Los juzgados de Almería, tal y como sucede en la inmensa mayoría de los
órganos jurisdiccionales repartidos por la geografía andaluza y española, están
atascados y al borde del colapso. En sus estantes respectivos se amontonan
durante años los procedimientos, un indicador claro de que la Justicia, cuando
es lenta, no es Justicia. Esto parece que no funciona como debiera. Faltan medios sí, humanos y materiales, pero también parece que, en muchas de las causas
judiciales más llamativas para la sociedad, con políticos de por medio, falta
la diligencia profesional suficiente de quienes tienen la responsabilidad de
impulsar y ejecutar las investigaciones pertinentes.
A lo largo de los últimos años los medios de comunicación han ido dando
cuenta, en mayor o menor medida, de casos escandalosos que, pasado el tiempo,
duermen el sueño de la injusticia en los recovecos de la dilación, de la
desidia o del sesteo procesal. En muchas ocasiones con la espada de la prescripción
colgando sobre muchos de ellos, demasiadas veces ese retraso se convierte en el
´clavo ardiendo´ de los delincuentes y de sus abogados defensores.
Y de los miles de casos que abordan los juzgados almerienses cada año,
llaman poderosamente la atención aquellos que tienen que ver con la corrupción,
especialmente una docena relacionada con clanes políticos y económicos
especialmente decisivos e influyentes en el escenario social almeriense.
Desde hace años vengo narrando minuciosamente para mis lectores y
oyentes muchos de esos casos y, quizás por ese seguimiento continuado, he
llegado a la conclusión de que en muchos de esos procedimientos la lentitud y
el oscurantismo que marcan esas instrucciones judiciales -ninguna concluida a
día de hoy- puedan estar motivadas no solo por la falta de medios humanos y
materiales de los funcionarios de la Administración de Justicia en Almería.
También por algo más que un presunto manejo espurio o torticero de los resortes
jurídicos y judiciales por parte de los poderosos del lugar.
Almería, a la vista de la situación de infinidad de sumarios que
provocan el escándalo social, bien merecería la atención especial del nuevo
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través de sus Servicios de Inspección.
Son demasiados los rumores, casualidades y causalidades, vistosas impunidades
en cierta forma, que la ciudadanía percibe en torno al escenario judicial
almeriense que convendría aclarar para que todo tuviese una explicación lógica,
razonada y, sobre todo, ajustada a Derecho. Un escenario que, en muchos
aspectos, recuerda el que pudimos ver y padecer en la Marbella de finales de
siglo en el que los delincuentes de cuello blanco manejaban a jueces,
funcionarios y procedimientos a su antojo. El estallido de la "Operación
Malaya" supuso en gran medida acotar ciertas prácticas que, de momento,
parece que no han vuelto.
Almería, está afectada de lleno por el virus de la insularidad, por las
pésimas comunicaciones que padece aún hoy y porque sigue apareciendo para el
resto de andaluces y españoles como una tierra insólita, especial, alejada y
desgraciadamente olvidada por los gobiernos central y autonómico. Dominada por
un caciquismo político local demasiadas veces "tocado" por los
tentáculos del crimen organizado. Quizás esa sea una de las causas que
expliquen -no la única desde luego- que las cosas que allí suceden no traspasen
las montañosas fronteras de una de las provincias más bellas, prósperas y ricas
de Andalucía.
En el ámbito judicial, Almería ha sido tierra de paso para ilustres
nombres de la judicatura española. Un lugar desde el que se han promocionado
numerosos fiscales y magistrados, muchos de los cuales acabaron en la cúspide
judicial española, como Baltasar Garzón o Javier Gómez Bermúdez, por citar solo
a dos de los más populares togados del país, aunque no han sido los únicos.
Los jueces pasan, pero muchos sumarios permanecen embarrancados durante
demasiado tiempo, demasiadas veces olvidados por los medios de comunicación y
por el gran público.
A la vista de cómo en la actualidad se están instruyendo con celeridad
determinadas causas judiciales en muchos órganos jurisdiccionales andaluces y españoles,
como los relacionados con los Eres, Caso Bárcenas, UGT, Invercaria y un largo
etcétera, es fácil concluir que en Almería el reloj de los instructores se ha
parado en el tiempo, dada la lentitud y el poco éxito de la Justicia para
sentar en el banquillo y ante un Tribunal a determinados delincuentes. O
simplemente para cerrar sumarios que, en el mejor de los casos, se pudren en
los desvencijados archivadores de las
dependencias judiciales.
Sin realizar grandes esfuerzos memorísticos, al menos una docena de llamativos
sumarios aparecen a día de hoy sobre la mesa de la corrupción en Almería.
Muchos de ellos con años de instrucción, otros más recientes pero que, si nadie
lo remedia, podrían correr la misma suerte que los anteriores. A finales de diciembre pasado, el presidente
de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, en una mesa redonda sobre el "Código Penal ante la Corrupción" se quejaba precisamente en Sevilla de lo poco
útil que resulta para la función juzgadora que un pequeño juzgado, sin medios y
con centenares de causas menores, se haga cargo de macroprocesos, defendiendo a
su vez que sean instancias superiores, como la propia AN, la que se ocupen de
ese tipo de casos tan complejos y que tardan años en concluir.
A modo de inventario informativo repasemos algunos de esos
casos especialmente llamativos que la Justicia en Almería tiene pendientes por resolver en
su agenda.
Operación Poniente.
