ALMERÍA.- La ronda de comparecencias de los investigados en el caso Mascarillas de
Almería, que investiga supuesto contratos irregulares para el cobro de
comisiones en el seno de la Diputación de Almería, entran en su recta
final con las declaraciones, entre otros, del expresidente de
institución provincial y del PP Javier Aureliano García, dos de sus
hermanos también investigados, y el actual diputado provincial y alcalde
de Tíjola, José Juan Martínez, en su faceta de empresario junto a su
esposa.
En concreto, se prevé la comparecencia este jueves,
entre otros, del regidor tijoleño y su mujer, a quienes el instructor
investiga por los contratos que las empresas Inversiones y
Construcciones Tágilis y Constíjola han mantenido con la Diputación en
una supuesta "connivencia" con el exvicepresidente tercero y exdiputado
provincial de Fomento Óscar Liria.
Los indicios de la UCO
apuntan que el regidor 'popular', que dirige el área de Sostenibilidad,
Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, habría participado en el
"amaño" de contratos públicos y habría instrumentalizado otras
sociedades y personas para propiciar la adjudicación fraudulenta de
contratos en función de sus intereses.
Durante la sesión del
jueves también se prevé la declaración del funcionario del Área de Obras
Públicas que fue arrestado durante los registros practicados el pasado
mes de noviembre, quien habría participado de la adjudicación de
contratos en el marco de varios programas de reactivación económica
ligados a los fondos de recuperación del covid-19.
Habrían
sido, a juicio de los investigadores, precisamente esas adjudicaciones
de contratos las que habrían reportado al Liria importantes sumas en
comisiones que, más tarde, se habrían canalizado a otros cargos públicos
de la misma corporación, entre ellos, al exvicepresidente segundo
Fernando Giménez y al expresidente de la Diputación.
Por su
parte, García volverá a comparecer en sede judicial el viernes, junto
con sus hermanos y otros empresarios ligados a la trama, dentro de la
causa principal por la que ya prestó declaración tras su arresto en
noviembre investigado por delitos de blanqueo de capitales,
malversación, fraude, prevaricación, cohecho y pertenencia a
organización criminal.
En su
primera comparecencia ante el instructor, se limitó a contestar a las
preguntas de su letrado al que no pudo dar una respuesta concreta sobre
los mensajes de WhatsApp con lenguaje odontológico sobre supuestas
'mordidas' que intercambió con los vicepresidentes Giménez y Liria.
Cabe recordar que, entre otros mensajes, García remitió el emoji de
una muela a al grupo 'Naranjito', que tenía con los exdiputados
investigados, apenas unos minutos después de firmar el decreto del 8 de
abril de 2020 por el que contrataba por más de dos millones de euros
material sanitario. Dicho contrato, según la UCO, tendría un sobrecoste
del 42,27 por ciento.
El expresidente señaló la falta de
contexto sobre este y otros mensajes en los que los implicados
realizaban expresiones entendidas como necesidades monetarias como "me
tengo que hacer una limpieza", "necesito empastarme dos o tres muelas",
"tengo las muelas picadas" o "sácame cita para el dentista la semana que
viene que estoy que no puedo comer"; por lo que, en ese momento, no
podía dar mayor detalle o una explicación concreta a las llamativas
conversaciones.
El entonces máximo representante de la
institución provincial atribuyó la firma de miles de contratos a la
cotidianeidad de su tarea, sentido en el que los mismos llegaban a su
despacho tras haber superado los respectivos filtros y controles, sin
que él participe de alguna u otra manera en las mesas de contratación
por los que se otorgan.
No obstante, durante su intervención
no hizo referencia al contrato de urgencia efectuado para la compra de
mascarillas, guantes y equipos de protección individual del que,
conforme se desprende las investigaciones recogidas en el sumario, se
hizo un seguimiento específico por su cuantía e importancia en pleno
inicio de la pandemia de covid-19.
El expresidente de la Diputación también trató de esclarecer el uso
que hacía del dinero en efectivo que manejaba junto con dos de sus
hermanos, también investigados en la causa, ante los indicios de un
presunto delito de blanqueo de capitales advertido por el instructor.
García señaló el origen del efectivo en varios alquileres familiares
heredados de sus padres, tanto de viviendas como de locales, en
Balanegra, cuyos pagos se realizaban en mano por tradición de los
inquilinos, aunque manifestó que dichos ingresos están declarados ante
Hacienda. Según sus propios cálculos, de estos alquileres cobró entre
160.000 y 180.000 euros desde 2016 en adelante, con sus respectivas
declaraciones de la renta.
Asimismo, especificó que era su
hermana, por proximidad a los inmuebles, quien cobraba los alquileres y
disponía los fondos en un "bote" común al que acudía cuando lo
necesitaba, puesto que parte del dinero también era para reparaciones de
las viviendas u otras necesidades. En la vivienda de su hermana se
encontraron 7.620 euros dentro de una caja fuerte con un papel
manuscrito con tinta roja en el que ponía 'Este dinero es de Javier
Aureliano'.
Frente a las sospechas sostenidas por la UCO de
que García hubiera empleado dinero irregular de origen desconocido para
el pago de una vivienda en Almerimar, que los hermanos heredaron de sus
padres y que él quiso adquirir abonando a ellos su parte, el investigado
aseguró que los pagos se realizaban con el dinero que percibía en
efectivo de los inquilinos, motivo por el que no quedaba reflejado en
sus cuentas.
Según García, la hipoteca de dicha vivienda quedó
a nombre de su hermana tras fallecer sus padres porque el banco no
permitió subrogarla, si bien era él quien hacía frente a las cuotas
mensuales y no su hermana pese a que fuera ella quien figurara
oficialmente. También atribuyó a sus propios ahorros de los alquileres
el dinero utilizado --unos 20.000 euros-- para la compra de una finca en
Rodalquilar.
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