañas de comunicación institucional o si se produce una concentración", ha comentado.

En este punto, López ha explicado que para acceder y para formar parte del registro que exige Europa para formar parte de los medios de comunicación, hay que "tener transparencia sobre la propiedad, sobre la financiación pública y también sobre la concentración".

"Europa dice que tiene que haber un registro donde se vea la propiedad y se establezcan esos límites", ha insistido el ministro, destacando que esos límites "se discutirán con Europa y se abordarán en la CNMC cuando se haga el reglamento".

Esto, según ha advertido, en materia de medios digitales "es mucho más difícil" porque las televisiones "son pocas y es fácil".

 "Pero eso es una discusión que habrá que tener con Europa", ha apostillado.

El PSOE expedienta a Lorenzo por faltar a la reunión que debía vetar el acuerdo PP-Junts del impuesto eléctrico

 MADRID.- La dirección parlamentaria del Grupo Socialista en el Congreso ha abierto un expediente sancionador al diputado almeriense Juan Antonio Lorenzo por no haber asistido a la reunión de la Mesa de Comisión de Transición Ecológica en la que los partidos del Gobierno iban a vetar las enmiendas del PP y de Junts que al final posibilitaron el acuerdo de estos partidos para dejar sin efecto el impuesto de producción eléctrica. Se expone a ser multado con 1.200 euros.

La Mesa de la Comisión de Transición Ecológica, que preside la ex ministra socialista Cristina Narbona, se reunió el pasado lunes para revisar las enmiendas planteadas por los grupos a la ley del régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y examinar los vetos del Gobierno para frenar aquellas propuestas que considera lesivas para política presupuestaria, sea por exceso de gasto o por merma de ingresos.

Pero la ausencia de Lorenzo dejó a PSOE y Sumar sin mayoría en la Mesa de la comisión y dos enmiendas del PP y de Junts se salvaron de ser vetadas; hubo un empate a dos entre Gobierno y PP y al final el veto decayó y las enmiendas pudieron seguir su curso.

Y precisamente esas dos enmiendas fueron la base de los acuerdos entre PP y Junts que se aprobaron después, doblegando al Gobierno, en la ponencia que iba a debatir la ley. Uno de ellos, la rebaja a tipo cero del impuesto a la producción eléctrica con el que cada año el Estado recauda entre 1.000 y 1.500 millones de euros.

Según publica 'El Independiente', la secretaria general del Grupo Socialista, Montse Minguez, tuvo que llamar el lunes al diputado para tratar de localizarlo y Lorenzo le explicó que tenía una urgencia familiar y que no sabía que la reunión de la mesa iba a ser tan relevante.

En todo caso, la dirección parlamentaria del PSOE ha decidido abrir el expediente sancionador dado que el episodio ha provocado una derrota del Gobierno en una ley, algo que no parece sencillo de arreglar. 

De momento, el PSOE y Sumar han decidido congelar la tramitación de la ley buscando la fórmula para revocar el acuerdo de PP y Junts.

Fuentes socialistas han confirmado que Lorenzo se enfrenta a dos multas de 600 euros, una por cada enmienda que no se pudo vetar, lo que supondrá un total de 1.200 euros, algo más del suplemento de 802 euros que percibe mensualmente como secretario de la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica.

El PP lleva al Congreso un plan para derogar la tasa de residuos obligatoria para los ayuntamientos en 2025

 MADRID.- El PP defenderá en el Pleno del Congreso de la próxima semana una iniciativa para exigir que se derogue la obligatoriedad de implantar y aplicar, a partir de abril de 2025, una tasa de residuos al 100% de los municipios.

La obligación de fijar esa tasa se introdujo en 2022 mediante la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En su proposición no de ley, el Grupo Popular esgrime que la tasa ya está suponiendo un "quebradero de cabeza" para los ayuntamientos, encargados de su aplicación.

En concreto, el PP explica en su propuesta que muchos ayuntamientos vienen financiando todo o parte de los servicios de basuras con recursos generales del presupuesto municipal, pero ahora no podrán hacerlo al tener la obligación de cubrir con la tasa el 100% del coste del servicio de basuras, porque la tasa no puede ser deficitaria. Así, dicen, los ayuntamientos "se ven obligados a repercutir al ciudadano" la tasa.