Fue sin duda el primer gran macrosumario que se empezó a instruir en
Almería en 2008 por la eficaz magistrada Monserrat Peña, todo ello tras las denuncias
periodísticas en 2007 sobre una trama de corrupción en el Ayuntamiento de El
Ejido y la empresa semipública Elsur, propiedad también del Grupo Abengoa, de
las cajas El Monte y Caja Sur, a través de una red de subcontratas. Tras las
denuncias de los medios -Onda Cero y El Mundo de Almería- en febrero de 2007,
tanto el PP de El Ejido (en manos de una gestora entonces) como IU a través de
su coordinadora provincial Rosalía Martín presentaron denuncia en la Fiscalía
de Almería. Pasados los meses, y a raíz de la comparecencia de un testigo en
Granada, la Fiscalía Superior fue la que impulsó definitivamente la "OperaciónPoniente",
olvidada en un cajón de los fiscales almerienses. La cosa acabó
con cerca de setenta imputados, de los cuales destacaron el alcalde Juan
Enciso, exdirigente del PP, del que se marchó, el Interventor municipal
José Alemán
y numerosos empresarios integrantes de la trama. Todos ellos pasaron por
la
prisión con carácter preventivo durante meses. En abril próximo se
cumplirán seis años del arranque formal de las investigaciones en un
sumario inconcluso
a falta -se ha dicho- de unos informes de la Agencia Tributaria que iban
a
estar terminados -anunció un portavoz oficial hace unos meses- antes de
que acabe 2013. Tras la marcha a
Granada de la primera juez que instruyó la causa, varios jueces han tocado el
caso sin que se conozcan avances y sin que se sepa para cuándo podrá celebrarse
la vista oral. Eso sí, algunas imputaciones y medidas cautelares se han ido
levantando sorprendente y sospechosamente en estos años. El Fiscal
Anticorrupción en Almería -que sigue siendo el mismo que arrancó el asunto,
Jesús Gázquez Alcoba -apostó desde el primer momento por circunscribir las
pesquisas a El Ejido, dejando de lado otras vías de investigación que
seguramente hubiesen conducido a Roquetas de Mar y Almería capital como más
tarde se comprobará, por ejemplo en el también olvidado "Caso Rifá".
En la documentación judicial arrojada por el sumario del "Caso
Poniente" se pudo comprobar como un sector influyente de la sociedad
almeriense, de todos los colores políticos y pelajes económicos, se entendían y
maniobraban a la perfección en los sótanos de la corrupción. Miembros del PP,
del PAL y del PSOE confraternizaban en sus charlas y reuniones sin mayores escrúpulos
con los investigados. Las escenas vividas en la Feria de Abril de Sevilla por
parte de los principales protagonistas del caso, conocidas a través de
intervenciones telefónicas, dejaron ya entonces al descubierto un espíritu de
omertá de incalculables consecuencias éticas, políticas, económicas y
seguramente judiciales.
Como también quedó al descubierto la gran camaradería y amistad que
tenía el alcalde Juan Enciso con altos funcionarios de diversas
administraciones, de forma llamativa con el número dos de la Fiscalía de
Almería, el Teniente Fiscal Fernando Brea, recientemente galardonado.
Seis años después, el sumario sigue abierto y, si llega el día del
arranque de la vista oral, las peticiones de nulidad serán el primer gran
titular periodístico de la jornada. Hoy, el Ayuntamiento de El Ejido está en la
bancarrota y decenas de trabajadores de aquella empresa gestionada por
Befesa/Abengoa, Elsur, están en las listas del paro despedidos mediante un
traumático Ere.
El abultado sumario del Caso Poniente sigue ahí, abierto en canal, dicen
que esperando que Hacienda haga sus deberes y remita al juzgado los informes
solicitados hace años. Llegó 2014 y la espera continúa.
Caso Rambla Morales.
La desaladora de Rambla Morales fue una obra impulsada por la Junta de
Andalucía a instancias del entonces líder socialista en la provincia Martín
Soler. El proyecto se puso en marcha después de que el Gobierno de Aznar
planteara otra desaladora en el término de Carboneras. Los socialistas no iban
a ser menos y de ahí que arrancara la construcción de la de Rambla Morales, muy
cercana a la capital almeriense, y que construyó la empresa multinacional Técnicas
Reunidas. El gobierno de la Junta aportó unos 25 millones de euros europeos mientras
que el resto, hasta los 115-120 millones del coste total de la obra, fue
aportado por los regantes y futuros usuarios del agua desalada. Para ello
solicitaron un crédito a La Caixa. El proyecto, del que siempre se dijo que era
superior a las necesidades reales de los regantes que se iban a beneficiar,
concluyó y nunca funcionó a satisfacción de los usuarios. De hecho, durante el
gobierno Zapatero, se intentó que aquella desaladora fuese comprada por una
empresa pública del Ministerio de Medio Ambiente que la llegó a tasar en menos
de la mitad de lo que había llegado a costar. La operación nunca llegó a buen
puerto, pese al sigilo con la que quisieron mantener la operación de compra
tanto en Madrid como en Almería sus principales promotores socialistas. Se
cumplieron los plazos del crédito y La Caixa, velando por sus intereses,
planteó una reclamación del préstamo vía ejecutiva, alterando notablemente el ánimo
de los regantes y afectados a los que se les intentó embargar sus propiedades.
Fue en ese punto del conflicto cuando la CCRR de Rambla Morales y la
Asociación de Afectados judicializaron el asunto mediante denuncia que recaló
en el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Almería. Hace ya casi dos años.
Los regantes y usuarios nunca han ocultado en sus denuncias que detrás
de esta faraónica obra, la gestión del dinero invertido no fue todo lo
escrupulosa que era de esperar, de ahí que vía judicial reclamen una exhaustiva
investigación para determinar las responsabilidades técnicas y políticas a las
que hubiese lugar.
