Desde hace
años, la forzosa insularidad a la que ha estado sometida la provincia de
Almería en materia de comunicaciones ha sido en gran medida responsable de la
configuración de un escenario económico y político que en poco o nada se parece
al resto de Andalucía. También en lo sociológico, donde la política ha
sobrevivido en tres reinos muy definidos, un juego de tronos con muchos
intereses en juego.
Dicen que
Almería es la provincia más andaluza -pese a lo sucedido con su descuelgue del
28F-. De gran belleza y riqueza, es la misma circunscripción que, gracias a su
producción intensiva bajo plásticos, ha ayudado a levantar el PIB andaluz en
los últimos años.
La
espectacularidad salvaje de sus variadas comarcas, las Alpujarras, el Desierto
de Tabernas, el Cabo de Gata, el mar y su clima en definitiva, sirvieron para
que los almerienses fueran capaces de sacar riqueza de donde,
aparentemente, no la había. Fueron inversores foráneos los que primero
se fijaron en las posibilidades de una tierra baldía y sin agua, casi
desértica. Ellos, los catalanes, con Eduardo Bueno al frente, personaje que
llegaría a presidir el PP en Cataluña, hicieron el milagro de Tierras
de Almería. Inversores que trajeron a más inversores, llegando a convertir
las zonas más prósperas de la vieja Portus Magnus en tierra
colonizada económicamente.
Tanta
prosperidad económica, agricultura en el Poniente y turismo en el Levante,
sirvió para crear empleo, mucho empleo, hasta el punto de que la emigración
copó casi por completo el trabajo bajo plásticos. Pero también para que tanta
riqueza resultante fuese a parar, en medio de la explosión del ladrillo, en
inversiones inmobiliarias y, casi siempre, promociones especulativas. Ni
que decir tiene que es en este punto donde el concurso de la política se hace
necesario para que el negocio funcione con altísimos rendimientos y
consiguientes pelotazos.
En este
escenario tan complejo, tan alejado formalmente del centralismo de Sevilla y de
Madrid, aunque muy frecuentado por dirigentes políticos de distinto signo –
Zapatero, Borrell, Narbona, Acebes, Sebastián, Rubiales, Pizarro, Arenas, etc-
es donde los líderes provinciales del bipartidismo consagran de facto una
política de no agresión con las cosas de comer. Esto es, con las denuncias
sobre casos de corrupción en los aledaños de ambos partidos. La ropa sucia
se lavaba en casa y solo era moneda de cambio en los selectos cenáculos de
la omertá para mantener ciertos equilibrios de poder. “Yo
te doy cremita, tu me das cremita”, decían en sus conversaciones. Especialmente
en asuntos donde tuviesen intereses empresarios de la tierra, el grupo de
elegidos del poder del dinero, aunque muchas veces fuesen meros comparsas en
los respectivos accionariados de las grandes inversiones, la mayoría con dinero
público.
TRES
REINOS
Tras década
y media de democracia es cuando el poder político, más bien los resultados de
las urnas, dividen la provincia en tres reinos muy definidos políticamente en
tanto quiénes ocuparon sus respectivos tronos. En el Poniente, Juan Enciso,
alcalde durante 20 años de El Ejido, había fijado su fortín amurallando la
comarca del Poniente con la llave que le daba el control de la Diputación.
Llegó a ser calificado por Javier Arenas en un mitin como “el mejor alcalde de
Andalucía”. Pero acabó pactando con el PSOE. Fueron pactos en los que
el electorado y militancia del PSOE vio horrorizada cómo a sus líderes solo les
importaba mantener el poder a toda costa. Sin que la ideología fuese
un obstáculo. Martín Soler, Diego Asensio y Segura Vizcaíno, la troika que
mandaba en aquel PSOE, pactaron sin pudor ideológico alguno con la extrema
derecha del PP que encarnaba Enciso para gobernar la Diputación ¡durante dos
legislaturas! La primera, escondidos tras un pacto garantizado en secreto por
el mismísimo Manolo Chaves al propio Pepe Añez, número dos de Juan Enciso. La
segunda legislatura, con luz, taquígrafos y paseos por Sevilla con Juan Enciso,
Luis Pizarro y Martín Soler planificando el curso político. El mismo Enciso de
aquel “Arde Misisipi” de neumáticos y gasolina de cuando los inmigrantes se
amotinaron en las calles de El Ejido y desde el PSOE le acusaban de “racista y
de xenófobo.”
