ROQUETAS DE MAR.- El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel
Amat, ha indicado que el ayuntamiento hará "todo lo posible" para que se
quede "legalizada" la situación del residencial 'Balcón de Golf' cuya
demolición ha ordenado en firme el Tribunal Supremo (TS), y ha defendido
que se otorgó la licencia para 129 apartamentos en 2003 "sin ningún
informe desfavorable" por parte de la Junta andaluza.
"Vamos a hacer todo lo que se pueda para no perjudicar a nadie porque
los propietarios compraron de buena fe; posiblemente, algunos estén
hasta pagando todavía y no los podemos machacar", ha trasladado en un
pleno ordinario donde se ha dado cuenta del fallo firme de Supremo, y en
el que los grupos municipales en la oposición han exigido
"explicaciones" y también la dimisión del regidor popular.
Amat ha afirmado antes de empezar el debate que el Ayuntamiento
"defenderá a rajatabla" los intereses de las personas perjudicadas, a
quienes la sentencia reconoce el derecho "a ser indemnizadas" con cargo a
los presupuestos municipales de Roquetas y ha destacado que van a
"luchar".
"¿Cuántas sentencias se han hecho y no son ejecutables? Lo que no
vamos a permitir es buscarle la ruina a mucha gente a la que le ha
costado trabajo comprar esas viviendas", ha dicho para añadir que ya ha
mantenido una reunión con la comunidad de vecinos de 'Balcón del Golf'
en la que le ha transmitido la postura del equipo de gobierno.
El alcalde ha criticado la actuación de la Junta en el procedimiento
ya que impugnó en 2006 la licencia de primera ocupación "cuando la obra
ya estaba hecha y algunas viviendas vendidas" y ha asegurado que los
permisos municipales se concedieron "correctamente" y con "todos los
informes favorables".
"Si se hubiera dado una licencia con un informe desfavorable, sería
responsabilidad del equipo de gobierno, pero no es así", ha concluido.
En el marco del debate plenario, que la oposición ha focalizado en
las consecuencias de la sentencia no solo para los propietarios de los
129 apartamentos, en un 80% como primera residencia, sino también para
las arcas municipales a tenor del fallo, el primer teniente de Alcalde y
portavoz, Juan José Rodríguez, ha enmarcado el
contencioso-administrativo que ha tenido dos fases en 2006 y en 2015, en
un "contexto" de "persecución notable y notoria" sobre "el alcalde de
Roquetas de Mar y entonces presidente provincial del PP y su familia".
"Estamos hablando de una época durante la que, en el momento de mayor
fortaleza del PSOE en Andalucía, en el que Gabriel Amat era el único en
todas las provincias andaluzas capaz de ganarles en las urnas, había un
funcionario en la Junta dedicado exclusivamente a analizar todos y cada
unos de los expedientes del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, pidiendo
ampliación de información casi semanalmente", ha dicho.
Rodríguez ha señalado que el Ayuntamiento actuó en la tramitación
urbanística de 'Balcón del Golf' de forma "absolutamente pulcra y
transparente, respetando a pies juntillas los informes técnicos
preceptivos" y ha instado a la oposición a "buscar culpables" en la
administración autonómica, que, según ha apuntado, "aprobó en 2003 los
129 apartamentos turísticos".
Ha precisado, asimismo y en la misma línea expresada por el alcalde,
que el Ayuntamiento "trabaja conjuntamente con la Junta de Andalucía"
para encontrar "una solución" ya que "hay muchas vías jurídicas" para
"respetar a rajatabla" la sentencia del Tribunal Supremo y para
"intentar que sea lo menos lesivo para los propietarios".
Por su parte, el PSOE ha calificado el residencial con piscina sobre
el que sobrevuela el derribo como "un pelotazo urbanístico" y una
"auténtica barbaridad" y ha destacado que, de acuerdo al baremo
indemnizatorio que se establece en el fallo, la ejecución costará al
ayuntamiento "unos 17 millones de euros, más del 15% del presupuesto
normal anual".
"Esto es muy grave, muy grave, porque el Ayuntamiento está obligado a
hacer un informe sobre el valor de los 129 apartamentos, sótano,
garaje, piscina y demás construidos, que nunca será inferior al mayor de
los valores catastrales, más un 30% y deberá hacer constar el importe
como garantía mediante la correspondiente modificación presupuestaria
como garantía", ha indicado el concejal Rafael Jesús Torres.
Torres ha entrado también en la "responsabilidad política" y ha
pedido a Amat que entone "el mea culpa y deje de mirar para otro lado".
"Alguien debe dimitir y queremos que se nos muestre quién es el
responsable porque alguien tiene que responder de este disparate que va a
causar un perjuicio tan grande", ha subrayado.
Los socialistas ha recalcado que los afectados por la resolución
judicial "no pueden ser los perjudicados" de una "nefasta gestión" y ha
ofrecido "colaboración" del grupo municipal para hallar una salida
"desde el acatamiento a las resoluciones judiciales".
Por su parte, la concejal de Vox, Soledad Pérez, ha señalado que el
ayuntamiento debe dar una "respuesta" a los damnificados "sobre los que
no debe recaer el hecho de que se diera una licencia irregular" y se ha
preguntado por las "medidas" que está adoptando al respecto el equipo de
gobierno tras serle notificada la sentencia de 20 de noviembre.
Ha planteado, asimismo, cómo se va a consignar la partida
presupuestaria destinada a las posibles indemnizaciones y si se va a
"habilitar un canal para facilitar" su reclamación, al tiempo que ha
apuntado si está entre las opciones "alcanzar acuerdos" con propietarios
o si, por el contrario, "se les va a dejar a su suerte".
También ha intervenido en el plenario el portavoz de Almería Avanza,
José Andrés Montoya, quien ha considerado que, al margen de otros
debates, "lo que está claro es que van a ser los roqueteros los que
tengan que pagar" y ha afirmado que, si el ayuntamiento sostiene que "no
es culpa suya", debe "denunciar a la Junta de Andalucía".
"A nosotros nos importa ahora mismo lo que va a costar la demolición y
la situación en la que van a quedar los afectados, y vamos a estar a
favor de cualquier medida para esas personas que compraron esa vivienda y
se quedan sin su casa durante tanto tiempo", ha manifestado al tiempo
que ha deseado que "ojalá no se eche abajo" el residencial.
Por último, la portavoz de IU-Podemos, Belén Pérez, ha expresado la
"preocupación" de su grupo por el "impacto" en los vecinos de Roquetas
de Mar, "sobre cuyas espaldas y bolsillos va a recaer la decisión
política y la mala gestión de Gabriel Amat" y ha remarcado que IU lleva
"denunciando desde 2006" la actuación irregular "recibiendo el silencio,
como es la tónica habitual".
"No se puede jugar a ser Dios cuando lo que está en riesgo es el
dinero de nuestros vecinos. La ejecución de esta sentencia significa que
tendrán que hacer frente con su dinero y eso no es justo", ha señalado
Pérez, quien ha exigido "coherencia" y que "respondan" con "su propio
patrimonio todos los concejales que votaron a favor" de la licencia
municipal que ahora ha sido declarada nula. "No se puede jugar con el
dinero de los roqueteros e irse de rositas", ha concluido.