El asunto, según fuentes consultadas en el entorno de los afectados,
sigue instruyéndose lentamente en el juzgado del que es titular el Magistrado
Luis Durbán, quien, recientemente, ha tomado declaración por videoconferencia a
responsables de Técnicas Reunidas.
La primera desaladora desde la iniciativa privada construida en la
desértica Almería, con ayudas de la Junta, está hoy cerrada y solo se realizan
en ella labores de mantenimiento. Se espera que sea sometida a subasta y que
los regantes puedan aclarar lo que ha sucedido con una planta que llegó a
costar casi el doble de lo que actualmente ofrecen por ella.
Caso Rifá.
El 31 de mayo de 2012, el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) presentó
en el Juzgado de Guardia de Almería una extensa y muy documentada denuncia con
cerca de 600 folios contra un ciudadano desconocido para el gran público
llamado Israel Martínez Marín basada en supuestos delitos contra la Hacienda
Pública. Es la Jueza Juana Carrero Fernández, como titular entonces del Juzgado
Nº 3, la que abre las Diligencias Previas 3144/2012, el mismo juzgado que ahora,
con la Magistrada Ana Belén Vico, deberá investigar, además del "Caso Rifá"
el denominado "Caso Halsa" según El País sobre una supuesta financiación
del PP (y otros) por parte de la constructora Hispano Almería.
En el arranque de la denuncia del SVA, el Jefe de la Unidad hace constar
que "se ha detectado lo que parece ser una trama de personas perfectamente
organizadas para defraudar a la Hacienda Pública a gran escala". Esta
investigación, por cierto, transcurre en la provincia andaluza donde más fraude
fiscal se produce, según los recientes datos facilitados sobre la economía
sumergida en España elaborado por el sindicato de Técnicos de Hacienda
(Gestha).
Por lo que se extrae del informe
preliminar que acompaña a la denuncia, el ciudadano Israel Martínez Marín podría
ser un mero "testaferro" a las órdenes de un empresario de origen
catalán de gran relevancia en Almería: Miguel Rifá i Soler, dueño del
emblemático Gran Hotel Almería y socio, entre otros, de la familia de Gabriel
Amat Ayllón, alcalde de Roquetas y presidente del PP Almería.
Los agentes del SVA exponen con nitidez en su informe la mecánica
defraudatoria que han utilizado los denunciados:
-"Elevan a públicos contratos privados de reconocimiento de deuda
por prestaciones de servicios ficticios. Con ello eluden el pago a la Hacienda
Pública y también a terceros. Generan pérdidas patrimoniales fraudulentas para
compensarlas con ganancias patrimoniales reales. Eludiendo igualmente el pago
de impuestos. Realizan operaciones simuladas de compraventa de inmuebles y de
aportaciones no dinerarias para obtener importantes devoluciones de IVA que no
le corresponden. Declaran otras operaciones simuladas para deducirse
importantes cantidades en concepto de ´IVA soportado´ y de esta forma evitan el
pago a la Hacienda Pública".
Por otra parte, con estas investigaciones, aseguran los agentes, se
pretende demostrar que se han simulado operaciones comerciales y mercantiles,
lo que puede suponer "un delito de falsedad en documento mercantil,
alzamiento de bienes y, finalmente, el dinero que se obtiene de la actividad
ilícita, se ha podido blanquear a través del sistema financiero y la utilización de Paraísos Fiscales".
El equipo de investigadores del fraude y la corrupción económica en
Almería informan en su denuncia que está instruyendo otro expediente relativo a
"sociedades opacas" del Grupo Rifá y en particular sobre la sociedad
denominada Predios del Sureste S.L.
"Como consecuencia de la investigación realizada, se han obtenido
numerosos indicios que nos llevan a considerar como propietario real de dicha
sociedad o UGO (Ultímate General Owner) a Don Miguel Rifá Soler" afirman.
"Parte de la trama de sociedades interpuestas del ´Grupo Rifá´ nos
lleva a dos sociedades situadas en paraísos fiscales, concretamente en las
Islas Vírgenes Británicas, situadas en el Caribe, país con el que no existe ni
acuerdo de doble imposición ni acuerdo de intercambio de información",
narran los agentes del SVA al Juzgado.
Predios del Sureste S.L. está participada en un 75% por la sociedad
portuguesa Arembepe Sociedade de Empreitadas Limitada y practicado el oportuno requerimiento
a Portugal, "hemos obtenido contestación en la que se indica que ésta, a
su vez, está participada en un 99% por la sociedad británica Eskling Investors
LLP. Como resultado del requerimiento a Gran Bretaña, se nos informa que los
partícipes de Eskling Investors LLP son las sociedades Eskisir Limited y
Solinger Limited". Y concretan que "El domicilio fiscal de estas
sociedades coincide y es el siguiente, Bison Court, PO, Box 3460, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands".
Allí, por tanto, se supone que se halla radicado el inmenso patrimonio
almeriense de Don Miguel Rifá, el mismo que no ha dudado en agasajar, entre
otros muchos políticos, al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy y a
Javier Arenas cada vez que han visitado el Gran Hotel Almería de su propiedad
firmando en su Libro de Honor. (El Gran Hotel suele ser la sede de las reuniones de la dirección del PP de Almería).
La lectura de las investigaciones que dieron pie a la denuncia judicial
contra Rifá y su entramado societario bien podría ser la base de una tesis
doctoral sobre ingeniería financiera para delinquir, ocultar y evadir
impuestos. Aparecen decenas y decenas de sociedades repartidas en domicilios
por media España, siendo Cataluña, Madrid y Almería las principales sedes y
finalmente Lisboa, el lugar desde donde el capital almeriense de Rifá i Soler
coge camino definitivo hacia un paraíso fiscal en el Caribe, las Islas Vírgenes.