A esto el PP suma una petición para que el Gobierno respete la autonomía municipal y reconozca "la libertad de los ayuntamientos para establecer sus propios tributos", permitiendo que las entidades locales puedan aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos, con recursos económicos disponibles en el presupuesto municipal. 

A su vez, los 'populares' demandan realizar un estudio del impacto pormenorizado que permita definir el coste por servicio en la gestión de los residuos.

Justo el PSOE llegó a un acuerdo con ERC, Bildu y BNG para que los ayuntamientos puedan minorar el coste de esa tasa mediante el importe recaudado por un impuesto que grave las estancias turísticas.

Dicho acuerdo se plasmó en una enmienda transaccional que se iba a votar en el Pleno del Congreso que debatía la ley del impuesto a las empresas multinacionales, pero como requería unanimidad de todos los grupos, su votación no fue posible porque Vox lo denegó. 

Ahora buscan la fórmula legal para introducir esa medida, que bien pudiera ser una enmienda a alguna ley en trámite.

La idea del PSOE y sus socios es que el coste de esa tasa pueda ser minorado por la implantación de un impuesto a las estancias turísticas en la parte que corresponda al impacto turístico en la generación y recogida de residuos en el municipio.

El objetivo es animar a los municipios a aplicar las tasas a los turistas y aliviar la carga fiscal de los residentes evitando o reduciendo el impuesto de basuras.

El PSOE acusa al PP de "encubrir prácticas fraudulentas" de los contratos de la Diputación de Almería en pandemia

MADRID.- El portavoz del PSOE en la comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia en pandemia, Juan Antonio González Gracia, ha acusado este miércoles al PP de "encubrir prácticas fraudulentas" en la Diputación de Almería a cuenta de la compra de material sanitario, mientras que los 'populares' se han quejado de que, en vez de investigar el 'caso Koldo' citando al propio Koldo García, la mayoría de PSOE y Sumar hayan optado por llamar de "urgencia" a dos supuestos implicados en el conocido como 'caso mascarillas' de la citada institución andaluza.

Todo ha sido en marco de la comparecencia del que fuera vicepresidente tercero de la diputación almeriense Óscar Liria, quien ha protagonizado un tenso rifirrafe con el portavoz socialista porque ha interpretado que le había acusado de haber cobrado comisiones ilegales, que es por lo que le investiga la Justicia.

"No voy a entrar en su circo", le ha soltado el compareciente. "No es ningún circo que en un contrato de dos millones de euros, políticos del Partido Popular de Almería se hayan llevado un millón de euros", ha replicado González Gracia, quien le ha dicho al compareciente que "se le han jugado".

 "Creo que no es el único responsable en este caso, porque usted sabe mejor que yo que hay más responsables que con el tiempo aparecerán, aunque usted ahora diga que no quiere hablar".

Para el PSOE, ha dicho, esto es "un auténtico escándalo" aunque el PP no quiere investigarlo ni en el Congreso ni en el Senado porque "está encubriendo las prácticas fraudulentas que se están llevando a cabo en la Diputación de Almería".

De su lado, el diputado del PP Carlos Rojas se ha quejado de que la comisión haya "saltado" de interrogar la semana pasada al exministro de Sanidad Salvador a citar de "urgencia" a Liria para hablar de un asunto que, desde su punto de vista, va más allá del objeto de la comisión.

Tras señalar que este proceder "sin orden ni concierto" es "improcedente e impropio", el presidente de la comisión, el socialista Alejandro Soler, le ha llamado a la cuestión, le ha pedido que procediera a interrogar al compareciente y le ha recordado que la investigación no se centra en el 'caso Koldo' sino en el papel general de las administraciones en la contratación de emergencia que se hizo durante la pandemia.

Esto ha soliviantado a los diputados del PP presentes en la sala, hasta el punto de que el presidente de la comisión ha llamado al orden una vez al portavoz de los 'populares', Elías Bendondo, y dos a su compañera Ana Belén Vázquez por querer hablar sin que les correspondiera.

De su lado, el compareciente ha admitido él "presentó" a la Diputación a Azor Corporate, la empresa que después se eligió como adjudicataria de un contrato de emergencia para la compra de material sanitario valorado en 2,36 millones de euros, pero que después ya no intervino para nada en la tramitación de una operación que está siendo investigada por la Justicia por el presunto cobro de comisión ilegales.

Liria fue detenido en junio de 2021 por su presunta participación en esa trama de cobro de comisiones en la que también estarían implicados, entre otros, su hermano, Francisco Liria; su tío, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, del PP.