El otro
reino, el verdadero Trono de Hierro, estuvo siempre ocupado por el alcalde de
Roquetas de Mar, Gabriel Amat, el más hábil y astuto de todos los políticos del
lugar, el mismo que impulsó la caída de Enciso cuando le disputó el control
provincial en el seno del PP. El único de los tres que permanece camino de
Desembarco del Rey.
El tercer
reino habría que situarlo en la zona del Levante, cuyo trono fue ocupado
durante años por un dirigente socialista, el zurgenero Blas Díaz Bonillo, al
que Martín Soler descabalgaría -para culminar su liderazgo provincial sin
sombras- no sin recibir resistencia, dados los intereses en juego en la
comarca. Díaz Bonillo tenía más madera de viejo cacique de la política que de
responsable de una casa del pueblo, pero no fue obstáculo para que gozase y
presumiese de grandes influencias entre la vieja guardia sevillana del
socialismo andaluz. Los que de verdad mandaban en la Junta.
Debajo,
al lado, detrás o camuflados junto a estos políticos, la sociedad siempre vio
moverse, como peces en el agua, a no más de docena y media de empresarios de
toda clase y condición. Casi siempre los mismos. Con el paso del tiempo muchos de esos
empresarios se convertirán en auténticas potencias económicas, verdaderas
fortunas, figuras empresariales emergentes de primera fila nacional. Alguno
llegándose a codear con ministros, consejeros o presidentes del Gobierno. Otros
siendo capaces de sacarle a un banco, en una sola operación, mil millones de
euros, casi el 30% de los recursos de la entidad. Qué arte, trincarle a un
banco.
EL
DESEMBARCO DE ARENAS
Almería fue
también el escenario elegido por Javier Arenas para su jubilación en los
carteles, tras varios intentos como candidato a la Junta por el PP. Aunque
cuando tomó la decisión seis años atrás de ir por aquella provincia, no
imaginaba un escenario tan adverso como el que padece en la actualidad, desde
el 25M y sobre todo tras el estallido del Caso Bárcenas. Arenas desembarcó en
Almería porque su “hermano mayor”, como llegó a llamar a Gabriel Amat, se lo
pidió, siendo fácil convencerle hasta el punto que repitió legislatura como
cabeza de lista. Amat dejó incluso la lista de Almería descabezada un tiempo,
esperando que Arenas fuese proclamado candidato formalmente a presidir la Junta
y optase por Almería.
La presencia
del líder regional del PP en Almería supuso, sin duda, un empujón considerable
en las urnas a favor de un PP que acabaría electoralmente hegemónico gracias a
ZP y su gestión de la crisis, dejando al PSOE solo al frente de las
delegaciones de la Junta y la localidad de Vícar como el bastión más habitado que
gobierna.
Arenas pisó
la Puerta Purchena cuando aún quedaban muertos civiles, heridos y
abandonados en las cunetas almerienses por los efectos directos o colaterales
de la macro Operación Poniente. Una operación, recuérdese, que nace de las
entrañas del propio PP de Almería, que acabaría dividido tras el escándalo.
Aunque destapada periodísticamente en febrero de 2007 desde Onda Cero y El
Mundo de Almería, la Operación Poniente gozó inicialmente de las simpatías de
Amat y del PP oficial que la judicializó más tarde; hasta que no pudo controlar
la abundantísima información que iba generando la investigación judicial en
curso, intentando poner sordina al escándalo. Nunca se aprovechó políticamente
de las barbaridades que destapaba la operación. Amat no era amigo de las
tormentas con descargas. Fue cuando quiso imponer el silencio informativo sobre
el tema, siempre con la filosofía que nunca le falló: más vale un mal arreglo
que un buen pleito. Al fin y al cabo, él había puesto formalmente en
marcha, junto a una pusilánime IU de Almería, un proceso judicial que no tuvo
freno ni marcha atrás gracias a la decisiva intervención, entre otros, del
Fiscal Superior de Granada.