El empresario catalán afincado en Almería, que llegó a ser socio del
hotelero catalanoalmeriense José María Rosell, es presentado en estas
diligencias rodeado por una docena de personajes fieles -testaferros- y
familiares que firman y comparecen en las notarías como el que va al
supermercado. Y junto a ellos un ramillete de llamativos nombres de empresarios
del lugar, como la familia del poderoso político del PP Gabriel Amat. Así,
aparecen en numerosas operaciones sus sobrinos Francisco Javier y José Ángel
Amat Vargas, o su cuñado Miguel Pintor Moreno, o la empresa familiar Francisco Amat e
Hijos S.A. También sale a escena el que fuera empresario español de moda en la
era socialista al frente del Grupo Colonial, el sevillano Luis Manuel Portillo
Muñoz, en la compleja y polémica operación de Las Salinas de Roquetas.
Del caso Rifá, a cuya operación policial ni siquiera le pusieron nombre,
se supo algo en verano de 2012 cuando un operativo de la Guardia Civil ocupó la
sede del holding empresarial en la localidad de Roquetas, con cuyo alcalde ha
convenido negocios urbanísticos, según consta en la documentación aportada por
el SVA, dicen que "obtenida en Google".
Resulta también llamativo comprobar las numerosas referencias que hacen
los agentes del SVA en sus informes elevados al Juzgado de Instrucción Nº 3 a
procedimientos relacionados con varios investigados del clan Rifá y que siguen
abiertos desde hace años en varios juzgados de Almería, fundamentalmente
relacionados con delitos de carácter económico y fiscal.
A 12 marzo de 2012, documenta el SVA, "la deuda agregada total
pendiente, según el Sistema Integrado de Recaudación (SIR) del entorno de Miguel
Rifa e Israel Martínez Marín, (su testaferro) frente a la Hacienda Pública
asciende a un total de 58.313.736,38 euros).
A día de hoy se supone que el sumario sigue abierto, aunque no se conoce
públicamente ninguna medida cautelar tomada por la Justicia en relación con
este asunto y con sus principales imputados que siguen haciendo vida normal en
Almería y realizando negocios.
 |
| Deuda de Miguel Rifá y su entorno a la Hacienda Pública a 12 de marzo de 2012. (Fuente SVA) |
Caso Teatro Auditorio
de Roquetas.
El sobrecoste del faraónico Teatro Auditorio de Roquetas de Mar,
impulsado por su alcalde Gabriel Amat y su equipo de Gobierno a principios del
siglo XXI, es otra de las causas judiciales que lleva años dando vueltas por
distintas instancias judiciales almerienses y granadinas. Un proyecto
presupuestado en siete millones de euros y que acabó costando un 120% más -16
millones- es el quid de una denuncia judicial de la oposición municipal que quedó,
nada más comenzar, embarrancada en un juzgado de Roquetas por parte de su
entonces titular, el juez almeriense Luis Durbán Sicilia. Todo a expensas de
que el TSJA, a través del Contencioso Administrativo, determinase la legalidad
o no de una ampliación presupuestaria digna del Canal de Panamá. Al cabo de
siete años, el TSJA acabó dando la razón a los denunciantes, decretando la
ilegalidad administrativa en una decisión que se había saltado los informe
preceptivos de los técnicos municipales. Desde el pasado año, los denunciantes,
agrupados en torno al PSOE, intentan que el juzgado correspondiente reabra las
diligencias aparcadas en su día y proceda a investigar las responsabilidades
penales si las hubiere en el equipo de gobierno de Gabriel Amat en Roquetas. Y
comienza el peloteo nuevamente. Del Juzgado a la Fiscalía y de la Fiscalía al
Juzgado. Para colmo, en el contexto de estos últimos meses, ven la luz pública
una serie de recibos de la contabilidad "B" de la empresa
constructora del teatro, Hispano Almería, que según el PSOE demostrarían el uso
fraudulento del dinero público mediante comisiones a los políticos con cargo al
presupuesto del Auditorio. Más de un millón de euros se habría documentado en
el pago de comisiones supuestamente a "políticos y técnicos municipales de
Roquetas". La Jueza encargada del sumario remitió el asunto a la Audiencia
y se sigue a la espera de noticias relativas a la reapertura de uno de los
casos de sobrecostes más escandaloso en las obras públicas de Andalucía.
Fuentes conocedoras del procedimiento aseguran que, a día de hoy, los Autos aún
no han llegado a la Audiencia desde el correspondiente juzgado de Roquetas que
decidió no investigar más.
En el ámbito político, la diputada de IU, Rosalia Martín, anunció en diciembre pasado que pensaban reclamar la presencia de Gabriel Amat en el Parlamento para que explique el Caso Auditorio.
Caso Fabriquilla,
trama Gabriel Amat
Este caso tiene que ver con la especulación de terrenos y la burbuja inmobiliaria.
La familia Kaiser era propietaria de los terrenos de una finca en Roquetas de
Mar denominada La Fabriquilla. Margarita Kaiser plantea ante el Ayuntamiento
para que se incluyan en la renovación del Plan General de Urbanismo dos
propuestas de aprovechamiento para fines urbanísticos de parte de un extenso
territorio rústico de su propiedad. Recibe una negativa rotunda con lo cual se
ven obligados a vender por 450 millones de pesetas La Fabriquilla a la SAT Las Hortichuelas, cuyos socios son el secretario del Consejo Rector de Caja Rural (hoy Cajamar) y el interventor de la oficina de la Caja Rural en Las
Hortichuelas.
