SEVILLA.- El Consejo de Ministros ha abierto este martes la vía para recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto ley de la Junta de Andalucía de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva, que modifica 27 leyes y decretos
para introducir medidas económicas que afectan a numerosos sectores, al
considerar que algunos de sus preceptos pueden colisionar con otras
normas de carácter estatal.
En concreto, el Gobierno ha acordado solicitar el preceptivo informe
al Consejo de Estado antes de decidir si recurre o no ante el
Constitucional esta norma que modifica una veintena de leyes y seis decretos anteriores, según ha anunciado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
La opinión del supremo órgano consultivo del Gobierno, aunque es
obligado solicitarla, no es vinculante, por lo que el Gobierno podría
recurrir al Constitucional incluso en el caso de que el Consejo de
Estado lo desaconseje.
En concreto, el Gobierno quiere impugnar el precepto del decreto que modifica la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía,
por entender que vulnera las competencias estatales en defensa de los
bienes culturales y contra la expoliación que están recogidas en el
artículo 149 de la Constitución española.
El Ejecutivo central también ha detectado una “vulneración directa” de competencias estatales exclusivas en materia de telecomunicaciones, ha detallado Montero.
La opinión del supremo órgano consultivo del Gobierno, aunque es
obligado solicitarla, no es vinculante, por lo que el Gobierno podría
recurrir al Constitucional incluso en el caso de que el Consejo de
Estado lo desaconseje.
Tanto el PSOE de Andalucía como Adelante Andalucía solicitaron a la Junta la retirada del decreto,
convalidado el 2 de abril por la Diputación Permanente del Parlamento
andaluz, porque consideraban que una norma de ese calado requería un
debate más sosegado y anunciaron su intención de recurrir ante el
Tribunal Constitucional por haberse aprobado en Diputación Permanente en
plena crisis del coronavirus Covid-19. La medida también ha suscitado
las críticas de distintos sindicatos y colegios y asociaciones
profesionales.
El decreto ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el
Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, aprobado con los votos
de los socios de gobierno de la Junta –PP y Ciudadanos (Cs) y Vox,
agiliza 21 leyes y seis decretos e incluye un centenar de medidas, entre
simplificación de procedimientos, eliminación de barreras o
modificación de tasas, en ámbitos como el turismo, el comercio, la
salud, la industria agroalimentaria, la pesca, el medio ambiente, el
urbanismo, la energía, los servicios sociales y los de carácter
audiovisual.
Según defiende la Junta, esta reforma legal se enmarca en el Plan
para la Mejora de la Regulación Económica impulsado por la
administración autonómica en esta legislatura, que tiene como finalidad atraer inversiones y facilitar el acceso a la actividad productiva a emprendedores y empresas, simplificando y proporcionando seguridad jurídica, agilidad y una regulación más eficiente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario