sábado, 4 de febrero de 2012

Lo que el BOE esconde / Rosa María Artal

No sería más que la mentira diaria del PP, si no fuera tan grave. La vicepresidenta y portavoz no lo contó, naturalmente, pero en el Consejo de Ministros del viernes el gobierno aprobó una ayuda de 103.000 millones de euros a las entidades financieras. “Estos avales no suponen una salida inmediata de fondos, pero sí un aumento astronómico del capítulo correspondiente a pasivos financieros (endeudamiento)”, asegura la Plataforma por una vivienda digna que ha expurgado a fondo el BOE donde se reseñan los acuerdos del viernes. Esta relevante partida aparece nada menos que en la disposición final decimoséptima, casi de tapadillo (como también revela el silencio al respecto de Soraya Sáenz de Santamaría).

Mantienen, además, los 92.543.560.000 de euros que aprobó el gobierno del PSOE para garantizar las obligaciones económicas exigibles a la sociedad denominada ‘‘Facilidad Europea de Estabilización Financiera’’.

Añaden otra partida de 3.000.000.000 de euros para los avales destinados a garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de activos.

En total, ponen a disposición de las entidades financieras 196.043.560.000 euros para 2012.

A causa del abultado déficit público (debido a la deuda de las Comunidades Autónomas fundamentalmente y recordemos que pese a la sorpresa manifestada por el PP de ese “país en ruina”, este desmemoriado partido las regenta actualmente casi todas), se han practicado también durísimos ajustes a la población.

La subida del IRPF decretada por el PP nos sitúa ya como el tercer país con los impuestos a las rentas del trabajo más altos, cuando nuestros sueldos son los penúltimos de la UE15, solo por encima de Portugal. Las rentas altas seguirán sin pagar dado que apenas declaran sus ingresos reales y  no se persigue apenas el fraude fiscal, ni ha hablado nada el PP de que esa política vaya a cambiar. El expresidente de Lehman Brothers España y hoy ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos, declaraba esta mañana en la SER que por el impuesto de sociedades “se recauda muy poco”, así que no lo van a tocar, y que “hablar de SICAVs es demagogia barata”, o sea que tampoco.  Pues son un montón de ellas y tributan al 1%.  Más aún, De Guindos anuncia “una agenda reformista muy agresiva”, sin “llorar por la leche derramada”. 

Las ayudas a la Iglesia Católica tampoco se tocan. Reciben medio millón de euros diarios. El jugoso BOE del 31/12/2011 dice también que el Estado entregará, mensualmente, a la Iglesia católica 13.266.216,12 euros”.

 Para pagar a los bancos y mantener los privilegios de las clases adineradas por tanto, se producen graves recortes sociales y alzas de impuestos. Y se merma en capítulos fundamentales como la dependencia, la investigación, o la televisión pública, que parece tener sus días contados.

El BOE escondía algún acuerdo más, que igualmente olvidaron mencionar los cuatro ministros: la compra de gases y artificios lacrimógenos por valor de un millón de euros.  El anuncio de licitación apareció el 15 de Junio, un mes después del 15M, a iniciativa del PSOE según se ve claramente. El PP lo ha mantenido. Parece más imprescindible este gasto que subvencionar el transporte público a los jubilados, también suprimido en algunas comunidades autónomas. La “agendas reformistas muy agresivas” es lo que tienen, que igual no gustan y quien manda, manda, aunque no sea sino representante de la soberanía popular. Representante. 

Como en Farenheit 451 atrapad en vuestra memoria datos, declaraciones e imágenes. La UE se dispone a borrar la memoria de Internet.

Que el futuro sea como lo planean o como demanda la justicia y la equidad, depende solo de nosotros #felizañonuestro

viernes, 3 de febrero de 2012

El alcalde de Carboneras anuncia recurso y dice estar "cogido de pies y manos" por la Junta en El Algarrobico

CARBONERAS.- El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar), ha asegurado este viernes que el Ayuntamiento está "cogido de pies y manos" por la "Justicia y la Junta de Andalucía" en su actuación con respecto al paraje de El Algarrobico y ha subrayado que la adaptación a de las Normas Subsidiarias (NNSS) a la legislación autonómica, por la que se mantiene para el sector la calificación de urbanizable, contó "con el beneplácito" de la Junta.

   Hernández ha anunciado, asimismo, la interposición de un recurso de reposición contra la providencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que requiere tanto al Consistorio como a la Junta andaluza para que adopten medidas encaminadas a "restablecer" el nivel de protección del que gozaba El Algarrobico en el año 1994 como "espacio protegido no urbanizable" en el plazo de diez días.
   En este sentido, ha considerado que "ha quedado al descubierto" el Gobierno andaluz ya que la resolución del Alto Tribunal andaluz deriva de la sentencia por la que el Tribunal Supremo (TS) suspendió provisionalmente y de forma parcial el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar aprobado por la Junta en 2008.
   El fallo ratificó uno previo del TSJA en el que se señalaba que el nivel de protección dado a la zona en este plan como "núcleo habitado existente o zona transformada" dejaba la puerta abierta a la rehabilitación de inmuebles con uso turístico y, por tanto, "uso efectivo" del hotel de Azata del Sol con "efecto devastador" medioambiental.
   Al hilo de esto, el regidor ha señalado que "corresponde" a la Junta "tomar las decisiones" y ha subrayado que los "controles urbanísticos" debía haberse "efectuado con anterioridad" a la construcción del inmueble de una veintena de plazas y 411 habitaciones, "que no se hizo de hoy para mañana".
   Tras remarcar que el Ayuntamiento apuesta por la "apertura" del hotel y que un juez de lo contencioso-administrativo rechazó hace dos meses ejecutar provisionalmente la sentencia que declaró nula la licencia de obras y proceder a su derribo al considerar que podría causarse "daños irreparables" a la promotora, ha abogado por alcanzar una "solución consensuada" a un conflicto que "puede prolongarse seis años más, con fallos judiciales distintos cada dos meses".

La Junta "dará cumplida respuesta" al TSJA y aportará medidas previstas para proteger el Algarrobico

ALMERÍA.- La Junta de Andalucía "dará cumplida respuesta" y aportará al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) toda la información solicitada sobre las actuaciones contempladas por la Consejería de Medio Ambiente para proteger la zona en la que se ubica el hotel Algarrobico, en el término municipal de Carboneras, después de que el Alto Tribunal andaluz haya dictado una providencia en la que emplaza al Ayuntamiento de Carboneras y a la Administración autonómica a que adopte antes de diez días medidas para "reestablecer" el paraje de El Algarrobico al nivel de protección del que gozaba en 1994 como "espacio protegido no urbanizable". El ultimátum, notificado el día 26, expira en cinco días. 

   Según ha señalado la Consejería de Medio Ambiente en una nota, la Junta dará "cumplida respuesta a la solicitud del TSJA en el plazo solicitado, que finaliza el próximo 10 de febrero, mediante la comunicación de todas aquellas actuaciones que la Administración andaluza ha llevado a cabo con el objetivo de devolver la zona a su estado original".
   En este sentido, la Junta de Andalucía recuerda que a finales del año pasado rubricó con el entonces denominado Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino un protocolo de colaboración para proceder a la demolición y a la posterior recuperación de la playa de El Algarrobico, una vez se produzca un pronunciamiento judicial favorable y firme, protocolo según el cual, el objetivo de ambas administraciones es el de colaborar para lograr en el futuro la demolición del hotel y la restauración de la zona.
   Por otro lado, la Consejería de Medio Ambiente ha reiterado su voluntad de recuperar ambientalmente la zona en la que se ubica el hotel Algarrobico, en el término municipal de Carboneras, una vez se haya procedido a su demolición.
   "Este indiscutible compromiso, no obstante, parte del necesario respeto a un procedimiento que permita alcanzar este objetivo con la totalidad de las garantías jurídicas", ha resaltado.
   La resolución del Alto Tribunal andaluz insta a ambas administraciones a dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que suspendió provisionalmente y de forma parcial el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar aprobado por la Junta de Andalucía en 2008, según ha informado la organización Greenpeace.
   Esta ratificaba un fallo previo del TSJA que adoptó esta medida al estimar que el nivel de protección dado a la zona como "núcleo habitado existente o zona transformada" dejaba la puerta abierta a la rehabilitación de inmuebles con uso turístico y, por tanto, "uso efectivo" del hotel de Azata del Sol con "efecto devastador" medioambiental.
   La providencia, dictada el día 24, se dicta en atención a un escrito presentado por Greenpeace tanto ante el Supremo como ante el TSJA en el que informaba a ambos órganos de que tanto la Consejería andaluza de Medio Ambiente como el Ayuntamiento carbonero estaban "incumpliendo" ambos pronunciamientos judiciales.
   En respuesta, el Alto Tribunal andaluz requiere a la Junta y al Consistorio para que, en el plazo de diez días, acrediten a la sala de los Contencioso-administrativo la adopción de medidas "para restablecer al espacio 'El Algarrobico' el nivel de protección que tenía aprobado en el PORN de 1994 como espacio protegido no urbanizable". 
Contra ella cabe la interposición de recurso de reposición.

