domingo, 23 de septiembre de 2012

El fiscal pide sobreseer la causa por cohecho contra exalcalde de Ohanes al haber prescrito el delito

ALMERÍA.- La Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional del procedimiento penal abierto contra el exalcalde socialista de Ohanes Juan Francisco Sierra al considerar que, si bien ha quedado acreditado que recibió 30.000 euros por parte de un empresario a cambio de la concesión de una licencia de primera ocupación, el delito de cohecho ha prescrito.

   El Ministerio Público interesa, asimismo, el sobreseimiento de la causa contra el citado promotor, Modesto O.L., quien interpuso en diciembre una denuncia ante la Fiscalía y aportó una grabación de video en la que este y el entonces regidor formalizan la entrega de un fajo de billetes al tiempo que se escucha al empresario decirle "Juanico, no digo na', en tus manos me encomiendo".
   El escrito indica que estos hechos han quedado "acreditados" y constituyen un delito de cohecho por el que el juez instructor ordenó incoar procedimiento por tribunal de jurado aunque remarca que estaría prescrito ya que pasaron tres años desde su comisión, en mayo de 2005, hasta su denuncia en diciembre de 2008.
   La fiscal hace referencia a un segundo episodio incluido en una ampliación de denuncia que realizó en sede judicial Modesto O.L. por el que el exalcalde le solicitó comprar, a cambio de otra concesión de licencia de primera ocupación, una vivienda a "un precio muy inferior a la que se ofertaba".
   "Queda constancia de ese contrato de compraventa fechado en 2006 por 63.130 euros cuando otras de iguales características eran vendidas a 96.013,24 euros si bien --añade-- hay que hacer constar que Juan Francisco Sierra finalmente anuló el contrato y no adquirió la citada vivienda".
   Al hilo de esto, el Ministerio Público rechaza que se dé un delito continuado de cohecho, que sí hubiera permitido continuar el procedimiento penal, al estimar que "no existe prueba contundente" de que se produjese, en diciembre de 2006, una segunda entrega de 30.000 euros que también fue denunciada por el promotor inmobiliario imputado.
   Según recoge el escrito, la "única prueba" en este punto es la declaración que prestó el propio Modesto O.L., quien aseguró que el exregidor le pidió esa cantidad "porque tenía que dársela a su pareja" y un reintegro bancario por valor de 26.800 euros que su socio en la empresa apuntó a que podría corresponder "al pago de trabajos realizados" y datado un mes antes de la fecha aportada por el denunciante.
   La fiscal desestima, asimismo, que exista un delito de coacciones por parte de Juan Francisco Sierra ya que, en la toma de declaración a los cuatro testigos referenciados por el empresario, "ninguno dio datos de los hechos ocurridos en el pleno del Ayuntamiento de Ohanes el 20 de octubre de 2008".
   El ex regidor socialista presentó su dimisión el 12 de enero de 2008 tras acceder a la Alcaldía de este pequeño municipio en 2003. La grabación de audio y video fue difundida a través de los medios de comunicación y en ella se veía a los dos implicados intercambiando un fajo de billetes con 30.000 euros después de referirse en términos despectivos a una tercera persona del género femenino.
   Tras el recuento del dinero, la conversación entre ambos continúa y el promotor inmobiliario le advierte de que el resto, al parecer otros 30.000 euros, se lo dará "cuando ya acabemos". En esta línea, y ante las insistentes preguntas de su interlocutor que cuestiona la validez del trato ya que no hay nada firmado, Sierra le tranquiliza y le asegura que puede "confiar en él". 
"Palabra, vete tranquilo. Problemas no va a haber", afirma, aunque matiza que para él "también es muy desagradable pero es que no tengo salida", justifica.

El Ayuntamiento de Almería ha de elaborar un plan de descontaminación visual para el cableado del casco histórico

ALMERÍA.- La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deportes de Almería, ha señalado que va a dirigir un escrito al Ayuntamiento de la capital para instarle a eliminar el cableado visible del conjunto histórico de la ciudad y elaborar un plan de descontaminación visual "ahora que se está modificando el PGOU". 

   Según ha explicado la Administración andaluza, aún hay cableado aéreo y en las fachadas de las viviendas del casco histórico pese a que la normativa vigente, tanto en el ámbito municipal como en el marco autonómico, establece restricciones a su instalación al descubierto.
   Ante esto, desde la Junta se ha explicado que ha habido conversaciones con el Ayuntamiento, desde donde se ha acordado con las compañías eléctricas y de telefonía, entre otras, un plan en el que el Consistorio prepararía las infraestructuras necesarias y cada compañía asumiría el coste del soterramiento de su cableado.
   "Hasta ahora el Ayuntamiento está soterrando el cableado aéreo municipal, si bien habrá que acometer el de las fachadas", apuntan desde el Gobierno andaluz, donde reconocen el "complejo" proceso que conlleva. No obstante, en la calle Cubo se ha soterrado ya el cableado del alumbrado público, que es competencia municipal, pero no el de telefonía, "que tendrían que hacerlo las distintas compañías".
   En este sentido, cabe recordar que el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación de la empresa Cableuropa SAU contra una orden de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en la que se desautorizó la instalación de cableado en las fachadas de los inmuebles que se encuentran en el Conjunto Histórico de Almería y se ordenó retirar todos los tendidos de cableado y armarios de registro ya instalados a fin de recuperar "el carácter y ambiente propio" de este espacio declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Griñán reclama para Andalucía una "identidad y autogobierno propios"

SEVILLA.- El presidente de la Junta de Andalucía y presidente del PSOE federal, José Antonio Griñán, ha defendido este domingo que la comunidad andaluza "se reconoce con el mismo derecho que Cataluña, País Vasco o Galicia a tener identidad y autogobierno propios", por lo que asegura que la región busca avanzar "en el perfeccionamiento de un Estado Federal cooperativo", que define como "la mejor forma de compartir un proyecto común de convivencia y sin exclusiones". 

   Bajo el título 'Un modelo federal para la convivencia', el presidente andaluz ha escrito un artículo publicado este domingo en el diario 'El País', en el que pone de manifiesto que la crisis económica "está poniendo en cuestión muchas de las certezas del pasado sin llevarnos a otras nuevas"; una situación que, según ha apuntado, "está poniendo en riesgo los pilares más importantes de nuestra convivencia como pueblo".
   Así, después de poner en valor el Estado de las autonomías como uno estos pilares "firmes" de convivencia, que cuenta con la convergencia económica y el desarrollo del Estado de Bienestar entre sus principales logros, Griñán considera que el paso del tiempo "obliga a actualizar" esta forma de descentralización política.
   En este sentido, ha abogado por llegar a "una fase de cooperación institucional que desemboque en un modelo federal capaz de garantizar la igualdad en la diversidad de todos los españoles, el respeto a las singularidades y de reforzar las líneas de actuación conjuntas en el objetivo compartido del crecimiento del empleo y la consolidación de nuestro modelo de bienestar social".
   Para ello, el presidente andaluz ha destacado que las reglas de convivencia de la Constitución "no son inmutables". "Se pueden reformar, pero hagámoslo con el mismo consenso con el que nacieron y con el que se han mantenido vigentes", ha apuntado.
   Asimismo, Griñán argumenta que "los países más avanzados y desarrollados tienen una estructura federal más o menos descentralizada", mostrando su confianza en que España podría "forjar un amplísimo consenso sobre un modelo de organización territorial en el que todos podamos sentirnos cómodos".
   En este punto, el presidente andaluz plantea que el Senado debería ser un "foro permanente de diálogo institucional", un órgano en el que las comunidades puedan expresar sus puntos de vista y aportaciones al conjunto. "No resulta lógico que, en un sistema como el nuestro, las distintas comunidades autónomas no tengan la oportunidad de implicarse en la legislación que les afecta", ha señalado.
   De este modo, ha puesto en valor que Andalucía "se siente muy cómoda en un proyecto de país que pueda garantizar la igualdad de derechos de todos los españoles, vivan donde vivan, y quiere avanzar, al mismo tiempo, en el perfeccionamiento de un Estado Federal cooperativo que respete las diferencias y singularidades de un patrimonio tan extraordinario como el nuestro".
   "Queremos ser parte importante en este recorrido que hemos de hacer para culminar ese modelo de Estado del que todos nos sintamos corresponsables y convencidos de que luchando por nuestra comunidad en un proyecto compartido damos más solidez al conjunto", ha apostillado, recordando que el 28 de febrero de 1980, no sólo se culminó la lucha por la autonomía andaluza, sino que se manifestó la capacidad de la región para "hacer España desde el progreso, la singularidad y la igualdad de oportunidades".

sábado, 22 de septiembre de 2012

La Iglesia de Las Salinas se consagra este domingo tras concluir las obras de rehabilitación


ALMERÍA.- La Iglesia de Las Salinas de San Miguel, en Cabo de Gata, será consagrada este domingo tras la conclusión de las "profundas" obras de restauración del templo en las que se han invertido más de 400.000 euros.

