Más fortalecimiento para pymes en estado de insolvencia / Ángel Tomás Martín *

Los seis años transcurridos de la actual crisis han producido efectos desastrosos con importantes pérdidas de tejido empresarial, de empleo y de otros inevitables efectos colaterales por contagio. Más del 90% de las empresas que solicitaron el concurso de acreedores acabaron liquidándose al no poder hacer frente a su pasivo exigible. En España, las de menos de diez empleados representan el 94% de las más de las 3.145.000 empresas censadas en diciembre de 2013; más del 50% eran empresas individuales o autónomos con menos de tres empleados, y sólo el 4% superaba veinte en sus nóminas.

Dentro de las llamadas PYMES se encuentran también, aunque en menor porcentaje, sociedades con responsabilidad limitada a la cuantía del capital y reservas que figuraba en sus balances. Los emprendedores individuales, en auténtica desventaja al serles de aplicación en caso de insolvencia el artículo 1911 del Código Civil y el 6 del Código de Comercio, respondían con todos sus bienes presentes y futuros. España es el país con mayor número de micro-empresas, y esto requería una reforma legal en profundidad que fortaleciese el marco de insolvencia de las PYMES.

Ante la evidencia de los hechos expuestos y por recomendación, en su día, de la propia Comisión Europea, el Ejecutivo emprendió reformas legales especialmente dirigidas en apoyo y ayuda de las empresas individuales y autónomos altamente endeudados o en quiebra. Se promulga la Ley 14/2013, reguladora de la figura del "emprendedor de responsabilidad limitada", gracias a la cual las personas físicas podrán evitar que la responsabilidad derivada de sus deudas empresariales afecte a su vivienda habitual, pero bajo determinadas condiciones y cumpliendo otras establecidas en el nuevo marco jurídico. 

En este sentido será operativa dicha limitación desde la inscripción y publicidad a través del Registro Mercantil y de la Propiedad. Se exceptúan de la limitación las deudas de derecho público. Tampoco podrá beneficiarse el deudor si hubiese actuado con fraude o negligencia grave. Siguiendo con las reformas, el Consejo de Ministros aprobó un Decreto- Ley, convalidado unánimemente por el Congreso, que concluyó en el Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial, vigente desde el 9 de Marzo de 2014, con el objetivo de mejorar el marco legal preconcursal de los acuerdos de refinanciación.

A pesar de las medidas mencionadas adoptadas, el Fondo Monetario Internacional no ha visto en la nueva legislación española una ayuda suficiente a las PYMES y autónomos, que siguen quedando en inferioridad de condiciones con relación a las sociedades de capital, y ha elaborado y hecho llegar al Gobierno un informe titulado FORTALECIMIENTO DEL MARCO DE INSOLVENCIA PARA LAS PYMES. Este informe ha reconocido avance en la legislación mencionada, pero la considera insuficiente y carente de fortaleza a la capacidad institucional. 

Considera un solapamiento entre los negocios y activos de los hogares y las deudas, con claro abuso de hipotecas y avales exigidos por las entidades de crédito. Tampoco se facilita el rescate de las empresas "viables", siendo escasa la esperanza de los deudores para poder liquidar la deuda al final del proceso, y muy difíciles de acometer los planes de reemprendimiento o venta del negocio en marcha. El FMI no considera justo la exclusión de los acreedores públicos (Hacienda y Seguridad Social), al considerarlos la Ley como preferentes.

De la lectura del informe queda claro el espíritu de la reforma que se exige en nuestro país, que se concreta en el incremento de la protección a la pequeña empresa como colectivo mayoritario nacional, la reducción de la alta protección de los acreedores privilegiados públicos y, de forma especial, abrirles un nuevo horizonte a la reconversión y viabilidad de los pasivos excesivos y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Todo ello ya es una realidad en otros países de nuestro entorno, como Italia, Alemania y Reino Unido.

En el amplio contenido del informe que se debatirá en la visita a España de una delegación del FMI, que tendrá lugar entre los días diecinueve al veintitrés del mes en curso con el Ejecutivo, se contienen catorce apartados entre los que destacamos de forma muy resumida, por carecer de espacio, algunos contenidos:

 -El régimen concursal español, sus procesos judiciales y no judiciales que pueden llevarse a cabo por las PYMES. -Deficiencias actuales con relación al Régimen de Insolvencias y su carácter demasiado restrictivo y rígido. -Falta de incentivos eficaces para acometer restricciones extrajudiciales, a pesar de la inclusión del plan OCAP para tratar de manera específica las dificultades financieras. -Modificar el sistema para incluir un marco de trabajo para las personas físicas financieramente responsables. -Eliminar los límites al contenido del plan para incluir a asegurados y acreedores públicos, con imposición jurídica para los acreedores disidentes. -Eliminar los límites a la extensión de la condonación o moratoria.- Incluir oficinistas de contratación para ayuda a jueces y a la aceleración de los procedimientos. -Respaldar a los empresarios y su internacionalización. -Acuerdo de un plan individual que permita llegar a un contrato de pre-insolvencia con uno o varios de sus acreedores, para evitar la puesta en marcha del proceso de insolvencia. -Defender el valor de mercado razonable de los activos inmovilizados para evitar la quiebra, y proteger la viabilidad de la actividad frente a la presión abusiva de los acreedores privilegiados.

La protección a las micro-empresas, necesaria y aceptada en gran parte de los mercados internacionales, es la exigencia que tanto el FMI como la Comisión Europea piden a España para que se estudien y aprueben las soluciones a la mayor urgencia. Sin embargo, a nuestro juicio, ni se consideró ni se incluye en el informe la dudosa "viabilidad" de aquellas empresas que acabaron en liquidación inevitable y posterior desaparición ocasionada por la incompetencia, negligencia o falta de visión de sus gestores, con el consiguiente perjuicio a proveedores, financiadores y empleados. 

Sin abandonar en estos casos la aplicación de la protección legal para la continuidad de la actividad, debe supeditarse al cambio de dirección y del consejo de administración, en su caso, o se corre el riesgo de que se repita el fracaso anterior con repercusiones aún más graves.

 No es tarea fácil establecer el criterio a seguir para la selección de un nuevo gestor en el que concurran eficacia, conocimiento del sector, buen coordinador, innovador y capacidad para el reemprendimiento y el cambio de modelo. Una vez elegido, el responsable debe analizar los motivos que ocasionaron la insolvencia en el pasado, la situación económico-financiera actual, y definir y aplicar una nueva estructura para el futuro. Sólo así, para estos casos concretos, se alcanzaría el éxito pretendido.

(*)  Economista y empresario

Cajamar busca captar 350 millones entre inversores privados antes de ser Banco de Crédito Social Cooperativo

MADRID.-La cabecera bancaria del Grupo Cajamar busca captar entre 300 millones y 350 millones de euros entre inversores extranjeros y compañías de capital riesgo que le permitirán aprovechar oportunidades de crecimiento y reforzar su balance antes de enfrentarse a las pruebas de estrés en Europa.

"Buscamos captar capital en el entorno de los 300 ó 350 millones de euros entre inversores privados, sobre todo, para poder crecer (...) no lo hacemos para superar las pruebas de estrés", dijo el viernes Luis Rodríguez, presidente del Banco de Crédito Social Cooperativo, en una entrevista.
El Grupo Cooperativo Cajamar, formado por 19 cajas rurales, que consolidan su balance para compartir riesgos y mutualizar beneficios, constituyeron recientemente el Banco de Crédito Social Cooperativo en el que se integran otras 13 cajas rurales.
"La idea es dar entrada a nuevos socios en nuestro banco, entre ellos socios extranjeros, y aunque no hay calendario cerrado nos gustaría tener cerrada esta operación antes de finales de año, pero en ningún caso se les daríamos una participación mayoritaria", manifestó Rodríguez.
En la actualidad, el capital social del Banco de Crédito Social Cooperativo -- que estrena marca a partir de la próxima semana -- comprende 1.000 millones de euros.
Rodríguez, que dejó la puerta abierta a la entrada de fondos de capital riesgo, reconoció que entre los posibles futuros accionistas podría estar el grupo asegurador italiano Generali, que presta servicios a Cajamar.
"Si decidimos dar entrada en nuestro accionariado a una aseguradora (...) Generali es la opción", señaló Rodríguez.A cierre de marzo, el Grupo Cooperativo Caja Mar registró un beneficio de 119 millones de euros, aunque todavía tuvo una elevada morosidad del 17,77 por ciento lastrada por la compra (sin ayudas públicas) en 2012 de Rural Caja.
Al contrario que en el caso de las cajas de ahorros españolas, que tuvieran que ser rescatadas con ayuda europea por unos 41.300 millones de euros, al sufrir de forma directa las consecuencias del estallido inmobiliario, la principal actividad de las cajas rurales es el negocio con  empresas del sector agroalimentario.
De hecho, en el caso del Grupo Cooperativo Cajamar tan sólo el 11 por ciento del total de su cartera de préstamos corresponde a crédito promotor y suelo.El grupo Cajamar suma unos 42.000 millones de euros en activos, y estará sometido a partir del próximo 4 de noviembre a la supervisión única del Banco Central Europeo (BCE) y por ello están incluidas en el ejercicio de revisión de activos (AQRs, por sus siglas en inglés) y las posteriores pruebas de estrés.
A cierre de abril, el Grupo Cooperativo Cajamar tenía un ratio de core capital Tier-1 del 11,53 por ciento, lo que llevó a Rodríguez a mostrarse confiado y señalar que pasaría los AQR "sin ningún problema" y con "tranquilidad" las pruebas de resistencia.
En el escenario base de las pruebas de estrés, las entidades tienen que tener un ratio de core capital Tier-1 del 8 por ciento y del 5,5 por ciento en el adverso.
Después de la crisis protagonizada por las cajas de ahorro españolas, el Gobierno esta ultimando una reforma del sector de las cajas rurales y cooperativas de crédito que tiene como objetivo mejorar su gobierno corporativo para incrementar su transparencia. Según fuentes del sector, la nueva normativa podría provocar una concentración en este subsector.
En la actualidad hay unas 63 cooperativas de crédito, de las que 59 son cajas rurales, con unos activos de unos 135.000 millones de euros, lo que supone una cuota mercado conjunta en torno al 5 por ciento.