El balance
de la Operación Poniente, desarrollada por la Justicia en el otoño de 2009,
cuyo sumario sigue abierto a día de hoy y sin fecha para su vista oral,
arrojó más de sesenta personas imputadas y cerca de quinientos millones de
euros volatilizados de las arcas públicas. Entre los imputados, el
alcalde Juan Enciso, que estuvo en prisión durante nueve meses junto al
interventor José (Pepe) Alemán Bracho y otros empresarios de la trama de las
contratas ejidenses. Por cierto, con altos ejecutivos de la multinacional
Abengoa implicados en la trama y algunos imputados.
La Fiscalía
Anticorrupción de Almería llegó a sostener entonces que había que concentrar la
investigación penal “solo” en los dineros saqueados de la empresa semipública
ElSur. No fue partidario su titular, el fiscal Jesús Gázquez Alcoba, de abrir
nuevas piezas más que las que cantaban en el sumario, ya que se haría imposible
tantas investigaciones abiertas a la vez. Visto lo visto, transcurridos
más de dos años de parálisis de la instrucción, quedan en el aire muchas
preguntas cuya respuesta, quizás, nunca conozcamos.
Efectivamente,
sin que se sepan aún ciertos aspectos de la Operación Poniente, dado que
formalmente se está a la espera de informes que se elaboran desde hace años, lo
que se conoce hasta ahora invita a nominar algunas conclusiones provisionales.
Lo
instruido parece que demostró ampliamente cómo una organización, definida
judicial y policialmente como “criminal”, se adueña de las instituciones
públicas -de
sus decisiones de gobierno más exactamente- a través de sus representantes
políticos. Y que estos, al tiempo que se enriquecían personalmente o a través
de una red de familiares, socios o amigos, propiciaban el saqueo
sistemático de las arcas públicas del ayuntamiento de El Ejidobajo su
control político y administrativo. Unas investigaciones que dejaron en
evidencia, entre otras muchas cosas, cómo se amañaban oposiciones o cómo
personas aisladas de otras instituciones como la Fiscalía de Almería, la
Policía, altos funcionarios o delegaciones de la Junta colaboraban activamente,
servilmente en algunos casos, con los imputados en sus trapicheos y manejos.
Cómo sin rubor se dictaban las noticias y los editoriales de los medios
públicos bajo su control. Pero sobre todo, la instrucción demostró con cuanta
impunidad – política y de la otra- se movieron sus protagonistas en los altos
despachos andaluces del poder, con el número dos del PSOE-A de Manolo
Chaves junto a Enciso, como gran introductor de embajadores en la capital
sevillana.
ENCISO
RESPONDIÓ AL ATAQUE
Quizás fuese
en los estertores del encisismo cuando desde el Partido de
Almería -escisión del PP con Juan Enciso, como también el GIAL con Juan Megino-
reaccionaron en tono de venganza contra el que consideraban impulsor y
responsable político -Gabriel Amat- de la operación judicial que había
conducido a su líder a la cárcel, dejando descabezado el Ayuntamiento y al
pequeño partido unipersonal. Fue cuando decidieron abrir el ventilador,
denunciando a Amat con el “y tú más”.
A través de
Ejido TV, propiedad de la familia Díaz, vinculada al PAL, comenzaron a emitirse
una serie de reportajes “de investigación” cuyo contenido, de no ser cierto,
hubiese merecido acudir sobre la marcha, ipso facto, al Juzgado de Guardia por
el reiteradamente acusado Amat como presunto autor de graves delitos. El
alcalde de Roquetas, objetivo de las denuncias, ante lo escandaloso de las
acusaciones, se lo pensó un tiempo y acabó denunciando en el Juzgado. Pero tras
amenazar José Díaz, el denunciado, con solicitar que se investigase todo el
contenido de las informaciones publicadas para determinar la veracidad de lo
emitido, el alcalde de Roquetas prefirió retirarse de la batalla judicial.