   Al acto, previsto a las 11,30 horas, van a asistir el Obispo de Almería, Adolfo González Montes, y el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador. La dedicación supone la aspersión, la unción del altar y de los muros de la iglesia, la cremación del incienso y el revestimiento e iluminación del altar.
   El Ayuntamiento y la Diócesis almeriense firmaron un convenio de colaboración para la cesión durante diez años, renovables, de un espacio específico en la Iglesia de Las Salinas para darle un uso turístico relacionado con el entorno natural en el que se encuentra ubicada. A cambio, el Consistorio aportó 100.000 euros para la ejecución de las obras de rehabilitación del templo.
   La sala que cederá el Obispado se encuentra adyacente a la denominada 'cripta de la Iglesia', debajo del templo, con acceso directo a la vía pública e incomunicada con el resto de la edificación.
   Su uso fundamental será ejercer de oficina de turismo, pero también como sala de exposiciones con temas relacionados con el parque natural u otros de análoga naturaleza. El alcalde ha mostrado su "satisfacción" porque cada vez "está más cerca que esta iglesia tan emblemática para todos los almerienses pueda recuperar todo su esplendor".
Desde el 25 de diciembre de 2004 este templo estaba en desuso debido a su deterioro.

Historia del templo La iglesia fue inaugurada en el año 1907. Se levantó sobre una plataforma para evitar la entrada de agua y arena. Este práctico recurso les confiere cierto aire de superioridad simbólica sobre el resto de las construcciones. La iglesia está concebida bajo los cánones eclécticos que imperaban en la arquitectura de principios del siglo XX en la provincia. Se construyó para el culto religioso católico de los trabajadores de las salinas. El 25 de diciembre de 2004 se ofició misa por última vez debido al deteriorado estado del edificio.

Artículo publicado en almeria360.com: Las Salinas de Cabo de Gata recupera su iglesia, reabierta este domingo http://almeria360.com/almeria-capital/23092012_las-salinas-de-cabo-de-gata-recupera-su-iglesia-reabierta-este-domingo_38914.ht

Andalucía registra 1.474 despidos de empleados públicos en ayuntamientos desde la reforma laboral

SEVILLA.- Un total de 1.474 empleados públicos en los ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y empresas públicas locales andaluzas han sido despedidos en lo que va de año, en concreto desde la entrada en vigor de la reforma laboral, según ha indicado un informe de FSP UGT-A, que precisa que municipios de Cádiz y Huelva registran la mayor parte de despedidos en la Comunidad.

   Según el informe, esos 1.474 despidos incluyen despidos individuales, despidos colectivos, así como no renovaciones de contrato.
   De esta forma, en concreto, en la provincia de Cádiz se ha registrado 539 despidos, que acapara el 36,7 por ciento del total de despidos andaluces. En concreto se ubican en el Ayuntamiento de los Barrios; La Línea de la Concepción; Arcos de la Frontera y los 260 despidos en el Ayuntamiento de Jerez a través de un expediente de regulación de empleo.
   Asimismo, el número de ERE presentados en la provincia de Cádiz asciende a tres, aunque de gran importancia, en concreto en Los Barrios, que afecta a 178 trabajadores y es un ERE que "fue rechazado por la Autoridad Laboral, y al final se ha producido una amortización de plazas en los presupuestos presentados por el Ayuntamiento así como en la RPT del mismo"; La Línea de la Concepción, con 65 trabajadores afectados, que se ha reducido el número a 46, aunque finalmente el PSOE ha retirado el ERE; y el ERE consumado en Jerez de la Frontera, que empezó afectando a 300 trabajadores y en la actualidad afecta a 260.
   Asimismo, el informe de UGT-A cifra en diez los ayuntamientos que incumplen su obligación de pago de nómina a los trabajadores, en concreto Los Barrios, que debe tres meses a 400 trabajadores; La Línea de la Concepción, que debe nueve meses al personal laboral y ocho a los funcionarios, siendo 900 los afectados; Puerto Serrano, donde, según el informe, se deben cuatro meses a 100 trabajadores; Prado del Rey o Villamartín.
   En el Ayuntamiento de Jerez también se debe otro mes de sueldo a 1.540 trabajadores; en el de Barbate se debe un mes y media paga a  380 trabajadores; en Algodonales también se debe media nómina; al igual que en Zahara de la Sierra y en Alcalá de los Gazules.
   Por otro lado, en el caso de Huelva se han registrado 339 despidos, el 23 por ciento del total de Andalucía en el sector público local.
   Estos se ubican en Aljaraque, Bollullos Par del Condado, Lepe, Valverde del Camino, Gibraleón, Isla Cristina, Higuera de la Sierra, Almonte, Cartaya, y en el de Moguer.
   El informe destaca que no se ha presentado en lo que va de año ningún ERE en el sector local en la provincia onubense, aunque sí existen 14 ayuntamientos que "incumplen su obligación de pago de nómina a los trabajadores".
   En concreto, el Ayuntamiento de Alosno; el de Cartaya debe tres meses y la mitad de agosto, además de otros conceptos, a 246 trabajadores afectados; el de Aljaraque debe siete meses a 500 empleados; el de Bollullos Par del Condado; el de Lepe debe tres meses y algun concepto a 750 trabajadores; y el de Huelva capital debe, según UGT, un mes a los trabajadores de la Empresa de Transportes Urbanos.
   Asimismo, el Ayuntamiento de Valverde del Camino también debe; el de Encinasola le debe siete meses a 20 empleados; el de Isla Cristina; la pedanía de La Redondela, Campofrío o Moguer; Cortegana; o Ayamonte le debe dos pagas y ayudas sociales a 300 trabajadores.
   El informe de FSP UGT-A apunta que en los entes locales de la provincia de Sevilla se han despedido a 265 personas, lo que supone el 18 por ciento del total de despedidos en los entes locales andaluces.
   En concreto se han despedido en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca;en Herrera; en La Lantejuela; en Sanlúcar la Mayor; en Estepa; en Burguillos; en el de Olivares; en Villanueva del Río y Minas; en el de Umbrete; y en Carrión de los Céspedes.
   Además, según el sindicato, se registró un ERE, ya consumado, que afecta y supone el despido de 72 trabajadores en el Ayuntamiento de Espartinas. UGT-A además teme que haya otro ERE en el Ayuntamiento de Coria del Río, que no está materializado, pero que afectaría a nueve trabajadores, según el sindicato.
   El informe, que recuerda el ERE presentado en el Ayuntamiento de Espartinas, apunta que hay seis ayuntamientos que incumplen su obligación de pago de nómina a los trabajadores.
   Estos en concreto son Los Palacios y Villafranca, que debe cuatro meses a 600 trabajadores; el de Montellano; el de Carrión de los Céspedes; y el de Écija tiene un concurso de acreedores con 50 trabajadores afectados de la Gerencia de Urbanismo. También apunta posibles incumplimientos en Mairena del Aljarafe y Villanueva del Río y Minas.
   Por otro lado, en el caso de Málaga, el informe de UGT-A apunta que en el provincia de Málaga se han registrado 241 despidos, lo que supone el 16,4 por ciento del total andaluz.
   Dichos despidos, según el sindicato, se registran en Torremolinos;  Manilva; y el ERE presentado en el Ayuntamiento de Estepona, que afecta a 176 trabajadores.
   El de Estepona es el único ERE presentado en lo que va de año, con los referidos 176 afectados, aunque apunta que hay dos ayuntamientos que incumplen su obligación de pago de nómina a los trabajadores, en concreto el de Coín, que, según el sindicato, le debe media paga extra de junio, que afecta a 477 trabajadores; y Cañete la Real, que debe cuatro pagas a 30 trabajadores.
   En cuanto a la provincia de Almería, se registran en lo que va de año 63 despidos de empleados públicos en ayuntamientos de la provincia, lo que supone un 4,3 por ciento del total andaluz.
   En concreto se registraron despidos en Macael, Vera, Cuevas de Almanzora, Huércal-Overa, Vélez-Rubio, Carboneras, y en el Ayuntamiento de Níjar.
   El informe apunta que en la provincia de Almería aún no se ha producido ningún ERE, aunque sí indica que hay una serie de ayuntamientos que incumplen su obligación de pago de nómina a los empleados, en concreto el de Macael, que adeuda dos meses a 75 trabajadores.
   En la provincia de Jaén se registraron 21 despidos de empleados públicos en lo que va de año, el 1,4 por ciento del total andaluz. En concreto en el Ayuntamiento de Marmolejo y un ERE de 11 trabajadores en el de Torreperogil.
   El informe alude a ese ERE en Torreperogil como único expediente presentado en la provincia jiennense y apunta que no hay ningun ayuntamiento, de los que UGT tenga constancia, que incumpla su obligación de pago de nómina a los trabajadores.
   Asimismo, en la provincia de Granada se han registrado en lo que va de año seis despidos, el 0,4 por ciento del total, y se destaca que no se ha presentado ningún ERE en entes locales en lo que va de año ni ningún consistorio que incumpla su obligación de pago de nóminas.
   Por último, en la provincia de Córdoba no se ha registrado ningún despidos de empleados públicos en lo que va de año, ni ningun ERE presentado ni hay constancia de ningún ayuntamiento que incumpla su obligación de pago.
   Fuentes del sindicato UGT han lamentado que los despidos "se estén facilitando con la reforma laboral" y que esa solución "sea la puerta de salida para paliar la crisis económica de las administraciones locales", toda vez que "tras los despidos se esconden verdaderos dramas familiares".
   "El Gobierno ha decretado para pagar a proveedores de los ayuntamientos, pero no ha tenido en cuenta que los trabajadores también se les debe dinero", agregan fuentes del sindicato, quienes demandan un "cambio radical" en la política del Gobierno central para evitar que los ayuntamientos "sean una mera oficina de información".
   Por ello, han anunciado que todos los martes los sindicatos se concentrarán ante todas las administraciones locales andaluzas en paros de 15 minutos.

La Junta completa la documentación previa necesaria para la incoación del expediente de El Toblerone como BIC

ALMERÍA.- La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería ha elaborado ya la documentación técnica necesaria y previa para la incoación del expediente administrativo que, en caso de concretarse, posibilitaría la protección del silo de mineral conocido popularmente como 'El Toblerone' como Bien de Interés Cultural (BIC) con la tipología de Lugar de Interés Industrial. 

   Fuentes de la Administración andaluza han explicado que la elaboración de dicha documentación preliminar supone el estudio exhaustivo y comparativo del bien a fin de justificar los valores históricos, arquitectónicos, paisajísticos, tecnológicos, etnológicos y sociales que posee y que reclama la plataforma social 'Salvemos El Toblerone'. Esta plataforma solicitó mediante escrito a la Junta en mayo de este año la distinción del bien, antiguamente empleado para el almacenamiento de mineral.
   El estudio y revisión de esta documentación implicaría, en caso de iniciar el expediente de cara a la declaración del BIC, emitir una propuesta a la Dirección General de Bienes Culturales para su informe y oportuna incoación, en caso de que dicho organismo diera su visto bueno. En este sentido, con la incoación se iniciaría la tramitación del expediente administrativo que tras 12 meses, como máximo, concluiría con la declaración de BIC, en caso de prosperar.
   Sería a partir de éste momento, la publicación en BOJA de la incoación del expediente, cuando surtirían los efectos propios de protección del inmueble, es decir, a partir de éste momento sería cuando no se puede llevar a cabo ninguna actuación que altere sus valores patrimoniales, y cualquier otra que se realice en el entorno debe de ser autorizada por la Delegación Provincial.
   No obstante, desde la Consejería se ha incidido que la protección como patrimonio histórico de este inmueble --en suelo urbano en el PGOU vigente y con un Plan Especial del Sistema Ferroviario en tramitación avanzada-- conllevaría la posible petición de responsabilidades patrimoniales, lo que obligaría a hacer frente a indemnizaciones económicas para los propietarios.
   En esta línea, desde la Junta se advierte que el Ayuntamiento de la ciudad "podría proteger de modo más rápido el inmueble promoviendo una modificación puntual del PGOU vigente" lo que implicaría un periodo de unos tres meses y "posteriormente incorporarlo al Catálogo de Bienes Protegidos del PGOU de Almería en el grado 1, para lo que solicitarían informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico".
   "Además de ser un procedimiento mucho más corto que el de declaración de BIC, el Ayuntamiento con las herramientas urbanísticas de que dispone, puede compensar o permutar a los propietarios en la disminución de los aprovechamientos urbanísticos del solar", indican desde el Gobierno andaluz, en el que apuntan a la "idoneidad" de esta solución para los colectivos proclives a la protección de El Toblerone.

Una protesta de marroquíes provoca el cierre de la frontera de Melilla

MELILLA.- El autodenominado Comité de Liberación de Ceuta y Melilla se ha manifestado este sábado en la frontera entre Melilla y Marruecos, lo que ha obligado al cierre de las verjas del puesto fronterizo por espacio de algo más de un hora.

   Según fuentes policiales españolas, el número de manifestantes era "unos 200" mientras Yahya Yahya, presidente de dicho comité, el senador marroquí y alcalde de Beni-Enzar y Farhana --las dos localidades magrebíes más próximas a Melilla--, los manifestantes "eran unos 1.500".
   Los asistentes a la manifestación portaban pancartas pidiendo la "recuperación" de Ceuta, Melilla y las islas y peñones de soberanía española en el Norte de África, como las Islas Chafarinas, los peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas, y el islote de Perejil.
   La concentración se ha desarrollado en la llamada "tierra de nadie" de la frontera --una zona que controla no obstante la policía marroquí-- y, a parte de pancartas, corearon consignas y demás en contra de la españolidad de dichos territorios. Ello provocó el cierre de la frontera durante más de una hora, momento en el que Yahya Yahya, con sus colaboradores, colocó unas cadenas en las verjas que cerró con unos candados, para testimoniar el cierre.
   Tanto en uno como en otro lado había un fuerte despliegue policial y de hecho fuerzas antidisturbios marroquíes intentaron cortar el paso de los manifestantes que se dirigían a la frontera para evitar que llegaran a "tierra de nadie", pero finalmente pudieron superar la barrera y plantarse justo delante de las verjas que custodian la Policía Nacional y Guardia Civil.
   Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de España cerraron en ese momento dichas puertas durante la hora y cuarto que duró la manifestación, una protesta que acabó sin más incidentes ni tampoco con detenidos. Las fuerzas de seguridad rompieron la cadena con candados y abrieron de nuevo las verjas de la frontera para el paso de vehículos y personas.
   Yahya Yahya ha declarado que ha decidido no realizar un cierre indefinido como había anunciado, por "razones humanitarias" para permitir que muchas familias que se encontraban atrapados en la frontera pudieran pasar a Melilla para tomar el barco en dirección a la Península. "Había muchos niños y personas mayores en los coches que iban a regresar a Europa con sus familiares y no podíamos dejarles esperar más", ha manifestado.
   El presidente del Comité de Liberación de Ceuta y Melilla ha indicado que esta protesta "es solo el inicio" de su calendario para reivindicar los territorios españoles en el Norte de África.
   Así, ha recordado la fecha para la marcha que vienen organizando sobre el Peñón de Vélez de la Gomera, un istmo de soberanía española separado únicamente por una cuerda de la costa marroquí, y que será el 3 octubre, coincidiendo precisamente con la Reunión de alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos que tendrá lugar ese día en el país magrebí.
   De esta manera, Yahya ha señalado que "después de la reunión celebrada en Rabat este miércoles 19 de septiembre con diversas asociaciones, partidos políticos, sindicatos, miembros de toda la sociedad civil y el Comité de Coordinación para la Liberación de Ceuta y Melilla, se ha aprobado por unanimidad que la marcha sobre el Peñón De Vélez De La Gomera se realizara el miércoles día 3 de octubre de 2012 coincidiendo con la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre Marruecos y España".

viernes, 21 de septiembre de 2012

Jueces, magistrados y fiscales de Almería se adhieren por unanimidad a las protestas por reformas legislativas y recortes

ALMERÍA.- La Junta General de Jueces de Almería, los magistrados que integran las tres secciones de la Audiencia Provincial, y la Junta de Fiscales se han adherido este viernes por unanimidad a las protestas por el "desmantelamiento" del poder judicial que suponen las medidas tanto legislativas como económicas que está adoptado el Gobierno y han respaldado las propuestas que se recoge en el manifiesto emitido a mediados de julio por la Comisión Interasociativa del Conflicto.

