SEVILLA.- Apenas constituido el Parlamento andaluz, después de unas elecciones
autonómicas que dieron el vuelco a 37 años de Gobierno continuista del
PSOE, el candidato a presidir la Junta, Francisco Serrano, por el partido revelación del momento, Vox, hacía cola en una Delegación de Hacienda
de Sevilla. Esperaba de pie a que le dieran el CIF del Grupo
Parlamentario para que la Cámara les adelantara un dinero y poder
empezar a trabajar. Nadie les explicó que este trámite administrativo se
hace «on line» en cualquier gestoría por menos de 20 euros, relata hoy Abc.
Un mes antes de esa noche electoral del 2 de diciembre de 2018,
las encuestas oficiales daban un tímido diputado por Almería, tierra
donde el discurso en contra de la inmigración irregular del partido de
Abascal impregna por estar muy ligada a su presencia en los campos
inmensos de agricultura intensiva bajo plásticos. Cuando quedaba una
semana para la cita con las urnas los datos de los partidos que podían
pagar los sondeos les daban entre seis y ocho. Los doce conseguidos no se los creían ni ellos mismos.
Salvo uno que había militado un cierto tiempo en el PP y Serrano que era la segunda vez que se presentaba, ninguno de los elegidos tenía la más mínima experiencia política.
Todo era una tierna bisoñez.
Se palpaba la inexperiencia del grupo que
entraba por primera vez en ese gigantesco antiguo Hospital de las Cinco
Llagas, que apabulla nada más perderse por sus bellos patios e
interminables pasillos. La primera pregunta que todos se hicieron fue y
ahora qué hacemos.
La respuesta estaba en los medios económicos que la
propia Cámara pone a su disposición. A Vox le correspondían 1.175.953 euros al año, casi cien mil al mes para su funcionamiento.
Con ese dinero podían haber contratado a los mejores asesores para los
tres pilares básicos en los que descansan todos los grupos políticos: un
servicio jurídico, con especialistas en derecho parlamentario,
economía, legislación; otro de comunicación, con periodistas y
documentalistas para dar a conocer la labor del grupo y facilitar el
trabajo de sus diputados y un último de gestión y administración para
llevar las cuentas y organizar la logística.
Pero Madrid puso el grito
en el cielo. Ese dinero era un despilfarro público y no se podía malgastar.
Ninguno de los asesores contratados para solventar las carencias de los
doce diputados de la nueva derecha completamente ajenos a estos
avatares eran profesionales con un dilatado currículum, una buena agenda
y dilatados años de experiencia. El joven equipo se puso a jugar en campos de primera división, con partidos como el PP o el PSOE, con alpargatas.
Además, Vox, partido manifiestamente partidario de reformar el
sistema autonómico, tiene una estructura de control piramidal donde la libertad para tomar decisiones a nivel regional es muy limitada por no decir nula.
Querían evitar dos cosas. Una, que se les colaran personajes
intrusistas, como ya le había ocurrido a Ciudadanos y tuvieron que hacer
una «limpia». Y otra, que se echara por tierra la imagen que quieren
transmitir que ellos con la mitad de dinero público gastado pueden
conseguir el doble de objetivos sin tocar los impuestos de los
contribuyentes.
Todos los pasos que se daban en el grupo parlamentario eran
supervisados y aprobados por el partido en Madrid. En apenas un año de
existencia ha habido tres coordinadores en el Parlamento andaluz
encargados de esa tarea: Begoña Conde, Carlos Hugo Hernández y en la
actualidad Nicolás Gutiérrez. El segundo es andaluz y los otros dos
vascos. La alternancia no ha sido continua, ha habido muchos períodos de
tiempo donde las consultas se evacuaban directamente al Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) porque el nuevo coordinador no llegaba.
Al
principio todos estaban de acuerdo en que el líder natural del grupo era
el juez en comisión de servicios una vez rehabilitado, Francisco
Serrano. Pero éste cayó en desgracia por dos problemas graves de comunicación.