Llega el día del pleno de Roquetas que debía aprobar la remodelación del
PGOU y es cuando el portavoz del PSOE, en la oposición, Juan Fernando Ortega Paniagua, plantea ´in voce´ y ante la sorpresa general precisamente la misma
propuesta que hizo en su día Margarita Kaiser y que le fue denegada para la
finca que era entonces de su propiedad. Pero en esta ocasión, contra todo
pronóstico, el pleno dice que sí a la posibilidad de urbanizar La Fabriquilla.
Pero no acaban aquí las sorpresas para los antiguos propietarios.
Conocen que, antes incluso de que el pleno apruebe la propuesta de
urbanización, la SAT las Hortichuelas ha logrado un crédito hipotecario con
límite de hasta 1.425 millones de pesetas -solo usaron 800- por la finca por la
que habían pagado 450. Y algo más: los dos socios de la SAT montan una empresa a la que
traspasan la operación urbanística por la que obtienen un crédito de la Caja
Rural/Cajamar de 125 millones de pesetas. En total, antes de que se legalizara
el nuevo PGOU de Roquetas, los avispados compradores habían obtenido 925
millones de crédito. Con solo ir a la Notaría habían logrado duplicar su
inversión inicial.
En junio de 2011 la Sra. Kaiser, que se considera engañada y estafada,
formula denuncia ante la Fiscalía y el asunto, tras idas y venidas a la Fiscalía
en Madrid, Almería y Granada, acaba judicializado en el Juzgado Nº 1 de
Roquetas donde continua la instrucción lentamente, hasta el punto que ha
necesitado un año para localizar al exconcejal de Urbanismo de Roquetas, José
María González, hombre de la máxima confianza de Amat, para que declare en
calidad de imputado.
Paralelamente, la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la
Transparencia (AMAyT) presentó hace casi dos años una denuncia en la Fiscalía
del TSJA sobre lo que denominaron "Trama Amat" y donde, además del
caso de la Fabriquilla, se incorporaban
una serie de hechos documentados que tendrían que ver con actuaciones
supuestamente irregulares o delictivas del líder del PP almeriense y alcalde de
Roquetas . Un auténtico memorándum relacionado con polémicas decisiones del
edil que la Fiscalía decidió incorporar al sumario de La Fabriquilla al hallar conectividad entre los presuntos delitos a investigar. Según parece está en
estudio abrir pieza separada con la mencionada "trama".
Este caso se halla en fase de instrucción y, según fuentes conocedoras
del mismo, la UDYCO está realizando desde junio de 2013 importantes
investigaciones al respecto. Por otra parte parece que se sigue a la espera de que
la Fiscalía Provincial determine la comparecencia en el procedimiento en
calidad de imputado de Gabriel Amat, solicitada por la acusación. El alcalde de
Roquetas, a su vez, respondió con una denuncia contra la asociación
anticorrupción, denuncia que marcha a buen ritmo en otro juzgado roquetero.
Caso Talones de Medio
Ambiente.
En el Juzgado Nº 1 de Almería se investiga desde abril del año 2013 la
desaparición de cerca de 300.000 euros de una cuenta de la Delegación de Medio
Ambiente de la Junta. Mediante talones al portador, "alguien" estuvo
sacando pequeñas cantidades sin que, a estas alturas, la Justicia haya
determinado las responsabilidades a que hubiere lugar. Compareció como imputado
el ex delegado socialista Clemente García quien argumentó que el robo se había
empezado a producir una vez él había abandonado el cargo. De esta forma echaba
el balón de la responsabilidad máxima sobre las espaldas de su sucesora, Sonia
Rodríguez. La jueza Alejandra Dodero sigue con la causa abierta y, que se sepa,
el dinero aún no ha vuelto a las arcas públicas de las que fue robado. Por
cierto, de una cuenta bancaria no fiscalizada por la Intervención de la Junta.
Ha llamado la atención la tardanza de la entidad bancaria receptora de los
talones para aportar al Juzgado la documentación solicitada. Se habla de medio
año para cumplir el citado trámite.
Facturas falsas en
Turismo de Diputación
Tras remover el PSOE el espinoso asunto del sobrecoste del teatro
auditorio de Roquetas por parte de Mario Jiménez, que se trasladó a Almería ex
profeso, la respuesta del PP no se hizo esperar judicializando una denuncia por
facturas falsas detectadas en el Patronato de Turismo de la Diputación en la
época de gobierno del PSOE de Martín Soler y el PAL de Juan Enciso. Cuando
descubren las falsas facturas los del PP, había pasado más de un año desde que
los populares se hicieron con el gobierno monocolor de la entidad provincial.
El asunto recayó en manos del juez Luis Durbán y, sin duda, ha sido uno
de los procedimientos que mayor velocidad de crucero llegó a alcanzar nada más
comenzar su instrucción. Volvieron al escenario almeriense las medidas cautelares
de prisión que afectaron en esta ocasión al gerente de la Agencia de Viajes Leitour, clave en este embrollo, y también al exvicepresidente socialista Luis Pérez
Montoya que se libró de dormir en El Acebuche tras pagar una fianza de 12.000
euros.
La ristra de imputados fue amplia: el ex gerente del Patronato,
Francisco Iglesias, socio además de algún dirigente del PP, la ex secretaria
del Patronato, Mª Teresa González, las esposas del vicepresidente y del gerente
por acompañarles en los viajes defraudados, concretamente a Escocia en 2010, y
dos amigos más que también viajaron con ellos. Tras la polvareda levantada en
pleno mes de julio del pasado año, el procedimiento se ralentizó y poco o nada
se sabe sobre avances en la investigación. Pérez Montoya fue obligado a
abandonar el PSOE del que se dio de baja como militante.