La Embajada de EEUU cree que es "temprano" para hablar de una solución en Palomares

MADRID.- La Embajada de EEUU ha afirmado que aún es "temprano" para hablar de que se haya alcanzado una "solución" sobre qué hacer con la tierra contaminada de plutonio que permanece en Palomares (Almería), donde cayeron cuatro bombas nucleares cuando dos aviones de la Fuerza Aérea norteamericana chocaron en el aire en 1966. 

   El portavoz de la legación, Jeffrey Galvin, ha indicado hoy que la limpieza de la zona --aproximadamente unas 40 hectáreas-- "sigue siendo un tema de discusión" entre las autoridades norteamericanas y las españolas, pero también dentro de la propia Administración de Barack Obama.
   Galvin se expresaba así tras el anuncio hecho este viernes por el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, quien en rueda de prensa ha asegurado haber obtenido "garantías" de que EEUU "retirará con rapidez la tierra contaminada", si bien no ha detallado de quién en concreto proceden esas garantías.
   El portavoz de la Embajada ha añadido que hoy por hoy siguen siendo válidas las declaraciones que la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, efectúo sobre el tema en su última visita a Madrid, en julio pasado, tras reunirse con su colega española por aquel entonces, Trinidad Jiménez.
   Clinton no se comprometió expresamente con la limpieza de Palomares, pero aseguró que la Administración Obama se estaba "tomando muy en serio" el asunto, consciente de la "sensibilidad" que el tema despierta en España, y señaló que el Departamento estadounidense de Energía seguía colaborando con expertos en busca de una solución "cooperativa".
   El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) siempre ha sostenido que la descontaminación radioactiva de Palomares pende de la "decisión política" que tome el Gobierno de EEUU sobre si considera que tiene la "obligación internacional de retirar una contaminación que ellos han vertido".
   España quiere que EEUU acepte llevarse los residuos --quedan aproximadamente 40 hectáreas afectadas-- ya que nuestro país carece de infraestructuras para almacenarlos o enterrarlos.
   García-Margallo se entrevistará este sábado con Clinton en Munich, donde ambos asistirán a la Conferencia de Seguridad que anualmente acoge esta ciudad.

El fiscal de Nueva York demanda a varios bancos de EEUU por fraude

NUEVA YORK.- El fiscal general de Nueva York, Eric T. Schneiderman, ha presentado una demanda contra varios de los mayores bancos del país, a los que acusa de proporcionar información "falsa y engañosa" para llevar a cabo ejecuciones hipotecarias "fraudulentas", según informó en un comunicado. 

   En concreto, Schneiderman menciona en su demanda a JPMorgan Chase Bank, Bank of America y Wells Fargo Bank, así como a Merscorp y sui subsidiaria Mortgage Electronic Registration Systems.
   El fiscal señala que la creación del uso de un sistema de registro electrónico de hipotecas privadas nacionales, conocido como MERS, se ha traducido en una amplia serie de ejecuciones hipotecarias "fradulentas y engañosas", perjudicando a los propietarios y socavando la integridad del proceso judicial de ejecuciones.
   La demanda afirma que los empleados y agentes de Bank of America, J.P. Morgan Chase y Wells Fargo, que actuaron como "agentes certificados por el MERS", presentaron en repetidas ocasiones documentos en los juzgados que contenían información falsa y engañosa que hacían parecer que existía permiso para el embargo cuando no era así.
   Schneiderman apunta que los bancos crearon el sistema MERS en 1995 con el fin de ser un sistema de registro de la propiedad que facilitará una rápida titulización y venta de hipoteas. Sin embargo, luego presentaron demandas de ejecución hipotecaria "en masa" basadas en información fraudulentwa y engañosa, que buscaba echar de sus casas a la gente "con poro respecto a los requisitos legales básicos".

EEUU retirará la tierra contaminada de Palomares

MADRID.- El Gobierno español ha recibido "garantías" de que EEUU "retirará con rapidez la tierra contaminada" con plutonio que permanece en Palomares (Almería), ha avanzado este viernes en rueda de prensa el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo.

   Margallo se reunirá mañana en Munich con su colega estadounidense, Hillary Clinton, aunque el jefe de la diplomacia española ya ha tenido ocasión de entrevistarse con el embajador de EEUU en España, Alan Solomont.
   El ministro ha realizado el anuncio cuando enumeraba los asuntos que tiene previsto abordar mañana con Clinton, pero no ha aportado más detalles sobre el compromiso adoptado por los norteamericanos.
   En su última visita a Madrid en julio pasado, Clinton no se comprometió con la limpieza de Palomares, donde cayeron cuatro bombas nucleares cuando dos aviones de la Fuerza Aérea norteamericana chocaron en el aire en 1966.
   En rueda de prensa conjunta con la entonces jefa de la diplomacia española, Trinidad Jiménez, Clinton aseguró que la Administración de Barack Obama se estaba "tomando muy en serio" esta cuestión, conscientes de la "sensibilidad" que el tema despierta en España.
   No obstante, se limitó a indicar que la colaboración entre el Departamento estadounidense de Energía con expertos españoles continuaba con el fin de encontrar una solución "cooperativa".
   El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) siempre ha sostenido que la descontaminación radioactiva de Palomares pendía de la "decisión política" que tome el Gobierno de EEUU sobre si considera que tiene la "obligación internacional de retirar una contaminación que ellos han vertido".
   España quiere que EEUU acepte llevarse los residuos --quedan aproximadamente 40 hectáreas afectadas-- ya que nuestro país carece de infraestructuras para almacenarlos o enterrarlos.

