MADRID.- Los expertos que asesoran al Gobierno en la pandemia no descartan el confinamiento "total o parcial"
de grandes grupos de población durante largos periodos con el fin de
poder eliminar el virus o dar margen al desarrollo de una vacuna que
podría tardar más de doce meses en estar disponible.
Han planteado además que los hospitales deben estar preparados para
disponer, en caso de necesidad, del doble de camas de UCI que tenían
antes de la crisis causada por el coronavirus, e identificar espacios que permitan un incremento "de hasta el triple" de esa capacidad.
Así
consta en las "Recomendaciones sanitarias para la estrategia de
Transición" que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias ha remitido hoy al presidente del Gobierno.
Este documento incide en que la reducción máxima del número de casos de
COVID-19 exigiría "fuertes medidas de distanciamiento social", que
pueden incluir ese confinamiento de grandes grupos durante un largo
tiempo.
Las
recomendaciones que este Centro ha trasladado al Ejecutivo para tratar
de asegurar una gestión "eficaz y segura" de la epidemia se centra en
cuatro áreas: la asistencia sanitaria; la vigilancia epidemiológica; la
identificación y contención precoz de las fuentes de contagio; y las
medidas de protección colectiva.
El
objetivo de las estrategias que se deben adoptar ahora es, según el
Comité de Coordinación que dirige el doctor Fernando Simón, reducir el
número de casos hasta un nivel asumible por el sistema sanitario
evitando el riesgo de que desborde o vuelva a sufrir el estrés al que ha
estado sometido durante la primera onda epidémica.
Pretenden además esas recomendaciones garantizar la asistencia a todos
los pacientes -a los de COVID-19 y al resto-, y asegurar la protección
de los colectivos más vulnerables "minimizando el coste humano, social y
económico durante la gestión de la epidemia".
Los
expertos creen que esos objetivos se pueden lograr "con un proceso
ordenado de transición" de la situación actual, con medidas extremas de
distanciamiento social, hacia una "nueva normalidad" que asegure la
reducción de riesgos.
En el
informe que han trasladado al Gobierno, los expertos constatan que no se
puede predecir con seguridad cuál va a ser la evolución de la epidemia
en España durante el próximo año, debido a la incertidumbre sobre la
proporción de población que está infectada, a la duración de la
inmunidad, la posible trasmisión estacional del virus y la forma en que
evolucionará la pandemia en el resto del mundo.
Advierten por ello de que este documento será "dinámico" y susceptible de ser modificado según
avance el conocimiento sobre el virus, los resultados que se desprendan
del estudio de seroprevalencia o la aparición de terapias efectivas
contra la enfermedad.
Las
recomendaciones de los expertos apuestan por una asistencia sanitaria
"reforzada" para evitar que el sistema sanitario vuelva a una situación
similar a la que ha tenido en las últimas semanas y para poder reanudar
la asistencia habitual de pacientes con patologías diferentes a la
COVID-19.
En los hospitales,
inciden en la importancia de prevenir infecciones y para ello insisten
en la necesidad de disponer de suficientes "equipos de protección individual",
mantener los circuitos diferentes para pacientes COVID y los que no lo
son, y reforzar las consultas de atención al personal sanitario para
cribado, diagnóstico, seguimiento y atención psicológica.
En
atención primaria, los expertos recomiendan cetros específicos de
pacientes sospechosos, circuitos separados para la atención presencial
de personas con síntomas sospechosos y reforzar la atención
domiciliaria.
Los expertos han
constatado en el documento la importancia de la vigilancia
epidemiológica y la necesidad de identificar y contener cualquier fuente
nueva de contagio, y para ello abogan por el diagnóstico de las
personas sintomáticas con pruebas "PCR" u otras que estén consideradas
adecuadas y por el aislamiento precoz.
Para
ello, el Centro de Coordinación señala que si es necesario se deberá
habilitar capacidad hotelera u otras instalaciones para proceder a ese
aislamiento "supervisado" de casos leves cuando no pueda hacerse
efectivo en el domicilio.
El
documento señala que conforme se vayan avanzado en estos objetivos se
podrán ir tomando decisiones que permitan un progresivo aumento de la
movilidad y de la actividad laboral.
Esas
decisiones se deberán basar, según los expertos, en la evolución de los
indicadores específicos que se adopten en los foros técnicos del
Consejo Interterritorial, y en la identificación de las áreas
geográficas "con capacidades de preparación adecuadas" y con situaciones
epidemiológicas y de riesgo adecuadas.
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