Óscar Liria también pertenecía al PP hasta el momento de su detención, cuando fue expulsado del partido. Este martes ha dejado claro en varias ocasiones que no tiene ya vinculación con ninguna formación ni quiere volver a la política "nunca jamás en la vida".

El compareciente se ha mostrado dispuesto desde el inicio a colaborar con la comisión aunque ha dicho desconocer lo que estaba haciendo en el Congreso, donde ha acudido acompañado de su abogado, puesto que su caso aún está en fase de instrucción.

Liria ha avisado de que no respondería a preguntas que pudieran colisionar con el secreto del sumario decretado por la jueza instructora y también ha aprovechado para señalar que está "deseando" volver a prestar declaración judicial porque no lo hace desde junio de 2021, pocos días después de su detención.

El investigado ha explicado que él era responsable de las áreas de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación y que ninguna de ellas intervino en el expediente del contrato. 

"No tuve absolutamente nada que ver", ha enfatizado, destacado que desde su punto de vista el procedimiento de contratación, realizado por "funcionarios modélicos", cumplió "con creces con la legalidad vigente".

"Fue un expediente perfecto, impoluto, por encima de las medidas legales que se exigía en ese momento", ha dicho, remarcando que se solicitaron ofertas a dos empresas y que si la otra hubiera sido un céntimo más barata se lo habría llevado. 

También ha calificado de "impoluto" el precio que pagó --más barato del abonado por otras entidades, ha dicho-- y ha subrayado que el material llegó perfectamente, cumplía con la normativa y no hubo "ningún problema".

En este contexto, ha asegurado que no cobró comisión alguna. "Ni en este contrato ni en los 12 años que tuve el honor de ser diputado no es que no haya cobrado una comisión es que no he pedido ni un favor, se lo garantizo", ha apostillado, negando también que otros miembros del Gobierno de la Diputación o del PP de Almería obtuvieran beneficios por esa operación.

Además, ha indicado que, en contra de lo publicado, "no es cierto bajo ningún concepto" que en su casa se encontraran 150.000 euros en metálico tras su detención y que eso ya ha quedado "justificado documentalmente" en el procedimiento abierto contra él. Eso sí, no ha dado detalles para no desvelar nada del sumario. Según la Guardia Civil, Liria se habría embolsado entre 200.000 y 400.000 euros en mordidas.

Respecto a las supuestas comisiones que se habría embolsado Kilian López, administrador de Azor Corporate, y sobrino de Hortensia López, una ex cuñada del alcalde de Fines --tío a su vez de los Liria--, el compareciente ha explicado que entiende que es la "comisión de intermediación" que le correspondía por contactar con la empresa china que facilitó el material.

"Sólo él tenía vínculos con esa empresa", ha recalcado, al ser preguntado sobre el hecho de que Kilian López sustituyera a su hermano Francisco Liria como administrador de Corpfam Global Investment, otra empresa que el comisionista habría utilizado para blanquear sus fondos.

Óscar Liria también ha hecho hincapié en que no tiene "ningún grado de parentesco" con López al que sólo conocía de cuando iba a Fines a visitar a su familia. Luego ha reconocido que dos años antes de la pandemia su hermano le vendió a López su parte de la gestoría que compartía con Hortensia López.

La comisión de mascarillas del Congreso interroga esta semana a dos cargos de PP por un caso en la Diputación

SEVILLA.- La comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia en pandemia celebra la próxima semana su segunda jornada de comparecencias y ha decidido poner el foco en un 'caso mascarillas' que afectó a la Diputación de Almería, para lo cual se va a recabar el testimonio de dos cargos políticos del PP cuya presencia han reclamado el PSOE y Sumar.

Tras una primer día dedicado a un examen general de la contratación covid, con la presencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y el entonces ministros de Sanidad, el socialista Salvador Illa, el Congreso mira ahora a la Diputación Provincial de Almería.

En concreto están citados este martes al actual vicepresidente segundo de la Diputación de Almería, el 'popular' Fernando Giménez Giménez, y a Óscar Liria, que fue vicepresidente tercero de la institución y que está investigado por el cobro de mordidas por la adjudicación de contratos fraudulentos de material sanitario.

