ALMERÍA.- Casi seis años después de la riada de aquel fatídico 28 de
septiembre de 2012, Acuamed ha dado el primer paso para devolver al uso
la desaladora del Bajo Almanzora, una infraestructura que costó cerca de
80 millones de euros y que apenas proporcionó agua durante tan sólo un
año, según Ideal.
El Consejo de Administración de la sociedad estatal Acuamed ha
aprobado la licitación de un contrato de consultoría que supone -tras
seis años de absoluto parón- la primera muestra de que algo se mueve en
torno a esta polémica infraestructura.
Seis años en los que la
desaladora está incluso siendo objeto de una investigación judicial por
la presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados
destapada en la operación Frontino, desarrollada por la Guardia Civil y
que acabó con 13 arrestos y 16 registros policiales.
Una
consultora de ingeniería se encargará de evaluar los «daños» existentes
en la infraestructura y redactar posteriormente el anteproyecto de
reparación de la planta. «Partiendo del estado actual de la planta
desaladora de Bajo Almanzora, este contrato es necesario para llevar a
cabo la reparación y puesta en servicio de la citada instalación. Para
ello ha de realizarse una evaluación detallada del estado y de los daños
de la instalación, que permita definir el alcance y las prescripciones
técnicas de los trabajos de reparación y puesta en marcha, que se
completará con un período de mantenimiento y operación a modo de período
de garantía», reza el pliego de condiciones técnicas de la licitación.
Además, también incluirá una
novedad: el anteproyecto deberá incluir la ampliación de la capacidad de
producción inicial con el suministro y montaje de un bastidor de
ósmosis inversa adicional para una producción de 15.000 metros cúbicos
al día.
Esta ampliación estaba prevista con anterioridad. La
infraestructura se construyó, en su momento, con una capacidad de 45.000
metros cúbicos diarios ampliables en un 25%, justamente lo que ahora
encarga Acuamed -en un contexto de dura sequía para todo el Levante
almeriense-.
El contrato de consultoría tiene un
presupuesto base de licitación de 464.814 y un periodo máximo de
redacción de 12 meses. Atendiendo a los plazos burocráticos que conlleva
cualquier proyecto de esta magnitud, sería prácticamente imposible que
lleguen obras este año pese a que el Gobierno ha incluido una partida de
tres millones de euros en el proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado para este año -que irían encaminados a la ampliación- y otros
dos millones para la reparación que, advierte, es «repercutible [a]
terceros».
Una primera estimación de daños -los técnicos
ya hicieron una evaluación inicial sin llegar a la profundidad
necesaria- cifra en torno a 14,5 millones de euros la inversión
necesaria para devolver la desaladora al uso. En principio, y según la
proyección que arroja el proyecto de presupuestos, la obra podría estar
de nuevo en servicio a lo largo del año 2019.
El diputado popular
Juan José Matarí ya mostraba su convencimiento de que la reparación de
la infraestructura -paralizada desde hace casi seis años pese a haber
contado con dotaciones presupuestarias anuales- era una cuestión
inminente. Lo hacía alegando un «conocimiento directo» de que Acuamed
había retomado las gestiones para que la principal fuente de agua, tanto
para riego como para suministro doméstico, en el Levante volviera a
prestar servicio cuanto antes.
Sin embargo insistía en la
tesis de que la principal causa de la anegación de la misma en 2012 fue
la decisión de situarla en la margen izquierda del río Almanzora en
lugar de en la derecha, donde había sido planeada inicialmente. Este
cambio de ubicación tuvo lugar bajo gobierno socialista.
Esta tesis ha
sido no obstante descartada por los propios técnicos de Acuamed. Un
informe de la entidad remitido al Juzgado Central de Instrucción nº 6
de la Audiencia Nacional -el que investiga la Operación Frontino-
reconoce el cambio de ubicación por el rechazo social. Sin embargo, las
medidas protectoras que se le efectuaron eran suficientes «en base a los
estudios hidrológicos e hidráulicos» para evitar la anegación.
De
hecho, Acuamed vincula los sucesos de 2012 a intensidades de lluvia «muy
elevadas» y a que el agua «circuló fuera de los límites» de la rambla
de Canalejas «aguas arriba de las parcelas que ocupa la desaladora».
«Prueba
de ello», agrega Acuamed en dicho informe, «es que el agua arrastró las
estructuras de dos pasos elevados de la A-7 y la AP-7», las dos
autovías existentes en la zona, «aguas arriba de la ubicación de la
desaladora del Bajo Almanzora». «El agua circulaba por fuera de la
rambla desde antes de llegar al tramo encauzado», esgrime la sociedad
estatal a la Audiencia Nacional.
Además de la obra de
reparación, está previsto que se ejecute otra obra en dos fases: una
primera sobre drenaje de la parcela en la que está ubicada la desaladora
y algunos elementos de bombeo y una segunda con una ampliación del
encauzamiento en la rambla de Canalejas -que fue el cauce desbordado que
acabó inutilizando la infraestructura-.
«La conclusión de estas obras
garantizaría la protección de la planta desaladora», apunta Acuamed en
sus conclusiones ante la Audiencia Nacional.
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