Caso Tres Reyes
Hace ahora un año comenzó oficialmente tras la denuncia presentada por
un empresario del Poniente, Manuel Rodríguez Lozano, un extraño caso al que la
Guardia Civil actuante bautizó como "Caso Tres Reyes" en honor a una
famosa película que transcurre en la postguerra de Iraq. Rodríguez presentó
ante la Comandancia de la GC una denuncia contra presuntos integrantes del CNI
que, supuestamente asesorados por el Abogado del Estado Demetrio Carmona del
Barco y otros, le habrían intentado comprar a Rodriguez un cargamento de
millones de dinares iraquíes, adquiridos legalmente hace tiempo por el
empresario en El Líbano. Amenazas y chantajes eran, entre otros, los delitos
que se imputaban a un "capitán" del Ejército, supuesto espía, y a
varios de sus más estrechos colaboradores, uno de ellos, Ignacio Flores,
oriundo del Levante almeriense y conectado con alguno de los denunciantes.
El asunto recaló en el Juzgado Nº 1 de Almería de la que es titular Alejandra
Dodero, quien ordenó escuchas telefónicas sobre las que la Guardia Civil basó
prácticamente toda su investigación instructora sobre el caso. Y también sobre
lo dicho por denunciantes "invitados a denunciar", los empresarios
Estanislao Berruezo y Antonio Subiela, ambos acusados de graves delitos en
litigios mantenidos por la familia Carmona del Barco por asuntos económicos en
sociedades compartidas en el pasado. Berruezo, por otra parte, ya apareció hace
años imputado en la denominada "Operación Lila" en Molina de Segura, Murcia.
La investigación, según se ha ido conociendo después, estaba viciada o
contaminada desde el inicio ya que, según consta en Autos, el Abogado del
Estado estaba siendo investigado antes incluso de que se presentase denuncia formal
contra él a finales de enero de 2013, desconociéndose a día de hoy quién y por
qué ordenó esas investigaciones preliminares a finales de 2012 sin mediar
entonces denuncia alguna.
También se ha publicado en el diario El Mundo que el Sargento de la Guardia Civil que ha dirigido la
investigación tendría vinculaciones con uno de los denunciantes, Estanislao
Berruezo, el mismo agente que en sus informes sobre el caso mantiene desde el
minuto uno que los principales encartados son "falsos" agentes del CNI.
Pasarían meses hasta que, oficialmente, "La Casa" y el Ministerio de
Defensa confirmaran al Juzgado que no eran agentes ni colaboradores del CNI ni
tampoco militares en activo.
"En el "Caso Tres Reyes" todo huele a montaje premeditado
contra Carmona de sus viejos enemigos y acreedores, usando medios y
funcionarios del Estado para ajustarle las cuentas", aseguran quienes defienden
al Abogado Jefe del Estado durante 25 años en Almería. Demetrio Carmona fue
formalmente cesado solo un día después de que se presentase la primera denuncia
por Rodríguez Lozano ante la GC. Fue decisión der la directora general de los Abogados del
Estado en Madrid, Marta Silva Lapuerta, hija del ex ministro Federico Silva,
sobrina del ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta y ex secretaria del Consejo de
Sacyr. Una mujer de la absoluta confianza del ministro de Justicia Ruiz
Gallardón, con el que Gabriel Amat ha
confesado mantener una estrecha amistad. Como argumento para su cese se arguyó
falta de confianza y, semanas más tarde, el menoscabo a la imagen que debe
tener un funcionario público. Todo ello en base a las noticias publicadas en la
prensa local tras su detención en abril, según reza en el expediente disciplinario
que se le abrió el mismo día que fue
detenido y comunicado meses más tarde.
En el ámbito del proceso judicial viene sorprendiendo que la Juez
Instructora no haya respondido "a ninguno" de los diversos escritos
elevados por la defensa de Carmona poniendo en evidencia el supuesto montaje al
que ha sido sometido su cliente, como también sorprende que, de ser cierto este
montaje, se haya permitido jugar con la imagen, el prestigio y manosear el
nombre del CNI.
Las diligencias, a día de hoy, continúan embarrancadas y al Abogado del
Estado ni siquiera se le ha devuelto el teléfono móvil que le retiraron tras su
detención. La Jueza ha decretado el procedimiento abreviado. La Fiscalía no
actúa y guarda silencio, aunque últimas noticias filtradas a la agencia Europa Press ¿desde la Fiscalía? anuncian que en su calificación solicitarán penas de
prisión para los encausados, que van entre los tres años y once meses a los
nueve años por delitos en grado de tentativa. La noticia conocida en las últimas
horas ha causado gran impacto en el Abogado del Estado, quien confiesa que
"resulta inaudito que se filtre un escrito de calificación sin que el
juzgado haya respondido a ninguno de los recursos y pruebas solicitadas en
estos meses que demostrarían que he sido víctima de un montaje premeditado. Es
evidente -asegura- que alguien ha decidido mi condena sin respetar mi derecho a
la defensa y, desde luego, la presunción de mi inocencia".
Caso Hispano Almería.
AMAyT presentó en la Fiscalía del TSJA el 23 de octubre pasado una nueva
denuncia para que se investigasen supuestos delitos de financiación ilegal de
partidos, falsificación de documentos públicos, cohecho y prevaricación, entre
otros delitos a determinar.
