Que la primera instancia en emitir un
comunicado inusual y
extraordinariamente crítico contra unas declaraciones del nuevo gobierno
español de coalición haya sido la cúpula judicial, demuestra bien a las
claras que la batalla ya se ha abierto y se va a disputar con luces y
taquígrafos.
La reacción del CGPJ contra Pablo Iglesias
ha hecho las delicias de la derecha y eso que lo que ha manifestado es,
aunque escueza, una obviedad. ¿O acaso las resoluciones de los
tribunales europeos en lo que se refiere, primero, a las euroórdenes y,
después, a la inmunidad, no han dejado en mal lugar a la justicia
española? ¿Es exagerado decir, como ha afirmado el vicepresidente, que
han supuesto una humillación para el Estado español? ¿Qué han hecho si
no el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Alemania, Escocia,
Bélgica, sino enmendar la plana al Tribunal Supremo?
Otra cosa es que irrite al deep state escuchar
esto en boca
de un vicepresidente del gobierno de España y que, hasta el lunes, era
tan solo secretario general de Podemos. La airada reacción del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ), marcando territorio, es una señal que
el conflicto va mucho más allá de Podemos y que el objetivo directo
es Pedro Sánchez.
Sorprende, eso sí, que hayan abierto tan pronto las hostilidades y
que la cúpula judicial pretenda cortar de raíz lo declarado por Iglesias
puntualizando que, "desde el más absoluto respeto al derecho de
libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible
reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en
toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de
la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos
españoles, fundamento de nuestro estado social y democrático de
derecho".
Unas palabras con un destinatario claro y que encontraron a
última hora de la tarde respuesta de la Moncloa, que salió en defensa de
su vicepresidente y cerrando filas.
El nombramiento de la nueva fiscal
general del Estado en el primer Consejo de Ministros, la polémica ex
ministra de Justicia Dolores Delgado,
y las virulentas reacciones que hubo, ya fue un primer signo de que la
derecha y una parte importante de la izquierda española iba a
responder a las primeras de cambio con agresividad.
También,
que fácilmente interpretaría que detrás de todo ello puede haber un
intento por parte de Pedro Sánchez de desjudicializar el conflicto catalán
y, quién sabe, si acabar reformando el Código Penal para modificar los
delitos de rebelión y sedición, y facilitando la salida de los presos
políticos.
Es una propuesta electoral de los comunes si
llegaban al Gobierno, y a ello se acogerán los partidos
independentistas, aunque no hay ninguna garantía de que haya agua en la
piscina y el PSOE acabe validándola. En cualquier caso, falta tiempo y,
además, la voluntad política con Sánchez nunca es segura.
Es fácil comparar la situación política actual con la que se vivió tras la moción de censura y
aquel espejismo duró muy pocas semanas. El independentismo viene, por
tanto, de aquella experiencia que no es tan lejana.
Si acaso, una cosa
ha cambiado respecto a entonces: Sánchez tiene más enemigos que nunca,
ha roto sus puentes con una parte significativa del stablishment,
el entorno del Rey emite incomodidad, cuando no enojo, y la cúpula
judicial controlada por el PP y que no puede cambiar no le va a dejar
pasar ni una.
Eso,
mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, tiene que cesar al
Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad) y nombrar precipitadamente a
un sustituto porque el dimisionario le había entregado al Rey un informe
explosivo sobre las Fuerzas Armadas puenteando a la ministra.
Si curioso es que Sánchez cambie, como
quien da la vuelta a un
calcetín, aliados, discursos y compromisos, más sorprendente acaba
siendo que se adentre en un terreno vedado hasta la fecha al poder
político como es pretender reformar la justicia y desplazar la alta
judicatura del peligroso lugar al que ha llevado el Estado español.
Aquella que decía proteger la democracia y que no cesaba de actuar
contra ella y quienes la defendían.
(*) Periodista y director de El Nacional
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