ALMERÍA.- La Policía Nacional ha desmantelado en
Almería y El Ejido una trama a la que se acusa de estafar a alrededor de
300 ciudadanos subsaharianos y magrebíes en situación irregular a los
que ofrecieron contratos de trabajo ficticios en comercializadoras
agrícolas fantasmas por los que les cobraron cantidades que oscilaban
entre los 600 y los 1.300 euros.
La operación se ha saldado con cinco detenidos que, según ha
indicado en un comunicado la Comisaría Provincial, formaban una sociedad
con estructuras piramidal encabezada por un líder e integrada por los
intermediarios, encargados de tramitar contratos y cobros, y los
encargados de captar a las víctimas.
La investigación se inició hace cuatro meses después de que la
Oficina de Extranjería de la capital alertase de la existencia de
varias empresas que estaban solicitando de una forma masiva
autorizaciones de trabajo y residencia para extranjeros sin que estas
tuviesen una actividad real.
Otros informes de control sobre estas empresas ficticias
elaborados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Almería y de varias denuncias presentadas por perjudicados por la trama
pusieron a los agentes sobre la pista de seis mercantiles inscritas a
nombre de seis personas distintas aunque todas las gestiones eran
realizadas por F.E.C., considerado por la Policía Nacional cabecilla de
la red.
Una vez creadas las empresas ficticias, la banda se dedicaba a
captar inmigrantes irregulares para ofrecerles un contrato de trabajo
falso a cambio de elevadas sumas de dinero que oscilaban entre los 600 y
1300 euros.
Con esta simulación de relaciones laborales, la trama ha dado
de alta a trabajadores en la Seguridad Social de forma fraudulenta, por
lo que algunos han pasado, tras su baja en la empresa a ser
beneficiarios de prestaciones o subsidios por desempleo. Otros han
conseguido permisos de trabajo presentando los contratos de estas
empresas fantasma.
Los investigadores calculan unos 300 inmigrantes han sido
víctimas del grupo, y que además en la mayoría de los casos no se ha
efectuado las correspondientes cotizaciones sociales, por lo que se
calcula que han generado una deuda con la Seguridad Social de unos
100.000 euros.
Hasta el momento se ha arrestado a cinco personas pero la
investigación continúa abierta por lo que no se descartan nuevas
detenciones en los próximos días. Se les imputa sendos delitos de
falsedad documental, estafa y contra los derechos de los trabajadores
por los que han sido puestos a disposición judicial.
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