viernes, 26 de abril de 2013

La exdelegada de Medio Ambiente pide personarse en la causa que investiga el uso de 300.000 euros

ALMERÍA.- La exdelegada provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería Sonia Rodríguez ha solicitado al Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería su personación como perjudicada en las diligencias por las que se investiga el presunto uso fraudulento de 300.000 euros de una cuenta de la Junta de Andalucía, que, según la denuncia del Gobierno andaluz, no estaba fiscalizada.

   Así lo ha confirmado Rodríguez, quien ha puntualizado que a partir de este momento será la titular del juzgado la que tendrá que determinar si acepta o no la petición de la exdelegada, que se ha desvinculado de los hechos denunciados al asegurar que no tuvo "conocimiento alguno de las irregularidades que presuntamente se cometieron".
   Las presuntas irregularidades denunciadas por la Junta de Andalucía sobre esta cuenta abarcan un periodo comprendido entre los años 2009 y 2012, tiempo en el que supuestamente se extrajeron 300.000 euros mediante cheques al portador. Durante este periodo estuvieron al frente del departamento Clemente García, la propia Sonia Rodríguez y el actual responsable, José Manuel Ortiz Bono, quien ha interpuesto la denuncia que ha originado el procedimiento.
   "Durante mi etapa como delegada provincial de Medio Ambiente no tuve conocimiento alguno de las irregularidades que presuntamente se cometieron en relación con la citada cuenta. El funcionamiento de dicha cuenta estuvo al margen mío como delegada", ha afirmado la exresponsable de Medio Ambiente almeriense en un comunicado.
   Rodríguez ha añadido que además "en ningún momento" tuvo "capacidad para actuar sobre esta cuenta", ya que no estuvo "vinculada a la misma ni como titular, ni como autorizada, ni como clavero". No obstante, ha afirmado que independientemente de este extremo "no habría dudado un segundo en poner en conocimiento de la justicia dichas irregularidades si las hubiera detectado".

Cataluña reclama una gobernanza del Corredor Mediterráneo compartida con las regiones

TARRAGONA.-   El secretario de Territorio y Movilidad de la Generalitat de Cataluña, Ricard Font, ha reclamado este viernes que se aborde la gobernanza del Corredor Mediterráneo, y que el Estado la comparta con las regiones y las grandes empresas que transportan las mercancías durante la clausura de una jornada técnica sobre la infraestructura en la sede de la Autoridad Portuaria de Tarragona (APT).

   "Poco haremos si volvemos a hacer una gobernanza autista que no tiene en cuenta los territorios y las necesidades de cada uno", ha afirmado Font, quien ha defendido que una buena gobernanza ferroviaria es imprescindible para evitar los cuellos de botella y garantizar el buen funcionamiento de las infraestructuras.
   También ha llamado a las administraciones a ponerse de acuerdo para simplificar y unificar los corredores con el fin de evitar lo que ha calificado de un nuevo fracaso en infraestructuras, y ha alertado de que, de lo contrario, "no habrá negocio" y se acabarán utilizando camiones en lugar de ferrocarriles.
   Font ha insistido en que las administraciones deben dedicarse de forma prioritaria a elaborar un plan de negocios para el Corredor porque "no tiene sentido plantear infraestructuras sin un plan de servicios", así como a trabajar para que industrias como las químicas y los fabricantes de vehículos estén bien conectados a la vía principal.
   En cuanto a la marcha del Corredor, ha confiado en que los trenes de mercancías podrán circular en 2015 entre la nueva fábrica de Ford en Valencia y Perpignan (Francia), aunque ha lamentado el que no se perfilen aún los trabajos en el tramo entre Montpellier y Perpignan.
   Han acompañado a Font en la clausura el presidente de la APT, Josep Andreu, y el representante de la Comisión Europea (CE) en Cataluña y Baleares, Ferran Tarradellas, quien ha coincidido con el secretario en que el establecimiento de un corredor transeuropeo "requiere un esfuerzo de gobernanza para coordinar a todas las partes implicadas".
   Tarradellas ha recordado el "compromiso firme" de la CE con el Corredor Mediterráneo, y ha destacado que una de las prioridades es el desarrollo de la línea de transporte de mercancías entre Tarragona y Valencia para evitar los cuellos de botella en estos tramos.

jueves, 25 de abril de 2013

Las claves de la Operación 'Tres Reyes' en Almería / Pepe Fernández

Dos supuestos agentes del CNI -uno de ellos tendría el grado de capitán- y un hombre de negocios supuestamente bien relacionado con destacados dirigentes almerienses del PP e incluso con algún ministro del Gobierno, ingresaron hace una semana en prisión sin fianza por orden del Juzgado almeriense que instruye el caso derivado de la denominada Operación “Tres Reyes”. 

Un asunto del que no ha trascendido informativamente nada o muy poco y sobre el que planea el tradicional manto del silencio sumarial, mediática y políticamente caprichoso dependiendo el lugar y a quien afecte la investigación. Solo un nombre se ha filtrado, el de  Demetrio Carmona del Barco, Abogado Jefe del Estado en Almería desde los años ochenta. Se sospecha que la noticia de su detención fue susurrada desde la sub delegación del gobierno a los medios; en todo caso confirmada públicamente, horas después, por la propia delegada del Gobierno en Andalucía, Mari Carmen Crespo, que casualmente pasaba ese día por Almería.
La operación judicial ha sido bautizada con el nombre de una famosa película –Tres Reyes-  ( dirigida por David O. Rusell). El buscador  encargado de bautizar las operaciones policiales no se ha esforzado mucho esta vez para retorcer paralelismos y similitudes. Como se sabe el escenario de la cinta que protagoniza, entre otros George Clooney, se desarrolla en Iraq, en la que cuatro soldados estadounidenses intentan recuperar un depósito de oro robado. 
He aquí, de momento, dos pistas sobre uno de los móviles de esta enrevesada historia múltiple que intento avanzarles someramente ahora, ahorrando muchos detalles que irán saliendo más adelante. 

 -Un tráiler de billetes de Iraq en El Ejido.

Tras la guerra de la Tormenta del Desierto en Irak, se habló y se publicó bastante en la red sobre el saqueo al que los invasores (y adláteres multinacionales) sometieron al país que decían que ocultaba armas químicas. Entre otros lugares se robó en las arcas del Banco Nacional de Irak. Toneladas de billetes desaparecieron con destinos desconocidos. 
“Un tráiler de dinares, no sé cuantos palés de billetes con los tres caballitos dibujados, acabaron en una cámara acorazada en El Ejido, en manos entonces del Banesto” me confiesa un funcionario que conoce el asunto hace tiempo. Allí al frente de la empresa de la caja acorazada, Tierras de Almería, estuvo de máximo gerente un tipo que, con el paso del tiempo, se convertiría en el hombre de Kio en España, Javier de la Rosa. Tras vender Banesto el floreciente negocio bajo plástico, sus nuevos propietarios, confesaron formalmente haberlos adquirido poco menos que en un mercadillo. Dividieron el botín en dos partes. Una quedó en la cámara de Tierras de Almería, de su actual propietario J.C. y la otra  en la nave de la compañía Securitas, mercancía propiedad de su socio, el también empresario Manuel R.L. que, en esta historia, aparecerá finalmente como denunciante y espoleta detonante de la operación "Tres Reyes".
Este viejo botín de guerra, cuyo valor real dicen que se devaluaría bastante al pasar por distintos filtros fiscales y legalizadores nacionales y comunitarios, parece que en este caso interesaba especialmente en EEUU, según habrían confesado algunos de los protagonistas en sus negociaciones como “agentes” de “La Casa”, o sea el CNI. Ni que decir tiene que en el manejo de tan importante cantidad de papel moneda, entregándoselo a los americanos, habría una suculenta comisión de por medio. Lógicamente cabe pensar que en América también se haría negocio con los viejos dinares, hibernados durante décadas en El Ejido, en poder de los dos veteranos y potentados empresarios del Poniente almeriense, por cierto muy bien relacionados con dirigentes almerienses del PP, especialmente con su presidente Gabriel Amat.
Al comenzar 2013 el Jefe de los Abogados del Estado en Almería desde hacía un cuarto de siglo, percibe que la tierra empieza a moverse a su alrededor. Además de una inesperada separación matrimonial y parece que compleja, recibe numerosas amenazas, denuncias, investigaciones judiciales anónimas y cree Carmona que casi siempre proceden del entorno de E. B., un empresario con poderosas conexiones de todo tipo, políticas, funcionariales, económicas, judiciales y policiales. Un tipo que ya ha aparecido en crónica de tribunales y que, además, es socio del más importante empresario del Juego en España. Cree esos días Demetrio Carmona que está empezando a tener éxito interno las amenazas recibidas, el acoso evidente que viene padeciendo. 
En resumen, que definitivamente van a por él. Carmona no solo lo intuye, aseguran fuentes cercanas, “incluso le retransmiten confidencialmente en directo desde dentro de la Delegación los preparativos del acoso y derribo del que iba a ser objeto” . Esta vez, como asunto intimidatorio y justificativo para argumentar falta de confianza, estaban utilizando contra él lo que se revelaría más tarde como pólvora mojada, un asunto en el que, ciertamente, había intereses familiares y que Carmona se habría encargado prudentemente de que fuese otro Abogado del Estado el que entendiese del mismo por afectar a su familia el asunto que estaba en litigio enfrentado a intereses del Estado.
En este contexto es como el prestigioso, querido, temido, envidiado y susurrado  Abogado Jefe del Estado de Almería, se metía en la boca del lobo, aunque parece que sin ser muy consciente de ello.