Liria, que fue destituido y expulsado del partido tras su detención en 2021, habría cobrado entre 200.000 y 400.000 euros en comisiones ilegales. De su lado, Giménez Giménez está señalado como quien propuso contratar con la trama.

La comisión de investigación también prevé llamar, aunque aún no ha fijado fecha, al actual presidente de la Diputación, Javier Aureliano García Molina, así como al grueso de implicados en el entramado investigado por la Justicia, del que forman parte varios familiares de Óscar Liria.

Es el caso de su hermano Francisco Jesús Liria, administrador de Corpfam Global Investment, una de la empresas que la trama habría utilizado para blanquear el dinero de las mordidas y de su tío, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, cuyo hijo, Rodrigo Sánchez, estaría al frente de otras dos empresas pantalla.

La comisión también tiene aprobadas las comparecencia del empresario Kilian López y de su tía Hortensia López Moreno, excuñada a su vez del alcalde de Fines. A la mercantil de Kilian López, Azor Corporate Ibérica S.L., la Diputación adjudicó en abril de 2020 el supuesto contrato fraudulento 2,03 millones de euros, una operación por la que López podría haberse embolsado un millón en comisiones.

También forma parte de la lista inicial de comparecientes aprobada por la comisión el actual presidente de la Diputación, Javier Aureliano García Molina, también del PP.

Sumar registra una iniciativa en el Congreso para "parar" el hotel frente a la playa de los Genoveses

ALMERÍA.- El grupo parlamentario de Sumar ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la que pide al Congreso que inste al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para "paralizar y revertir" la construcción de un hotel de cuatro estrellas con 30 habitaciones y piscina frente a la Bahía de Genoveses, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar al entender que es "contrario al ordenamiento" del parque.

La proposición presentada por el diputado de Sumar-IU, Tony Valero y la coportavoz de Verdes Equo Andalucía, Mar González, pide al Gobierno "paralizar" el proyecto y fomentar la participación ciudadana y la sensibilización social sobre el valor medioambiental del parque natural.

Asimismo, según han indicado en una nota, se solicita impulsar, junto a la Junta y los ayuntamientos afectados, "la revisión y actualización de los instrumentos de planificación y gestión del mismo para reforzar su protección". 

La propuesta también reclama "investigar y sancionar todos los proyectos que afecten negativamente al ecosistema o se salten los protocolos de protección ambiental".

Del mismo modo, han recordado que la ciudadanía ha llevado al Ayuntamiento de Níjar un total de 214.895 firmas y 329 instancias contrarias al hotel, mientras que los grupos ecologistas Amigos del Parque y Grupo Ecologista Mediterráneo han pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) medidas cautelares que eviten que la promotora "continúe con la tramitación del hotel" hasta resolver sobre la legalidad o no de la autorización ambiental.

El grupo parlamentario ha incidido en que Cabo de Gata-Níjar es un espacio declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco, Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección de Aves Esteparias por la Unión Europea, incluida en la Red Natura 2000, pero sin embargo "está sometido a una enorme presión urbanística", que "pone en peligro la conservación de su biodiversidad, en zonas tan frágiles como Rodalquilar, Agua Amarga, Cabo de Gata o la bahía de Genoveses".

"A pesar de que la demolición del hotel del Algarrobico, en el litoral de Carboneras, sigue pendiente inmersa en una interminable trama judicial; los proyectos de nuevas instalaciones se suceden, con el beneplácito de la administración autonómica, que ante la paralización de macro hoteles con 400 habitaciones como el de Carboneras, ha optado por autorizar la rehabilitación de antiguos cortijos agro ganaderos, para convertirlos en pequeños hoteles con encanto", ha expuesto Sumar.

El grupo parlamentario defiende que el proyecto para la conversión del antiguo cortijo Chiqueras en un hotel de cuatro estrellas, con 30 habitaciones, piscina y aparcamiento para 70 vehículos es "incompatible" con la calificación que da a la zona el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural.

Dicho hotel se construiría en un entorno "con importantes endemismos botánicos como el Limonium y el Azafrán del Cabo" o aves esteparias "en peligro de extinción como el sisón, el alcaraván, la terrera común o la alondra ricotí". 

Además, este ecosistema "tan frágil" ya sufre un "exceso de presión humana" que ha obligado a la administración a limitar el tráfico rodado para acceder a sus playas en verano.

