El PP redobla su ofensiva contra Montero por el caso de los ERE

MADRID.- Los populares no están dispuestos a aceptar la ausencia total de explicaciones y de asunción de responsabilidades con las que el PSOE intenta hundir en el olvido la sentencia condenatoria del caso de los ERE. Máxime porque fue el líder socialista, Pedro Sánchez, quien utilizó una frase de otra sentencia condenatoria para construir la moción de censura que expulsó al expresidente popular Mariano Rajoy de La Moncloa. 

Por ello, el grupo parlamentario que preside Pablo Casado ha redoblado su ofensiva en el Congreso de los Diputados donde el vicesecretario de Participación, Jaime de Olano, ha registrado una batería de preguntas escritas para estrechar el cerco sobre la titular de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, a las que ha accedido Abc. 
La sentencia por la mayor trama de corrupción juzgada en España deja muchas preguntas sin contestar acerca de la información que pudo manejar la ministra socialista cuando era consejera de la Junta de Andalucía. Y el plantón que ésta dio a la comisión de investigación de aquel Parlamento autonómico el pasado mes de noviembre ha elevado las sospechas de los populares.

El papel de la ministra

Olano pregunta así al Ejecutivo socialista si Montero tuvo conocimiento «en algún momento» de «la existencia de convenios y/o contratos firmados por altos cargos de la Junta de Andalucía sin el control de la intervención de la administración andaluza». 

El vicesecretario popular recuerda también que cuando la ministra era consejera de Sanidad tuvo que recibir los expedientes e informes que preceden a cada Consejo de Gobierno, y pide conocer si en alguno de ellos se mencionó «la existencia de los convenios y/o contratos hallados en las cajas fuertes de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)». No acaban aquí las interrogantes planteadas por el político popular, quien también quiere saber cuál fue la actitud de Montero ante «los múltiples requerimientos» realizados por la Justicia ordenando a la Junta «la remisión de diversa documentación relativa a la denominada trama de los ERE». 

En esta línea, Olano pregunta también a quién se dirigió la ministra en funciones «para localizar la documentación requerida» y «cuál fue la respuesta» que recibió de estas personas. La batería de interrogantes se cierra pidiendo conocer si la política andaluza conocía «la existencia de tres cajas fuertes en las dependencias de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía».

Respuesta obligada

Una vez que la Mesa de la Cámara califique las preguntas y se publiquen en el Boletín Oficial de Las Cortes, el Gobierno dispondrá de veinte días para remitir sus respuestas por escrito a Olano. No obstante, el Ejecutivo podrá solicitar a la Mesa que le conceda una prórroga, siempre de manera motivada, por un máximo de veinte días más. 

El Reglamento del Congreso obliga al Gobierno a contestar, pero en el caso de que no lo hiciera, el vicesecretario popular podría pedir a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, la conversión de la pregunta en oral y su inclusión en el orden del día de la siguiente comisión en la que comparezca Montero.

Sánchez, sin explicaciones

Mientras llegan las respuestas del Ejecutivo, el PP se mantiene a la espera de que se conformen los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y pueda reunirse la Junta de Portavoces. Éste es el órgano que deberá debatir si el presidente en funciones, Pedro Sánchez, debe comparecer ante el Pleno para dar explicaciones por la sentencia de los ERE , tal y como ha solicitado la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo. 

Esta iniciativa fue la primera que registró el grupo que preside Pablo Casado, lo que apunta a que la citada sentencia será uno de los ejes sobre los que pivotará sus ataques al líder socialista durante esta legislatura. 

En la petición de comparecencia, Álvarez de Toledo reclama a Sánchez que explique «los motivos por los que se niega a asumir públicamente responsabilidades políticas» a pesar de que varios cargos socialistas fueron condenados por «malversar casi 680 millones de euros destinados a los desempleados y al saneamiento de empresas en crisis». 

Para que la comparecencia salga adelante deberá ser apoyada por la mayoría de la Junta de Portavoces. La votación será un test para conocer la solidez de las alianzas de Sánchez.