Greenpeace finaliza su acción sobre El Algarrobico

CARBONERAS.- Un centenar de activistas de Greenpeace han dado por finalizada la acción que desde este domingo iniciaron en el polémico hotel ubicado en la playa de El Algarrobico, en Carboneras , en el que han pintado sobre su fachada un gran punto negro de unos 8.000 metros cuadrados sobre el que se puede leer "hotel ilegal" a fin de llamar la atención sobre este espacio y exigir el desmantelamiento del inmueble promovido por Azata.

   Los activistas han comenzado a desalojar el hotel a las 10,00 horas con "mucho cansancio y mucha alegría" por "seguir dejando constancia de que no se pueden consentir destruir nuestra costa".

 "Lo decimos alto y claro y seguiremos diciéndolo hasta que sea desmantelado", ha señalado la organización ecologista a través de su web.

   La acción ha concluido con la presencia de dos zódiacs en las que se podía leer el mensaje: 'Algarrobico, punto negro de la costa' y 'Demolición ya'. Esta ha sido la acción con más activistas en los 30 años de historia de Greenpeace en España. Según la organización, los activistas han abandonado el hotel sin que se produjeran detenciones tras finalizar su acción.

   Asimismo, Greenpeace ha lamentado que la Junta de Andalucía siga sin responder al escrito que la organización ecologista ha dirigido esta semana a su presidenta Susana Díaz para que la Administración andaluza adquiera los terrenos en los que se ubica el hotel y los registre a su propiedad. De la misma manera, el Ministerio de Medio Ambiente "sigue dando la espalda" a la defensa de la costa en este paraje.

   "El fin del punto negro del Algarrobico comienza con la compra de los terrenos por parte de la Junta de Andalucía de nuevo. El Algarrobico se ha convertido en la vergüenza de la inactividad de la Administración andaluza", ha declarado el director de Greenpeace, Marío Rodríguez, para quien "las administraciones públicas tienen que hacer valer las leyes ambientales de nuestro país".

   La organización ecologista cree que "ya hace tiempo que se terminaron las excusas" de los políticos para no hacer cumplir la ley y devolver el paraje natural de El Algarrobico a los ciudadanos. "¿Cuántos argumentos más necesitan los políticos para cumplir su obligación y desmantelar este edificio ilegal?", se ha preguntado la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.

   "No es justo que se pongan los recursos naturales al servicio de las empresas y que para ello se les arrebaten a los ciudadanos, es necesario que se haga justicia, y que se haga ya", ha añadido la activista, presente también en esta última acción.

Greenpeace pinta de negro el hotel de El Algarrobico

ALMERÍA.- Más de un centenar de activistas de Greenpeace, según los organizadores, han acudido este domingo al hotel de la playa de El Algarrobico para pintar "un gigantesco punto negro de 8.000 metros cuadrados" en la fachada y exigir así su "desmantelamiento inmediato".

Greenpeace ha señalado en un comunicado que varios activistas portaban pancartas donde se podían leer 'Algarrobico punto negro de la costa' y 'Demolición ¡YA!'. Igualmente, ha asegurado que ésta ha sido la acción "en la que más activistas han participado en la historia de Greenpeace en España".

"Este hotel ilegal de 21 plantas y 411 habitaciones se ha convertido en el mayor punto negro del litoral español y es un ejemplo reconocido internacionalmente de la impunidad con la que se ha actuado en la costa del país en los últimos años, donde aún se pretende hacer prevalecer la normativa urbanística sobre la ambiental", apuntan desde la ONG.

Igualmente, ha exigido tanto a la Junta de Andalucía como al Ministerio de Medio Ambiente "que no se escuden más en la maraña judicial que se ha creado en torno al hotel y que acuerden la recuperación natural de la zona y la demolición del hotel inmediatamente, ya que actualmente tienen suficientes argumentos judiciales y políticos para ello".

Con esta acción, Greenpeace quiere "desmontar las excusas esgrimidas" por las administraciones, e insta a que la Junta, como primer movimiento, "ejecute sin excusas las sentencias del TSJA dictadas en diciembre de 2013 y que declare públicos los terrenos donde se ubica el hotel y los terrenos a su nombre".

Asimismo, ha exigido que el Ministerio de Medio Ambiente aplique la Ley de Costas y la del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad "que le capacitan para ordenar inmediatamente el desmantelamiento del hotel y la restauración de la playa".

 "Para reforzar esta potestad ministerial, cabe recordar que el Tribunal Supremo ratificó en julio de 2011 la Orden Ministerial que fijaba un deslinde de costas en los primeros 100 metros de playa", señala.

De igual modo, Greenpeace ha pedido que ambas administraciones ejecuten el protocolo general de colaboración para la recuperación de la playa de El Algarrobico publicado en el BOE en diciembre de 2011 "y hagan prevalecer la normativa ambiental sobre la urbanística".

La sentencia del pasado 21 de marzo del TSJA que, según la ONG, declara que "el terreno de El Algarrobico y el adyacente son urbanizables, no hacen más que enmarañar el caso y dar tiempo a las administraciones para no hacer cumplir la ley, lo que solo beneficia la estrategia de la empresa promotora (Azata) para dilatar eternamente el caso en los tribunales".

En este sentido, el director de Greenpeace España ha señalado desde la playa de El Algarrobico que "si se siguen permitiendo las estratagemas del Ayuntamiento de Carboneras y la promotora, el Ministerio y la Junta estarían amparando los intereses de una constructora, frente a la defensa del medio ambiente que prima la ley".

 "Las dos administraciones no necesitan ninguna sentencia más, existe un hotel que invade una playa y un Parque Natural protegido internacionalmente, y lo único que deben hacer es cumplir la ley", ha añadido Rodríguez.

Además, Greenpeace ha recordado que "la principal excusa esgrimida por Junta y Ministerio, el pleito sobre la licencia de obras, solo determinará si la licencia urbanística concedida a la promotora Azata del Sol por el Ayuntamiento de Carboneras fue legal y si hay que compensar económicamente a la misma, lo cual no pone en duda la ilegalidad del hotel y la obligación de demolerlo".

Del mismo modo, la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha destacado que "es la sexta vez que activistas de Greenpeace acuden al hotel para denunciar su ilegalidad".

 "Desde 2003 han pasado cuatro ministros y tres presidentes de la Junta, y el hotel sigue en pie, por lo que hoy resulta más sorprendente que la Junta de Andalucía no actúe y no pida la ejecución del auto que le otorga la propiedad de los terrenos", señala.

"Para que no se olviden de su responsabilidad, queremos recordar a nuestros políticos que el Algarrobico es el mayor punto negro de la historia de la destrucción a toda costa y una vergüenza para el país", ha apuntado Marcos.

La organización ecologista ha destacado que los activistas están en un espacio público, ya que una orden ministerial de 2005 ratificada por el Tribunal Supremo "fijó la servidumbre de protección de la Ley de Costas en 100 metros por lo que el edificio se encuentra ubicado claramente en terrenos públicos".

Por último, ha recordado que "el desmantelamiento y la posterior restauración del Parque Natural, según un estudio publicado generaría 379 puestos de trabajo y el 98 por ciento del material del edificio recuperado".

El abogado Mazón denuncia al Rey y a Felipe González en base al libro de Pilar Urbano sobre el 23-F

MADRID.- El partido político ‘Soberanía’, presidido por el célebre abogado José Luis Mazón Costa, ha denunciado ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 al ex presidente del Gobierno, Felipe González Márquez, y al rey Juan Carlos de Borbón y Borbón por su cooperación –“ hasta ahora secreta”-, por hechos que pueden ser constitutivos de cooperación en un delito de rebelión acaecida el 23 de febrero de 1981, según consta en la denuncia, ahora transformada en querella, tras la admisión por el juez Santiago Pedraz.

En un auto fechado el pasado 8 de abril, el juez central nº 1 de la Audiencia Nacional, registró la querella interpuesta por el citado partido politico contra la trama civil oculta del 23-F;  Pedraz, sin entrar a valorar aun los hechos, asegura que por lo demás la querella reúne los requisitos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Inicialmente Soberanía presentó denuncia, que luego transformó en querella, sobre la cual resuelve ordenando su tramitación el auto del juez Pedraz.

Las diligencias de la querella por la trama oculta del 23-F objeto de querella han sido registradas bajo el número 28 del año 2014.

La denuncia contra Felipe González lo es por “presunto cooperador necesario, quien estaba o figuraba en la lista del nuevo gobierno que iba a salir del golpe militar, en calidad de vicepresidente, según se publica en la información histórica contenida en el libro de Pilar Urbano, cuyos datos extracta en una entrevista elmundo.es”

Según “las mismas informaciones verosímiles publicadas”, Juan Carlos de Borbón y Borbón, rey de España, “era el verdadero jefe, el cerebro visible del golpe militar frustrado que dirigió el general Armada”.

La denuncia agrega que al gozar el rey de inviolabilidad, “será citado en calidad de testigo, para cooperar en el esclarecimiento de los hechos. Si no es que se interpreta que la inviolabilidad constitucional no puede amparar la participación de un jefe de Estado en un golpe de Estado”.

La circunstancia de ‘Soberanía’ considera que si “el delito podría estar prescrito no es óbice para la apertura de una investigación para el esclarecimiento de los hechos. Y se citan como ejemplos el procedimiento seguido contra Baltasar Garzón Real ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por los patrocinios de los cursos de Nueva York, en donde el instructor señor Marchena concluyó una investigación que luego declaró prescrita por unos hechos que ya estaban establecidos desde el comienzo de la investigación”.

“La posible implicación de Felipe González Márquez en el golpe militar como cooperador necesario dcl general Armada a la hora de dar su consentimiento a la integración en la lista del nuevo gobierno que, como consecuencia del golpe militar, iba a sustituir al que hasta entonces presidía Adolfo Suárez, reclama una investigación que impone el principio de legalidad penal en relación al artículo 23.1 de la Constitución, el cual garantiza la democracia y el derecho de los ciudadanos a la participación en el poder político, lo que combinado con el precepto penal del delito de rebelión, exige un esclarecimiento de los hechos. Y la respuesta a la pregunta ¿dio su consentimiento el denunciado Felipe González a la participación en el gobierno opuesto por el general Armada, donde aparecía como vicepresidente?”, se dice en otro de los párrafos de la denuncia.