Nada más conocerse la sentencia de La Manada publicó un comentario en
Twitter muy crítico con el Tribunal Supremo al asegurar que el fallo lo
había dictado una «turba feminista supremacista».
Pero la gota que colmó
el vaso fue posteriormente en Facebook, donde escribió que «hasta un
gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer,
podría terminar con el impotente en prisión».
Estas palabras fueron
inmediatamente desautorizadas por el partido que las englobó dentro del
«ámbito personal» incluso cuando el propio autor reconoció que se había
equivocado. Desde entonces Serrano dio un paso al lado y su figura como presidente del grupo es meramente decorativa. Toda
la responsabilidad recae en su portavoz, Alejandro Hernández.
Es el que
lleva las negociaciones con el PP y Cs, despacha con Madrid y se expone
ante las cámaras en las ruedas de prensa. Da una imagen más moderada y
menos disruptiva que la de Serrano, quien su obsesión, también su
especialidad, sobre temas de violencia de género, le ha hecho pagar una cara factura incluso médica con una baja por depresión.
El principal problema que tiene Hernández es su falta de carisma. No es
un líder político que levante adhesiones ni tiene poder de cohesión
dentro del grupo. Serrano sería como fuere, pero era un referente a
nivel nacional y especialista en labores de mediación entre personas
enfrentadas.
El portazo de la diputada por Almería
Todo este ímprobo esfuerzo de entrega y trabajo de advenedizos a la
política ha traído como consecuencia la primera crisis seria dentro de
la formación verde: el portazo de la cabeza de lista por Almería Luz Belinda Rodríguez. Aunque llevaba meses barruntando que se iba, que estaba harta de
que fueran los coordinadores a los que nadie había elegido en Andalucía
los que tomaran las decisiones por ellos, que al grupo le faltaba
dinamismo y estrategia política, donde votaban lo mismo que el
PP, y se había convertido en una formación militar de ordeno y mando,
nadie supo reconducir la situación.
A pesar de que el grupo votó por
unanimidad su expulsión este jueves pasado y así lo registraron en la
Cámara, ella ya había dicho la semana antes que se iba ¿Será la única
que abandone Vox y pase a diputado no adscrito? Seguramente no.
Probablemente haya más sorpresas.
La situación dentro del grupo parlamentario de la formación de la
nueva derecha en Andalucía no es muy distinta que en sus provincias, con
unas primarias a la vista. Cinco ejecutivas han dimitido, la última la de Cádiz y
se encuentran en manos de gestoras. Sólo Sevilla, Málaga y Córdoba
tienen dirigentes estables.
En Almería dos concejales de Roquetas de
Mar, Francisco Barrionuevo y Antonio Inocencio López y otro de Vícar,
Rafael Ruda, han dicho adiós al proyecto. La falta de mandos
intermedios, estructura organizativa, una jefatura territorial que
libere al CEN de tener que resolver todos los fregados, los
importantes y los que no lo son, está poniendo en peligro el futuro a
corto y medio plazo de una organización que no para de crecer en
militancia.
Tiene mucho predicamento entre la gente joven y mayor. Cala en los barrios obreros y la periferia de las grandes ciudades donde
no llega el mensaje del PP y de Cs. También en las zonas agrarias donde
se ha convertido en el adalid de la defensa de la caza y el mundo rural
como aliado natural del ecologismo.
Prepararse para gestionar
Esa es la gran encrucijada del partido que vino a hacer la «revolución conservadora» y
que en el último resultado electoral, las elecciones generales de 2019,
se ha convertido en la segunda fuerza en Andalucía en un empate técnico
con el PP, que le aventaja por apenas 7.000 sufragios.
En Almería,
Cádiz, Huelva y Sevilla sacaron más votos que los populares. Si esta
tendencia continua, y el viento de las encuestas les favorece,
seguramente tendrán que hacer labores de gestión en el próximo Gobierno
de la Junta. Y para eso se necesita algo más de talento que la «política de trincheras» y redes tuiteras y de instagramers.
No hay comentarios:
Publicar un comentario