   Los portavoces de los tres órganos han subrayado la "unidad de acción" en el pronunciamiento de magistrados, jueces y fiscales y han trasladado su importancia de cara a la apertura de una vía de negociación con el Ministerio de Justicia y a que este recoja sus reivindicaciones antes de que se puedan materializar paros parciales, concentraciones, limitación de señalamientos, o, en su caso, la huelga tal y como contempla el manifiesto de la citada comisión.
   Según ha indicado la presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes Molina, de momento, y a la espera de que lo que se resuelva en próximas reuniones en octubre, han acordado como primera medida "de presión" cumplir del horario de audiencia o atención al público, que está estipulado en cuatro horas, tal y como se recoge en quinto punto del manifiesto, así como el encargo de un estudio a la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales sobre los efectos de la actual carga de trabajo en los magistrados y sus enfermedades profesionales.
   Molina, quien se ha referido al citado manifiesto conjunto como "la hoja de ruta" de la movilización del colectivo judicial ha considerado, en esta línea, que la reforma de la LOPJ "cercena" derechos fundamentales "ya consolidados", por lo que se acordado, asimismo, instar de "forma inmediata" a que se paralicen y suspendan la tramitación de cualquier reforma de la Ley Orgánica.
   Por su parte, el fiscal jefe de Almería, Antonio Pérez Gallegos, ha remarcado el respaldo unánime de los fiscales provinciales al "acuerdo de mínimos" aprobado por las siete asociaciones profesiones, incluidos jueces y fiscales, y ha trasladado su confianza en que el ministerio se "muestre receptivo" con las reivindicaciones "que redundarán finalmente en beneficio del ciudadano".
   Pérez Gallegos ha hecho especial hincapié en la "unidad de acción" que se ha generado ante las reformas legislativas impulsadas por el Gobierno central y los recortes y ha indicado que se trata de un hecho inédito "en más de dos décadas de trayectoria profesional".
   En esta línea, el juez decano de Almería, Luis Columna, ha advertido de que la Justicia "está siendo dejada cuando más falta le hace al ciudadano" y ha subrayado como "necesario" que las citadas reformas legislativas "sean en otro sentido". Columna ha asegurado que espera que la "sensatez" impere en el proceso que se abre en los próximos meses y ha instado a "sentarse y trabajar".
   Entre las quejas recogidas por la comisión figuran la ausencia de inversión en Justicia, la descoordinación en la gestión de la administración, la congelación de plazas judiciales, fiscales y oposiciones, los recortes salariales y estatutarios, y el control político de los órganos de gobierno del Poder Judicial.
   Las propuestas desgranadas en el manifiesto contemplan el estudio de los recursos que procedan contra las medidas adoptadas y su ejecución en cuanto son discriminatorias por la deducción salarial de los Jueces y Fiscales, así como en lo relativo al régimen de coberturas de licencias por incapacidad o el establecimiento de forma inmediata por las asociaciones judiciales de un sistema de baremación de la carga de trabajo, instando a la misma para que a la mayor brevedad establezca un catálogo de enfermedades profesionales aplicables tanto a la Carrera Judicial y Fiscal.
   Aboga, asimismo, por que las asociaciones de fiscales promueva la creación de una comisión nacional de seguridad y salud integrada en la Fiscalía General del Estado (FGR) y por que se inicie la coordinación con otros cuerpos de la administración pública para la adopción de medidas de protesta de forma conjunta.
   Plantea como medida inmediata llamar a los jueces y fiscales a actuar con prudencia en el desempeño de sus funciones no asumiendo aquellas que excedan de la jornada ordinaria de trabajo y exige del Ministerio de Justicia que de forma inmediata paralice cualquier reforma legislativa y reciba conjuntamente a las asociaciones judiciales y fiscales a fin de participarle de primera mano el malestar actual de la Carrera Judicial.

La reforma educativa quita a las CCAA capacidad de decisión

MADRID.- El Consejo de Ministros aprobó hoy viernes el primer borrador que detalla la reforma de la ley educativa con la que el Gobierno del Partido Popular quiere reducir la elevada tasa de abandono y fracaso escolar y mejorar el rendimiento de los estudiantes españoles, y para conseguirlo exigirá una mínima calidad en todas las Comunidades Autónomas.

En concreto, el Ministerio de Educación aumentará en un 10% su capacidad de decisión sobre los contenidos de las materias comunes en todo el Estado, un giro criticado el País Vasco y Cataluña por "retrógrado y recentralizador" en un nuevo frente de batalla con el Gobierno central.
"El (Gobierno) pasará a fijar los contenidos comunes necesarios para la adquisición de las competencias básicas, que requerirán el 65% de los horarios escolares en comunidades autónomas que tengan lengua cooficial y el 75% para las que no la tengan", dijo el Gobierno en las referencias del Consejo de Ministros.
Actualmente la LOE, vigente desde 2006, establece unos contenidos comunes mínimos del 55% y 65%, respectivamente.
"No es una recentralizacion, es simplemente una serie de disposiciones que se orientan a dar mayor equidad (...) Hay un mayor margen a la diferencia e incluso una competivividad sana entre las Comunidades Autónomas en el plano educativo", dijo el ministro de Educación, José Ignacio Wert, en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial.
El ministro calificó la actual situación de los contenidos escolares de "dispersión inmanejable".
El anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la séptima reforma de la democracia que afecta a todos los niveles a excepción del universitario, introducirá exámenes nacionales unificados (reválidas): dos en Primaria - en 3º y 6º pero sin efectos académicos -, uno al terminar la ESO y otro al final del Bachillerato, que sí deberán aprobarse para obtener el título.
Además se suprime la Selectividad y se refuerza las horas de clase en las materias de matemáticas, lengua, ciencias e inglés.
Wert afirmó que con esta reforma se trata de que los alumnos españoles puedan competir "con el chico o la chica que está estudiando en Singapur, Estados Unidos o Letonia".
"No es una reforma ideológica", dijo.
El Gobierno busca poner remedio a las debilidades del sistema educativo español que se refleja en un fracaso escolar del 26,4 por ciento - el doble que la media europea -; un desempleo juvenil del 52 por ciento, y un 23,6 por ciento de "ni-nis", jóvenes de entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan.
"Los dos principales objetivos de la reforma son fortalecer la formación integral de los ciudadanos y conseguir un sistema educativo que sea una plataforma para lograr un empleo. Es decir, conectar las aulas con el empleo", dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.
Las autoridades españoles también justifican la necesidad de reforma en el gran desfase que existe actualmente entre el gasto público por alumno - un 21% más que en los países de la OCDE y la UE, según datos del "Panorama de la educación en España 2012" realizado por la OCDE - y la falta de resultados académicos que arrojan evaluaciones internaciones como PISA, que en su informe 2009 situó a España 12 puntos por debajo de la media de la OCDE y ocupa el puesto 18 entre los 25 países evaluados de la Unión Europea.
Uno de los objetivos de la reforma es mejorar en 16 puntos los resultados de PISA, lo que situaría a España por encima de países como Francia, Reino Unido e Italia, y la igualaría con Alemania, dijo el Ministerio.
El texto articulado, que inicia ahora su tramitación por los distintos órganos y consejos consultivos, establece un adelanto en la elección de los alumnos hacia la Formación Profesional desde 3º de la ESO, creando un nuevo ciclo de FP dentro de la enseñanza obligatoria (FP Básica).
En la Formación Profesional de Grado Medio se incluirán materias instrumentales adaptadas al campo o sector profesional correspondiente y, mediante asignaturas optativas, se facilitará la continuidad a la de Grado Superior.
A los centros escolares se les otorgará un mayor grado de autonomía para diseñar e implantar métodos pedagógicos propios, con capacidad para contratar y determinar la retribución del personal docente, entre otros.
Finalmente, la nueva norma permitirá la concertación con centros de educación diferenciada por sexos, siempre que cumplan con los requisitos relativos a la lucha contra la discriminación, dijo el Gobierno.
La nueva reforma de la Educación llega después de que el Gobierno anunciase en mayo recortes por importe de 3.000 millones de euros en el sector, que incluyen desde el aumento del número de alumnos por aula a la reducción de personal docente o la subida de la matrícula universitaria.
El inicio del curso en la Universidad vivió hoy algunas protestas de profesores y alumnos por la subida de tasas y los recortes en campus de Valencia, Murcia y Cáceres, siguiendo la estela de manifestaciones en toda la enseñanza ante un otoño que se prevé caliente en el sector.

Colectivos sociales lamentan nuevos derribos de chabolas en el asentamiento ejidense de 'Tierras de Almería'

ALMERÍA.- La Plataforma por los Derechos y Justicia Social de Almería ha lamentado la demolición de tres nuevas infraviviendas en el asentamiento del paraje de 'Tierras de Almería', lo que eleva a más de una veintena el número de derribos ejecutados en el último mes y ha vuelto a reclamar una solución a los desalojos y al chabolismo.

   Así lo ha indicado a los periodistas uno de los portavoces del colectivo, Rafael Lorente, quien ha advertido de que las viviendas no se encuentran abandonadas por sus moradores, tal y como sostiene la administración estatal y local. "Están siendo derribadas mientras que sus propietarios están trabajando o en otros municipios como temporeros", ha asegurado.
   Lorente ha asegurado que la situación que están viviendo los afectados, en su mayoría ciudadanos extranjeros en situación irregular, es "trágica" ya que, a las condiciones de precariedad en las que viven, "se añade ahora que no saben si cuando lleguen a las diez de la noche de trabajar se van a encontrar sin casa".
   El Ayuntamiento de El Ejido ejecutó a principios de septiembre las órdenes de derribo que pesaba sobre varias viviendas del asentamiento del paraje 'Tierras de Almería' y en las que vivían diez personas. La Plataforma sostiene que la misma amenaza se cierne sobre otro centenar de inmigrantes aunque estas estarían paralizadas gracias a la interposición de recursos de reposición al acuerdo de junta de gobierno que daba vía libre a esta actuación.
   Cabe recordar que la Policía Local con fecha 21 de agosto emplazó a los habitantes del asentamiento ubicado junto a la carretera que une Almerimar y el municipio de La Mojonera, en su mayoría en situación irregular, a que abandonasen el enclave antes del pasado día 1 o a que presentase recurso de reposición en un periodo de 30 días como finalmente ha sucedido.
   El acuerdo por vía de urgencia de la junta de gobierno local ejidense de fecha 16 de agosto señala que la zona de la Carretera del Alcor acoge un asentamiento de chabolas construidas en torno a una balsa de riego y que se observan "embolsamientos de agua en terreno, conducciones de goma en mal estado y gran cantidad de basuras acumuladas en el tiempo".
   La resolución hace alusión, asimismo, a un informe que describe que los alojamientos son "de pequeñas dimensiones, elaboradas en sus cerramientos y cubiertas con restos de madera, telas de sombreo", por lo que concluye que procede su demolición en virtud de su apariencia de "una situación de ruina".
   En este punto, se refiere al Plan Integral de Erradicación del Chabolismo y a la ley que regula el derecho a la vivienda en Andalucía, y subraya que el asentamiento carece de todo tipo de instalaciones "tanto eléctricas como de fontanería y saneamiento, presentando una situación de auténtica insalubridad y falta de habitabilidad", por lo que, según añade, procede el "urgente previo desalojo de los moradores y la demolición para evitar riesgos personales innecesarios".
   Tras un encuentro con la Plataforma el pasado día 13, el subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, abogó por abrir una "vía de colaboración" con la Junta de Andalucía y con los ayuntamientos para estudiar la posibilidad de realojar a las personas que residen en asentamientos chabolistas a través de las agencias de fomento del alquiler como una "alternativa interesante" en aras de "dar una solución" a las infraviviendas.
   Por su parte, la Junta de Andalucía trasladó cinco días después que iba cursar una petición formal tanto a la Subdelegación del Gobierno central como a ayuntamientos almerienses de Níjar, Roquetas de Mar, El Ejido y Vícar para celebrar una reunión en la que abordar de forma "conjunta" una "respuesta coordinada" a la existencia de asentamientos chabolistas, según indicó la delegada del Gobierno andaluz, Sonia Ferrer tras otra reunión con el colectivo.

El juez aplaza el desahucio de la calle Remo tras las gestiones de la familia a través de la Junta

ALMERÍA.- El juez del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Almería ha aplazado el desahucio previsto para este viernes en la calle Remo nº 6 de Almería tras las gestiones realizadas por la familia afectada a través de la Junta de Andalucía, después de que la semana pasada mantuvieran una reunión con la delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Almería, Encarna Caparrós. 

   Según ha explicado a los medios el afectado por esta situación, Sebastián González, desde la Administración se instó a requerir información sobre la entidad a la que pasaría la posesión de la vivienda y las condiciones de dicho trámite, de forma que tras comprobar la documentación, se detectaron una serie de "anomalías" por lo que se ha requerido más documentación, lo que, finalmente, ha llevado a la paralización del desahucio.
   Por su parte, desde la Consejería de Fomento y Vivienda se ha concretado que se ha dirigido al juzgado un escrito con una "serie de consideraciones" a tenor del proceso que afecta a la vivienda en respuesta a la solicitud efectuada por la familia, que se halla en "emergencia social", según el estudio del caso.
   La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), miembros del 15M y vecinos del barrio de Pescadería se han congregado desde primera hora de la mañana para impedir la entrada de los agentes judiciales quienes, a causa de las gestiones, finalmente no han aparecido. En este sentido, cabe destacar la ausencia de un dispositivo policial en la zona que sí estuvo presente en marzo de este año cuando se consiguió paralizar por primera vez el desahucio.
   González, que vive con su mujer y uno de sus hijos en el inmueble, lleva tres años sin poder afrontar los costes de la hipoteca que pesa sobre la vivienda, valorada en el momento de su adquisición en 126.000 euros. En este sentido, la situación de desempleo de los miembros de la familia ha imposibilitado, según ellos, el pago de las letras durante los últimos tres años.
   "Cobro 426 euros al mes y la letra es de más de 700 euros", ha lamentado el afectado, quien ha indicado que los intereses devengados superan los 37.000 euros. Igualmente, ha acusado la imposibilidad de negociar con la entidad crediticia ya que "se lo ha cedido a Fondo de Titulación de Activo, que es una agencia".
   La familia González evita por segunda una vez el desahucio de su vivienda después de enfrentarse a un primer aviso en marzo, momento en el que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se movilizó para impedir el desalojo y conseguir un aplazamiento que permita a los afectados mejorar y hacer frente a su situación.

Naranjo dice que la Ley de Memoria Democrática dará "más competencias" a la Junta para abordar exhumaciones

ALMERÍA.- El director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo, ha indicado este viernes que la futura Ley de Memoria Democrática establecerá un nuevo marco de actuaciones entre las que se desarrollará un protocolo de actuación que dará "más competencias" a la Administración andaluza para "personarse de forma directa en los procesos de exhumación" ante las autoridades judiciales, ya que hasta el momento, su presencia es "excepcional" y deja la iniciativa a familiares de víctimas, asociaciones memorialistas y a Ayuntamientos. 

   En declaraciones a los periodistas tras mantener una reunión con las asociaciones de memoria histórica de Almería, Naranjo ha matizado que la presencia judicial "es una reivindicación largamente perseguida", si bien ha reconocido que las actuaciones de los juzgados territoriales, "competentes" para ordenar las exhumaciones, han contemplado hasta ahora el archivo en los casos de más de 50 años de antigüedad al entender que los delitos han prescrito.
   No obstante, ha insistido en la necesidad de hacer de la denuncia ante un juzgado un "trámite obligado para cualquier proceso exhumatorio", cuestión que recogerá la próxima ley en materia de memoria histórica, prevista para dentro de unos diez meses. En este sentido, ha señalado que la Junta tratará de ir "más allá" para que la Dirección General de Memoria Democrática "se persone de oficio en los procesos de exhumación y que un funcionario de la Junta o municipal levante un acta que tenga carácter de prueba documental para el futuro".
   Preguntado expresamente por el caso de los restos del poeta granadino Federico García Lorca y la búsqueda de sus restos mortales, Naranjo ha explicado que la Administración andaluza carece de una "iniciativa específica" ni se está "propiciando una actuación concreta", sino que se está "escuchando a las partes" desde la perspectiva de todos los posibles asesinados que pueden encontrarse en la misma fosa.
   "Dentro de eso haremos lo posible para que el barranco de Víznar deje de ser una incógnita", ha puntualizado Naranjo antes de aclarar que, en cualquier caso, no existe ningún planteamiento de evitar nuevas búsquedas ni de realizar estudios preliminares.