La denuncia pide que se llame a González a declarar como testigo, “ y de aparecer evidencias de su colaboración con el golpe militar del 23 F, que ahora son indicios o sospechas, se hiciera en calidad de imputado con independencia de que de hallarse el delito prescrito acudiría con la tranquilidad de no poder ser castigado en caso de responsabilidad de cooperador necesario en los planes del general Armada quien a su vez ejecutaba según las informaciones publicadas la voluntad del rey de España, que también debe de prestar su testimonio en calidad de testigo de no ser posible la interpretación del articulo 56.3 de la Constitución (inviolabilidad del rey) en el sentido de que dicha inviolabilidad no le protege frente a actos tan fuera de sus funciones como planificar un golpe de Estado acabando con un gobierno democrático para imponer otro de su libre configuración”.

La denuncia se apoya en “una completa credibilidad tanto por provenir de una periodista, Pilar Urbano, tradicionalmente ligada al Palacio de la Zarzuela, como por el medio que la publica, el diario ‘El Mundo’. El alegato final de la denuncia de ‘Soberanía’, reza así: “Y si la Justicia de ahora no investiga estos hechos, otra Justicia vendrá que lo hará, ya liberada de la hipoteca del régimen monárquico bipartidista que tan gran estafa ha cometido contra el pueblo. cooperando en un golpe militar del que se nos presentaban como los salvadores”.

La querella recoge el siguiente párrafo:

"Básicamente el juicio del 23-F fue cerrado en falso y constituyó una gran estafa al conjunto del pueblo español. Ahora se  ha descubierto que hubo una trama civil que pasó desapercibida y resultó impune, porque la integraban personajes muy importantes del régimen bipartidista y su ocultación fue a su vez favorecida por el propio Rey que tenía interés en que no se supiera que había pasado en realidad en el golpe de Estado del 23F donde él mismo era uno de los personajes principales ocultos tras la cortina que se ha caído al cumplir la edad de Cristo, los 33 años, el tiempo máximo que aguanta en España un gran fraude institucional, una gran mentira al pueblo español".

Crónica histórica de una experiencia periodística: De Campoamor a La Moncloa / Francisco Poveda

Coincidiendo con la reciente muerte de Adolfo Suárez ha vuelto a resurgir la figura histórica del primer ex-presidente del Gobierno de la Democracia y se ha hecho pública la razón de fondo por la que tuvo que dimitir a comienzos de 1981, abandonado por la confianza del rey Juan Carlos I y la presión definitiva del sector más inmovilista del Ejército. Con la celebración del funeral de Estado en la catedral de La Almudena se cierra definitivamente un importante capítulo de la actual Historia de España que los investigadores aún tienen que expurgar a fondo para que la verdad resplandezca por encima de una austera lápida de la catedral de Ávila.

En la primavera de 1978, y tras un período de reflexión, Adolfo Suárez accedió  a conceder su primera entrevista solicitada como presidente del Gobierno a un periodista. Hasta un año después, no concedería la segunda ; sería al entonces director de “El País”, Juan Luis Cebrián. De aquel 12 de mayo se esbozan aquí recuerdos y prolegómenos que, vistos con la perspectiva actual, sirven de documentación a la crónica  inconclusa de aquellos años.

En aquel tiempo era la entrevista más codiciada. Pero  el Presidente no estaba por la labor debido a la complejidad del ambiente político. Muchos otros colegas de Madrid y extranjeros lo habían intentado ya, sin suerte, y las posibilidades de una aceptación definitiva eran remotas.

Suárez, Adolfo, el otrora campeón estival de tenis en la Dehesa de Campoamor cuando le conocí por primera vez diez años antes, se sentaba ahora en uno de los sillones más difíciles de este país, sacudido por el terrorismo y la crisis económica. Y enrolado en el proceso de pasar sin violencia de una autocracia a una democracia enmedio de un agrio debate popular de si hacerlo con ruptura o con reforma. Él apostaba y era líder de lo segundo como centrista converso desde las filas del partido único oficial. Pocos meses después conseguiría sacar adelante, con consenso y refrendo popular, una nueva Constitución democrática: la que más ha durado en toda nuestra historia como país aunque ahora se la cuestione.

El Presidente me recibió a las ocho de la tarde del viernes 12 de mayo, después del Consejo de Ministros. Antes, Fernando Ónega, en aquella fecha jefe de Prensa de la Presidencia del Gobierno, me había mostrado la parte oficial de un Palacio de la Moncloa, aún sin reformar para adaptarlo a su nueva función, y tal como estaba para ser residencia de jefes de Estado de visita en España. Suárez surgió, impecable, de la zona provisional de su residencia y, tras recordar nuestros veranos en la finca de los Tárraga-Segura, me invitó a pasar a su despacho de estilo clásico francés.

Mi objetivo profesional se estaba a punto de cumplir. Era yo el primer periodista en lograr un tiempo del Presidente para charlar distendidamente sin más restricciones que no tomar notas o enchufar la grabadora. Estuvimos casi dos horas, sin contar lo que hablamos mientras me acompañó a la puerta para despedirme y recordar que “Campoamor es uno de los sitios donde más me he divertido”. Definitivamente, me pareció más seductor que tahúr.

La labor previa había dado su fruto. Aparte de esgrimir nuestros comunes veraneos, y amigos jerezanos como Federico González de la Peña, el luego librero de Brönte, hube de utilizar conexiones personales de confianza para los dos, entre otros, el ahora muy famoso Antonio Navalón, uno de sus asesores personales, y Pepe Duato, gobernador civil de Alicante, y desterrado por la Dictadura tras haber asistido en su juventud al “contubernio de Munich”, además de ser padre del bailarín Nacho Duato.

El mètodo, mi oferta, y las conexiones profesionales habían convencido al, hasta entonces, desconfiado y hermético Adolfo Suárez. La fórmula de compromiso era hablar como presidente de UCD más que del Gobierno, en un contacto oficioso y amistoso. Las condiciones me recordaron las que Abilio Bernaldo de Quirós me puso un quinquenio atrás para lograr entrevistar a Henry Ford II, el magnate mundial del automóvil, de Detroit.

Años después, alguno de esos mismos intermediarios me procuraron la elaboración de un proyecto periodístico para España de “News Corporation”, la empresa mediática del judío australiano Rupert Murdoch, que, finalmente, no se desarrolló ante argumentos estratégicos nacionalistas de otras empresas periodísticas madrileñas.

La actitud del Presidente se explicaba, más que por estrategia de partido, por prudencia para no poner en peligro la política de Estado que él se proponía, de acuerdo con el Rey Don Juan Carlos, para restablecer la convivencia en un país muy estigmatizado todavía como consecuencia de la secuelas dejadas por la Guerra Civil y el régimen de Franco en una sociedad ya madura para la democracia. A Suárez no le gustaban las entrevistas periodísticas formales y prefería la charla amistosa inteligente porque consideraba prudente no emitir públicamente juicios de valor sobre personas y hechos recientes que pusiesen en riesgo sus propósitos, más o menos confesados genéricamente. Bastante tenía con convencer, calmar o neutralizar a los más ortodoxos franquistas. Su obsesión, consolidar una democracia para todos, incluidos los satanizados comunistas.

Pero nueve años al frente de TVE le hacían comprender la importancia de los medios de comunicación. Además, el periodista era joven, 25 años, y con pocos prejuicios pese a haber asistido desde las agitadas aulas de la Universidad Complutense, a la misma vez que Aznar, Ana Botella, Helena Hedilla o Pérez-Reverte, a los estertores del régimen, magnicidio de Carrero Blanco (uno de los mentores de Suárez desde los tiempos de la Dehesa de Campoamor), y muerte de Franco, residiendo en un colegio mayor donde tenía por vecino de planta al ya entonces inquieto y locuaz Álvarez Cascos.

Suárez no rehuye entrar a todos los temas que le planteo sin cuestionario previo, salpicando la conversación amistosa con pronunciamientos como que “nada me hace decaer ni me desalienta. Mis banderas son las de la libertad y la justicia”. De fondo, en la librería, destacan una foto con el Rey vestido con uniforme militar de campaña; otra de su esposa, Amparo Illana; y una tercera del falangista liberal Fernando Herrero Tejedor, su primer gran mentor, “padrino” político, y padre del periodista Luis Herrero, en medio de muchas otras con jefes de Estado o de Gobierno.

Cordial y accesible, Suárez llenó de colillas el cenicero; contó anécdotas y gastó bromas. Llegó a revelar tácticas pero silenció estrategias. Jugaba mucho con el factor tiempo y calculaba perfectamente toda contestación al cambio político en la duración de su efecto psicológico y el momento de darlo a conocer. Preveía todas las reacciones a sus decisiones, y el paso siguiente. “Mi designación por el Rey causó hasta risa”, me dijo al revelarle mi sorpresa de aquel 4 de julio de 1976 al conocer la noticia de agencia en la mesa de Redacción de “La Verdad”.

Porque Suárez sólo contaba 44 años. A continuación me reveló que su ambición secreta desde siempre era llegar a presidente del Gobierno. Por eso, tiempo atrás y mediante contactos discretos, había presentado sus proyectos de transición y su visión de la reforma desde dentro al entonces Príncipe de España. Lo que más convenció a Don Juan Carlos fueron las mayores posibilidades de Suárez de materializar esos proyectos de evolución frente a las fórmulas que le presentaron también otras figuras políticas del momento.

En tono distendido, entre temas muy serios, volvíamos una y otra vez a cuestiones más triviales. “Cuando no me dedico activamente a la política es cuando me pasa todo lo malo de mi vida”, parece que vaticinó aquel 12 de mayo a tenor de lo que ha sufrido después con la enfermedad y muerte de su mujer y de una de sus hijas. “Soy un chusquero”, recalcó tras enumerar todas las funciones políticas desempeñadas en los diversos niveles de la Administración del Estado, desde gobernador de Segovia a presidente del Gobierno pasando por director general y ministro. ”Tengo colmados todos mis deseos de poder". Precisamente Suárez me confesó que le gustaba ir al Congreso de los Diputados y dirigir personalmente la estrategia de su partido (normalmente eso lo hacía Abril Martorell) cuando había que adoptar decisiones importantes.