La Junta de Andalucía concedió autorización ambiental al proyecto en octubre de 2023, y la empresa promotora 'Torres y González Díaz S.L.', estaría a la espera de que el Ayuntamiento de Níjar "considere el hotel de interés social y utilidad pública" para, según Sumar, "sortear la normativa ambiental vigente en este espacio protegido, aduciendo que el cortijo donde se proyecta, ya tiene uso hostelero como restaurante y lugar de celebración de grandes eventos" aunque el espacio se haya promovido como "un museo etnográfico dedicado a educación ambiental y turismo cultural".

La Comisión de la corrupción de las mascarillas de Madrid dedicará un día a Almería

ALMERÍA.- Como si se tratase de toda una Fruit Attraction o Fitur, los mayores eventos en los que se promociona el producto local, la Diputación Provincial de Almería también tendrá su día dedicado en esa otra feria que se ha organizado, también en Madrid, pero esta vez no en IFEMA sino en el Congreso de los Diputados, para saber de los casos de corrupción en torno a la Covid y la ingente cantidad de dinero que se usó fraudulentamente para la compra de material sanitario. 

El caos, miedo o la urgencia despertaron en la mayor parte de la población y los profesionales dosis desconocidas de solidaridad, al mismo tiempo y medida que un selecto grupo de políticos y negociantes vieron su gran oportunidad. 

Los hechos que se recordarán ante la comisión anticorrupción del Congreso ocurrieron entre finales de marzo de 2020 y principios de abril en Almería. Para ponernos en situación es necesario recordar que el primer estado de alarma y con ello el confinamiento de toda la población se produjo el 14 de marzo de ese año. Es decir, en sólo una semana descubrieron que la COVID era una oportunidad para hacer dinero fácil. Mucho dinero.

El día 7 de abril de 2020, desde la Diputación Provincial de Almería dieron luz verde a una operación por más de 2 millones de euros que propuso el entonces vicepresidente de la institución Oscar Liria, -que más tarde fue detenido-, firmada por Fernando Giménez, también vicepresidente, - actualmente investigado en la causa-, y obviamente autorizada por Javier Aureliano García Molina, presidente del PP en Almería. Los tres discutieron pormenores de la operación en su grupo privado de whatsapp: “naranjitos”.

Esa compra literalmente se cruzó en las pesquisas que llevaba a cabo una unidad de policía judicial en una operación coordinada por Interpol, y que perseguía a una banda del crimen organizado vinculada con otros asuntos también ilícitos. Los investigados en Almería fueron pillados por casualidad hablando de las mordidas.

A partir de ahí La Diputación de Almería es la principal protagonista de una trama de corrupción que, aunque desconocida para muchos incluso en la misma provincia, es el primer punto de España en el que la Policía Judicial desmanteló una organización criminal que obtenía beneficios de la compra fraudulenta de mascarillas y material sanitario. 

El resultado es, por ahora, pues aún está en instrucción, el de un vicepresidente de la Diputación detenido e incluso encarcelado preventivamente en Barcelona, como también fueron arrestados por la Policía Judicial su hermano, el alcalde de Fines y distintas personas vinculadas a ellos. 

Además, hay otro vicepresidente de diputación imputado, concejales, contratistas de obra pública y hasta una veintena de personajes que pudieron tener su particular participación en los hechos que llevaron a un selecto grupo a repartirse hasta un millón de euros de la principal compra que se conoce o se les atribuye, por ahora. 

 A raíz de esta operación también se ha abierto una investigación paralela sobre los contratos de obras que los mismos implicados podrían haber repartido entre afines o empresas vinculadas a ellos mismos.

Los comparecientes en el Congreso de los Diputados son: Javier Aureliano García Molina, presidente de la Diputación Provincial (también lo es del PP en Almería); Fernando Giménez Giménez, vicepresidente Segundo de la Diputación Provincial e investigado en la causa; Óscar Liria Sánchez, ex vicepresidente Tercero de la Diputación Provincial y ex concejal del Ayuntamiento de Fines, fue detenido y está investigado, al igual que Rodrigo Sánchez Simón, alcalde de Fines; Hortensia López Moreno tía de Kilian López y cuñada del alcalde de Fines; Francisco Jesús Liria, hermano de Óscar Liria y vendedor de las participaciones de Gestoría López Moreno a Kilian Soler y  el mismo Kilian López Soler. La mayor parte de ellos son cargos del Partido Popular de Almería, y casi todos mantienen sus puestos e incluso se han presentado a las pasadas elecciones municipales.

