Hace ya tiempo que Ciudadanos dejó de tener
relevancia en la política catalana y varios han sido los motivos para
caer en el ostracismo actual después de conseguir, en diciembre de 2017,
ser la primera fuerza política en los comicios al Parlament:
desde la huida masiva de sus dirigentes a Madrid hasta la incapacidad
para liderar un discurso desde el unionismo que diera una mínima
esperanza de victoria y no una permanencia sine die del
conflicto entre Catalunya y España.
Se puede ser unionista pero no es
necesario pedir a la fiscalía que revise el permiso de 48 horas a los
Jordis después de 47 meses de prisión, una injusta y cruel condena y,
sobre todo, cuando ya han cumplido el 25% de la condena para solicitar
reglamentariamente la primera salida. Eso no es hacer política, eso es
actuar con sed de venganza, algo muy alejado de la sociedad catalana.
Los resultados de las elecciones
españolas del 10-N ya evidenciaron el declive de la formación naranja y
sus dirigentes no entendieron el aviso. Inés Arrimadas sigue con la
misma política de Albert Rivera
y las últimas encuestas, como la del CIS, no hacen sino acentuar el
retroceso y situarlos como una opción residual, mientras sus cientos de
miles de electores parecen aterrizar en Vox, PSC y, en menor medida, en
el PP en un interesante realineamiento del unionismo.
El último incidente de Ciudadanos tiene que ver con la queja
presentada ante la Mesa del Parlament por el Consell de Personal del
Parlament, que ha denunciado coacciones del grupo naranja. El personal
de la Cámara legislativa asegura que quieren incidir en su objetividad,
profesionalidad, integridad, neutralidad, responsabilidad e
imparcialidad.
No son acusaciones banales ni habituales por parte de los
funcionarios públicos. Esperemos que la Mesa el Parlament actúe en
consecuencia ya que los tiempos del matonismo han pasado.
(*) Periodista y director de El Nacional
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