SEVILLA.- Sin aviso previo, de la noche a la mañana, la secretaría de Financiación Autonómica del gobierno de Pedro Sánchez ha enviado una carta a la Junta de Andalucía con la que comunica al gabinete que dirige Juanma Moreno que no le permitirá adherirse al Fondo de Liquidez Autonómica si no realiza antes un plan de ajuste del gasto.
Esta
intervención no está exenta de polémica, puesto que el ejercicio al que
se refiere la Administración Sánchez a la hora de calibrar el
incumplimiento de los objetivos presupuestarios es el año 2018, un curso en el que la Junta dependía del PSOE y el control del gasto autonómico colgaba de la actual titular de Hacienda, María Jesús Montero, entonces consejera del ramo bajo las órdenes de Susana Díaz.
Las cuentas del pasado año deberían haber cerrado con un desfase
equivalente al 0,4% del PIB, pero se zanjaron con una desviación del
0,5%. En términos monetarios, la herencia recibida por Juanma Moreno suponía un ensanchamiento del déficit, que terminó 2017 en 644 millones de euros pero creció en 2018 hasta los 813 millones.
El
fuerte aumento del déficit andaluz no solo recogía la mala gestión de
Susana Díaz en materia de contención del gasto, sino que también se
explica por el pago de diversas facturas derivadas del descontrol de recursos que ha marcado la etapa del PSOE
en la Junta. Así, el gobierno regional desembolsó 200 millones por el
Caso Nevada, 165 millones por los sobrecostes del Metro de Sevilla, 227
millones por las deudas contraídas con el Banco Europeo de
Inversiones...
Llama la atención, por otro lado, que el Ejecutivo socialista no haya actuado de manera similar con otros territorios que también se saltaron el objetivo de déficit de 2018,
caso de Murcia (debía cerrar el año en el 0,4% del PIB, pero se quedó
en el 1,3%) o Comunidad Valenciana (que registra el peor resultado de
todas las autonomías, con un déficit del 1,4% del PIB que se queda lejos
de la meta oficial del 0,4%).
La carta remitida con Hacienda condiciona a la Junta en lo tocante a
cualquier operación de deuda: o reduce el gasto para compensar el
desfase que heredó de Susana Díaz o tendrá que solicitar permiso para acudir a los mercados y obtener financiación. Esta situación no tiene por qué resultar imposible de gestionar, puesto que Juanma Moreno ha logrado colocar
títulos de deuda andaluza valorados en 1.320 millones durante su primer
año de mandato. Sin embargo, el ministerio de Hacienda también puede
optar por condicionar dichas operaciones o por solicitar planes
económico-financieros que contemplen determinadas medidas
compensatorias.
En la Junta de Andalucía no dan crédito a lo sucedido. Este lunes, el consejero de Hacienda de la Junta, Juan Bravo, recordaba que curiosamente, la carta está fechada el día 5 de diciembre, dos días después de que "denunciáramos los ERE fraudulentos", recordaba.
Bravo decía
que la Junta actual "lo está haciendo bien", sobre todo en materia
fiscal. Además, la Junta actual, gobernada en coalición por PP y
Ciudadanos, insiste en que desde que llegaron al poder se han marcado
como objetivo normalizar la difícil situación presupuestaria que han
heredado.
En este sentido, la legislatura comenzó con unos presupuestos
prorrogados de 2018, pero PP y Ciudadanos han aprobado en diez meses dos
presupuestos para revertir esta situación heredada y cumplir con lo que
establece la Ley de Estabilidad, equilibrar las cuentas y alcanzar el
déficit cero en 2020.
Bravo decía no entender la intervención de su administración por parte
del ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, "si no es porque no
les gusta que en Andalucía no les voten a ellos", sentenciaba molesto.
Bajo gobierno de Susana Díaz, María Jesús Montero
insistió reiteradamente en que el gobierno de Mariano Rajoy debía
transferir a la Junta andaluza más de 4.000 millones derivados de
diversos conceptos en que, supuestamente, no se estaba cumpliendo con la
financiación debida.
Sin embargo, Pedro Sánchez no ha movido ni un dedo
en este sentido.
La Consejería de Hacienda había planteado llegar al equilibrio presupuestario en 2020,
alcanzando por fin un escenario de déficit cero que, hasta la fecha, no
se ha dado nunca en el gobierno andaluz, controlado desde la Transición
hasta finales de 2018 por el PSOE. "Nuestros hijos y nietos no tendrán
que pagar nuestras deudas", explicó el popular Juan Bravo, responsable de las finanzas autonómicas.
De
enero a octubre, los Cuadernos de Recaudación Tributaria que publica la
Consejería de Hacienda de la Junta han constatado una ligera caída de
los ingresos fiscales. Para ser precisos, se generaron 13.257,85
millones por los diversos gravámenes gestionados desde San Telmo, lo que
supone 148,11 millones menos que en 2018.
En abril de este año, el Ejecutivo regional introdujo una rebaja de impuestos que incluye bonificaciones de Patrimonio y Sucesiones, minoraciones del IRPF y tarifas especiales para los autónomos.
Por
todos estos motivos, desde la Junta no entienden que por un
incumplimiento puntual achacable a los presupuestos firmados por la
anterior administración socialista se trunque un plan de salida
progresiva de esa situación como ha diseñado el actual gobierno
autonómico.
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