Y
REAPARECE MIGUEL RIFÁ
Siempre
estuve convencido que, de haberse continuado con el mismo ritmo aplicado por la
Juez que instruyó inicialmente la Causa, Montserrat Peña, el Caso de la
Operación Poniente estaría hoy visto para sentencia y con un buen número de
piezas separadas investigándose. Algunas de estas indagaciones
paralelas, sin duda, se adentraban ya entonces en territorio roquetero a través
de un viejo amigo del alcalde y socio de su familia directa, don Miguel Rifá
Soler. Exsocio de José María Rosell en Hoteles Playa, también oriundo
de Cataluña como él, hace años que voló solo creando un notable imperio, sobre
todo en el sector turístico y hotelero.
Pero aquel
procedimiento de la Operación Poniente tan llamativo por muchísimas razones,
políticas y económicas, también sociológicas, entró extrañamente en dique seco
y ahí sigue a la espera de Doña Justicia. La senadora Fuensanta Coves ha elevado
hace poco al Gobierno una petición de dotación medios para atender al juzgado
que lleva este voluminoso y atrasadísimo asunto.
Aquel
procedimiento de la Operación Poniente, tan llamativo por muchísimas razones,
entró extrañamente en dique seco y ahí sigue a la espera de Doña Justicia
La Justicia,
aunque lenta, ha seguido no obstante funcionado y, a través de otras vías,
parece que ha llegado a donde se paró la Operación Poniente. A la localidad de
Roquetas de Mar.
El pasado
verano, a instancias de la Agencia Tributaria y tras una profunda y exhaustiva
investigación de los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, se formalizó
en el juzgado de guardia de Almería, el número 3 ese día, una abultada
denuncia contra un asesor fiscal al que consideran los agentes el principal
“testaferro” del empresario Miguel Rifa Soler, al que acusan de haber podido
cometer media docena de graves delitos. En la propia denuncia, la
Agencia Tributaria especifica que Rifá podría ser el Jefe de una organización
acusada de haber cometido delitos de “organización criminal, delitos de
estafa, contra la Hacienda pública, alzamiento de bienes, falsificación y
blanqueo de capitales”.
Fuentes que
conocen lo que se investiga en la causa seguida contra Miguel Rifá desde julio
pasado en Almería, cuyo secreto ha sido levantado a principios de este año,
aseguran que en algunas de las transacciones económicas recogidas en el
sumario figura reiteradamente, entre otros muchos, el apellido de la familia
Amat. Se afirma también que se acusa al empresario propietario, entre
otros, del Gran Hotel, de alzamiento de bienes a través de sociedades en
Portugal, patrimonio que habría terminado en cuentas localizadas por Vigilancia
Aduanera en el Caribe. Concretamente en el paraíso fiscal de las Islas
Vírgenes, sin que pueda conocerse su o sus propietarios verdaderos al no
existir convenio de intercambio de información con España.
Siempre
según las fuentes consultadas y que dicen conocer detalles de esta compleja
investigación de la Operación Rifá, muchas de las empresas
investigadas participan directa o indirectamente en grandes proyectos
urbanísticos de la zona, como por ejemplo La Salinas de Roquetas de Mar. A
Rifá, los investigadores, le consideran “el líder” de la organización y “autor
intelectual” de todas las decisiones encaminadas a cometer los seis delitos que
se les imputan.
Y para
acabar de redondear un escenario de alta tensión política, económica y judicial
, en pleno apogeo judicial del Caso Rifá, rodeado de silencios, del que
prácticamente no se ha publicado nada en los medios, explota la denominada Operación
Tres Reyes, también con políticos, empresarios y funcionarios de por medio.
Una extraña historia sobre la que quedan muchas incógnitas por conocer todavía.
Y con un abogado del Estado que denuncia a las autoridades que está siendo
acosado en su puesto de Jefe de la Abogacía y que acaba imputado por extorsión
y por pertenecer a organización criminal. Un nuevo caso que, independientemente
como acabe, puede que nos conduzca, una vez más, a ese denominador común en
muchas de estas tramas de corrupción almeriense: el crimen organizado
se adueña de las instituciones y ellos son los que muchas veces nos gobiernan
desde las sombras. Desde luego porque hay dirigentes políticos que lo
permiten, quizás lo compartan y nunca lo denuncien.
