MELILLA.- El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y líder regional del
Partido Popular (PP), Juan José Imbroda, ha rechazado este miércoles
cualquier actuación irregular en relación con los terrenos del antiguo
cuartel de Valenzuela, después de que la Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF) apuntara en un informe a posibles delitos de
prevaricación, malversación de caudales públicos y otras supuestas
irregularidades vinculadas al desarrollo del parque comercial inaugurado
a finales de 2017, y ha anunciado que emprenderán acciones legales
contra el autor del croquis manuscrito en el que se originan dichas
imputaciones.
En una comparecencia ante los medios de
comunicación, Imbroda ha defendido la legalidad de todas las actuaciones
llevadas a cabo por la Administración local que en aquel año también
gobernaba y ha asegurado que las sospechas recogidas en el informe
policial "se sustentan en un documento" que ha calificado de "carente de
rigor".
Según ha explicado, el origen de las acusaciones se
encuentra en un croquis manuscrito localizado durante un registro
domiciliario practicado a una persona investigada en el marco de la
operación Santiago-Rusadir, causa judicial relacionada con una presunta
trama de compra de votos en las últimas elecciones autonómicas por la
que fueron detenidos varios miembros de la cúpula del partido político
Coalición por Melilla (CPM), entre ellos su presidente y cuatro ex
consejeros el Gobierno melillense entre 2021 y 2023.
Imbroda
ha afirmado que dicho documento fue elaborado por un "presunto
delincuente" y ha anunciado que los servicios jurídicos de la Ciudad
Autónoma "ya trabajan en la presentación de una denuncia contra su
autor".
El
presidente melillense ha mostrado además su sorpresa por el contenido
del informe policial al señalar que el propio documento reconoce que la
investigación realizada es "muy limitada" y, pese a ello, extrae
conclusiones sin haber consultado, según ha afirmado, la documentación
administrativa existente.
"Ni han preguntado ni han ido a ver los
expedientes", ha criticado el presidente, quien ha cuestionado
igualmente algunos de los datos recogidos en la investigación.
En concreto, ha rechazado la referencia a un supuesto impago del
impuesto IPSI (el sustitutivo del IVA en Melilla) cifrado en nueve
millones de euros.
"No sé de dónde han sacado esa cifra", ha
manifestado, recordando que la cantidad reclamada por los técnicos
municipales en el procedimiento judicial correspondiente asciende a unos
202.000 euros.
Asimismo, ha puesto en duda la precisión del
informe al asegurar que se menciona la participación de tres directores
generales, uno de los cuales, identificado como A.V., "ni existe ni
trabajaba en la Ciudad Autónoma".
"Este es el rigor", ha preguntado el
popular.
Durante su comparecencia, Imbroda ha ofrecido una
cronología sobre los terrenos de Valenzuela con el objetivo de desmontar
las acusaciones. Según ha explicado, la Ciudad Autónoma adquirió los
terrenos al Ministerio de Defensa en 1994.
Posteriormente, en 1997, el Gobierno local decidió sacar la parcela a subasta pública para que la iniciativa privada desarrollara el proyecto. Se convocaron dos procedimientos que quedaron desiertos al no presentarse ninguna empresa.
Finalmente, en 1998, los terrenos fueron adjudicados mediante subasta
pública a la empresa local Nueva Melilla, única sociedad que concurrió
al proceso.
El presidente ha insistido en que toda la
operación se desarrolló mediante "un procedimiento público, limpio y
transparente", subrayando además que "en aquel momento ni existía Parque
Murias ni había relación alguna con la compañía que años después
adquiriría los terrenos".
Según ha detallado, la empresa Nueva Melilla
vendió la parcela en 2017 a la empresa promotora del actual proyecto
comercial, el Parque Comercial 'Parque Murias' Melilla.
Imbroda ha negado igualmente que la Ciudad Autónoma participara en
ninguna licitación vinculada al desarrollo posterior del parque
comercial.
"¿Qué licitación y qué proyecto? Nosotros no licitamos nada
allí", ha afirmado, recordando que una vez vendidos los terrenos, estos
pasaron a ser de titularidad privada.
El presidente también ha
recordado que la Administración local obtuvo judicialmente el
reconocimiento de un pago por aprovechamiento urbanístico del suelo y ha
considerado "erróneo" atribuir al Gobierno autonómico responsabilidades
en decisiones adoptadas posteriormente por propietarios privados.
Durante su intervención, el líder popular ha sostenido que CPM --en
la actualidad en la oposición-- ha utilizado reiteradamente el asunto de
Valenzuela como herramienta de "confrontación política".
"Todo es puro,
limpio y diáfano. No hay nada de nada de nada", ha asegurado,
defendiendo la transparencia de todas las actuaciones realizadas durante
las últimas décadas en relación con estos terrenos.
Imbroda
ha calificado de "basura" algunas de las informaciones publicadas esta
semana sobre este cuestión y ha atribuido su origen a lo que ha descrito
como una "trampa" construida a partir de un "simple croquis manuscrito"
hallado en el domicilio de una persona investigada judicialmente.
El presidente ha concluido lamentando "el perjuicio mediático
ocasionado por estas informaciones" y ha defendido que la documentación
pública existente "demuestra que la Ciudad Autónoma no intervino en
ninguna licitación relacionada con el proyecto comercial ni incurrió en
irregularidades durante la venta de los terrenos de Valenzuela".
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