Un aviso para navegantes: España ha apostado por la judicialización
de la política y en este emponzoñamiento cuesta seguir el hilo de las
noticias, ya que se confunden unas con otras, ya que faltan nuevas
resoluciones e incluso se mezclan las victorias con las derrotas.
Así,
por ejemplo, la retirada del escaño del president Quim Torra por parte
de la JEC, ratificada por el Supremo al rechazar las medidas
cautelarísimas pedidas por la defensa, y ejecutada por la tarde-noche
por Junta Provincial de Barcelona no ha finalizado su fase judicial y
veremos que acaba decidiendo en una o dos semanas cuando deba tomar,
entonces sí, la decisión definitiva.
Sigo pensando que el Supremo
detendrá entonces el atropello que se está produciendo y esperará a la
conclusión del juicio de inhabilitación al president Torra.
Hemos visto también como el Parlamento Europeo ha retirado a Oriol
Junqueras la credencial de diputado pese a la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea del pasado diciembre, una vez el Supremo
español le ha notificado que está inhabilitado. El Parlamento Europeo se
escuda en el hecho de que las decisiones definitivas de un estado
miembro son de obligado cumplimiento.
Veremos qué dice el TJUE cuando le
llegue nuevamente el caso y si la victoria del Estado español es
pírrica y transitoria o definitiva y de más envergadura. También hemos
asistido al movimiento del juez Pablo Llarena con los eurodiputados
Carles Puigdemont y Toni Comín. El magistrado del Supremo ha reconocido
la inmunidad de ambos en Europa, que no en España, donde mantiene las
órdenes de detención y avisa que serán detenidos si cruzan la frontera.
Es una interpretación ciertamente sui generis pero, al final, refleja que el ardor patrio puede más que la justicia europea.
También está el caso de los CDR detenidos por la Audiencia Nacional y
cuyos dos últimos integrantes han sido puestos en libertad después de
tres meses de prisión. De las nueve personas detenidas en octubre ya no
queda ninguna en la cárcel y las acusaciones de terrorismo que se les
formularon inicialmente han ido desapareciendo, como si, conseguido el
resultado inicial de inflar un gran globo mediático, lo demás fuera poco
importante. Aquellos explosivos y los precursores han quedado en nada,
pero el efecto propagandístico y acusador del independentismo, así como
aquellas portadas escandalosas sí se realizaron. Claro que se
realizaron.
Pero en el artículo de hoy quería hablarles de una noticia
importante, trascendente, y que en la avalancha informativa de la
jornada ha quedado, lamentablemente, en un segundo plano. Se trata de la
última actualización de la balanza fiscal entre Catalunya y el Estado
que ha hecho público el Departament d'Hisenda de la Generalitat y que
señala que el déficit fiscal ha superado los 16.800 millones en cada uno
de los ejercicios de 2015 y 2016. Entre los dos ejercicios más de
33.000 millones de euros. En el fragor de la batalla política
diaria este dato ha ido desapareciendo del debate cuando es un elemento
trascendental y debería seguir siendo un caballo de batalla permanente.
No existe mejor manera de explicar el comportamiento de España con
Catalunya que con datos reales y que se asemejan mucho a un expolio en
toda la regla. Los ciudadanos de Catalunya sufren un déficit crónico que
afecta a su calidad de vida y que queda reflejado en estas apabullantes
cifras que siguen siendo estratosféricas año a año y que dependen poco
del gobierno de turno que haya en la Moncloa.
El Govern debería seguir
haciendo pedagogía de esta situación, ya que es la mejor manera de que
la gente entienda que la asfixia económica tiene mucho que ver con el
déficit fiscal que el Estado tiene con Catalunya.
(*) Periodista y director de El Nacional
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