El Partido Popular había conseguido, hasta ahora, mantener esta investigación en un perfil muy bajo dentro de los medios de comunicación de la provincia, pero la coincidencia de esta comisión con el rifirrafe mantenido entre PP y PSOE en la comarca del Mármol,  donde a cada ataque de los primeros respondían los segundos pidiendo la dimisión de Javier Aureliano García y todos los investigados en el caso mascarillas, ha provocado que en sólo dos  semanas aparezcan más referencias al caso en medios de comunicación que en los últimos seis meses.

 A partir ahí Sumar primero, y el propio PSOE casi al unísono, han visto en un caso mascarillas de Almería casi enterrado por el desinterés de la prensa local, en el mayor regalo que el PP podía hacerles para encauzar la comisión en la que se investigan no sólo hechos, sino qué tanto de responsabilidad asumen los partidos por los casos de corrupción en los que se ven involucrados sus cargos públicos.

La Comisión del Congreso revisará los casos de corrupción vinculados a la pandemia de Covid, y cabe recordar que se convoca a raíz de las presuntas comisiones del caso Koldo, en el que no hay detenidos. 

Información que se investigará en la comisión del Congreso de los Diputados, respecto al caso de corrupción destapado en la Diputación de Almería aprovechando la compra de mascarillas durante la Covid:
 

-                Toda la documentación de los expedientes de contratación, adjudicación, incluidos los contratos menores de obras, subvención o ayuda, de los que dispone la Diputación Provincial de Almería con la sociedad Azor Corporate Iberica SL., Ligroup China Co. Limited, Corpfam Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL. desde 2015 hasta la actualidad. 

-                Documentación relativa a todas las comunicaciones realizadas, por cualquier vía, entre la sociedad Azor Corporate Iberica SL. Ligroup China Co. Limited, Corpfam Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL., trabajadores o personas relacionadas con las mismas y la Diputación Provincial de Almería (representantes institucionales y trabajadores de la administración) desde 2015 hasta la actualidad.

-                Decretos de Presidencia de la Diputación Provincial de Almería relacionados con la sociedad Azor Corporate Iberica SL., Ligroup China Co. Limited, Corpfam Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos SL.  y Pulconal SL. desde 2015 hasta la actualidad.

-                Informes de la intervención de la Diputación Provincial de Almería relativa a todos los expedientes de contratación y adjudicación a la sociedad Azor Corporate Iberica SL, Ligroup China Co. Limited, Corpfam Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL. desde 2015 hasta la actualidad.

-                Actas de aprobación en Pleno de la Diputación Provincial de Almería de adjudicaciones a la sociedad Azor Corporate Iberica SL., Ligroup China Co. Limited, Corpfam Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL. desde 2015 hasta la actualidad.

-                Justificantes de transferencias bancarias y cualquier tipo de pago, de la Diputación de Almería a la sociedad Azor Corporate Iberica, Ligroup China Co. Limited, Corpfam Global Investment SL., Gestoría López Moreno SL., OYC Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL desde el año 2017 hasta la actualidad. 

-                Expedientes de cualquier contratación, adjudicación, subvención o ayuda del Ayuntamiento de Fines a la sociedad Azor Corporate Iberica, Ligroup China Co. Limited, Corpfam Global Investment SL., Gestoría López Moreno SL., OYC Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL desde el año 2003 hasta la actualidad.

-                Justificantes de transferencias bancarias y cualquier tipo de pago, del Ayuntamiento de Fines a la sociedad Azor Corporate Iberica, Ligroup China Co. Limited, Corpfam Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL desde el año 2003 hasta la actualidad. 

-                Documentación relativa a todas las comunicaciones realizadas, por cualquier vía, entre la sociedad Azor Corporate Iberica SL. Ligroup China Co. Limited, Corpfam Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL., trabajadores o personas relacionadas con las mismas y el Ayuntamiento de Fines (representantes institucionales y trabajadores de la administración).

-                Justificantes de transferencias bancarias entre las sociedades Azor Corporate Iberica SL, Ligroup China Co. Limited, Corpfam Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL, desde el año 2017 hasta la actualidad. 

-                Declaraciones de IRPF de Kilian López Solé, Óscar Liria Sánchez y Francisco Liria Sánchez de los años fiscales 2017 – 2023, ambos inclusive.