Quizá el momento de más interés de las dos horas fuese cuando se mostró seguro de que los empresarios y banqueros apoyaban sus reformas económicas, que, ya entonces, pasaban por la supresión de privilegios e introducir la economía de mercado tras decenios de práctica autárquica “para que ésta funcione correctamente”. Suárez aventaba difícil salida a la crisis económica que sufríamos y me confirmó su gran preocupación internacional por el Estrecho de Ormuz, lugar de paso de la mayoría del crudo mundial y vía estratégica del suministro de petróleo a Occidente. Confiaba en la entrada de divisas gracias al turismo, una reserva monetaria que antes de llegar él ya era importante, pero mostraba cautela al decirme que “no basta con tener una Constitución democrática para lograr la reactivación”.

Quería hacer política de Estado, se mostraba satisfecho conque la Izquierda hubiese aceptado a la Monarquía de Don Juan Carlos tras asumir los intereses supremos de España, y no se arrepentía del cambio de su trayectoria política desde el franquismo porque pensaba que “lo más normal y racional es tender al centro”. No le gustaban, según me dijo, los cambios bruscos y pendulares. Y pasaba bastante de las críticas personales porque “las etiquetas las da el pueblo y las refrenda un determinado comportamiento. Se han dicho de mi cosas falsas en la Prensa”. Aproveché su locuacidad en el trayecto desde su despacho hacia los jardines y la salida del edificio de Presidencia para testar su resistencia a modificar límites territoriales entre las regiones que iban perfilando la España de las Autonomías.

Como colofón, antes de la preceptiva foto de despedida en la puerta a las escaleras exteriores, le recordé la entrevista que muchos meses antes yo le había hecho a su hija Laura en la casa de verano que el director general de Seguridad, Mariano Nicolás y su esposa, Mari Jiménez, fallecidos en accidente hace años, tenían en Denia. Sin reprobar mi logro por accesibilidad a aquellos anfitriones, Suárez me despidió diciéndome:“A mis hijos les tengo prohibido hacer declaraciones por si sueltan algún disparate”.

El origen de las crisis / Ángel Tomás Martín *

El siglo XX ha transcurrido con una serie de crisis de influencia inevitable sobre la economía mundial, que se inició con la más profunda, la del año 1929 conocida como "La Gran Depresión", de la que se obtuvieron experiencia y conclusiones una vez transcurridos los siguientes quince años. Sin duda, la actual iniciada en el último trimestre de 2007, ha sido la peor desde los años treinta, y transcurridos siete años se sigue trabajando intensivamente para la recuperación, sin que exista pleno acuerdo todavía sobre cuales han sido las razones que la provocaron. 

Podemos afirmar, sin aspirar a conclusiones definitivas, que se sigue desconociendo la relación entre la economía global y los movimientos financieros internacionales. Estos últimos, a nuestro juicio, al estar incontrolados y constituir un poder colectivo que atrae a los inversores de todos los países, beneficiándose especialmente los encubiertos analista-gestores de los grandes bancos de inversión, son los verdaderos culpables de las crisis y sus consecuencias nefastas. Los movimientos financieros incontrolados y perturbadores de la economía real, no se tenían en cuenta hasta la aparición de La Gran Depresión, y aunque se haya avanzado en su control, sigue siendo escasa la atención que los gobiernos le prestan.

En los principales centros de investigación económica se considera ahora la necesidad de introducir sistemas de control sobre los movimientos de los poderosos mercados financieros, convencidos de que son las ideas especulativas y no los intereses de la economía real el verdadero origen de la inestabilidad de los precios de los activos que aquellos provocan para la obtención de beneficios rápidos. Sólo la intervención de los bancos centrales puede impedir las turbulencias económicas que periódicamente soportamos.

El comportamiento de los mercados financieros, la gran volatilidad muchas veces provocada de los precios de los activos, la ausencia de prevención por parte de los gobiernos que carecen del dinamismo necesario para corregir los impactos de aquellos, que sí actúan apoyando a los mercados para celebrar los resultados positivos en la fase alcista del ciclo, pero que retiran la liquidez ante la aparición de una burbuja provocando: pánico, ventas de urgente realización, caída del consumo y desplazamiento de la actividad industrial, son el verdadero causante de casi todas las crisis. 

Los gestores de la economía casi nunca aciertan en la adopción de medidas, ni en el diagnóstico de las causas que provocan los grandes desajustes. Los Gobiernos deberían centrar la mayor atención en el control de los movimientos financieros desestabilizadores, y en el respeto y cumplimiento de los Presupuestos Generales de las Administraciones Públicas. Tal vez la penalización de su incumplimiento, y de las macroinversiones de difícil amortización y de nula rentabilidad, sería una de las soluciones más efectivas en la buena dirección de unapolítica económica útil, acertada y creadora de confianza.

Si contemplamos la deuda de nuestras Administraciones Públicas en base de lo expuesto anteriormente, comprenderemos mejor el impacto macroeconómico que la crisis ha ocasionado. La deuda a finales de 2013 se aproxima a los 1.000 millones de €, más del doble de los 435.000 millones en que se encontraba al principio de 2.008, por tanto, ha pasado del 40% sobre el PIB a superar el 90% al comienzo de 2014. El profesor de Harvard Kenneth Rogoff, llegó a la conclusión de que la deuda elevada disminuye la posibilidad de crecimiento, y cuando se supera el 90% del PIB se hace muy difícil el progreso de la economía.

Si se llega a la conclusión de que cuando el sector financiero alcanza niveles insoportables, presiona sobre la economía real ocasionando recesión y dificulta volver al crecimiento, sólo es posible crear riqueza si hay ideas capaces de potenciar nuevas fuentes o sectores donde la inversión se reactive creándose tejido empresarial y empleo.

Cuando faltan ideas se suele recurrir, como camino único, a la subida de la presión fiscal con el fin de recaudar más para hacer frente al servicio de la deuda de las Administraciones Públicas. Esta medida adoptada en medio de una crisis aún sin crecimiento, aunque se haya superado la recesión, es un error demostrado, ya que oprime a la empresa y al emprendimiento, obstaculizando el desarrollo económico sin conseguir aumentar la recaudación. Ésta solo es posible si el sistema fiscal estimula la actividad obteniendo efectos positivos recaudatorios más rápidos.

Los errores cometidos no deben repetirse y para ello "no debemos olvidar al sector financiero especulativo", el desajuste presupuestario, la mesura en la presión fiscal, contar con un sistema bancario saneado y con liquidez equilibrada, y una presión moderada del coste financiero de la deuda pública. El sistema de regulaciones administrativas continuado, es otro de los motivos que infunden desconfianza e inseguridad cuya práctica debe abandonarse.

(*) Economista y empresario

Ana Pastor inauguró este sábado un nuevo tramo de la autovía A-7 en Motril

MOTRIL.- La ministra de Fomento, Ana Pastor, inauguró este sábado el nuevo tramo de la A-7 Puntalón-Carchuna, que incluye el acceso al Puerto de Motril, y que permitirá, según el Gobierno, cumplir la previsión de que este tramo de autovía Almería-Málaga esté en servicio en 2015.

Pastor ya estuvo visitando los tramos de esta vía el pasado 5 de septiembre, y tras hacer un recorrido por todos ellos desgranó su situación y dio los plazos concretos para su apertura.

Por ejemplo, en el caso del Taramay-Lobres, de 7,8 kilómetros, que se encontraba al 23 por ciento al principio de esta legislatura, afirmó que, si todo va bien, estará disponible en junio de este año, de manera que la costa granadina quedará así conectada con Málaga.

Carchuna-Castell de Ferro no se podrá poner en servicio hasta el 2015, porque su grado de ejecución era del 19 por ciento y se ha tenido que aprobar una obra complementaria.

El Polopos-Albuñol, otro de los tramos "complejísimos", tendrá un coste de 235 millones de euros y ha requerido la aprobación de cuatro modificados, por "graves problemas geotécnicos de movimientos de laderas", y de otra obra complementaria de 24 millones, y estará en servicio en diciembre de 2014, según dijo.

En total, la inversión que hará el Gobierno en Granada para esta autovía será de 724 millones de euros, por el método alemán, por lo tanto los presupuestos de los próximos años tendrán consignación presupuestaria para ello, según aseguró entonces Pastor.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP), se ha pronunciado sobre la puesta en servicio de este nuevo tramo, que ha considerado un "espaldarazo" para el municipio, porque disfrutará de su "primer verano" "sin atascos en la travesía de Torrenueva, tras años y años de promesas incumplidas por parte de los gobiernos socialistas".

En un comunicado, la máxima responsable municipal ha subrayado igualmente el compromiso del Gobierno central para reactivar la construcción de esta infraestructura, a pesar de la "dejadez" del PSOE, que llevaba ocho años sin pagar las expropiaciones de las obras, para lo cual el Ministerio de Fomento ha tenido "que sacar de los cajones el 80 por ciento de estas facturas por valor de 100 millones de euros".

"Tal compromiso se refleja en el seguimiento exhaustivo de la propia ministra desde el comienzo del mandato en los trabajos de la autovía, que ya ha visitado dos veces la Costa, una tercera que ha sido este sábado y aún quedan dos tramos por inaugurar en lo próximos meses correspondientes a Taramay-Lobres y Lobres-Guadalfeo", ha indicado.

El tramo Puntalón-Carchuna contempla seis nuevos kilómetros de autovía, además de su acceso al Puerto por la zona este, con una partida presupuestaria de 128 millones de euros.

Almería: el lado oscuro del milagro económico / Martí Caussa

En los años anteriores a la última crisis el crecimiento económico de Almería ha sido presentado como un milagro y se ha dirigido la atención sobre una serie de aspectos que lo confirmaban. Pero hay también un lado oscuro. Si se observa el
conjunto, el caso de Almería puede servir de parábola sobre el tipo de desarrollo que está generando la gestión neoliberal de la economía.