La publicación cinco días después por parte del diario El País, el 28 de octubre, de una serie de documentos e investigaciones sobre supuesta
financiación ilegal del PP a través de la constructora Hispano Almería S.A., es
uno de los asuntos más espinosos y llamativos en el ámbito judicial almeriense
con la llegada del nuevo año. La asociación anti corrupción había aportado
junto a su breve denuncia abundante y desordenada documentación, más de ocho
mil documentos, relacionados con HALSA. La presentaron en Granada ya que, entre
la documentación, aparecía el alcalde de La Mojonera, José Cara González, a su
vez diputado del PP en el Parlamento de Andalucía y por tanto aforado autonómico.
El Sr Cara González, se apuntaba, era socio en otra sociedad de los dueños de
la constructora, los señores Miguel Ángel Morales Duarte y Miguel Ángel Morales
Carrillo (padre e hijo).
La Fiscalía procedió a una inicial y somera investigación sin que la
Agencia Tributaria le aportase documentación suficiente
que demostrase la vinculación societaria entre Cara y los dueños de HALSA.
(Poco tiempo después apareció una escritura ante notario por la compra de
acciones del diputado Cara, junto a un concejal de Roquetas, en la empresa
Gesponiente). La Fiscalía Superior, por tanto, dictó un decreto de remisión
para que el asunto se continuase investigando en un Juzgado de Almería que ya
entendía previamente del asunto de los documentos de HALSA.
Tras la denuncia de AMAyT en Fiscalía, fue llamado como testigo
voluntario a Granada el ex trabajador de HALSA que le había hecho llegar a la
asociación gran parte de la documentación aportada. Francisco Osuna Cabrera
entregó más papeles y respondió a todas las preguntas que le hicieron los policías
de la Unidad Adscrita.
Curiosamente, una hora antes de la comparecencia en Fiscalía en Granada,
Osuna Cabrera recibió una llamada en su móvil desde el Juzgado Nº 6 de Almería.
Un Oficial le comunicó verbalmente, de parte del Juez Durbán Sicilia, que se
presentase de inmediato en el Juzgado, que aportase toda la documentación en su
poder y que acudiese con abogado en calidad de imputado, acusado del robo de
documentación. La singular imputación telefónica no tuvo efectos inmediatos,
Osuna continuó su viaje y acabó compareciendo en Fiscalía.
En efecto, tras un rocambolesco paseo por varios juzgados, las
indagaciones periodísticas de El País, habían alertado a los dueños de HALSA de
la futura publicidad de su contabilidad B, logrando que se reabriese una
antigua denuncia por ellos presentada, archivada después, sobre un supuesto
robo de documentación en sus dependencias.
La reapertura del caso del supuesto robo de documentación ha gozado de
una gran celeridad en esta nueva fase, activándose declaraciones y diligencias
de forma rápida y eficaz.
El decreto de remisión que dictó a principios de 2014 la Fiscalía daba a
entender que el asunto debía ser puesto en manos del Juzgado Nº 6, que ya
entendía del asunto de los documentos de HALSA. Pero, finalmente fue llevado a
reparto recayendo en el juzgado Nº 3, el mismo que investiga la trama del "Caso
Rifá". Aunque últimas noticias al respecto apuntan a un nuevo juzgado, el
Nº 2, como destinatario final de las diligencias. Este punto no ha podido ser
confirmado fehacientemente.
En espera de las primeras diligencias, en este sumario aparecen supuestos pagos a políticos en base a determinadas obras públicas adjudicadas
por diversas administraciones, especialmente en Roquetas, Níjar y otros
municipios de la provincia. Fundamentalmente en instituciones gobernadas por el
PP y, también, en el ayuntamiento de Vícar, gobernado por el PSOE, donde su
alcalde, Antonio Bonilla, presidente del PSOE de Almería, ha ordenado crear una
comisión de investigación. Medida que se ha negado a poner en marcha el PP en
las corporaciones afectadas por esta investigación a petición de la oposición.
Caso reconocimiento
de deuda a MCS
Hace unos días, el pasado 22 de enero, la Fiscalía de Almería presentó
ante el Decano de los Jueces de Almería, Luis Columna, una denuncia que, meses
antes, habían formalizado desde AMAyT ante la Fiscalía Superior de Granada el
pasado mes de julio. Una vez más la Diputación de Almería se ponía en la lupa
de la Justicia a cuenta de un reconocimiento de deuda, unos 4,7 millones de euros en total, que se habría abonado tras constatarse infinidad de irregularidades
administrativas. Lo más llamativo de esta nueva denuncia que se judicializa es
que, entre los perceptores de ese importante presupuesto de dinero público,
aparecen entidades mercantiles propietarias de diversos medios de comunicación
de la provincia de Almería.
En la denuncia de la Fiscalía de Almería se reclama, entre otras
diligencias, que se oficie a la Policía Judicial para que investigue y que
reciba declaración "como testigo" al Interventor general de la
Diputación al respecto de sus informes, fechados en febrero de 2011 y en marzo
de 2012 "sobre sendos reconocimientos extrajudiciales de créditos y en
concreto sobre las diversas irregularidades que refiere en los mismos".
Los hechos a investigar podrían ser constitutivos de delitos de falsedad
en documentos públicos, prevaricación y malversación.
Se trata de facturas emitidas por la anterior corporación provincial, en
manos del PSOE y el PAL, facturan que fueron pagadas posteriormente por el
gobierno del PP que, estando en la oposición, se opusieron votando en contra al
abono de las mismas. (El PSOE nunca reconoció las facturas reclamadas por
determinados proveedores, dijeron que por no existir constancia de la
contratación).
Según la denuncia de AMAyT, asumida por la Fiscalía, "existirían
numerosas facturas derivadas de prestación de servicios que no fueron
tramitadas en su momento mediante el pertinente expediente administrativo, facturándose
unos servicios sin que conste que fueran solicitados". Facturas que,
además, "en diversos casos están conformadas por personal eventual y no
por el funcionario responsable".
Caso Gasolineras
De todos los casos de corrupción que arrancan con el año 2014 en Almería,
el "Caso Gasolineras" es el menos conocido en tanto que se encuentra
a la espera de que sea presentado por la Fiscalía de Almería ante el
correspondiente Juzgado.
El pasado 10 de diciembre, el Fiscal del TSJA, Rafael Jover Capilla,
emitía un breve Decreto remitiendo a la Fiscalía de Almería el contenido de una
denuncia y su abundante documentación presentada en Granada el 19 de Noviembre
de 2013.
Se trata de la denuncia de un empresario contra
las actuaciones del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería, presidido
por el Senador Luis Rogelio Rodríguez Comendador. La denuncia concreta la
presunta autoría de delitos tipificados como "tráfico de influencias,
prevaricación, falsedad y cohecho". De este asunto, el empresario, ha dado
también cuenta por escrito a los grupos municipales del PP, PSOE, IU y también
a la Subdelegación del Gobierno.
El representante del Ministerio Público en el TSJA, en su Decreto de
Remisión, lo hace en base a que "examinada la documentación que acompaña
la denuncia, en la que no se hace referencia a ninguna persona aforada de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (sic), lo que determinaría la competencia de
esta Fiscalía Superior (...) la competencia para la valoración de los hechos y
las actuaciones en su caso a realizar por el Ministerio Fiscal, corresponden a
la Fiscalía de Almería".
Ciertamente, a tenor del contenido de la extensa denuncia, no aparece
ningún aforado de la Comunidad Autónoma. Otra cuestión es que el procedimiento
judicial en ciernes contemplase algún grado de implicación del alcalde de
Almería que, dada su condición de Senador, debería responder ante el Tribunal
Supremo.
La denuncia del empresario es extensa y se base en ocho asuntos,
expresados en su encabezamiento, que afectan de lleno al Ayuntamiento
almeriense, especialmente a su Área de Urbanismo. Los temas denunciados son los
siguientes:
1.- Acceso a la Estación de Servicios Hermanos Gosalo"
2.- Centro Deportivo Almadrabillas "Ego Sport Center".
3.-Concesión demanial de la Parcela AA-CA-04.
4.-Estaciones de servicio en Autovía AL-12 Juan Manuel Santiago Gómez.
5.- Estación de Servicios en Autovía AL-12 de Inversol Andalucía S.L.
6.-Financiación obras en Glorieta Autovía AL-12.
7.-Acuerdo Urbanístico Puerta Almeraya y Ayuntamiento de Almería.
8.- Joaquín Conde y financiación del Partido Popular.
La denuncia de 32 páginas, acompañada de abundante documentación, relata
pormenorizadamente actuaciones del
equipo municipal del Área de Urbanismo, con su titular político al frente,
el concejal Pablo Venzal, según la cual se estaría beneficiando caprichosa y
deliberadamente a determinadas mercantiles propiedad o vinculadas casi siempre
a los mismos empresarios, la familia Tejera (Construcciones Tejera) o los
hermanos Basilio y Antonio Sáez Lozano, este último responsable de Hacienda con
Juan Megino de Alcalde y exasesor en 2007-2011 del actual concejal de Urbanismo
el popular Pablo Venzal.
Llama poderosamente la atención de esta denuncia el punto octavo, referido al empresario "Joaquín Conde y financiación Partido Popular". Se trata de un documento sonoro, una grabación de unos 23 minutos de duración, donde se escucha con bastante nitidez la narración de un ´modus operandi´ en el supuesto cobro de mordidas y comisiones por parte de destacados políticos de Almería a cambio de las autorizaciones, gestiones, adjudicaciones diversas y también permisos para la instalación de estaciones de servicio. En dichas conversaciones se menciona con nombres, apellidos y cargos a numerosos políticos almerienses y no solo del PP. También, en los documentos aportados, se hace constar que el alcalde Luis Rogelio Rodríguez Comendador no sería ajeno a los tejes y manejes que se estarían produciendo en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento que preside. Fuentes de la Fiscalía en Granada aseguraron en su momento que consideraban que todo este rosario de hechos debería llevarse al Juzgado para que se proceda a la investigación pertinente. Se desconoce, a día de hoy, si Fiscalía en Almería ha procedido a remitir las Diligencias 83/2013 de la Fiscalía Superior al Decanato para su reparto e investigación penal. En relación con el caso concreto del sector de gasolineras, fuentes jurídicas aseguran que en breve otro empresario va a proceder a la presentación de otra denuncia, en concreto "una querella criminal", también contra personas del Ayuntamiento de la capital.
Como puede observar el lector, demasiados asuntos judiciales con la corrupción política y económica como denominador común. Unos procedimientos que, a la vista de la demanda de la sociedad española que sitúa este problema en el segundo lugar de sus preocupaciones tras el paro, bien merecen toda la celeridad y rigor de la Administración de Justicia en Almería. Y si faltan medios que se soliciten, de la misma forma que lo ha hecho el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, por ejemplo a la hora de reforzar la labor en el Caso Eres de Mercedes Alaya en Sevilla. Los asuntos que se dilucidan en Almería son tan corruptos como los Eres, UGT, Invercaria, Malaya o Zona Franca de Cádiz. Y si el problema no está en la falta de medios, que el nuevo CGPJ envíe a su Servicio de Inspección y que analice técnica y jurídicamente donde está el problema para que tanta dilación o sesteo procesal continúe en numerosos sumarios contra la corrupción en Almería.