-                Declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido de las sociedades Azor Corporate Iberica SL, Ligroup China Co. Limited, Corpfam Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL realizadas entre los años 2017-2023, ambos inclusive.

-                Modelo 347: Declaración anual de operaciones con terceras personas de las sociedades Azor Corporate Iberica SL, Ligroup China Co. Limited, Corpfam Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL realizadas entre los años 2017-2023, ambos inclusive. 

-                Modelo del Impuesto de Sociedades presentados por las sociedades Azor Corporate Iberica SL, Ligroup China Co. Limited, Corpfam Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL entre los años 2017- 2023, ambos inclusive.

-                Toda la documentación relacionada con las inspecciones fiscales que se hayan llevado a cabo por la AEAT a las sociedades Azor Corporate Iberica SL, Ligroup China Co. Limited, Corpfam Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL. desde 2017 hasta la actualidad.

-                Toda la documentación relacionada con las inspecciones de trabajo que se hayan llevado a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las sociedades Azor Corporate Iberica SL, Ligroup China Co. Limited, Corpfam Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL. desde 2017 hasta la actualidad.

-                Documentación que acredite la existencia de deudas por parte de las sociedades Azor Corporate Iberica SL, Ligroup China Co. Limited, Corpfam Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL, a la AEAT y la Tesorería General a la Seguridad Social desde 2017 hasta la actualidad.

-                Documentación, tanto pública como privada, de la compra de las participaciones de Gestoría López Moreno SL por parte de Kilian López Solé a Francisco Jesús Liria y otros socios.

-                Certificación de vigencia y cargo emitida por el registro Mercantil de las sociedades Azor Corporate Iberica SL, Ligroup China Co. Limited, Corpfam Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL. (certificación de la vigencia de una sociedad, así como de todos los representantes sociales vigentes) desde 2017 hasta la actualidad.

-                Depósitos de cuentas anuales presentadas de las sociedades Azor Corporate Iberica SL, Ligroup China Co. Limited, Corpfam Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos SL. y Pulconal SL. desde 2010 a la actualidad.

'Sumar' lleva al Congreso su oficina para prevenir la corrupción con capacidad de fijar multas de hasta un millón de euros

MADRID.- Sumar ha registrado una proposición de ley en el Congreso para crear una oficina de prevención de la corrupción, con potestad de aplicar multas de hasta un millón de euros en los casos más graves a empresas y organismos que incurran en las infracciones más graves o la prohibición de recibir fondos públicos durante cuatro años.

El nuevo organismo, que tendría estatus de autoridad independiente con un director no militante en partidos y con personal sacado de oposiciones, podría tambien impedir a empresas contratar con la administración pública durante tres años. En el caso de personas físicas la sanción más alta es de 400.000 euros.

Así lo han explicado este jueves el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, junto a los diputados del grupo plurinacional Enrique Santiago y Verónica Martínez, para presentar en rueda de prensa dicha proposición de ley, ya anunciada en su día por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

En este sentido, Errejón ha indicado que la corrupción implica el "secuestro del Estado por los comisionistas y las tramas corruptas" y que, ante su gravedad, optan por tomar medidas frente a la "pelea de gallos de PP y PSOE. 

Asimismo, ha avanzado que enviarán el texto a todos los grupos y ha lanzado que esta ley debería "salir por unanimidad" y se quiere "rescatar a la política de la corrupción".

Mientras, Santiago ha avanzado que Sumar traerá al Congreso una batería de 40 medidas contra la corrupción y que la oficina que plantean vela por el buen manejo de los recursos públicos, sobre todo cuando se estima que la corrupción en España ha costado unos 100.000 millones de euros.

De esta forma, el dirigente de IU ha defendido que este organismo pretende acabar con todos estos "espectáculos" empresas constituidas "exprofeso" de "comisionistas" para "cometer crímenes", que facturan "millones de euros y no tienen personal".

 "Tienen un ordenador y muchos coches de lujo", ha censurado.

Según explica, la creación de esta oficina resulta pertinente ya que España tiene obligaciones legales pendientes desde la aprobación de la Ley de Protección de Denunciantes de Corrupción, como establecer una Autoridad Independiente que vele por los informantes. 

Así, su iniciativa ahonda en los apartados que ya contiene la norma aprobada el año pasado y cree que la oficina de prevención podría estar aprobada si hay unanimidad a finales de año.