La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios abre delegación en Andalucía

MADRID.- La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles ha anunciado que creará 17 delegaciones, una por cada una de las comunidades autónomas, tras la apertura de una oficina en Andalucía, bajo el nombre de ARHOE Andalucía, según informa la entidad.

   El objetivo de esta expansión es, por un lado incrementar la actividad de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles --en el caso de Andalucía, celebrando conferencias, talleres, mesas redondas, presentación de libros o jornadas-- y, por otro, difundir y comunicar todas las iniciativas y propuestas de la Comisión Nacional.
   En ARHOE Andalucía estarán representadas todas las provincias andaluzas, por lo que se elegirá un coordinador por provincia. Además habrá un coordinador general que será la persona encargada de gestionar y canalizar toda la actividad de ARHOE Andalucía, así como de informar periódicamente de todo lo acontecido en la Comisión Nacional. Para desempeñar este cargo se ha nombrado a Belén González Dorao, de Cádiz, miembro del Consejo Nacional de los Horarios Españoles.
   En palabras del presidente de la Comisión Nacional, Ignacio Buqueras, "era necesario crear una Delegación de ARHOE en Andalucía para llegar a todos los ciudadanos de la comunidad de una manera más directa y cercana". "Con la proximidad de las elecciones autonómicas de Andalucía, queremos concienciar a los andaluces de la necesidad de una buena gestión del tiempo, una racionalización de los horarios y una conciliación de todas las facetas de nuestra vida", ha añadido.

El TSJA exige que restablezcan como no urbanizable el Algarrobico

ALMERÍA.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una providencia en la que emplaza al Ayuntamiento de Carboneras y a la Junta de Andalucía a que adopten antes de diez días medidas para "restablecer" el paraje de El Algarrobico al nivel de protección del que gozaba en 1994 como "espacio protegido no urbanizable". El ultimátum expira en tres días. 

   La resolución del Alto Tribunal andaluz insta a ambas administraciones a dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que suspendió provisionalmente y de forma parcial el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar aprobado por la Junta de Andalucía en 2008.
   Esta ratificaba un fallo previo del TSJA que adoptó esta medida al estimar que el nivel de protección dado a la zona como "núcleo habitado existente o zona transformada" dejaba la puerta abierta a la rehabilitación de inmuebles con uso turístico y, por tanto, "uso efectivo" del hotel de Azata del Sol con "efecto devastador" medioambiental.
   En el caso del Ayuntamiento, se trata del segundo apercibimiento ya que el Alto Tribunal andaluz acordó prohibir en agosto de 2010 al exalcalde de Carboneras, el socialista Cristóbal Fernández, que acometiese actuaciones urbanísticas en el paraje después la corporación local hubiese aprobado un año antes la adaptación de sus Normas Subsidiarias (NNSS) a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en la que mantenía la calificación de urbanizable para El Algarrobico.

El Gobierno limita a 300.000 euros el sueldo en entidades intervenidas

MADRID.- El Gobierno ha limitado a 600.000 euros el sueldo de la cúpula en las entidades que han recibido ayudas públicas y a 300.000 euros en las que han sido intervenidas por el Estado, anunció el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

   El Ejecutivo ha establecido un techo a las remuneraciones de las entidades que han recibido ayudas públicas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España, ya sea a través de créditos al 7,75%, que aún no han sido devueltos en su totalidad, o de capital.
   Han recibido apoyo público a través de créditos ('FROB 1') Bankia, Banca Cívica, Unicaja Caja Duero-España, y Banco Mare Nostrum (BMN) con el fin de llevar a cabo su integración, mientras que han sido nacionalizadas con capital público ('FROB 2') por problemas de solvencia Novacaixagalicia, Catalunya Caixa, Unnim y Banco de Valencia.
   En el caso de las entidades con créditos públicos, queda suspendida la retribución variable y en un plazo de tres años se valorará si se han cumplido determinados objetivos de negocio de cara a restituirla, en su caso. