ALMERÍA.- Un juez ha ordenado incoar procedimiento
abreviado contra el exconcejal socialista de Hacienda y Personal de
Vélez-Rubio y dos mandos de la Policía Local, a quienes achaca
haber maniobrado presuntamente para que el sobrino carnal del
exconcejal, también imputado, pudiese acceder a una plaza en este cuerpo
en 2010 mediante la elección de los integrantes del tribunal y un
supuesto "cambiazo" del examen una vez se encontraba en un sobre
sellado, a la espera de ser corregido.
El auto da traslado de las
actuaciones al fiscal y al resto de partes personadas en la causa por
presuntos delitos de prevaricación, falsedad, infidelidad en la custodia
de documentos, tráfico de influencias y omisión del deber de perseguir
delitos, para que formulen acusación y soliciten apertura de juicio
oral, o en caso contrario, interesen el sobreseimiento de la causa
contra Gea, y su sobrino D.R.G.L, así como contra el jefe y el subjefe
de la Policía Local, M.L.S. y J.G.G.
La investigación penal se inició después de una denuncia en la que
un opositor alertaba de que los folios del examen "podrían estar
amañados" y aseguraba haber visto como la persona que había aprobado
hacía "tachaduras" en los folios, tachaduras que no estaban cuando fue a
revisar el examen.
Según el instructor, el exedil socialista, quien ocupó el cargo
entre 2003 y 2007, "desde su posición de jefe directo" de los miembros
del tribunal, fue el "muñidor" de un proceso de oposición "dirigido"
para que "aprobase su sobrino carnal" y se "prevalió" de su posición de
jefe de todos para, "influyendo en ellos, conseguir un beneficio a favor
de su sobrino".
Así, señala que estos fueron elegidos por él "en atención a su
dependencia jerárquica" y que, "paralelamente a la oposición para cubrir
plaza de policía local", dos de ellos, M.L.S. y J.G.G., "ascendieron
profesionalmente por decisión del Ayuntamiento" hasta ser designados
jefe y subjefe de este cuerpo.
En esta línea, el juez detalla en el auto que, en 2007, el entorno
familiar del primero se vio "beneficiado" por la inclusión en el PGOU
de unos "terrenos diseminados" que, con anterioridad a esa fecha, "no
tenían la consideración de urbanos". Por otro lado, en 2006, la esposa
de J.G.G. construyó una casa de aperos de 20 metros cuadrados con balsa
de riego que, a la postre, según el magistrado, "resultó ser una casa
unifamiliar con chimenea, varias habitaciones, dotada con pista
polideportiva y mesa de ping-pong, así como piscina de lujo con espacio
adyacente acondicionado para tumbonas y usos lúdicos".
La resolución indica, asimismo, que "hay indicios para pensar" que
fue Diego Gea quien "dijo a su sobrino donde estaban los exámenes y
cuándo podía acudir a dar el cambiazo". Para el magistrado resulta claro
que D.R.G.L. "por si solo, no podría saber" ni cuando acudir al
Ayuntamiento "sin ser descubierto", ni donde estarían los exámenes.
"Esta ayuda se la debió prestar su tío que, no en vano, había sido el
muñidor de toda la apariencia legal con el fin de dejarlo con un empleo
vitalicio".
Considera, en esta línea, que el exconcejal "era conocedor" de que
"había sido condenado por delito doloso" y de que, "ni siquiera
cumplía" los requisitos "para tomar en el proceso selectivo" y le
achaca, asimismo, haber incurrido en presunto tráfico de influencias
para conformar el resto del tribunal al elegir a las personas "más
frágiles, por dependencia, y más dóciles y permeables sus peticiones"
por ocupar puestos de libre designación.
Con respecto a D.R.G.L., quien habría superado "ilegítimamente" la
oposición, apunta el juez, en base a informes periciales que concluyen
que hay "indicios de manipulación o cambio en su examen", que fue él
quien supuestamente acudió al despacho del secretario del Ayuntamiento
y, una vez encontrado el sobre donde se custodiaban los exámenes, "lo
abrió e introdujo un quinto folio del examen, acción que vulgarmente
podía ser llamada 'dar el cambiazo".
Le reprocha, asimismo, que "aceptó" el nombramiento para cargo
público "a sabiendas" de que no reunía los requisitos al tener
antecedentes penales no cancelados y que, además, presentó una solicitud
en que, "de su puño y letra y con su firma", decía reunirlos. "Tales
manifestaciones mendaces son constitutivas de un delito de falsedad ya
que simula no tener antecedentes penales y falta clamorosamente a la
verdad, de forma fraudulenta y en perjuicio del resto de opositores".
En el caso del jefe de la Policía Local, el auto recoge que "en
ningún momento" realizó actuación alguna para descubrir el delito, "ni
puso en conocimiento del juez o del fiscal" la comisión de "algo tan
grave" como la "sustracción de documentos al secretario municipal en su
propio despacho". Concluye que la explicación es que "era conocedor de
que había habido un cambio de folios del examen y trató de ocultar ese
hecho porque participaba de forma activa en el por la influencia del
concejal de personal y tío del opositor".
El magistrado sostiene, asimismo, que el supuesto atestado que
elaboró a raíz de la denuncia del secretario del Ayuntamiento no fue
elaborado en la fecha en la que esta datado "sino que se hizo exprofeso
cuando se inicia el proceso penal y para crear apariencia de que se
había hecho algún tipo de actuación cuando, en realidad, nunca se hizo"
.
"Cometió presuntamente la falsedad documental para intentar ocultar el
delito de omisión del deber", apuntilla.
Al subjefe de la Policía Local le imputa en los mismos términos
que a M.L.S. el no haber perseguido ni investigado lo denunciado por el
secretario municipal y, al igual que al jefe, le acusa de haber
ratificado la nota del examen después de que este fuera impugnado siendo
"conocedor" de que el sobre donde se custodiaban los exámenes "había
sido manipulado" y de que, por tanto, esa acción "era injusta y
arbitraria".
"El hecho de intentar evitar que la denuncia del secretario
llegase al juzgado o fuese de conocimiento público está directamente
relacionado con la comisión de este supuesto delito de prevaricación ya
que tratan de evitar que se investigue quién y como cambió los exámenes,
cosa que conocen, para así, poder mantener a toda costa el aprobado del
sobrino del edil", concluye.