La bases del PSOE apuestan por Madina como próximo candidato a presidente del Gobierno

MADRID.- Las bases del PSOE han dejado claras sus preferencias acerca del candidato que debe encabezar las listas del partido en las próximas elecciones generales. Y ese no es otro que Eduardo Madina. El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso cuenta con el respaldo del 21% de los encuestados y detrás de él se sitúan, con un 20%, Carme Chacón y Tomás Gómez y con un 18% Patxi López, según se desprende del II Barómetro de Bases. 

De esta segunda encuesta, realizada a 1162 militantes sin responsabilidades destacadas del Partido Socialista Obrero Español, también cabe destacar que entre los miembros de la Ejecutiva Federal mejor valorados también se sitúan el propio Eduardo Madina y el lehendakari Patxi López. Mientras que entre los peor valorados se encuentran el secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, la vicesecretaria general, Elena Valenciano, o el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky.
El lehendakari Patxi López, el presidente de Asturias, Javier Fernández, el de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, todos ellos secretarios generales de sus respectivas federaciones, así como el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, son los secretarios regionales que reciben mayor apoyo entre los encuestados. 
Siete meses después del 38º Congreso Federal del partido, celebrado en Sevilla, y según revela el sondeo, las bases del PSOE no han modificado sustancialmente su percepción sobre el partido, del que reclaman más democracia interna y mayor participación en la toma de decisiones. Precisamente, con respecto al cónclave del que resultó elegido Alfredo Pérez Rubalcaba como líder de los socialistas, la mayoría de los encuestados están en desacuerdo tanto con el resultado de la elección, como con el posicionamiento ideológico que se adoptó y las conclusiones para reformar la democracia interna. 
Los militantes de base también se muestran muy distanciados con la labor que actualmente desempeña la Comisión Ejecutiva Federal, ya que consideran que debería reducir su tamaño y ven poco acertadas y poco democráticas sus decisiones. Y creen que en esta se encuentran poco representadas las distintas sensibilidades del partido y se tiene poco en cuenta el sentimiento de las bases.
Hasta un 55% de los encuestados tachan de malo o muy malo el funcionamiento de la Ejecutiva y del resto de órganos del partido tan solo salen bien paradas las fundaciones (Pablo Iglesias, Jaime Vera, IDEAS, Ramón Rubial y Sistema, en ese orden). Todas las estructuras de la dirección suspenden; la Comisión Ejecutiva Federal recibe una media de 2,3 y el Comité Federal un 2,4. Las mejor valoradas son las agrupaciones, en las que las bases suelen desarrollar su militancia, que reciben una media de 2,6.
Pero sin duda, las bases muestran un especial rechazo hacia la actual labor de oposición que está ejerciendo el partido en el Parlamento al Gobierno de Mariano Rajoy. Un 78% de los preguntados la consideran mala o muy mala, y sólo un 7% buena o muy buena. Lo mismo ocurre con la comunicación mediática del partido, que es suspendida por el 81%. Y también observan que el partido se halla poco cohesionado y alejado de los sentimientos de los ciudadanos.
Por eso, los participantes en el sondeo reclaman una mayor presencia del PSOE en las movilizaciones ciudadanas, le piden que incluso realice convocatorias propias y un 66% considera que no están defendiendo debidamente los intereses de los ciudadanos. Pero además, los militantes no consideran que esta situación vaya a mejorar de aquí a un año.
También existe una destacada diferencia de criterios respecto a las formas de acceso a los puestos de responsabilidad del partido, cargos públicos y candidaturas. Los encuestados reclaman que los cargos del partido se designen por el voto directo de los militantes y no por delegados. Reclaman mayores mecanismos de transparencia dentro del partido, que los cargos orgánicos y públicos sean incompatibles y mayor participación de las bases, que observan que su trabajo es poco reconocido e infravalorado.

jueves, 20 de septiembre de 2012

Según Jordi Pujol, “el andaluz vive en la ignorancia y la miseria mental”

BARCELONA.- Jordi Pujol afirma que "el hombre andaluz (...) es un hombre poco hecho (...) que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual" y que "constituye la muestra de menor valor social y espiritual de España", recuerda www.elplural.com

Este es un texto de Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat, que ha vuelto a la actualidad medio siglo después. En concreto se trata de un extracto de un libro suyo sobre inmigración.
El pasaje forma parte del libro La inmigración, problema y esperanza de Cataluña que fue publicado de forma clandestina durante la dictadura, en el año 1958, para después ser reeditado en 1976. Desde entonces, el pasaje ha sido resucitado en varias ocasiones generando polémicas en su reedición y 20 años después, en 1997, durante el Gobierno de Aznar. Ahora, con motivo de la ofensiva independentista las redes sociales han ayudado a propagarlo otra vez.

El texto viene a decir lo siguiente:
El hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico. Es un hombre destruido (…) es, generalmente, un hombre poco hecho, un hombre que hace cientos de años que pasa hambre y vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Es un hombre desarraigado, incapaz de tener un sentido poco amplio de comunidad. A menudo da pruebas de una excelente madera humana, pero de entrada constituye la muestra de menor valor social y espiritual de España. Ya lo he dicho antes: es un hombre destruido y anárquico. Si por la fuerza del número llegase a dominar, sin haber superado su propia perplejidad, destruiría Cataluña. E introduciría su mentalidad anárquica y pobrísima, es decir, su falta de mentalidad.
Con su salida de la clandestinidad, en 1976,  el texto de Jordi Pujol alcanzó mucha popularidad y amenazó a sus aspiraciones electorales y las de CiU con la llegada de la democracia. Entonces, el político catalán salió al paso de la polémica con dos iniciativas. La primera fue ir a Sevilla con motivo de la reedición de su obra para pedir disculpas públicas. La segunda consistió en publicar dos artículos consecutivos en el diario El País en marzo de 1997 con idéntico título que el de su texto “La inmigración, problema y esperanza de Cataluña”.
Artículos en El País
En dichos artículos (que pueden leerse aquí y aquí) Pujol establece un “diálogo catalano-andaluz” en el que explica su visión de la inmigración a Cataluña, un fenómeno protagonizado en gran medida por andaluces (ahí están la Feria de Abril de Barcelona o José Montilla, expresidente catalán nacido en Andalucía). “Si de algo no se me podrá tachar es de oportunismo, de haber empezado a hablar de estos temas sólo ahora, coincidiendo, sospechosamente, con la proximidad de las elecciones”, se defendía Pujol en las páginas de El País y recalcaba que “catalán es todo hombre que vive y trabaja en Cataluña”.
Resurgir en Puerto Real
El asunto fue olvidado hasta 1997, cuando José María Aznar se sentaba en La Moncloa con el apoyo de CiU pero sus seguidores seguían gritando aquello de “Pujol enano, habla castellano”. Entonces no había redes sociales y el proceso fue el siguiente: un ciudadano catalán envió una carta al Diario de Cádiz donde hablaba del texto; unos alumnos de 14 años de un colegio de Puerto Real lo denunciaron en su ayuntamiento, donde gobernaba el PP en coalición y la bola fue creciendo más y más hasta llegar a las páginas de ABC.
El párrafo maldito
En aquel entonces, Jordi Pujol ya estaba cansado de la polémica, intermitente “porque de vez en cuando alguien vuelve a encontrar el párrafo”, afirmaba en las páginas de ABC. Ahora, el párrafo ha sido encontrado otra vez y las redes sociales han ayudado a difundirlo mucho más rápido y ampliamente que en ocasiones anteriores, ayudado por la polémica independentista y por las recurrentes descalificaciones de políticos como José Antonio Duran i Lleida contra los andaluces.
Mensajes a Pedro J.
Por ejemplo, un usuario de Twitter, Alfonso Peña Román, le hacía llegar ayer el texto al director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, en la citada red social con el siguiente mensaje: “Lean lo de la foto por favor es absolutamente indignante así no se construye una nación señor”. La respuesta de Pedro J. no se hizo esperar: “Ya no lo dicen pero lo piensan”. ¿Volverá a tener que pedir perdón Jordi Pujol?