Con los indicadores económicos tradicionales, el calificativo de milagro para el crecimiento de Almería se justifica tanto por la intensidad del mismo como por su originalidad. Durante la mayor parte del siglo pasado Almería fue la provincia más pobre de España, pero desde mediados de los años 70 inició un proceso de crecimiento económico que se aceleró a raíz de la entrada en el Mercado Común Europeo (1986) y que, antes de la última crisis, había conseguido que su PIB por habitante fuera el más alto de Andalucía y se situara en la zona media de las provincias españolas: en 2008 su PIB por habitante era el 85,6 % del español y ocupaba el lugar 29 entre las 50 provincias.

Por otra parte, este crecimiento era muy original: su motor era la agricultura de invernadero (y no la industria) y las protagonistas del mismo eran familias campesinas con explotaciones relativamente pequeñas (y no grandes propietarios o empresas capitalistas). Aún hoy, la mitad de las explotaciones tiene menos de una hectárea y suponen la cuarta parte de la superficie total de cultivo; las explotaciones mayores de dos hectáreas ocupan el 37,3 de la superficie/1. Estos invernaderos, que son conocidos como "la huerta de Europa", forman un "mar de plástico" de unas 30.000 hectáreas, que tiene su centro neurálgico en el municipio de El Ejido, penetra en Granada, tiene un segundo centro en el Campo de Níjar y, en conjunto, forman la obra humana más visible desde un satélite espacial. Al lado de los invernaderos se han ubicado empresas multinacionales de semillas, comercializadoras de hortalizas, empresas de transporte, fábricas de plástico, etc.; se ha configurado un cluster productivo, con una relación y comunicación constante entre sus componentes, que ha permitido reducir los costes de producción, crear una dinámica innovadora y generar una acumulación de conocimiento.

Desde finales de los años 90, cuando el milagro era ya una realidad consolidada, se fueron produciendo una serie de cambios importantes. Se produjo un relevo generacional y el titular de la explotación se fue convirtiendo en el gestor de su finca, su familia se fue desvinculando de las faenas agrícolas, dedicándose al estudio, el comercio, los servicios o las tareas domésticas. Y el trabajo de la tierra estuvo cada vez más protagonizado por inmigrantes extranjeros, a diferencia de los primeros años del desarrollo de la zona en que la base era el trabajo familiar y los inmigrantes provenían de la propia Almería o de las provincias cercanas.

Por otra parte, se ha ido ampliando la superficie cultivada por cada propietario y la producción se ha hecho más dependiente del suministro externo de semillas, de la dotación tecnológica, etc. La tierra se ha ido convirtiendo en uno más de los componentes necesarios para los cultivos intensivos y éstos se van pareciendo más a una fábrica agrícola que a un invernadero tradicional. Una de las consecuencias es que en cada campaña el agricultor debe pagar más para obtener los mismos kilos y que los gastos corrientes pasaron de suponer el 48% de los ingresos en 1990 a un 63% de los mismos en 2000.

La actual crisis económica ha afectado muy gravemente a la economía almeriense: su PIB por habitante ha retrocedido al 74,3% del español en 2011 (una caída de más de 11 puntos respecto del 2008) y su posición relativa entre las provincias españolas ha pasado al puesto 45 (una pérdida de 16 posiciones). Pero más allá de este descenso, que puede ser coyuntural, hay unos factores estructurales que componen el lado oscuro del milagro.

Los costes ecológicos

La agricultura intensiva almeriense basa su funcionamiento en la utilización y degradación del patrimonio natural local, tomando del mismo gran cantidad de recursos de forma gratuita y no asumiendo los costes de su reciclado o reposición.

En un estudio del año 2005/2 se destacaban los siguientes problemas:

1) sobreexplotación del acuífero, que afecta tanto a la cantidad como a la calidad del agua (ya en 1984 se consideraba sobreexplotado);
2) alteración del paisaje, incluso en zonas protegidas, a causa de las extracciones de tierra y arena para los invernaderos;
3) deposición incontrolada de residuos agrícolas, que se convierten en un depósito de plagas y enfermedades que después se introducen en los cultivos;
4) ocupación de áreas de interés ambiental y degradación paisajística;
5) invasión del dominio público hidráulico por instalación de invernaderos en el lecho de torrentes;
6) construcción rápida e incontrolada de invernaderos, que no ha permitido una ordenación del territorio, ocupando zonas de carreteras y sin espacio de transición entre lo urbano y lo rústico;
7) falta de espacios para permitir la ventilación de los invernaderos, problemas para evacuar las aguas pluviales y falta de espacios libres donde ubicar infraestructuras y servicios;
8) creación de un desequilibrio poblacional, con la concentración de personas en algunas zonas del litoral y su abandono de las zonas del interior, lo cual dificulta la lucha contra la desertización.

Hasta el momento no ha habido una atención seria a estos problemas y existen tendencias a una huida hacia adelante. Así, frente al problema de un consumo de agua superior a la aportación natural, no se ha optado por limitar el consumo frenando la extensión de invernaderos, sino por conseguir más agua a costa de inversiones públicas. Por ejemplo, el PP había lanzado el proyecto de construir una "autopista del agua", que consistía en conectar toda la provincia a través de
conducciones para distribuir el agua que debía llegar del trasvase del Ebro. Y actualmente está en marcha el proyecto de abastecer comunidades de regantes a través de la desalinizadora de Carboneras.

Los costes humanos

La agricultura intensiva de Almería necesita desde hace años una gran cantidad de personas inmigradas extranjeras. En el año 2013 el porcentaje de extranjeros en España era del 11,8 %, en Almería del 21% y en El Ejido del 32,2 %. Pero lo importante no es el número sino la situación en la que se encuentran, y ésta es especialmente grave. Ubaldo Martínez Veiga la describía en los siguientes términos/3: "los trabajadores no tienen una relación laboral estable con un empresario, sino que rotan y cambian continuamente de patrono...Cuando se produce la rotación, la primera [unidad productiva] se desentiende absolutamente de los trabajadores y así sucesivamente...Existe un proceso de externalización continua de los trabajadores, sin que realmente "pertenezcan" a ninguna unidad productiva, lo que provoca que se encuentren en un estado de precariedad y contingencia absoluta...Aunque los trabajadores inmigrantes sean absolutamente necesarios y trabajen por un periodo muy largo, por lo que el empleo debería ser considerado como fijo...[son] considerados perpetuamente como trabajadores que 'pertenecen al vecino'".

Además los trabajadores extranjeros son víctimas de la xenofobia y el racismo de una parte de la población. El ejemplo más grave de ello fueron los acontecimientos de El Ejido en los primeros días de febrero del 2000, durante los cuales muchos inmigrantes magrebíes fueron perseguidos, insultados y golpeados, y vieron como sus casas, coches y negocios erran quemados por una muchedumbre española, en respuesta al asesinato de tres personas a manos de dos marroquíes. Un estudio realizado diez años después, en 2010,/4 considera que "en la actualidad se están produciendo elementos similares a los ocurridos en los inicios del 2000, o lo que es igual: preocupante situación económica, discurso inmigratorio negativizado, tanto en la agenda política como en la mediática, continuación de los problemas de segregación residencial, etc., que vuelven a crear un ambiente y/o opinión xenófoba, mas después de los acontecimientos del 11-S y 11-M...

En consecuencia se evidencia que lo ocurrido en febrero de 2000 no solo fue un hecho pasajero, sino que existe un importante caldo de cultivo... [aunque ahora] las manifestaciones discriminatorias -e incluso agresiones- se producen a nivel individual, apenas saliendo a la luz pública".

El auge de la derecha extrema

Coincidiendo con los cambios ya señalados a finales de los años 90 se produjo también un cambio en las orientaciones políticas de la población de Almería. Desde las elecciones generales de junio de 1993 el PP empezó a recortar distancias con el PSOE (y lo sobrepasó ya en El Ejido), lo superó en marzo del 2000 y en noviembre de 2011 el PP obtuvo el 57,6% de los votos de la provincia (66,6% en El Ejido) por 29,88 % del PSOE (20,51 en El Ejido).

A nivel municipal Juan Antonio Enciso fue alcalde de El Ejido desde 1991 hasta 2011, primero por el PP y, a partir de 2005, por el PAL, un partido todavía más xenófobo y derechista. La prensa ha ido recogiendo un amplio repertorio de frases racistas pronunciadas por este alcalde:

"A las ocho de la mañana hacen falta más inmigrantes y a las 8 de la noche sobran todos".Una constante suya fue relacionar la inmigración con la delincuencia: "Llegan en patera, sin nada y acompañados por el traficante de turno". Pero al final el acusado formalmente de delincuente resultó ser él: en 2009 fue detenido junto a otras 19 personas, acusado de estar al frente de una red empresarial que malversó 150 millones de euros del erario público.

Esquilmar y degradar los recursos naturales, explotar y negar derechos elementales a las personas inmigradas, escorarse hacia la derecha extrema y la corrupción, forman parte del lado oscuro del milagro económico de Almería. Quizá en los próximos años asistamos de nuevo a una recuperación de la economía y al aumento del PIB por habitante. Costará mucho más reparar los daños causados al medio natural, conseguir que los inmigrantes tengan igualdad de derechos económicos, sociales y políticos, y derrotar las políticas y los comportamientosde derecha extrema que son ahora mismo hegemónicas.

Notas

1/ http://www.revistaestudiosregionales.com/pdfs/pdf1155.pdf

2/ J. Molina Herrera, "Claves para la interpretación del modelo económico de la provincia de Almería", en La economía de la provincia de Almería (2005):
http://www.publicacionescajamar.es/series-tematicas/economia/la-economia-de-la-provincia-de-almeria/

3/ http://www.revistapueblos.org/old/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=1138

4/ http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352010000100006

http://vientosur.info/spip.php?article8874

El TS tramita la querella de las víctimas del franquismo contra el diputado por Almería, Rafael Hernando

MADRID.- El Tribunal Supremo ha iniciado la tramitación de la querella que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado contra el diputado del PP Rafael Hernando y ha solicitado tener por certificada su condición de aforado.

