SEVILLA.- El Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía ha aprobado el decreto-ley que recoge su plan de ajuste
económico-financiero para el periodo 2012-2014, que entrará en vigor "de
forma inmediata" y se aplicará en las próximas nóminas que se abonen en
el mes de julio, según ha avanzado la consejera de Hacienda y
Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.
En rueda de prensa al término de la reunión semanal del Consejo de
Gobierno, Martínez Aguayo ha puesto el acento en que este plan de
ajuste, que la Junta quiere que se tramite en el Parlamento como
proyecto de Ley, opta por "repartir trabajo y reducir salarios con
criterios de progresividad" con el objetivo de "mantener el máximo
empleo sin privatizar servicios públicos".
Según la titular de Hacienda, la Junta "acata por responsabilidad"
las exigencias del Ejecutivo central aunque mantiene un "profundo
desacuerdo" con los criterios relativos a la fijación del objetivo de
déficit, si bien ha querido dejar claro que la Junta va a realizar un
"importante esfuerzo" para cumplir los objetivos de estabilidad fijados
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el conjunto de
las comunidades autónomas.
IU apoya por responsabilidad
La dirección de IULV-CA ha difundido un
boletín informativo en el que justifica su apoyo al plan de ajuste que
aprueba este martes el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía "por
responsabilidad", aunque admite que tiene la "tentación" de declararse
"insumiso", y destaca que su "esfuerzo" ha permitido introducir "algunas
mejoras" como que la reducción salarial no afecte a los empleados
públicos con salarios inferiores a 1.000 euros netos o que la reducción
de jornada y salario a los interinos sea del 10 y no del 15 por ciento
previsto inicialmente.
En dicho boletín, IULV-CA señala en
primer lugar que "no es responsable" de los ajustes que recoge este
plan, "que corresponden al Presupuesto de 2012, previamente rechazado
por IU", y responsabiliza al Gobierno de Mariano Rajoy de la necesidad
de aplicar estas medidas tras el "brutal recorte que han supuesto sus
políticas para Andalucía en su financiación, especialmente en los fondos
destinados a políticas sociales (sanidad, educación y dependencia) y a
la inversión pública".
"Andalucía sufre una doble intervención: la que corresponde al conjunto del Estado y la intervención que recibe de manera específica del Gobierno Rajoy, que ha profundizado en unas recetas económicas que no sirven para nada", añade la federación de izquierdas, que apunta que, "ante esta situación, en IU tenemos la tentación de declararnos insumisos, y lo haríamos si eso resolviese el problema, un problema que hay que describir gráficamente como situación de cajas vacías en una Andalucía doblemente intervenida".
En este sentido, IULV-CA señala que "podríamos entregar la llave e irnos, pero por responsabilidad seguimos, al menos de momento, porque irnos significa que venga la derecha, por una vía o por otra, y eso conduce a lo mismo", ya que se muestra convencida de que "la derecha en Andalucía traería despidos masivos de los empleados públicos, hoy muy fáciles de realizar gracias a la reforma laboral del señor Rajoy, y privatizaciones a todos los niveles", algo que, según subraya, "supera para IU los límites admisibles que no vamos a dejar traspasar bajo ningún concepto".
Tras subrayar que "aquí no hay un recorte impulsado por la Junta, sino un único recorte que viene desde el Gobierno del PP", la federación de izquierdas pone en valor su trabajo para "propiciar el diálogo para conseguir mejoras en las propuestas iniciales del plan de ajuste financiero" con el objetivo de que "su impacto sobre los trabajadores públicos sea el menor posible, evitando al máximo recortes en políticas sociales".
Entre dichas mejoras, IULV-CA cita que la reducción salarial no afecte a los empleados públicos con salarios inferiores a 1.000 euros netos; que la reducción de jornada y salario a los interinos sea del 10 y no del 15 por ciento previsto inicialmente; que "no habrá privatizaciones de servicios ni de empresas públicas" ni tampoco "despidos en la administración autonómica"; que se reduzca el sueldo de los altos cargos en un 7,5 por ciento frente al 5 por ciento inicial; y que se recoja el compromiso de "reponer la merma en sus salarios a todos los trabajadores afectados en el horizonte de diciembre de 2013.
"Como el plan de ajuste se tramita en el Parlamento andaluz como proyecto de Ley, en el debate parlamentario todavía habrá posibilidades de introducir algunas enmiendas que mejoren su contenido, siempre desde la perspectiva del no a los despidos, a las privatizaciones y al recorte de servicios fundamentales. Esa es la voluntad y el compromiso de IULV-CA", concluye el boletín informativo.
"Andalucía sufre una doble intervención: la que corresponde al conjunto del Estado y la intervención que recibe de manera específica del Gobierno Rajoy, que ha profundizado en unas recetas económicas que no sirven para nada", añade la federación de izquierdas, que apunta que, "ante esta situación, en IU tenemos la tentación de declararnos insumisos, y lo haríamos si eso resolviese el problema, un problema que hay que describir gráficamente como situación de cajas vacías en una Andalucía doblemente intervenida".
En este sentido, IULV-CA señala que "podríamos entregar la llave e irnos, pero por responsabilidad seguimos, al menos de momento, porque irnos significa que venga la derecha, por una vía o por otra, y eso conduce a lo mismo", ya que se muestra convencida de que "la derecha en Andalucía traería despidos masivos de los empleados públicos, hoy muy fáciles de realizar gracias a la reforma laboral del señor Rajoy, y privatizaciones a todos los niveles", algo que, según subraya, "supera para IU los límites admisibles que no vamos a dejar traspasar bajo ningún concepto".
Tras subrayar que "aquí no hay un recorte impulsado por la Junta, sino un único recorte que viene desde el Gobierno del PP", la federación de izquierdas pone en valor su trabajo para "propiciar el diálogo para conseguir mejoras en las propuestas iniciales del plan de ajuste financiero" con el objetivo de que "su impacto sobre los trabajadores públicos sea el menor posible, evitando al máximo recortes en políticas sociales".
Entre dichas mejoras, IULV-CA cita que la reducción salarial no afecte a los empleados públicos con salarios inferiores a 1.000 euros netos; que la reducción de jornada y salario a los interinos sea del 10 y no del 15 por ciento previsto inicialmente; que "no habrá privatizaciones de servicios ni de empresas públicas" ni tampoco "despidos en la administración autonómica"; que se reduzca el sueldo de los altos cargos en un 7,5 por ciento frente al 5 por ciento inicial; y que se recoja el compromiso de "reponer la merma en sus salarios a todos los trabajadores afectados en el horizonte de diciembre de 2013.
"Como el plan de ajuste se tramita en el Parlamento andaluz como proyecto de Ley, en el debate parlamentario todavía habrá posibilidades de introducir algunas enmiendas que mejoren su contenido, siempre desde la perspectiva del no a los despidos, a las privatizaciones y al recorte de servicios fundamentales. Esa es la voluntad y el compromiso de IULV-CA", concluye el boletín informativo.
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