El Ayuntamiento de Almería declara desierto el concurso del mercado provisional al no formalizarse la única oferta

ALMERÍA.- El Ayuntamiento de Almería, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha declara desierto el concurso para la concesión demanial del uso de las instalaciones del Mercado Provisional, situado en Carretera de Ronda después de que la única oferta presentada a cargo de Perea Inversiones 2019 no se haya formalizado en tiempo y forma.

   La mesa de contratación al examinar el requerimiento formulado a la única oferta presentada durante el plazo de licitación no haya resuelto en tiempo y forma esta obligación, establecida de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que rigen este concurso.
   Según indica el Consistorio, la mesa de contratación no ha llegado a considerar los siguientes pasos administrativos de este concurso, los relativos a la apertura de la documentación en la que se recogen tanto la propuesta de explotación y uso de las instalaciones como la oferta económica respecto al canon mínimo establecido, cifrado para esta concesión en 162.000 euros anuales.
   Una vez sea declarado desierto el concurso, la intención del equipo de gobierno es la de iniciar un nuevo procedimiento, según ha adelantado el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería, Pablo Venzal, quien se ha mostrado "convencido" de las posibilidades que albergan estas instalaciones "para el desarrollo de actividad comercial o cualquier otro uso dotacional, como está previsto en el PGOU".
   Ha señalado que, además de generar actividad económica, la concesión de estas instalaciones tienen por objeto garantizar a las arcas municipales la obtención de nuevos ingresos.
   Sobre las condiciones del nuevo procedimiento para la licitación del Mercado Provisional situado en el Polígono San Isidro, en la carretera de Ronda, Venzal ha señalado que no será mediante procedimiento negociado sino que se mantendrá la fórmula de concurso, "estudiando con los técnicos municipales las condiciones del nuevo pliego". Para la concesión de este espacio se había estipulado un periodo máximo 50 años y un canon mínimo mensual de 13.500 euros.

miércoles, 19 de septiembre de 2012

El Fiscal Superior andaluz alerta sobre "importante déficit" en el control de los fondos públicos

SEVILLA.- El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha alertado sobre el "importante déficit" en el control administrativo previo de los fondos públicos, un "déficit" que, según ha dicho, se extiende igualmente a los órganos de fiscalización y control externo.  

   García Calderón, que ha presentado en el Parlamento andaluz la memoria de su departamento correspondiente al pasado año 2011, ha dicho a los periodistas que, de manera progresiva hasta hacerse especialmente constatable el pasado año, "han aparecido formas delictivas muy graves vinculadas con el manejo de fondos públicos".
   Así, ha detallado que la Fiscalía "ha tenido el deber de trasladar a los juzgados en distintas provincias investigaciones que afectan a distintos aspectos de la función pública", investigaciones en las que "apreciamos la necesidad de establecer controles administrativos más rigurosos, porque la falta de control provoca que, en ocasiones, puedan existir conductas delictivas que tienen que ser erradicadas en una situación como la actual, con una crisis económica creciente".
   Al hilo de ello, García Calderón ha señalado a los medios de comunicación que estas investigaciones afectan tanto a las subvenciones otorgadas por la Consejería de Empleo y, en concreto, el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, como a aquellos fondos públicos "que tenían que destinarse a combatir el desempleo o a fortalecer el tejido empresarial", aunque "también hay otras partidas presupuestarias en las que se han iniciado investigaciones".
   "Hay un déficit importante en el control administrativo previo y en la existencia de órganos de fiscalización y de control externo, que deben de existir, no han existido y han llevado a este fenómeno, pero confiamos en que en el futuro se puedan corregir", ha aseverado el fiscal superior antes de su intervención en la comisión de Justicia e Interior.
   Asimismo, y desde el punto de vista cualitativo, ha explicado que, "hace años, las formas de corrupción se centraban en la administración local y estaban relacionadas con el urbanismo", pero no obstante "ha habido un cambio de tendencia", apareciendo "nuevas formas de corrupción que se vinculan con la gestión de fondos públicos debido a la escasez de control previo".
   Ya en la comisión parlamentaria, García Calderón ha tachado de "muy preocupante" la aparición de nuevas formas de criminalidad y ha dicho que los controles de intervención internos y externos "tienen que ser fortalecidos e intensificados" de cara a "evitar la aparición de nuevos fenómenos de corrupción".
   Además, ha aseverado que, en relación a las formas de corrupción pública, el esclarecimiento del hecho delictivo debe ir dirigido a coger a los culpables y, en paralelo, "a recuperar esas cantidades de dinero que han sido sustraídas de manera ilícita a todos los ciudadanos y que deben volver al lugar del que nunca debieron salir".
   También ha llamado la atención sobre otro fenómeno criminal "de gran importancia", como es el tráfico de seres humanos, que "es casi un fenómeno endémico" y que "no es estático, sino que se va modificando".
 "Es una forma de crimen organizado muy desarrollada y que rinde grandes beneficios, que afecta también al menor", por lo que, a su juicio, "requiere de una cooperación institucional y transfronteriza".

Andalucía podría perder ya en 2014 la mayor parte de ayudas de la Unión Europea

BRUSELAS.- Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha podrían perder a partir de 2014 la mayor parte de ayudas regionales que reciben de la Unión Europea, según se desprende de la última propuesta de compromiso sobre el presupuesto de la UE para los próximos siete años que ha publicado este miércoles la presidencia chipriota.

   Chipre quiere alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto del periodo 2014-2020 en la cumbre extraordinaria del 22 y 23 de noviembre, de forma que la Eurocámara lo ratifique antes de fin de año. Los presidentes de la Comisión, José Manuel Durao Barroso; el Consejo, Herman Van Rompuy; el Parlamento, Martin Schulz; y el presidente de Chipre, Demetris Christofias se han reunido este miércoles y han dicho que "movilizarán todos los esfuerzos necesarios" para lograr este objetivo.
   Tras haber escuchado las opiniones de todos los Estados miembros, la presidencia sostiene que será "inevitable" aplicar recortes a la propuesta inicial de la Comisión, que preveía un gasto de la UE durante el periodo 2014-2020 de 971.000 millones de euros, un 5% más que en las actuales perspectivas financieras.
   Uno de los capítulos a los que más podría afectar el recorte es el de la política regional, según han defendido los países contribuyentes netos, como Reino Unido, Holanda o incluso Francia, que quieren concentrar las subvenciones únicamente en las regiones más pobres, cuyo nivel de riqueza es inferior al 75 por cient de la media de la UE.
   Para España, el Ejecutivo comunitario había propuesto que Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia, que ya superan este umbral, conserven hasta dos tercios de las ayudas actuales. Las tres comunidades estarían en una nueva categoría de "regiones en transición", que incluye a las que tienen un PIB per cápita de entre el 75 por ciento y el 90 por ciento de la media de la UE.
   También Murcia quedaría catalogada como "región en transición" (su PIB está en el 85 por ciento de la media), aunque recibiría menos subvenciones que las otras tres comunidades autónomas porque ya en el actual periodo dejó de ser objetivo prioritario de la política regional al superar el 75 por ciento. Por su parte, Extremadura mantendrá las subvenciones del actual periodo 2007-2013 por encontrarse todavía por debajo del umbral del 75 por ciento.
   Sin embargo, la propuesta de la presidencia chipriota cuestiona incluso que haya ayudas específicas para las regiones en transición. De hecho, todas las referencias a esta nueva categoría en el documento de negociación aparecen entre corchetes, lo que significa que no hay acuerdo entre los Estados miembros para reconocer sus problemas particulares.
   En cambio, sí que figura en el compromiso que seguirá habiendo ayudas para las regiones menos desarrolladas, con un PIB por debajo del umbral del 75 por ciento, aunque todavía no se ponen cifras.
   Alrededor de una quincena de países, entre los que está España y la mayor parte de los nuevos Estados miembros del centro y el este de Europa ya han hecho frente común para oponerse a los recortes en política de cohesión, según fuentes europeas. España está también, junto con Francia, entre los países que rechazan reducir el presupuesto de la política agrícola común, pero aceptaría ajustes en el resto de partidas, según las fuentes consultadas.
   El documento de negociación, que será debatido el próximo lunes por los ministros de Asuntos Europeos de los 27, recoge la propuesta de la Comisión de congelar en el futuro las ayudas europeas a los países con déficit excesivo que no apliquen las recomendaciones de la UE para corregir la situación.