   En una providencia, el Supremo designa al magistrado José Ramón Soriano como ponente para conocer de la causa, solicita a la asociación que aporte un poder especial e interesa al secretario de Gobiernod el alto tribunal que remita la certificación acreditativa de que Hernando ostenta la condición de parlamentario en la actual legislatura.

   La querella pide que Hernando sea condenado a participar durante cinco días como voluntario en un proyecto de exhumación a pie de fosa y pague una indemnización para reparar el "daño moral" sufrido por "humillarlas" al decir que las víctimas solo se acuerdan de sus familiares cuando hay subvenciones.

   A "modo simbólico", solicita de forma provisional que abone 1.000 euros, cantidad que la asociación destinará a la financiación de proyectos de exhumación que actualmente son costeados por las propias agrupaciones y llevados a cabo por voluntarios.

   El colectivo acusa al diputado 'popular' de un delito continuado de injurias graves hechas con publicidad y lamenta que todavía no les haya dirigido una "clara disculpa" por sostener de forma "falaz e insultante" que los afectados solo se acuerdan de sus familiares cuando hay subvenciones.

   Para los querellantes, la afirmación de Hernando en un programa de televisión es "falaz, insultante, ofensiva e injustificada" toda vez que las asociaciones de víctimas del franquismo no reciben subvenciones desde finales de noviembre de 2011 --desde que el PSOE dejó el Gobierno-- y, en cualquier caso, las ayudas no se destinan directamente a los afectados, sino a actividades relacionadas con las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

   La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica recuerda que Hernando es abogado de profesión y es "manifiesto conocedor" de las normas que emanan de las Cortes Generales, teniendo, por tanto, sus declaraciones un "carácter ofensivo" que constituye "un atentado muy grave contra la dignidad toda vez que se han producido con un conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio a la verdad".

   La asociación considera que su "única motivación" era "humillar" a las víctimas al girar sobre unos hechos "notorios y execrables como son los cuerpos sin vida que permanecen en las cuentas de la geografía española" con expresiones que "difamatorias" contra personas que buscan a sus familiares, atribuyéndoles comportamientos de falsedad que hace desmerecer el público aprecio y respeto que merecen.

   El escrito concluye que Hernando traspasó los límites de la libertad de expresión con una "injustificada" lesión a la asociación querellante y solicita al Tribunal Supremo que le llame a declarar para proseguir el procedimiento.

España se puede convertir en puerta de entrada para el gas en Europa

MADRID.- Las sofisticadas infraestructuras de gas en España podrían ayudar a Europa a reducir su dependencia del suministro de Rusia cuando los proyectos para transportar gas a través de los Pirineos se conviertan en una realidad, dijo el jueves el presidente de Sedigas.

España, el país importador de gas más diversificado de Europa, tiene unas enormes capacidades de gas no exploradas que podría transportar a Francia y a otros países, pero unas conexiones de gasoductos infrautilizadas con otros países han convertido a España en una especie de isla energética.
"España dispone de uno de los sistemas más seguros y diversificados de Europa. Queremos ofrecer nuestra capacidad de interconexión", dijo Antonio Peris en un encuentro con periodistas.
Una tercera parte de las importaciones de gas y petróleo de la Unión Europea proceden de Rusia. Las recientes tensiones diplomáticas y comerciales entre el bloque europeo y Moscú debido a la anexión unilateral de la provincia ucraniana de Crimea por parte de Rusia han contribuido a un incremento de las preocupaciones entre los 28 países miembros sobre la seguridad de su suministro energético.
En torno a un 40 por ciento del gas es además transportado a través de Ucrania.
En tanto, España no recibe ningún tipo de suministro de gas de Rusia y por ello no se vio afectada por las crisis de gas de la UE en 2006 y en 2009 cuando las disputas sobre facturas impagadas entre Kiev y Moscú llevaron a los cortes de suministro de las exportaciones de gas a Europa Occidental.
Estratégicamente posicionado en el Mediterráneo, alrededor de la mitad de su gas procede de Argelia y el resto de otros diez países diferentes, que España recibe como gas natural licuado (GNL) a través de buques.
España, que se gastó miles de millones de euros en sus infraestructuras de gas durante el boom económico y con siete plantas de regasificación de GNL, dispone de una capacidad mayor que ningún otro país europeo para volver a convertir gas natural licuado en gas.
MIDCAT, que es uno de los proyectos de la lista de la Comisión Europea considerados estratégicamente importantes, elevaría la capacidad de interconexión con Francia hasta los 14.000 millones de metros cúbicos (bcm)
"Con este gasoducto podría reemplazar al 10 por ciento del gas que se importa de Rusia", dijo.
Ahora mismo existe un único gasoducto entre España y Francia, llamado Larrau, que tiene una capacidad de 5.200 millones de metros cúbicos, una fracción de los 462.000 millones de metros cúbicos de gas consumidos el año pasado por la Unión Europea.
Un gasoducto llamado Biriatou, que recorre el País Vasco hacia Francia podría añadir otros 2.000 millones de metros al cúbicos de capacidad cuando se complete su construcción en 2015, dijo Peris.
En respuesta a crisis previas en el contexto gasista en Ucrania, Europa ha hecho algunos progresos en mejorar las redes de energía en las fronteras, impulsando la capacidad de almacenamiento y volviendo reversibles los flujos de los gaseoductos, situándose en mejor posición que en el pasado a la hora de enfrentarse a cualquier corte en el suministro de las exportaciones rusas.
Tras las recientes tensiones en Ucrania, la Unión Europea pidió a Estados Unidos si podría iniciar la exportación de su gas natural, pero el presidente estadounidense, Barack Obama, ligó el miércoles cualquier tratado de exportación con el nuevo tratado transatlántico comercial y dijo que la Unión Europea no podría apoyarse únicamente en Estados Unidos para reducir su dependencia energética a Rusia.
La crisis ucraniana ha provocado también un debate sobre otras fuentes energéticas en la Unión Europea, con algunas propuestas sobre objetivos más sólidos para apoyarse en energías renovables y otras tratando de impulsar la energía nuclear, el carbón o gas de esquisto, lo que podría ayudar a la Unión Europea a ser más independiente en materia energética.

Diecinueve imputados por emisión de facturas ficticias en el Patronato de Turismo de Almería

ALMERÍA.- El juez instructor del caso 'Facturas' por el que se investigan en Almería presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos y malversación con la emisión de "facturas ficticias" en el Patronato de Turismo bajo el anterior mandato ha elevado a 19 los imputados, entre los que figuran desde el comienzo del procedimiento el exvicepresidente de la Diputación Luis Pérez (PSOE) y el exgerente Francisco Iglesias.

   Entre los nuevos imputados figuran siete administradores de agencias de viajes y de una empresa de tecnología, a quienes los últimos informes de la Policía Judicial incorporados a la causa atribuye la facturación "aparentemente irregular" de bienes y servicios al Patronato por importes superiores a 4.000 euros, y tres asesores del equipo de gobierno entre 2009 y 2011 que, según esos mismos informes, "pudieron disfrutar de bienes y servicios con cargo al Patronato sin justificación aparente alguna y sin tener, en principio, relación con el mismo".

   Los nuevos imputados son los administradores de Viajes Viconos, de Grupo J126, de Sportur Agencia de Viajes Vertical, de Viajes Bernardo, y de Tecnología y Comunicaciones Móviles, así como Juan Antonio Bisbal, José Andrés Soler y Teresa María Rojas.

   El auto dictado por el magistrado Luis Durbán el día 20 indica que los informes policiales con los que se intenta determinar el destino de 460.000 euros de dinero público que se abrían abonado presuntamente mediante un centenar de facturas "ficticias", recogen "también nuevos hechos de apariencia delictiva" con respecto a las personas que ya figuraban imputadas en la causa, y resuelve que deben prestar de nuevo declaración en sede judicial.

   Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción nº 6 acordó en julio de 2013 imponer prisión provisional eludible bajo una fianza de 12.000 euros Pérez Montoya, así como a la exsecretaria del Patronato Provincial de Turismo María Teresa González y al empresario almeriense Joaquín Conde. Junto a ellos, mantuvo los cargos a la esposa del exnúmero dos de la Diputación, a Francisco Iglesias y a su esposa, al director de una agencia de viajes, Arístides Javier Martos, y a una pareja de amigos del exgerente.

   Los informes elaborados por la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía señalan también a otras 23 personas que, según remarca el juez, también podrían haber disfrutado de bienes y servicios con cargo al Patronato de Turismo "sin justificación aparente alguna", lo que supone que habrían incurrido en un posible delito de malversación aunque, matiza, ya prescrito.

   Según explica, en la "mayor parte" de los casos han trascurrrido más de tres años desde su comisión, en concreto hasta diciembre de 2010, y las cuantías de las facturas no superan los 4.000 euros, por lo que estima el instructor que les sería de aplicación el subtipo atenuado del artículo 432.3 del Código Penal para decidir no dirigir la causa contra ellos y citarlos a declarar en calidad de testigos.

   "Aunque el plazo de prescripción no forma parte del tipo penal, lo cierto es que merece la consideración de ley penal a los efectos analizados pues del mismo depende, a la postre, la aplicación práctica de los tipos", sostiene, si bien deja la puerta abierta a que la administración perjudicada, en este caso la Diputación Provincial, pueda ejercitar acciones por la vía civil contra ellos.

   Junto a los 23 testigos con estas particularidades, el auto resuelve la citación a declarar como testigos a la espera de fijar un calendario, de otras 18 personas, incluido el expresidente de la institución, el socialista Juan Carlos Usero, el exgerente del Patronato Antonio Cantón y la exdiputada provincial del PSOE Caridad Herrerías. En el marco de la instrucción, ya han prestado declaración en calidad de testigos otras diez personas, la mayoría de ellos trabajadores de la institución.

   El actual equipo de gobierno de la Diputación (PP) remitió en enero de 2013 a la Fiscalía un expediente en el que se incluían facturas por un valor de 44.500 euros abonadas por el Patronato de Turismo y correspondientes a distintos viajes en los que, según los primeros datos, o bien "no viajó nadie" o bien se contrataron bajo el nombre de trabajadores del patronato que no los realizaron.