-Un supuesto “CNI” entra en acción.

Empieza a moverse para intentar denunciar un acoso evidente que le acabará conduciendo al destierro funcionarial de Granada, destino por cierto revocado tras su cese. A través de su amigo, socio y compañero abogado, Rogelio Vargas, conoce al sobrino de un ex alcalde socialista de un pueblo del Levante almeriense, B. F., integrante de un grupo de buenos aficionados a las monterías, casi todos antiguos ex cargos de AP/PP en la provincia. Se trata de Ignacio F. al que Vargas habría conocido en Rumanía hacía tiempo en un viaje de prospección de negocios inmobiliarios. Ignacio se habría presentado como “agente del CNI”, alardeando de placa y de haber formado parte, entre otros, del equipo que investigó con antelación “lo de Marsans”.
Ignacio F. tiempo después le trasladaría a Vargas que tiene amigos poderosos e influyentes que pueden echarle una mano a Demetrio y frenar tamaña injusticia que van a cometer contra él. Y es cuando conoce a José (Pepe) A. M., tipo encantador, al que se le nota que maneja poderío y capacidad de llegar a donde se proponga. De hecho se lo demuestra con rapidez y eficacia. Le cuenta que representa intereses en España de importantes multinacionales de servicios, siempre en los aledaños de las administraciones.
La primera entrevista que organiza José (Pepe) A.M. es con Gabriel Amat, presidente de la Diputación de Almería, presidente del PP y alcalde de Roquetas. En Almería no se mueve una mosca sin que Don Gabriel dé su aprobación. Tiene el poder absoluto del partido tras haber liquidado a su principal adversario, Juan Enciso en 2008, destapándole la extrañamente paralizada Operación Poniente. Un Amat, por cierto, preocupado en estos días porque sabe que la Fiscalía está husmeando debajo de su mismísimo culo.

 -Simplemente “Albertito”

 Las grabaciones de las cámaras externas de seguridad de la Diputación fueron en esta ocasión testigos mudas de cómo el Abogado del Estado  Demetrio Carmona del Barco llegaba a la puerta del Palacio Provincial e interrumpía la animada charla entre el visitante de Madrid que le esperaba, Pepe, con el chófer/escolta del presidente de la Diputación y Alcalde de Roquetas. Ambos, Pepe y Demetrio, subieron de inmediato al despacho del presidente Amat a una cita que, sobre la marcha, había negociado el influyente recomendado a Demetrio por “la gente del CNI”.

En la reunión el que viene a mediar expone que Demetrio está siendo objeto de una cacería injusta y que, tras la misma, se ocultan personajes siniestros, algunos con antecedentes penales. Amat le da toda la razón, dice que es inadmisible lo que está pasando, que no entiende nada y pide tranquilidad. Según el entorno de Carmona, es el propio Amat con su actuación ese día, el que legitima y otorga crédito a la figura del tal Pepe, el  mismo que le había llamado de parte de un “capitán” del CNI para ayudarle.
Amat tranquiliza a Demetrio y a su acompañante. Todo ello tras disgutarse al oír no se cuantas movidas burocráticas oscuras en marcha para el cese de Carmona.
-¿Papeles? Si quieren sacamos los papeles todos y a ver que pasa.
Dijo críptica y amenazadoramente Amat  que añadió:
-Tranquilos, yo voy a hablar con Albertito y esto queda arreglado. Y si no puedo con el ministro, con gente de su gabinete, que es como si fuera yo mismo. ¿Entendido? Así que tranquilos sres.
En esa gira con las autoridades de Almería, ese mismo día, vistan al subdelegado del Gobierno, Andrés García Lorca, en su despacho oficial. Cuando llegan perciben que el sub delegado esta avisado con poca antelación y posiblemente sorprendido de la visita y su contenido. Allí se repite la historia y se pone al corriente al responsable en la provincia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de las actividades nucleadas entorno al grupo que supuestamente mueve hilos  en los bajos fondos de la Administración almeriense contra el Jefe de la Abogacía del Estado en la provincia.
Y para redondear los encuentros politicos, en el céntrico Restaurante Entre Vinos, se produce la feliz coincidencia de almorzar junto a la mesa que ocupan el alcalde de Almería, Luis Rogelio R. Comendador y su esposa. Luisro saluda efusivamente a Pepe quien aprovecha para comentarle que le pedirá cita porque quiere hablar con él.
-No hace falta, tu vienes y sobre la marcha te abro un hueco. Faltaría más, tratándose de ti Pepe, parece que respondió con afecto el alcalde, según cuenta un testigo presente en el restaurante. Luis Rogelio también se alegra ostensiblemente de encontrarse con el tal Pepe.
Bingo¡, debió pensar para sus adentros el abogado Carmona. El hombre que había elegido como primo de Zumosol parecía que funcionaba, era el idóneo. Aunque sus gestiones no serian gratuitas, lo sabia y lo tenía asumido. En tiempo record Pepe le había organizado una reunión en la zona noble de Bankia, a altísimo nivel, para resolver un problema financiero personal, amén de gestionar los contactos con Justicia y Ruiz Gallardón, el ministro del que cuelgan los Abogados del Estado. Un contacto que le pareció más que garantizado vía Gabriel Amat, con el que Demetrio siempre ha mantenido buena relación.

-Un capitán de uniforme en un MacDonal

El 30 de enero se consuma el esperado cese o mejor la decapitación pública del muy notable y conocido Abogado del Estado Jefe en Almería.
En esas semanas realizará varios viajes a Madrid. En uno de ellos los amigos de “La Casa”, que siempre se reunían con él en un hotel de las afueras de la capital de España, le acaban presentando al que manda en todos ellos. Y al pasar por Toledo improvisan una visita al “Jefe”, que ese día “está de servicio en un acuartelamiento cercano”. Les cita para tomar café en el MacDonal de un centro comercial al lado de la zona militar. 
A los pocos minutos aparece un tipo que no supera los cuarenta años, vestido de uniforme de capitán del ejército español, que se presenta como José Antonio M.A. Su actividad fundamental, cuenta, la desarrolla destinado en el CNI.
Quizás fue en aquella primera reunión cuando, ojeando en una Tablet fotos de dinares iraquíes, le preguntan a Carmona si conoce al empresario propietario de la mitad “del tráiler de billetes procedentes de Iraq”, o sea a Manuel R.L. de El Ejido. A lo que le dice que sí. Fue entonces cuando le explican que están haciendo un servicio para la inteligencia americana y que necesitan negociar con Manuel R.L. para negociar el recuperar ese dinero y tramitar su destrucción vía EEUU. Y que les podría ser de mucha utilidad que les pusiera en contacto. Dicho y hecho. Carmona es conocido en Almería, entre otras cosas, por ser un gran componedor de problemas irresolubles entre partes. Fama de buen negociador.

-“Tres reyes” a por el botín de dinares.

Se activan los contactos y fructifica la negociación de venta de los millones de dinares de antes de la guerra. Dos personajes colaterales, supuestos agentes también, uno gordo y con coleta, bajan a El Ejido incluso a comparar los billetes iraquíes que traen en el bolsillo. Hasta llevan fotos del dinero almacenado en palés, dentro de la cámara de seguridad. 
-Sí, sí, mira con los tres caballitos, como esos son los billetes... indica el empresario.
Tira y aflojas, subes y bajas. El acuerdo en la piscina de los tiburones parecía difícil, aunque ambas partes estaban mas que interesadas en cerrar el negocio. Claro que trincando más de lo que se ofrecía.
Pasado un breve tiempo el empresario es citado, extrañamente, cerca de una gasolinera de Aguadulce por el mismísimo “jefe” de los espías, José Antonio M.A., al que acompaña Ignacio F, su mano derecha y posiblemente un tercero, un tal Salvi, dato no contrastado por mis fuentes.
No se sabe muy bien lo que se dice al arranque de aquel encuentro, al que parece que Demetrio Carmona, consultado por Manolo el empresario, le sugiere no acudir ya que empieza a no olerle muy bien el supuesto clan del CNI. Lo único bueno que le había pasado con ellos, de momento, era haber conocido a Pepe A.M. el amigo de Gabriel Amat, de Luis Rogelio, del subdelegado del Gobierno y de tanta gente importante del PP. El que le iba a abrir las puertas hasta Gallardón para defender su honor y buen nombre.
El empresario parece que es amenazado por los tres “espías” con llevárselo detenido en un automóvil sino acepta las condiciones que imponen los “agentes” para la transacción comercial de los viejos dinares iraquíes. Se viven momentos de fuerte tensión y es cuando comienza el escándalo vía Guardia Civil que interviene. A todo esto, esa tarde, los registros telefónicos reflejan cruce de llamadas de todos los protagonistas mezclados en esta historia. Demetrio, al que llaman todos, aparece en mitad del follón.
Carmona, de pronto, parece que se ve inmerso en dos frentes bien distintos. Ninguno lo ha provocado él, son fuerzas externas la que le conducen a aparecer ante la Guardia Civil como uno de los principales sospechoso a ser uno de los cerebros que ha podido urdir toda esta trama.
A día de hoy aunque de baja médica, Demetrio Carmona sigue oficialmente adscrito al despacho de la Abogacía del Estado de Almería, nombrado nuevamente de forma interina tras el cese,  información que obvió la delegada del Gobierno cuando aclaró ante la prensa que Carmona era “ex Abogado Jefe del Estado de Almería” y que el suyo era un cargo de confianza, o sea que le había sido retirada desde este Gobierno PP, tras dos décadas y media en el puesto .

-Otro “amigo” empresario del PP en la cárcel.

Esto es, a grandes trazos, cuanto se ha podido recabar entorno a parte de lo que parece ocultarse detrás de la Operación “Tres Reyes”. Tómenlo como datos recabados en fuentes conocedoras del caso, algunas incluso directamente afectadas, pero no como la verdad judicial absoluta que únicamente será la que emane del sumario abierto y declarado secreto desde hace una semana en un juzgado de Almería. 
En cualquier caso, al margen de los aspectos penales y de la propia instrucción, parece evidente que este complejo y enrevesado asunto tiene aristas políticas evidentes que invitan con urgencia a pedir explicaciones a los ciudadanos. Particularmente a los políticos que han sido interlocutores directos con algunos de los protagonistas - uno de ellos en prisión- de estos episodios y en sedes oficiales. Y no hace diecinueve años en un barco de recreo como Feijoo con el traficante Dorado, no. Estos contactos se han producido hace solo dos meses y en sedes públicas oficiales. Las cámaras y los registros de acceso, así deben atestiguarlo.

-Preguntas.

Se acumulan pues las preguntas de interés general para la sociedad de confirmarse estos extremos y reuniones. ¿Quién es ese tal Pepe de Madrid, al que todos reciben cordialmente en el PP  de Almería con tanta deferencia y hospitalidad? ¿Por qué y auspiciada por quiénes, con qué instrumentos, una operación de acoso y derribo de todo un Jefe de la Abogacía del Estado en Almería? ¿Quién maneja el teléfono en el entorno del ministro Gallardón cuando llama Gabriel Amat? ¿Habrá llegado el momento de empezar a entender los grandes misterios y silencios judiciales de los que se beneficia la cofradía de la corrupción en algunos lugares de España?
Obviamente conozco los nombres completos que aparecen más arriba con iniciales, pero permítanme dejarlos con cierta opacidad, de momento, dado que la instrucción continúa abierta y el asunto promete recorrido.
De entrada ingresaron en prisión por orden judicial los “tres reyes” de esta película. El supuesto capitán del CNI José Antonio M.A., el supuesto agente del servicio secreto, el almeriense Ignacio F, (en libertad dos días después tras pagar una fianza de seis mil euros) y el empresario con importantes amigos en el PP de Almería, José (Pepe) A.M., parece que militante también de la formación que preside Mariano Rajoy.
A día de hoy permanecen en prisión, sin fianza, los dos principales cabecillas de una historia que simplemente confirma cuan necesaria es en este país una Ley de Transparencia que cumplamos todos. A ambos encarcelados, por cierto, les va a defender el conocido letrado penalista almeriense Paco Torres, el mismo abogado de Juan Enciso y Gabriel Amat en otros procedimientos judiciales del pasado.
El abogado Demetrio Carmona, después de siete días, sigue esperando poder prestar declaración ante Su Señoría, a la que posiblemente le contará una historia muy parecida a esta que les he contado. Y si es así, seguramente estará ofreciendo, aunque con mayor detalle, el retrato vivo, cruel y descarnado de una sociedad invadida por el mal sin que actúe la gente que está obligada a combatirlo.




 
ÚLTIMA HORA: Una fuente oficial del CNI, su responsable de Comunicacion en concreto, confirma a última hora de esta noche que ninguno de los implicados en la Operación Tres Reyes pertenece al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 

El alcalde de Adra pide a Pérez Montoya (PSOE) que dimita como edil y portavoz tras la denuncia de Fiscalía

ADRA.- El alcalde de Adra, Enrique Hernando (PP), ha exigido al portavoz municipal del PSOE, Luis Pérez Montoya, su "dimisión inmediata" después de que la Fiscalía Provincial haya resulto formular denuncia contra él al apreciar que pudo incurrir en delito en el denominado caso 'Facturas' durante su etapa como vicepresidente del Patronato Provincial de Turismo.

   Hernando ha lamentado en un comunicado que Pérez Montoya "no haya dado explicaciones" de su presunta implicación en la emisión de facturas "ficticias" pese a que desde el Consistorio "se le llevan pidiendo desde enero".
 "Nadie ha dado ninguna explicación a los ciudadanos, ni el PSOE de Adra ni el exvicepresidente de la Diputación Provincial", ha remarcado.
   Al hilo de esto, ha indicado que, tras la denuncia de la Fiscalía que pide su declaración en calidad de imputado, "debe dar una explicación clara de lo que pasó con los viajes, sobre quiénes fueron o no a dichos viajes y cómo es posible que se justificaran".
   Hernando ha señalado, que a esto, hay que sumarle "la nefasta y negativa que fue su gestión" para el municipio de Adra y las "consecuencias negativas" que conllevó para los abderitanos y ha hecho referencia al incremento de la aportación del dinero del Ayuntamiento Adra en los planes provinciales y a "cómo se favorecía a otros ayuntamientos de su mismo color político".
   "No hemos oído o leído nada por parte del PSOE de Adra que conlleve beneficio algunos para nuestra ciudad. Lo único que vemos y oímos es a la Fiscalía de Almería denunciando a Pérez por un presunto delito de malversación y falsedad documental" ha trasladado el regidor, quien ha insistido en que este es un motivo "más que suficiente" para que dimita de su cargo "siguiendo con la línea de transparencia que defiende su propio partido".
   La Fiscalía de Almería ha formulado denuncia, además de contra Pérez Montoya, contra el exgerente Francisco Iglesias al apreciar que pudieron incurrir en presuntos delitos continuados de malversación y falsedad documental en la emisión de "facturas ficticias" por un valor superior a 60.000 euros cuando estaban al frente de la institución.
   El decreto deriva del informe elaborado por la Unidad de la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía a raíz de la denuncia que presentó el actual equipo de gobierno del PP en la Diputación de mano del vicepresidente, Javier Aureliano García, al detectar la existencia de "irregularidades" en un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito bajo mandato socialista.
   La denuncia, que ha sido remitida al Decanato de los Juzgados de la capital para reparto, interesa que se cite a declarar en calidad de imputado tanto a Pérez Montoya como a Iglesias, así como a la exsecretaria delegada del Patronato Provincial, María Teresa G.R., quien habría dado conformidad a las facturas supuestamente "fraudulentas", y al gerente de la agencia de viajes que las emitió.
   Pérez Montoya, según consta en el informe de la Policía Judicial, realizó "un viaje privado a Edimburgo (Escocia) en 2010 junto al gerente y otras personas que habría sido sufragado" por la institución.

Los comités de empresa de ADIF y Renfe reivindican mejoras en el servicio regional de trenes de Andalucía oriental


ALMERÍA.- Los comités de empresa de Renfe-operadora y de ADIF de las provincias de Almería, Granada y Jaén se han concentrado este jueves frente a la estación de Almería para criticar la "lamentable situación del ferrocarril" en Andalucía oriental y reclamar mejoras en el servicio regional. 

   Así lo han trasladado los comités de empresa en una nota conjunta, en la que señalan que la situación del ferrocarril en Andalucía oriental "es mucho peor que la del resto de Andalucía, una de las peores de España y peor que hace 20 años".
   Según exponen, la situación actual de ferrocarril en esta zona se debe "a la escasa implicación de la clase política local y regional en el desarrollo ferroviario, y a sus prácticamente nulas reivindicaciones en los últimos 25 años, lo que se ha traducido en un deterioro imparable, tanto de la infraestructura, como de la oferta comercial del servicio de viajeros y de mercancías".
   Los comités, que han estado apoyados por representantes de los sindicatos CCOO, CGT, SF, Semaf, UGT y el comité de empresa de la Autoridad Portuaria, han hecho llegar un documento al alcalde de Almería y senador, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, en el que han solicitado que "se implique en la defensa de unos servicios ferroviarios de calidad".
   Entre las reivindicaciones del sector se encuentran el mantenimiento y la mejora de los actuales servicios regionales, acometer la electrificación de la red ferroviaria que une Almería con Granada y Linares-Baeza, mejorar la infraestructura de las líneas, mantener activos los centros de reparación de material rodante de Almería y Granada, e implantar servicio de trenes de cercanías utilizando la red ferroviaria existente.
   Asimismo, instan a realizar las obras que permitan la conexión con los puertos como "focos generadores de ingresos y trabajo" para las ciudades "aumentando la actividad mediante la conexión intermodal de transporte", y mantener las obras que permitan la conexión de Alta Velocidad con el Corredor Mediterráneo.

El PSOE critica que PP use el caso 'Facturas' para "confrontar" y pide que "se deje actuar" a la justicia

ALMERÍA.- La portavoz del PSOE en la Diputación de Almería, Esperanza Pérez, ha criticado que el PP haya utilizado el caso 'Facturas' para hacer "juicios paralelos" y "confrontación política" en lugar de perseguir que se "aclare la verdad" y ha trasladado que los socialistas "tienen claro" que si hubo irregularidades en el Patronato de Turismo deben "depurarse, caiga quien caiga, afecte a quien afecte".

   "Pedimos que el PP haga lo mismo", ha indicado en rueda de prensa Pérez Felices, para la que la actitud del vicepresidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, en este asunto ha sido "la de hacer oposición a la labor de oposición del PSOE".
 "García se ha pasado en muchas de sus declaraciones y ha actuado de juez y parte", ha considerado.
   Cabe recordar que la Fiscalía de Almería ha formulado denuncia contra el exvicepresidente del Patronato de Turismo Luis Pérez Montoya (PSOE) y el exgerente Francisco Iglesias al apreciar que pudieron incurrir en presuntos delitos continuados de malversación y falsedad documental en la emisión de "facturas ficticias" por un valor superior a 60.000 euros cuando estaban al frente de la institución.
   Los socialistas han señalado que, a su juicio, García debería dimitir, tal y como pidio en su día el secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ya que, con "mucha" anterioridad a la interposición de la denuncia que ha dado lugar a las diligencias de la Fiscalía, "nos echó en cara el caso en no pocos plenos y consejos del Patronato".
   "Desde cuándo conocía las irregularidades y por qué no denunció antes", han cuestionado al tiempo que han asegurado que "si era conocedor de esas irregularidades desde el principio debía haberlo puesto en manos de la Justicia y no haber hecho uso de ese conocimiento para aprovecharse y hacer confrontación política".
 "En ese sentido, debe dimitir", han apuntillado.
   Pérez Felices ha insistido en que el PSOE "ya pidió que fuesen a los tribunales" y ha reiterado su interés "porque se aclare la verdad en beneficio de la institución y de los ciudadanos".
 "Estaremos pendientes de lo que diga la Justicia, única manera de paliar la corrupción que invade España y respetamos su labor que es lo que deseamos todos por el bien de la provincia".

El exvicepresidente del Patronato tiene la "conciencia tranquila" ante su implicación en el caso 'Facturas'


ALMERÍA.- El exvicepresidente del Patronato de Turismo y portavoz del grupo municipal del PSOE en Adra, Luis Pérez Montoya, ha afirmado este jueves que tiene "la conciencia tranquila" ante su implicación en la denuncia formulada por la Fiscalía contra él y el exgerente del organismo Francisco Iglesias al apreciar que pudieron incurrir en presuntos delitos continuados de malversación y falsedad documental en la emisión de "facturas ficticias" por un valor superior a 60.000 euros cuando estaban al frente de la institución.

   Pérez Montoya ha asegurado que durante su etapa al frente del organismo dependiente de la Diputación "no firmó nada que no viniera con el informe del interventor", por lo que ha señalado que el funcionamiento del Patronato de Turismo se desarrolló de modo "normal", con lo que ha indicado que desconoce las presuntas irregularidades que se hayan podido detectar.
   Pérez Montoya, quien ha manifestado que la Fiscalía Provincial no se ha puesto en contacto con él durante todo el procedimiento de investigación previa a la denuncia, ha remarcado que no sabe "absolutamente nada" en relación al caso, si bien ha destacado el carácter "oficial" del viaje que realizó a Edimburgo en 2010 y que el informe de la Policía Judicial, en el que se apoya la denuncia, tilda de "privado".
   Así, ha confirmado que acudió junto con el ya exgerente del Patronato de Turismo Francisco Iglesias a una feria del sector a Edimburgo en la que, según ha puntualizado, mantuvieron un encuentro con el director de la oficina de Turespaña. Además, ha añadido que tanto la asistencia a esta feria como a otros eventos fue previamente aprobado en el plan de turismo del Patronato.
   Con esto, Pérez Montoya ha explicado que se mantiene a la espera de que, en caso de que proceda, sea requerido por los tribunales para esclarecer los hechos motivados por una denuncia del PP, toda vez que ha rechazado la petición de dimisión del alcalde de Adra, Enrique Hernando (PP), a quien ha recordado que "en la legislatura anterior estuvo cuatro años sentado al lado de un concejal de Deportes imputado y no pidió su dimisión", en relación al caso de las presuntas autorizaciones federativas y titulaciones náuticas irregulares.
   La denuncia del Ministerio Público, que ha sido remitida al Decanato de los Juzgados de la capital para reparto, interesa que se cite a declarar en calidad de imputado tanto a Pérez Montoya como a Iglesias, así como a la exsecretaria delegada del Patronato Provincial, María Teresa G.R., quien habría dado conformidad a las facturas supuestamente "fraudulentas", y al gerente de la agencia de viajes que las emitió.

miércoles, 24 de abril de 2013

Un juez abre diligencias para investigar el destino de 300.000 euros de una cuenta de la Junta

ALMERÍA.- El Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería ha incoado diligencias previas encaminadas a investigar si se hizo un posible uso fraudulento entre 2009 y 2012 de los fondos públicos de una cuenta bancaria de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta en Almería después de que se detectasen movimientos presuntamente irregulares por un cuantía que ronda los 300.000 euros.

   La actuación judicial se inició a raíz de la denuncia interpuesta el 1 de febrero por el actual titular de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz Bono, quien deberá prestar declaración en calidad de perjudicado el próximo día 30 para ratificar el contenido de la citada denuncia.
   Las irregularidades en la cuenta bancaria, de aprovechamientos forestales e intervención en montes públicos, y los "muchísimos movimientos supuestamente delictivos", se detectaron durante el proceso de fusión de los departamentos de Agricultura y Pesca, y Medio Ambiente de la Junta andaluza en Almería.
   "La secretaria de la Delegación me lo comunicó y yo lo puse en conocimiento inmediato de los servicios jurídicos para interponer la denuncia", ha indicado Ortiz Bono, quien ha precisado que se trata de una cuenta que "no se ha sometido a fiscalización y en la que se han registrados muchísimos reintegros sin justificar y sin memoria que detalle a qué se destinaron".
   Según publica este miércoles la prensa local de Almería, en la denuncia de la que deriva la incoación de diligencias previas por parte de la juez Alejandra Dodero se indica que, con el exdelegado Clemente García al frente de Medio Ambiente, se produjeron movimientos por un valor de 180.000 euros mientras que, bajo responsabilidad de su sucesora en el cargo, Sonia Rodríguez, se habrían defraudado presuntamente unos 100.000 euros.
   La citada denuncia recoge que, durante un breve periodo con Ortiz Bono, los movimientos sospechosos en esta cuenta, donde se ingresarían las tasas de aprovechamientos de montes públicos que pagan los cazadores, habrían llegado a los 20.000 euros.
   En este sentido, en declaraciones a los periodistas la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Sonia Ferrer, ha revelado que los poderes para operar en la cuenta y emitir "cheques al portador" lo ostentaban "un funcionario y un cargo político".
   Ferrer ha trasladado que la cuenta "está ya normalizada y sometida a fiscalización" y que tendrá que ser la juez instructora de la causa la que dirima la naturaleza delictiva de los hechos, "quienes son los responsables y si se produjo o no adecuado control" de los fondos.
   "La Junta es la primera interesada y está deseosa de que se aclaren los hechos, de que se depuren responsabilidades y de que quien la haya hecho, la pague", ha indicado al tiempo que ha subrayado la necesidad de "diferenciar entre la institución y las personas que pudieron cometer el delito".
   En la misma línea se ha expresado Ortiz Bono, quien ha asegurado que la denuncia viene motivada por la "obligación y el convencimiento en defensa de la transparencia e intereses públicos".
 "Queremos que cuanto antes esos fondos se reintegren en las arcas públicas y demostrar que se puede confiar en la clase política".

El fiscal ve presunta malversación y falsedad en caso 'Facturas' y denuncia a Pérez Montoya (PSOE)

ALMERÍA.- La Fiscalía de Almería ha formulado denuncia contra el exvicepresidente del Patronato Provincial de Turismo Luis Pérez Montoya (PSOE) y el exgerente Francisco Iglesias al apreciar que pudieron incurrir en presuntos delitos continuados de malversación y falsedad documental en la emisión de "facturas ficticias" por un valor superior a 60.000 euros cuando estaban al frente de la institución.

   El decreto, dictado el día 17, deriva del informe elaborado por la Unidad de la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía a raíz de la denuncia que presentó el actual equipo de gobierno del PP en la Diputación de mano del vicepresidente, Javier Aureliano García, al detectar la existencia de "irregularidades" en un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito bajo mandato socialista.
   La denuncia, que ha sido remitida al Decanato de los Juzgados de la capital para reparto, interesa que se cite a declarar en calidad de imputado tanto a Pérez Montoya como a Iglesias, así como a la exsecretaria delegada del Patronato Provincial, María Teresa G.R., quien habría dado conformidad a las facturas supuestamente fraudulentas, y al gerente de la agencia de viajes que las emitió.

La exdelegada de Medio Ambiente se desvincula de la cuenta investigada, de la que no tuvo "conocimiento alguno"

ALMERÍA.- La exdelegada provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería, Sonia Rodríguez, ha señalado este miércoles que durante su periodo en el Gobierno andaluz no tuvo "conocimiento alguno de las irregularidades que presuntamente se cometieron" en relación a la cuenta investigada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería ante un presunto uso fraudulento de 300.000 euros, de forma que "el funcionamiento de dicha cuenta estuvo al margen" de ella como delegada. 

   Así lo ha trasladado Rodríguez en una nota en la que subraya su "absoluta indignación" y "repulsa" ante estos hechos así como su "preocupación" por la "repercusión negativa" que los hechos denunciados puedan tener sobre la Junta de Andalucía, a la que representó como titular de Medio Ambiente en Almería durante dos años.
   "Durante mi etapa como delegada provincial de Medio Ambiente no tuve conocimiento alguno de las irregularidades que presuntamente se cometieron en relación con la citada cuenta. El funcionamiento de dicha cuenta estuvo al margen mío como delegada", ha afirmado la exresponsable de Medio Ambiente almeriense.
   Rodríguez ha añadido que además "en ningún momento" tuvo "capacidad para actuar sobre esta cuenta", ya que no estuvo "vinculada a la misma ni como titular, ni como autorizada, ni como clavero". No obstante, ha afirmado que independientemente de este extremo "no habría dudado un segundo en poner en conocimiento de la justicia dichas irregularidades si las hubiera detectado".
   Rodríguez ha querido dejar clara su "inocencia" y ha asegurado que hasta el momento no ha sido citada a declarar, si bien ha mostrado su "máxima disposición a colaborar con la justicia para aportar todas las aclaraciones que sean precisas", toda vez que ha trasladado su "absoluta tranquilidad" al estar "convencida" de "no tener ninguna responsabilidad sobre los hechos".
   "Soy de las máximas interesadas en que este tema se esclarezca, para diluir cualquier sospecha que pueda recaer sobre mi persona, y que se depuren todas las responsabilidades. Como se puede entender, este asunto me está afectando mucho a nivel personal, por lo que por favor pido respeto y que no se haga un juicio mediático paralelo", ha indicado.
   Las presuntas irregularidades denunciadas por la Junta de Andalucía sobre esta cuenta abarcan un periodo comprendido entre los años 2009 y 2012, tiempo en el que supuestamente se extrajeron 300.000 euros mediante cheques al portador. Durante este periodo estuvieron al frente del departamento Clemente García, la propia Sonia Rodríguez y el actual responsable, José Manuel Ortiz Bono, quien ha interpuesto la denuncia que ha originado el procedimiento.

El PP-A pedirá "explicaciones" en el Parlamento sobre la desaparición de 300.000 euros de una cuenta de la Junta

ALMERÍA.- El parlamentario andaluz del PP por Almería Miguel Ángel Castellón ha reclamado este miércoles al Gobierno que preside José Antonio Griñán que dé "explicaciones" por la que considera "evidente falta de control" de la Junta de Andalucía sobre los recursos públicos después de que se haya puesto "en evidencia" con la "desaparición" de 300.000 euros de una cuenta bancaria de la Delegación de Medio Ambiente en Almería y ha anunciado que elevará una pregunta a la Cámara autonómica.

   Castellón ha considerado en un comunicado que las declaraciones del consejero de Medio Ambiente, Luis Planas, sobre la denuncia son "muy insuficientes" ante un "hecho tan grave" y ha indicado que el Gobierno andaluz "tiene que explicar cuántas cuentas tiene la Junta de Andalucía en las que se deposita el dinero que pagan ciudadanos en tasas e impuestos, cómo se gestionan esas cuentas y cuáles son los mecanismos de control sobre las mismas".
   Ha resaltado que resulta "evidente" que los mecanismos de control "han fallado de forma continuada" en la Delegación de Medio Ambiente de Almería, lo que, a su juicio, "siembra dudas de que lo mismo pueda ocurrir en otros departamentos y otras delegaciones".
 "Cuántos casos más puede haber en Andalucía si en una delegación han podido desaparecer 300.000 euros durante cuatro años", se ha preguntado.
   Castellón ha trasladado que el PP-A llevará al próximo pleno del Parlamento andaluz una iniciativa para que el Gobierno de la Junta "dé explicaciones y aclare todos los extremos de la investigación interna que realice".
   El Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería ha incoado diligencias previas encaminadas a investigar si se hizo un posible uso fraudulento entre 2009 y 2012 de los fondos públicos de una cuenta bancaria de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta en Almería después de que se detectasen movimientos presuntamente irregulares por un cuantía que ronda los 300.000 euros.
   La actuación judicial se inició a raíz de la denuncia interpuesta el 1 de febrero por el actual titular de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz Bono, quien deberá prestar declaración en calidad de perjudicado el próximo día 30 para ratificar el contenido de la citada denuncia.
   En la denuncia de la que deriva la incoación de diligencias previas por parte de la juez Alejandra Dodero se indica que, con el exdelegado Clemente García al frente de Medio Ambiente, se produjeron movimientos por un valor de 180.000 euros mientras que, bajo responsabilidad de su sucesora en el cargo, Sonia Rodríguez, se habrían defraudado presuntamente unos 100.000 euros.
   La citada denuncia recoge que, durante un breve periodo con Ortiz Bono, los movimientos sospechosos en esta cuenta, donde se ingresarían las tasas de aprovechamientos de montes públicos que pagan los cazadores, habrían llegado a los 20.000 euros.

El PP tacha de "escándalo" la "desaparición" de 300.000 euros de la Junta y anuncia que "tomará cartas" en el caso

ALMERÍA.- El secretario general del PP de Almería, Javier Aureliano García (PP), ha calificado de "auténtico escándalo" la investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería ante un posible uso fraudulento de 300.000 euros entre 2009 y 2012 de una cuenta bancaria de la Delegación de Medio Ambiente, sentido en el que ha afirmado que su formación "tomara cartas en el asunto" para "velar por los intereses de los impuestos de los almerienses".

   En declaraciones a los periodistas, García ha advertido que desde el PP van a estar "muy pendientes de este asunto" toda vez que ha reiterado la gravedad de los hechos ante la "desaparición" de los fondos que presumiblemente se habrían desembolsado en talones al portador mediante cuantías que nunca superaban los 100 euros, en un periodo en el que ha habido tres delegados distintos: Clemente García, Sonia Rodríguez y el actual delegado territorial de Medio Ambiente, José Manuel Ortiz Bono.
   García cree que "el hecho es gravísimo" y que tiene que tener "responsables", de modo que ha abogado por "tomar medidas de manera urgente" en el seno del Gobierno andaluz mientras que desde el PP, según ha asegurado, van a "velar para que el dinero de las arcas públicas no se lo lleve nadie y sea invertido en la provincia".
   "No me basta con que la Junta de Andalucía denuncie el hecho, está claro que es un hecho gravísimo que no tiene precedentes en nuestra provincia y desde luego las instituciones en las que gobierna el PSOE, o en las que ha gobernado, se le acumulan los problemas", ha remarcado el secretario de los 'populares' almerienses.
   En este sentido, García ha hecho referencia a la situación económica en la que se encuentran algunos ayuntamientos gobernados o que han estado gobernados por los socialistas, así como otras investigaciones en curso como el conocido 'caso facturas' en el Patronato de Turismo o el caso de los ERE. "Es un problema que tenemos que intentar analizar con más profundidad", ha puntualizado el dirigente del PP en relación a la investigación en Medio Ambiente.

Javier Aureliano García (PP) cree que la condena a Trabalón (PP) "no tiene por qué afectar" al pacto de gobierno en Zurgena

ALMERÍA.- El secretario general del PP de Almería, Javier Aureliano García, ha indicado este miércoles que la condena a 21 meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público impuesta al exalcalde de Zurgena y actual edil de Obras Públicas, Cándido Trabalón (PA), "en principio no debe o no tiene por qué afectar al pacto" de gobierno que su formación mantiene con los andalucistas en el municipio desde las últimas elecciones municipales. 

   En declaraciones a los periodistas tras una rueda de prensa en la Diputación de Almería, García ha apuntado que en caso de que la sentencia, motivada por la autorizar en 2005 la construcción de 12 viviendas en suelo no urbanizable, fuera firme, Trabalón "tendrá que dimitir como concejal", lo que llevaría a que "entrara otra persona de la lista del PA".
   "Evidentemente vamos a acatar y respetar la sentencia judicial", ha manifestado García, quien ha dado cuenta de que el edil de Obras Públicas se encuentra pendientes de otros procedimientos judiciales. En cualquier caso, ha indicado que este y otros casos "no afectan al PP", que "no puede disponer de lo que va a hacer el PA".
   Precisamente en el marco del caso 'Costurero', el exalcalde zurgenero se enfrenta a penas que suman 180 años de prisión y 1.050 años de inhabilitación. En este caso, en el que ha tenido que prestar fianza civil de 571.147 euros, también están procesadas otras 23 personas, entre ellas exediles de la corporación, funcionarios y promotores inmobiliarios. No obstante, de ser condenado por los 120 delitos que se le imputan, cumpliría como máximo nueve años de cárcel.

Los alemanes ven a España como un país de ociosos y corruptos

MADRID.- Una mayoría de alemanes considera a España un país corrupto, poco fiable, pobre, tradicional y de ciudadanos ociosos. Así lo refleja el último barómetro de la Marca España elaborado por el Real Instituto Elcano, en el que destaca el deterioro "enorme" que ha sufrido la imagen del país en Alemania.

   El resultado de este estudio de opinión, comparado además con la imagen que ofreció una encuesta realizada en Alemania en 1996, demuestra la caída "muy importante" que ha tenido la percepción de España entre los alemanes en los últimos 20 años.
  Así, además de mantenerse "tópicos" como que España no es un país moderno -un 77% cree a día de hoy que el nuestro es un país tradicional--, la crisis económica ha tenido un impacto "dramático" en su imagen: en estos años la desconfianza hacia España se ha multiplicado por cinco y un 49% de los alemanes no confía actualmente en España o los españoles, cuando en 1996 era uno de cada cinco alemanes.
   Cuatro de cada diez alemanes descalifican a los españoles como "ociosos y poco trabajadores"; un 40% los considera "egoístas; el 43% asocian a España con "debilidad" y hasta un 71% con "conflicto social", y un 71% ve a España un país "pobre". Además, un 48% de los alemanes cree que España es un país "corrupto", un porcentaje que llega hasta el 55% en el caso de los entrevistados con estudios universitarios.
   En definitiva, según ha apuntado el investigador principal de Opinión Pública del instituto, Javier Noya, los datos muestran que "se ha terminado el 'milagro español'" y "ya no somos los prusianos del sur".
   El tercer barómetro elaborado por el instituto de pensamiento de opinión ha llevado sus encuestas, además de a Alemania, a Reino Unido, Estados Unidos, México, Rusia y China. Los resultados muestran que la imagen más negativa de España, después de Alemania, está en Reino Unido.
   De hecho, son los británicos quienes opinan creen de manera más mayoritaria que España saldrá de la crisis a "largo plazo". Un 53% de los entrevistados en este país así lo cree, seguido por un 44% de los alemanes. Para China, en cambio, sólo un 15% de los encuestados ve lejos la salida de la crisis para España.
   Las 3.036 encuestas por internet para elaborar este estudio se realizaron entre los días 25 de marzo y 4 de abril. Noya ha explicado que en tres de los países, China, Rusia y México se pudo preguntar en concreto por la imputación de la Infanta Cristina, que tuvo lugar el 3 de abril, ya que todavía faltaba trabajo de campo por realizar.
   Los resultados obtenidos muestran, según ha explicado, que la imputación de la hija del Rey no tuvo "efecto" en la imagen del país, ya que no se percibieron cambios en las respuestas de los entrevistados.

martes, 23 de abril de 2013

Condenan a 21 meses al exalcalde y edil de Fomento de Zurgena, principal acusado en 'Costurero'

ALMERÍA.- El Juzgado de lo Penal nº 2 de Almería ha condenado a 21 meses de prisión y a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al exalcalde de Zurgena y actual edil de Obras Públicas, Cándido Trabalón (PA), por autorizar, en 2005, la construcción de una promoción de 12 viviendas unifamiliares sobre suelo no urbanizable en el paraje Los Carasoles a sabiendas de que licencia era contraria a la legislación urbanística.

   La sentencia condena a la misma pena como autores de un delito contra la ordenación del territorio al exconcejal de Urbanismo Manuel Tijeras y a seis exediles de la corporación zurgenera que votaron a favor de la concesión de la licencia a construcciones 'Antonio la Jacinta' en pleno. Cabe recordar que todos están procesados en el marco de la operación 'Costurero' contra la corrupción urbanística.
   La magistrada Ana Salmerón señala que todos eran conocedores de un informe emitido por el técnico municipal Carlos Domingo B.F., también condenado, que recogía con "claridad" que el suelo era "no urbanizable" aunque señalaba de manera mendaz que cumplía los requisitos de la normativa  autonómica para poder construir "a sabiendas de que, posteriormente, iba a participar en la dirección técnica de la obra.
   Rechaza que, tal y como aseguraron en la vista oral para exculparse, la formación tanto de exalcalde como de los exconcejales, que "sea dicho con todos los respetos, no pasaban de ser meros electricistas", les exima de "tener conciencia de la ilegalidad" y sostiene que las versiones que dieron en sala no son "en absoluto creíbles" ya que quedan desmentidas por el informe técnico "no favorable". En este sentido, ahonda en que el técnico que lo emitió, Carlos Domingo B.F., reconoció en juicio los hechos y mostró conformidad con la pena interesa por el fiscal.
   Precisamente en el marco del caso 'Costurero', el exalcalde zurgenero se enfrenta a penas que suman 180 años de prisión y 1.050 años de inhabilitación. En este caso, en el que ha tenido que prestar fianza civil de 571.147 euros, también están procesadas otras 23 personas, entre ellas exediles de la corporación, funcionarios y promotores inmobiliarios. No obstante, de ser condenado por los 120 delitos que se le imputan, cumpliría como máximo nueve años de cárcel.
   La sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 apunta, asimismo, como elemento probatorio contra los cargos públicos un segundo informe emitido por la Jefa de Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta andaluza en el que se "evidencia" la construcción de urbanizaciones en suelo no urbanizable, que "sin duda supone la formación de asentamientos no permitida en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en esta clase de suelo por ausencia de sistemas generales y suministros básicos".
   Alude en este punto y tras reprobar los intentos de las defensas por "desacreditar" a la perito, a las ortofotografías que obran en la causa. La magistrada rechaza, por otro lado, que sea elemento de descargo el informe pericial de parte ya que "fue encargado a posteriori tratando obviamente de dar apariencia de legalidad a una resolución injusta" y, además, concluye "peculiarmente" que el citado paraje "había un núcleo urbano consolidado con red eléctrica, referentes inmobiliarios e incluso bares, cuestión que ha quedado absolutamente desmentida por testigos imparciales que acudieron a la zona".
   "Tanto alcalde como concejales debían estar al tanto de la dificultad que entrañaba la clasificación de los terrenos y fue precisamente aprovechado por estos para conceder la licencia", remarca para, a continuación, poner de relieve la "celeridad" con la que se le dio trámite en "un plazo de menos de un mes". "Además la Junta se puso en contacto con la corporación municipal para alertar de la gravedad de la actuación y, pese a ello, fue desconocido por estos".
   La resolución condena, asimismo, a 21 meses de prisión y al pago de sendas multas de 24 meses a razón de 50 euros al día, al administrador de la mercantil 'Construcciones La Jacinta SL', Antonio L.R., y al administrador de la empresa constructora 'Procomag SL', Manuel M.C., como autores de delitos contra la ordenación del territorio.
   Considera probado que ambos eran "conocedores" de que el suelo "era no urbanizable y las viviendas no autorizables" ya que las parcelas eran "agrícolas, dedicadas a distintos usos como labor de secano, dehesas de pastos o terrenos improductivos". Según destaca, eran "sabedores" de que el suelo no formaba parte de "ningún núcleo de población existente y "ni tan siquiera" estaban dotados de acceso rodado por vía urbana ni abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión".
   Al hilo de esto, la jueza considera probado que "sin solicitar la preceptiva licencia" para acometer las obras de urbanización, Antonio L.R. procedió a solicitar permiso para la construcción "pues tenía conocimiento de que el Ayuntamiento podría conceder la licencia amparándose fraudulentamente en la LOUA, aplicable a los municipios que no contaban con planeamiento general como era el caso de Zurgena".
   En el acto de juicio, dos de los acusados, Carlos Domingo B.F. y la directora técnica de la obra de las 12 viviendas unifamiliares, reconocieron los hechos y mostraron conformidad con la pena interesada por el fiscal si bien la juez acuerda sustituir la pena privativa de libertad impuesta a ambos por doce meses de multa a razón de doce euros al día.
    En el caso de Carlos Domingo B.F. le considera autor de delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios ya que, una vez solicitada la licencia, emitió, "a sabiendas de que posteriormente iba a participar en la dirección de la obra", un informe en que, pese a que era conocedor de que el suelo era no urbanizable, afirmaba que la parcela reunía todas las condiciones establecidas en la LOUA.
   "En ese mismo informe --añade-- hizo constar notas en las que afirmaba que la licencia de obras estará condicionada a la entrega en el Ayuntamiento, antes del comienzo de las obras, de las condiciones de acometida de las empresas se servicios Galasa, Endesa y Telefónica".
   La sentencia, que supone la primera condena para el exalcalde y actual concejal de Obras Públicas en virtud de un pacto de gobierno con el PP en la decena de causas penales que aún tiene abiertas, ordena, asimismo, la demolición de lo construido ya que el promotor, Antonio L.R. celebró varios contratos de compraventa con el fin de enajenar las viviendas una vez estuvieran construidas.
   Trabalón, Tijeras y el resto de exediles de la corporación municipal fueron absueltos en diciembre de 2012 por la construcción de cinco viviendas en el paraje de El Cucador, al considerar la titular del Juzgado de lo Penal nº 4 de Almería que no había quedado acreditado en juicio el "carácter no urbanizable" de las parcelas sobre las que se levantó la promoción ni que los exintegrantes de la corporación municipal otorgasen licencias "a sabiendas" de que eran supuestamente injustas.

Andalucía aspira a un 2% de déficit

SEVILLA.- El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha dicho que el Ejecutivo que preside José Antonio Griñán comparte la aspiración mostrada este lunes por el vicepresidente, Diego Valderas, en relación a que la comunidad autónoma pueda duplicar la cifra de déficit actual --del 0,7 por ciento-- e incluso poder llegar a un dos por ciento.

   "Es un margen y una horquilla que el resto del Gobierno comparte, pero no podemos avanzar en un dato concreto porque se está sujeto a la negociación, que acaba de empezar", ha apuntado Vázquez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha pedido ha pedido "darnos un tiempo para seguir avanzando".
   No obstante y tras desear que dicha negociación sea "rápida y diligente", Vázquez ha señalado que Andalucía reclama que el tope de déficit que se le establezca permita a la Comunidad "apoyar políticas de empleo y de impulso y crecimiento económico", así como también poder mantener el nivel de calidad de los servicios públicos fundamentales.
   "Andalucía va a pelear para obtener el trato que se merece y para que haya más dinero para políticas que hagan frente al paro y planes específicos del Gobierno para crear empleo", ha sostenido el portavoz del Gobierno andaluz, que ha defendido un "reparto coherente" con la situación de cada comunidad, "en aras de permitir el crecimiento económico".
   Vázquez, que ha explicado que en la reunión que mantuvieron este lunes el Ministerio de Hacienda y las comunidades fue "eminentemente técnica, y no hubo avances, ni se dio ninguna cifra", ha insistido en que la posición del Gobierno andaluz va en la línea de exigir una mayor flexibilidad "en la medida que España reciba también de la Unión Europea un mayor margen para poder prorrogar la consecución del objetivo de déficit un par de años".
   El portavoz del Gobierno andaluz ha precisado que el encuentro celebrado este lunes fue el primero de un grupo de trabajo para abordar el déficit, no solo entre las comunidades, sino también entre las comunidades y el Gobierno. Existe también el compromiso de crear otros dos grupos de trabajo, uno sobre el sistema de financiación autonómica y un tercero sobre la simplificación administrativa y para evitar las duplicidades.

Esas operaciones judiciales tan silenciosas / Pepe Fernández

El lunes 23 de julio, mañana hará nueve meses, un importante operativo policial ocupó, previo mandamiento judicial, las instalaciones centrales del holding empresarial al que pertenece la compañía Citymar Hotelesen Roquetas de Mar. Una intervención ordenada por el juzgado Nº 3 de Almería a instancias de la Agencia Tributaria que ni siquiera fue bautizada nominalmente, como se suele hacer con intervenciones policiales de este calibre. 
 
Se llegó a hablar en torno a los 60 millones de euros los supuestamente defraudados o evadidos. En el transcurso del exhaustivo registro de la sede empresarial, quedó en calidad de detenido el presidente y propietario del imperio: don Miguel Rifá  Soler. Empresario oriundo de Cataluña pero asentado en Almería desde hace décadas y socio de lo más granado del lugar; entre otros del poderoso cacique de la derecha almeriense don Gabriel Amat Ayllón y fue también fundador de Hoteles Playa junto a Jose Mª Rosell.
 
Junto a Rifá fueron detenidos otros empresarios, cuyos nombres nunca se conocieron en estos últimos nueve meses. Como tampoco ha trascendido a la opinión pública ningún dato que revele que la investigación continúa o por contra que se aclare si todo fue un inmenso error judicial y de la Agencia Tributaria y quedó archivado. Se habló entonces de supuestos de falsedad en documento mercantil, de alzamiento de bienes y de blanqueo de capitales, pero insisto, nunca en este tiempo ha podido saber la opinión pública qué hay de verdad en la rumorología popular, cuya imaginación vuela del levante al poniente. 
 
Por no saber tampoco se ha sabido el nombre de la decena de empresarios imputados en la "Operación Rifá" quien tan solo ocho meses antes era anfitrión de Mariano Rajoy Brei, candidato entonces, que firmaba en el libro de oro del Gran Hotel Almería, propiedad del empresario turístico.
 
Tanto silencio y misterio entorno a determinados procedimientos judiciales, curiosamente aquellos que afectan a la política y sus moradores, no deja de resultar mosqueante para la ciudadanía. Muy ávida en estos tiempos de limpieza y desinfección general por conocer con la mayor transparencia posible qué cosas se han hecho- o se están haciendo a día de hoy- con los dineros e intereses generales de los ciudadanos.
 
Pero ni ha sido el primer asunto de corrupción silenciado en esas latitudes ni, desgraciadamente, parece que tampoco el último.

“Tres Reyes” llegan en abril.

El caso de la detención durante unas horas del ex Abogado del Estado en Almería, Demetrio Carmona, ha propiciado que nos enteremos de una nueva operación policial en marcha que esta vez sí tiene nombre: se la ha bautizado como “Operación Tres Reyes”.
 
Lo reveló una atribulada Mª Carmen Crespo, delegada del Gobierno, a la que le pilló la detención precisamente en Almería. Pero la Sra Crespo se limitó a confirmar lo que ya se sabia, nada más. Ni siquiera fue capaz de decir que conocía a Demetrio Carmona, como le conoce toda Almería, dado que es un tipo con don de gentes, habilidoso, agradable en el trato y, sobre todo, buen componedor. Se le considera un gran negociador y quizás por ello Demetrio, a secas, ha sido considerado en estas décadas el perejil de todas las salsas de la cocina económica y política de Almería. Al mismo tiempo que mantenida una importante actividad privada en el sector inmobiliario y de fincas.
 
No obstante, el año 2013 no está resultando muy favorable al hombre que durante 25 años ha intervenido en miles de operaciones en función de su cargo en la Abogacía del Estado de Almería. Ni en el aspecto personal, ni en el profesional le sienta bien el año. Traumático en ambos casos. En enero era relevado de su responsabilidad en un “puesto de libre designación” en palabras de la delegada Crespo que no confirmó si aquel relevo tuvo relación con la operación "Tres Reyes" desarrollada ahora, tres meses después. 
 
Amparados pues en el decretado secreto del sumario, tenemos la suerte de encontrar uno de los pocos procedimientos, de interés general, en España, sobre el que se respeta la investigación secreta de la Justicia. Será la excepción que confirma la regla.

¿Transparencia judicial?

La falta de información oficial, tener que sacarla con fórceps, no parece que a medio o largo plazo favorezca la imagen de unas instituciones judiciales que deben velar y garantizar la transparencia en nuestra sociedad. Pero, sobre todo, deben demostrar con sus actos eso tan manido últimamente, pero constitucional y deseable, de que “la Justicia es igual para todos”.
 
Máxime cuando la rumorología se expande y se empiezan a querer interpretar hechos del pasado reciente en clave con el presente de unas actuaciones judiciales. Por ejemplo, en este caso, la irrupción en escena de unos personajes que se auto titulan como “agentes del CNI”. O de otro que presume ser “Jefe de seguridad nacional del PP”. Personajes que se reúnen incluso con autoridades políticas, para alertarlas sobre gente supuestamente malvada. Todo ello cuando se sabe que don Demetrio y sus amigos, caso del también abogado Rogelio Vargas, andaban últimamente muy preocupados a raíz de la denuncia contra ellos de un empresario cuyo nombre respondería a las iniciales M.R. 
 
Pero junto a Carmona, como sucedió con Rifá, también han sido detenidas otras personas cuya identidad no ha trascendido ni por casualidad. ¿Por qué solo ha aparecido el nombre del Abogado del Estado? Eso es algo que se preguntan muchos en Almería, incluso el propio afectado, que se considera víctima de un flagrante error policial, según ha dicho tras su puesta en libertad.
 
La falta de datos oficiales o confirmados por fuentes solventes evita encontrar una respuesta convincente, aunque algunos consideran que soltar un nombre tan unido o relacionado, por muchas razones, con gente poderosa y rica de Almería, sería tanto como alertar a tirios y troyanos de que se están analizando policial y judicialmente operaciones de los últimos años en las que haya podido intervenir Carmona, que son muchas y variadas.
 
Carmona ha hablado tras su puesta en libertad y no ha dicho nada sobre el contenido de los autos que se investigan. Tampoco el otro letrado, Rogelio Vargas, quien me decía esta tarde que “no puedo hablar sobre este tema, compréndelo, porque estoy bajo secreto de sumario”. Lógico que actúe así un imputado.
 
Carmona sí se ha mostrado públicamente molesto e indignado con el trato recibido por los guardias civiles de la Policía Judicial. “Cohetes de verano”  definió su comparencia de horas ante la GC, como resumen de todo en la SER. Pero añadió algo más que, sin duda, no habrá gustado entre los funcionarios que llevan la investigación en la Guardia Civil a las órdenes de la jueza del Nº1:
- “Todo estaba dirigido para engañarme a mí, pero este engaño no se ha producido, aunque en base a eso me llevan al juzgado”.
 
Carmona se siente como el gran perjudicado dado que su nombre, de gran prestigio social y profesional, está rodando, casi en solitario, asimilado a la "Operación Tres Reyes", que, al parecer, contempla entre otras la figura delictiva de estafa.
 
En algunas informaciones se le ha querido presentar como un hombre cercano al PSOE, más concretamente al ex Secretario General Martin Soler. Tiene su lógica ya que les une cierto paisanaje con Loja, ciudad donde nació, como Carmona, la mujer el ex dirigente socialista. Pero fuentes conocedoras del entramado de intereses almerienses revelan que Demetrio Carmona no es un hombre de partido, él se lleva bien con todos “y si me apuras, tiene más vinculaciones con la gente de Amat y del PP, que con los del PSOE cuyos mandos han cambiado últimamente y su amigo Martín manda poco.”