El El PP critica que la Junta "mienta" sobre su situación financiera

SEVILLA.- El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Carlos Rojas, ha criticado que la Junta "calle y mienta" sobre su situación financiera, mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy muestra su voluntad "firme y total" de ayudar económicamente a la Comunidad andaluza, tal y como, según ha apuntado, ha dejado patente el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su última intervención en el Pleno del Congreso.

   En rueda de prensa, Rojas ha criticado que la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ocultara "deliberadamente" en el Pleno del Parlamento, en el que compareció la semana pasada para informar sobre la situación de déficit, el hecho de que la Junta emitiera bonos de deuda durante el pasado mes de agosto por valor de 2.600 millones, según publica 'ABC'.
   El dirigente 'popular', que ha considerado que "no es de recibo" que la consejera de Hacienda no informara sobre este asunto, se ha preguntado por qué el Gobierno andaluz "oculta" las cifras de déficit y por qué no actúa con la misma lealtad que sí lo está haciendo el Gobierno del PP, frente "al doble discurso" realizado por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán.
   "La prioridad para el Gobierno central es que llegue el dinero a Andalucía, pero que se gaste bien", ha destacado Rojas, quien ha pedido al Gobierno andaluz que informe sobre la cifra que va a solicitar al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), un fondo que, según ha apuntado, tiene unos criterios "objetivos, transparentes e iguales" para todas las comunidades autonómicas.
   De otro lado, el portavoz del Grupo Popular ha anunciado que su formación va a demandar en el Pleno del Parlamento que el Gobierno andaluz se ponga "a gobernar". En su opinión, Andalucía necesita un presidente "que mire al Sur y no solo más allá de Despeñaperros para agitar la confrontación y que deje de mirar a su ombligo".
   Rojas ha demandado al presidente de la Junta que explique dónde se ha gastado el dinero que recibió del Plan de Pago a Proveedores, ya que, según ha destacado, existe aún pendiente una deuda de más de 800 millones con el sector de la construcción, "una deuda gravísima que está poniendo en jaque miles de puestos de trabajo en Andalucía".
   Tras demandar a Griñán que busque cómo pagar "de manera inmediata" dicha cuantía, el portavoz 'popular' ha lamentado también los niveles de morosidad que tiene la Junta en estos momentos y la "parálisis absoluta" en la Consejería de Fomento y Vivienda, cuya titular, Elena Cortés, ha dado "cerrojazo" a las grandes obras.

La Fiscalía General del Estado rechaza el despido de Galera por dar prevalencia absoluta a la libertad religiosa sobre la personal

ALMERÍA.- La Fiscalía General del Estado (FGE) indica en la memoria de 2011 que la decisión por la que el Obispado de Almería no propuso a Resurrección Galera para impartir clases de Religión en el curso escolar 2001-02 se basa en un criterio de índole moral y religiosa que no puede primar sobre su derecho a "elegir de manera libre a la persona con la que desea contraer matrimonio", ya que supondría otorgar a la libertad religiosa "prevalencia absoluta" sobre la libertad personal. 

   "Entenderlo de otro modo conduciría a la inaceptable consecuencia, desde la perspectiva constitucional, de que la persona se vea obligada a elegir entre renunciar a su derecho a contraer matrimonio con la persona elegida, o asumir el riesgo de perder su trabajo, aún en el caso de guardar reserva sobre su situación personal", subraya al analizar la doctrina de la Fiscalía ante el TC en el pasado ejercicio.
   Cabe recordar que Galera, a la que el Tribunal Constitucional (TC) concedió amparo en una resolución que derivó en una sentencia de despido nulo dictada en abril por el Juzgado de lo Social nº 3 de Almería, ha interpuesto este miércoles una segunda demanda contra Obispado tras recibir un burofax en el que se le comunica su "no llamamiento" para el presente curso escolar.
   La memoria señala, al abordar el "controvertido tema" de la contratación laboral de los profesores de Religión Católica en centros escolares públicos, que la facultad reconocida a las autoridades eclesiásticas para determinar quiénes han de ser las personas cualificadas para la enseñanza de su credo religioso "puede ser objeto de control por parte de órganos judiciales del Estado" en aras de determinar si se adecuan a la legalidad.
   Remarca que, en estos casos, deben "operar las exigencias inexcusables de indemnidad del orden constitucional de valores y principios". Añade, en esta línea, que la razón por la que el Obispado de Almería no propuso a Galera fue "haber tenido conocimiento" de que contrajo matrimonio civil con una persona divorciada, lo que "no guarda relación" con la actividad docente desempeñada por ella ni con sus aptitudes pedagógicas.
   "Entiende el Obispado que la decisión de contraer matrimonio en forma civil puede afectar al ejemplo y testimonio personal de vida cristiana, un criterio que no puede prevalecer, por si mismo, sobre sus derechos fundamentales", apunta para, a continuación, recordar que no se le imputó que hubiese incurrido en la "más mínima desviación de los contenidos de la materia establecidos por la Iglesia Católica, ni que cuestionase como docente la doctrina eclesial sobre el matrimonio ni hubiera hecho exhibición pública de su condición".
   La Fiscalía concluye que, lo contrario, supondría otorgar a la libertad religiosa "una prevalencia absoluta sobre la libertad personal", lo que --añade-- ya rechazó el Tribunal Constitucional en una sentencia dictada en 2007. Precisamente a esta sentencia alude el Obispado de Almería en el recurso de amparo que interpuso en febrero al entender que se pronuncia en sentido contrario al caso de Galera en un supuesto similar.
   Así, para el Obispado es "enteramente constitucional el hecho de que no pueda impartir religión y moral católicas quien no profesa voluntariamente los dogmas de esta fe religiosa" y considera que la docente, "en el más respetable ejercicio de su libertad", al elegir contraer matrimonio civil con un hombre divorciado, se colocó "ella misma y por su sola voluntad, en objetiva situación de inidoneidad sobrevenida para dar lecciones de moral católica que incluye una concepción muy determinada del matrimonio".

El PP señala de "grave error" que la Junta oferte formación profesional en centros segregados sin especificarlo

ALMERÍA.-   La parlamentaria andaluza del PP de Almería Aránzazu Martín ha señalado este miércoles el "grave error" que, a su juicio, la Junta de Andalucía ha cometido al ofertar un ciclo formativo de Jardinería y Floristería en un centro educativo concertado masculino sin advertir de esta última condición, lo que ha impedido a una mujer cursar dichos estudios este curso, pese a lo que ha solicitado un "esfuerzo" al colegio para "admitirla". 

   En declaraciones a los periodistas, la diputada autonómica 'popular' ha manifestado que ha mantenido una entrevista con la afectada, quien ha criticado el caso de "discriminación" en el que se ve envuelta y con el que está dispuesta a llegar "hasta las últimas consecuencias", según ha trasladado Martín.
   "En ningún momento se le dijo que fuera educación segregada o diferenciada", ha advertido Martín, quien ha manifestado también que se trata del único centro de la provincia que ofrece esta modalidad de estudios.
   En este sentido, ha considerado también que el problema se podría haber evitado si "se hubiera puesto ya en marcha el ciclo de familias agrarias que se ha pedido para El Ejido y que se aprobó en el Parlamento de Andalucía", ya que la titulación estaría ofertada en un segundo centro.
   La diputada, quien trasladará el caso a la consejera de Educación, Mar Moreno, para conocer la opinión sobre el caso, ha resaltado el "error grave" de la Delegación de Educación al ofertar esta titulación "sin decir que era un centro de educación segregada", pese a lo que se ha mostrado a favor de la "libertad" de las familias a la hora de elegir un centro según sus características a la hora de recibir formación.
   Desde la Administración andaluza se ha señalado que ya la decisión de no renovar los conciertos que mantienen los centros que segregen a sus alumnos por sexo a partir del próximo curso académico, con lo que durante este año "no se puede obligar al centro" a que admita a la mujer.  
   La titular provincial de Educación ha indicado que los conciertos ya están aprobados para el presente curso, de forma que se revisarán de cara al periodo 2013/2014 bajo las nuevas condiciones anunciadas por el Gobierno andaluz, según las previsiones iniciales. En este sentido, ha lamentado que este curso no es posible "obligar" al centro a admitir a la mujer.