   En concreto, en la denuncia, según informó el vicepresidente, Javier Aureliano García, se especifican, al menos, ocho viajes a lo largo de 2010 a destinos como Viena, Londres, Zúrich, Edimburgo o Madrid presuntamente ficticios o en los que se habría emitido una supuesta doble facturación. Al tiempo, se adjuntó un informe de Intervención en el que se apuntaba el carácter "un poco extraño" de las citadas facturas, que se abonaron en abril de 2011 mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito.

   Con posterioridad a esta denuncia, desde la Diputación de Almería se remitió al juzgado 99 facturas más "supuestamente falsas" por valor de cerca de 400.000 euros y sobre viajes supuestamente realizados durante las mismas fechas para que se incorporaran a la causa.

   Esta última aportación fue detectada a raíz del informe policial que llevó a la Fiscalía Provincial a formular denuncia contra el exvicepresidente de la Diputación y del Patronato, el socialista Luis Pérez Montoya y el exgerente Francisco Iglesias, entre otros.

   La Fiscalía de Almería resolvió el 17 de abril formular denuncia contra Pérez Montoya e Iglesias a raíz de un informe encargado por la Unidad de la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía para investigar los hechos tras detectar posibles "irregularidades" en un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito bajo mandato socialista.

El TSJA rechaza supuestas irregularidades denunciadas por ecologistas en la causa de suelo del Algarrobico

ALMERÍA.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha indicado que correspondía a la Sección Tercera de la sala de lo contencioso-administrativo entender del recurso de la promotora del hotel de El Algarrobico, en Carboneras, que se ha resuelto declarando urbanizable el suelo y que se empezó a tramitar en esta sección en 2012 al considerarse que se trataba de un asunto "muy concreto" en materia de medio ambiente y ordenación del territorio.

Fuentes del Alto Tribunal han explicado que el cambio de la Sección Primera, que votó y falló en junio de 2012 que el sector ST-1 sobre el que se levanta el hotel era "espacio protegido no urbanizable", a la Sección Tercera data del 29 de marzo de ese mismo año tal y como se recoge en una diligencia en la que se da por concluida la fase de prueba en el procedimiento para que siga su curso.

   Cabe recordar que Salvemos Mojácar, el Grupo Ecologista Cóndor y Salvemos Macenas han anunciado la interposición de una querella criminal contra los tres magistrados que firman la resolución ante el Tribunal Supremo (TS) por presunta prevaricación que, entre otros puntos, se fundamenta en que no les "correspondía" dictar sentencia y en que se cambió de sección y de ponente "tres días antes de la votación y fallo en este procedimiento, celebrada el 27 de febrero sin que se motivara y notificándose a asociación ecologista personada después de que hubiese tenido lugar la deliberación".

   Sostienen que esto "vulneraría" las normas de reparto del TSJA y que contra la citada providencia de 27 de febrero se presentó recurso por parte de Greenpeace que no fue resuelto antes de dictar sentencia. Sobre este extremo, el Alto Tribunal ha puntualizado que fue Azata, promotora del hotel, la que recurrió y que el colectivo se "unió cuando se le dio traslado de este recurso", que, matizan, "no paraliza la votación y fallo".

   Las mismas fuentes han precisado que las secciones de las salas de lo contencioso-administrativo "no son orgánicas" y que, por tanto, no asumen un asunto sin posibilidad de que se produzca modificación y que las normas de reparto, públicas y en vigor desde 2008 y 2012 sin novedad, son "una manera de repartir el trabajo de forma reglada".

   Cabe recordar que la querella criminal anunciada, tal y como se publicó el martes, argumenta que el citado cambio "vulneraría el artículo 24 de la Constitución por haber privado del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por ley".

   Salvemos Mojácar, Grupo Cóndor y Salvemos Macenas sostienen que el hecho de que la sentencia la haya dictado la Sección Tercera es de "una enorme importancia" pues, según subrayan, de haber seguido en la Sección Primera, la sentencia "no habría podido ser contradictoria" con la de esa misma sección de fecha 11 de junio de 2012 "pues de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) se habría vulnerado el principio de igualdad y la sentencia sería, así, nula". 

"Sería cosa juzgada", remarcan.

   La sentencia hecha pública el martes hace referencia a esta situación y, en ella, el tribunal recoge en su punto duodécimo que la citada sentencia de 2012 "no produce efectos de cosa juzgada" ya que en los dos procedimientos actúan partes distintas --en el primero no estaba personada Azata-- y, "sobre todo", lo solicitado y la causa de pedir son diversas".

   Con respecto al principio de igualdad indica que la jurisprudencia constitucional ha excluido la existencia de tal derecho "cuando los procesos sometidos a comparación radican en secciones diferentes de un mismo tribunal".

Crespo dice que el Gobierno "apoyará" a la Junta sobre El Algarrobico aunque "el problema lo ha provocado ella"

ALMERÍA.- La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha considerado que el nuevo escenario que plantea la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara urbanizable el suelo del Algarrobico lo "ha provocado la Junta de Andalucía" con el cambio de planimetría en la normativa ambiental del parque natural de Cabo de Gata-Níjar aunque ha trasladado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente va a estar "ahí para apoyar" a Ejecutivo andaluz a "restablecer la normalidad que dicten los tribunales".

   "El problema lo ha creado la Junta con ese cambio, se sabe especialmente en Almería, pero ayudaremos a resolverlo", ha trasladado este jueves Crespo en declaraciones a los periodistas.

   Crespo ha cuestionado la posición de la Junta en el proceso, donde, a su juicio, "no ha mantenido una firme, sino que hoy sí y mañana no", al tiempo que ha lamentado la trayectoria judicial "larga, polémica y dificultosa" para los ciudadanos del hotel de Azata del Sol, de una veintena de plantas y 411 habitaciones.

   Ha indicado que las sentencias "están para cumplirlas" y ha apelado al convenio Junta-Gobierno para la demolición del establecimiento que invade parcialmente la zona de servidumbre marítimo-terrestre de 100 metros y la restauración tanto paisajística como ambiental de la zona.

   "El ministerio estará ahí para apoyar y seguirá ese acuerdo en la medida de lo posible para restablecer la normalidad que dictaminen los tribunales", ha concluido.

La Junta recurrirá "por todas las vías posibles" para impedir que siga adelante el Algarrobico

SEVILLA.- La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado este jueves en el Pleno del Parlamento que el Gobierno andaluz recurrirá "por todas las vías posibles" para "impedir que siga adelante" el hotel construido por Azata del Sol en El Algarrobico tras la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara "urbanizable" el suelo sobre el que se levanta el hotel.

Díaz se ha pronunciado de este modo durante la sesión de control al gobierno en respuesta al portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, que había demandado previamente a la jefa del Ejecutivo andaluz que tenga "puño de hierro" en este asunto para situar a la Junta "al lado del movimiento ecologista" y formular recurso "cuanto antes" ante el Supremo contra la última resolución del TSJA.

   "Frente al fantasma de volver a la especulación urbanística y a un pasado que tanto queremos olvidar, vamos a recurrir y a utilizar todas las vías judiciales posibles para impedir la construcción y que siga adelante el Algarrobico", ha garantizado Susana Díaz, que ha expresado su "preocupación" por la última sentencia del TSJA en relación con el hotel de El Algarrobico, una instalación que, a su juicio, representa "lo que no tiene que ser la construcción en las costas andaluzas".

   Tras la sesión de control al Ejecutivo, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha explicado a los periodistas que la Junta interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

   Ha indicado que la Junta va a interponer el recurso porque, aunque respeta las decisiones de los tribunales, en este caso no la comparte porque la sentencia del TSJA desprotege el paraje natural del Algarrobico, una protección que ya se blindó en 2008. Ha agregado que la Junta no está de acuerdo con la sentencia del TSJA que establece que el suelo es urbanizable, toda vez que hay "falta de seguridad jurídica y de la tutela judicial efectiva".

   A su juicio, hay determinadas líneas que no se deben pasar y el Algarrobico es un "símbolo de lo que no se debe hacer en la costa", con lo que la Junta va a tratar de proteger la costa y el litoral andaluz, apostando por un desarrollo sostenible del territorio.

   Por su parte, José Antonio Castro ha lamentado, durante su debate con la presidenta, que el TSJA haya dictado una sentencia en la que plantea que el suelo sobre el que se asienta el hotel del Algarrobico es urbanizable, lo que ha causado sorpresa, desconcierto e indignación. Ha apuntado que esa sentencia se ha dictado después de movimientos "muy extraños en lo judicial" y contradice otras sentencias anteriores.

   Ha instado a la presidenta a que, frente a este nuevo movimiento que solo responde a la especulación y "huele fatal", el Gobierno andaluz tenga puño de hierro en esta cuestión, se sitúe al lado del movimiento ecologista y acuda a todas las instancias judiciales para que desaparezca este "símbolo que representa lo peor y lo más despreciable del modelo especulativo de este país".

El Gobierno central ratifica su compromiso de cofinanciar la demolición del hotel

MADRID.- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha mantenido que es la Junta de Andalucía la que deberá decidir, en su momento, cuándo procede demoler el hotel de la promotora Azata ubicado en el paraje de El Algarrobico, en la costa de Carboneras, y ha ratificado el compromiso del Estado de cofinanciar al 50 por ciento los costes de la demolición y recuperación de la zona.

   En una rueda de prensa para presentar los datos de consumo alimentario en España, ha recordado que no es el Gobierno central el que puede tomar la decisión de ejecutar las sentencias sobre la construcción sino que es la Junta "cuando considere que se han agotado los trámites legales y que es procedente la demolición" la que debe acordar esa ejecución.

   "Yo puedo ratificar el compromiso firme del Estado para que cuando la Administración autonómica, en el momento en el procesalmente pueda, acuerde la demolición el Gobierno participe financiando los gastos de la demolición y la restauración, tal y como se estableció en el protocolo de colaboración", ha dicho Arias Cañete, que ha insistido en subrayar que "cuando así lo acuerde estableceremos de común acuerdo los gastos de demolición y los financiaremos al 50 por ciento, dentro del espíritu de colaboración que tenemos".