De esta forma, la filosofía de la propuesta de ley es que esta oficina, que tendrá rango de agencia independiente, es prevenir el uso correcto de todo el dinero público de origen estatal, por lo que se atañe directamente a la administración central y de forma indirecta a comunidades y ayuntamientos cuando hagan empleo de fondos estatales.

En este sentido, el texto impulsado por Sumar concierne también al sector público estatal en su conjunto, las Cortes Generales, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales, cualquier entidad con una participación mayoritaria del Estado.

En el apartado sancionador, se recoge el impedir las funciones de dicha oficina, no entregar la información requerida, ocultar documentación sobre la investigación abierta o manipular la información demandada, denuncias falsas, entre otros supuestos.

De esta forma, se estipula en las infracciones más graves multas que oscilan entre 30.001 a 400.000 euros si las responsables son personas físicas y de 600.001 hasta un millón de euros si son personas jurídicas.

Adicionalmente, podrá imponer la prohibición de concesión de subvenciones públicas o cualquier tipo de ayuda, así como beneficios fiscales, durante un plazo máximo de cuatro años; o la prohibición de contratar con el sector público durante tres años. Y con independencia de las sanciones, los responsables de tramar un posible caso de corrupción deberán "restituir los daños producidos e indemnizar a los perjudicados".

También a personas individuales y sociedades que sean perceptoras de subvenciones, créditos, avales y ayudas públicas, incluidos partidos, sindicatos y organizaciones empresariales, unido a cualquier contratista o sub-contratista de concesiones estatales.

La iniciativa de Sumar recoge que el director de este organismo no podrá estar afiliado a ningún partido, sindicato o asociación empresarial o profesional, tendrá un mandato de cinco años y será elegida por el Congreso por mayoría de tres quintos de la cámara en primera votación; o por mayoría absoluta pasados seis meses del primer intento. 

Asimismo, la propuestas que se elevan procederán tanto de los grupos parlamentarios como de la sociedad civil.

Uno de los elementos destacados es que este organismo tendrá funciones de investigación sobre posible destino irregular de fondos públicos, pudiendo indagar su el uso privado o a tercero si hay sospechas de presuntas corruptelas. Por ejemplo, se pauta la tramitación de denuncias ante actos u omisiones que lleven a fraude, conflicto de intereses u otra actividad ilegal.

Así, los funcionarios al servicio la potestad de inspección pudiéndose personales en entidades del sector público para examinar expedientes y registros, acometer entrevistas a sus miembros con los debidos derechos que guarda la ley (incluidos la obligación de guardar silencio y asistencia letrada) o requerir documentación tanto a instituciones como a entidades y personas que manejen fondos públicos. 

Otro apartado es poder requerir a entidades bancarias información de movimientos de cuentas y operaciones financieras.

De esta forma, el cuerpo de inspección de la oficina será seleccionado por oposición y tendrán la consideración de autoridad estatal, con presunción de veracidad, además de poder contratar peritajes.

Todo ello, precisa el texto, sin perjuicio de las actuaciones propias de entidades como el Tribunal de Cuentas, la Intervención General del Estado, la Fiscalía o la autoridad judicial, de colaborar aportando información y suspender sus actuaciones si se inicia un procedimiento penal.

Por otro lado, se recoge el deber de colaboración con la oficina de todo cargo público y que la oficina, aparte de su régimen sancionador, deberá informar de la justicia de hechos presumiblemente constitutivos de delito.

Entre las funciones de prevención, el texto normativo elevado por Sumar al Congreso concede a esta oficina la labor de detectar riesgos de corrupción y crear un sistema preventivo de alerta temprana ante posibles irregularidades o malas prácticas administrativa.

De esta forma, entre sus funciones se encuentran la elaboración de un código de conducta a personal con altas funciones ejecutivas y obligar a que el sector público disponga de un sistema interno de prevención de corrupción. 

Dichas entidades tendrán que remitir esas medidas con carácter bi-anual a la oficina y detallar los mecanismos puestos en marcha. Por otro lado, podrá requerir a administraciones, entidades perceptoras de fondos públicos y personas físicas información sobre su actuación interna ante la corrupción.

Otra de las disposiciones es la creación de un buzón destinado a recibir denuncias o quejas, para decidir si abre expediente informativo sobre autoridades o altos cargos. A su vez, se establece que las actuaciones de investigación no podrá exceder de seis meses, con posibilidad de extenderlos otro semestre si la complejidad del caso lo aconseja.