ALMERÍA.- El Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Oeitss)
detectó el pasado año un total de 244 infracciones en campañas
específicas desarrolladas en el sector agrario de Almería, de las que
242 fueron graves, tras investigar a 3.821 trabajadores en actuaciones
sobre riesgos laborales, maquinaria, equipos y control del empleo
agrícola.
Según consta en una respuesta del Gobierno a una
pregunta escrita de Sumar, la mayor parte
de las irregularidades se concentró en las campañas de control de empleo
en actividades agrícolas, con 117 actuaciones, 296 trabajadores
investigados y 174 infracciones, de las que 173 fueron graves y una
leve.
La segunda campaña con mayor número de irregularidades
fue la de control de los riesgos asociados a la actividad agraria, que
sumó 125 actuaciones en la provincia, con 3.513 trabajadores
investigados, 68 infracciones --67 graves y una leve-- y 307
requerimientos.
A estas cifras se añadieron las actuaciones
específicas sobre máquinas y equipos en el sector agrario, donde la
Inspección llevó a cabo siete intervenciones, investigó a 12
trabajadores, detectó dos infracciones graves y formuló 36
requerimientos.
En total, las tres campañas específicas
desarrolladas en Almería sumaron 249 actuaciones inspectoras, con 343
requerimientos en los bloques relativos a riesgos asociados a la
actividad agraria y a máquinas y equipos.
La respuesta
parlamentaria, dirigida a los diputados Enrique Fernando Santiago Romero
y Juan Antonio Valero Morales, subraya que el organismo estatal
planifica cada año un "importante número" de actuaciones inspectoras en
el sector agrario, tanto en materia de economía irregular como de
seguridad y salud en el trabajo.
Estas campañas se ejecutan en
todo el territorio nacional, aunque tienen una "especial intensidad" en
provincias donde la actividad agrícola tiene mayor peso económico y
laboral, "como es el caso de Almería".
La contestación recoge,
además, que estas campañas han vuelto a ser planificadas para 2026, por
lo que la Inspección mantiene el seguimiento sobre las condiciones de
trabajo en el sector agrario, sin perjuicio de otras actuaciones al
margen de las campañas específicas sobre tiempo de trabajo, fraude en la
contratación temporal o incumplimientos en materia de salarios.
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