Por otro lado, el ministro ha recordado que la reciente sentencia del TSJA que declara "urbanizable" el suelo resuelve un procedimiento en el que no fue parte la Administración General del Estado y que, además, afecta a cuestiones de competencia autonómica y no del Dominio Público Marítimo Terrestre que es lo que el Gobierno tiene "responsabilidad de proteger".

   Además, el ministro ha dicho que con la actual Ley de Costas y su denominada cláusula Algarrobico se evitarán este tipo de situaciones ya que cuando el Gobierno central considere que una licencia municipal infringe esa ley puede pedir su suspensión en vía administrativa y evitar que la construcción se inicie. "No estaríamos en la situación en la que estamos porque la experiencia demuestra que si se permite hacer una edificación y el Estado no tiene recursos para pararla, volver al punto inicial es muy complicado", ha indicado.

   Así las cosas, ha lamentado que ahora en torno a la construcción hotelera haya una "maraña de recursos" que "hace muy difícil saber en qué momento hay que ejecutar la sentencia y en qué momento la administración puede pedir la demolición".

Crespo sobre la huelga en Calar Alto:"Si alguien ha salvado al observatorio de desaparecer ha sido el Gobierno"

ALHAMA DE ALMERÍA.- La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, se ha referido a la huelga iniciada este jueves por los trabajadores del centro astronómico hispano-alemán (CAHA) de Calar Alto, ubicado en Gérgal, motivada por el recorte del 60 por ciento del presupuesto para el centro fijado entre el CSIC y la sociedad alemana Max Planck, de manera que ha señalado que "si alguien lo ha salvado de las posibilidades de desaparecer ha sido el Gobierno de la nación".

 Crespo ha apuntado que el Gobierno se encontró a su llegada que "el anterior gobierno no había negociado con Alemania para mantener" el centro, con lo que la situación "era muy grave" dado que "Max Planck se marchaba".

   "La situación de Calar Alto era muy compleja y lo primero que hizo el Gobierno fue negociar con Alemania para que se mantuvieran las posibilidades económicas que aportaba al observatorio", ha defendido Crespo, quien ha insistido en que el Ejecutivo tuvo que "salvar la situación" al poco de que su partido tomara posesión del Gobierno.

   Crespo ha señalado que aunque las restricciones presupuestarias "están ahí para todo el mundo" pero que en este caso se va a intentar que sean las "más favorables" para que los empleados del centro tengan "algunas posibilidades adicionales" de trabajar en un observatorio que es "pionero en Europa y en el resto del mundo".

   La máxima representante del Gobierno en Andalucía ha descartado que la posición que mantiene el CSIC sobre el presupuesto de 1,6 millones por ejercicio hasta 2018 resulte "inamovible", si bien ha recordado que en "época de crisis económica" hay "restricciones presupuestarias" a las que se deben adaptar "todos los organismos de todas las instituciones".

   Así, ha manifestado la intención del Ejecutivo de "dialogar" con los trabajadores y tener una "posición clara y contundente con respecto al observatorio".

El respeto de la clase política por Suárez no era recíproco / Asier Martiarena

La clase política se está deshaciendo estos días en elogios a Adolfo Suárez, pero estos no serían recíprocos si Suárez hablara. Por lo menos si tenemos en cuenta algunas declaraciones que hasta la fecha nadie conocía.

Porque el discurso político y personal que pregonaba Adolfo Suárez no llegó al pueblo. Por lo menos no en su totalidad. La maquinaria que rodea la política ocultó parte de sus pensamientos. Y no porque él quisiera comparecer como Mariano Rajoy a través de un plasma, para evitar las preguntas de los periodistas; ni porque negara hechos como José Luis Rodríguez Zapatero, con la crisis económica; ni tan siquiera por ocultar algunos datos, como José María Aznar con la necesidad de que España participase en la invasión de Irak. Al contrario. Porque la sinceridad y la cándida transparencia de la que hacía gala Adolfo Suárez se antojaba como un acto inconsciente que podía encender los ánimos de la sociedad que comenzaba a dar sus primeros pasos de una débil transición democrática.

De ahí que en 1980 el expresidente concediera una entrevista tan sincera que sus consejeros decidieron vetarla hasta el punto de que jamás vio la luz... hasta hoy. El diario 'ABC' ha rescatado la conversación que Adolfo Suárez sostuvo con la periodista Josefina Martínez del Álamo y que, pese a los 34 años que ha pasado en el cajón, no ha perdido fuerza y es de plena actualidad.

En ella el presidente Adolfo Suárez, ya consciente de la pérdida de la confianza de parte de los suyos e incluso del propio Rey, obsequió a la redactora con innumerables titulares. Así el abulense reconocía: "La clase política le estamos dando un espectáculo terrible al pueblo español".

Hablando de las actuaciones de los diferentes partidos ya legalizados en 1980, Suárez señalaba que "los comentarios políticos suelen ser mensajes que no entiende casi nadie. De ahí que la prensa tenga cada vez menos lectores. De ahí que los políticos estén cada día más separados del pueblo... Porque han acabado todos cociéndose en la gran cloaca madrileña... Y molesta mucho que yo hable de una gran cloaca madrileña. ¡Pero es verdad! No existe la preocupación de sobrevolar por encima. Nadie intenta hacer una crítica objetiva de las actuaciones políticas, con independencia del partido que realiza la acción".

En cuanto a los oscuros planes de la casta política, Suárez señaló que "los periodistas se han convertido en correas de transmisión de los intereses de grupos determinados". "Yo repito a menudo que en España está ocurriendo un fenómeno muy grave: las cosas entran por el oído, se expulsan por la boca y no pasan nunca por el cerebro... Casi nunca pasan por la reflexión previa", puntualizó. Aunque también tuvo reproches para la prensa por "escribir para ellos mismos".

Teniendo en cuenta el éxito social que han suscitado las recientes marchas por la dignidad del pasado 22M, la postura de Suárez con respecto de la forma de legislar resulta, a día de hoy, muy polémica. Casi tanto como lo debió ser en 1980 cuando fue vetada. Suárez dibuja un escenario en el que "un político no puede ser un hombre frío. Su primera obligación es no convertirse en un autómata. Tiene que recordar que cada una de sus decisiones afecta a seres humanos. A unos beneficia y a otros perjudica. Y debe recordar siempre a los perjudicados... Gracias a Dios, yo no lo he olvidado nunca. Pero se sufre porque no puedes tomar decisiones satisfactorias a corto plazo para todos los españoles. Aunque esperas que sean positivas en el futuro y asumes el riesgo... Hay personas que no ven a los gobernados uno a uno... Yo los sigo viendo. ¡Les veo hasta las caras!", señaló.

Lo mismo ocurre con el desencanto de la clase política. Con los barómetros del CIS suspendiendo en la actualidad a todos los políticos, sin excepción, más de uno se sentirá aludido con estas declaraciones de Adolfo Suárez: "Yo no creo que el pueblo español haya estado encantado jamás. La Historia no le ha dado motivos casi nunca. Tuvimos que aprender que los problemas reales de un país exigen que todos arrimemos el hombro; exigen un altísimo sentido de corresponsabilidad. Y sin embargo, los políticos no transmitimos esa imagen de esfuerzo común. La clase política le estamos dando un espectáculo terrible al pueblo español", sentenció Suárez en un discurso que sacaría los colores a más de uno de los dirigentes que estos días ensalzan la figura del expresidente del Gobierno fallecido.

Historia del Algarrobico, paso a paso

MADRID.- La construcción del Hotel del Algarrobico ha enfrentado desde hace años a ecologistas y asociaciones contra los constructores. ¿Cuáles han sido todos los pasos de la polémica construcción del Hotel? Aquí te los ofrecemos una cronología detallada de la mano de Greenpeace.

   1. 1987- Se crea el parque natural de Cabo de Gata Níjar, que no incluye el paraje del Algarrobico.

   2. 1988- Entra en vigor la Ley de Costas: Se crea una servidumbre de protección de 100 metros desde la ribera del mar donde no se puede construir.

   3. 1994- La Junta de Andalucía aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), que establece que el Algarrobico no es urbanizable.

   4. 1997- La Junta publica tres nuevos planos donde se cambia la clasificación del Algarrobico para que sea urbanizable sin someterlo a exposición pública y sin publicar expediente alguno, a pesar de que así lo pedía el PORN. La Junta aprueba que el suelo del Algarrobico sea urbanizable, en contraposición a lo dispuesto en la Ley 4/89 de Conservación de la Naturaleza.

   5. 2001- Azafata del Sol S.L. solicita al Ayuntamiento de Carboneras la licencia de obras para construir el hotel.

   6. 2003- El Ayuntamiento de Carboneras concede la licencia de obras a Azafata del Sol S.L. La construcción comienza ese año. La licencia de obras resulta exenta del pago en un 99% gracias a una decisión del Ayuntamiento de Carboneras.

   7. 2005- El Ministerio de Medio Ambiente comienza los trámites para la expropiación del Algarrobico.

   8. 2006- El juzgado nº2 de Almería decide la paralización cautelar de las obras del hotel.

   9. 2007- El Consejo de Ministros declara la utilidad pública, para su incorporación al Dominio Público Marítimo Terrestre, del paraje del Algarrobico.

   10. 2008- Sentencia de la Audiencia Nacional confirmando la legalidad de la orden ministerial que fija una servidumbre de protección de 100 metros en la zona de El Algarrobico. La Junta aprueba un nuevo PORN donde los terrenos de El Algarrobico pasan de ser una "zona de especial protección no urbanizable" a un "área degradada". El juzgado nº 2 de Almería dicta sentencia que obliga al Ayuntamiento de Carboneras a revisar de oficio la licencia de obras del hotel.

  11- 2012- El TSJA dictamina en firme que el suelo debía ser no urbanizable de especial protección, como en el PORN de 1994.

   12. 2014- El TSJA sentencia que el suelo sobre el que se asienta el Hotel de Azafata del Sol en el Algarrobico es urbanizable y que así estaba calificado en el PORN del parque natural del Cabo de Gata de 1994.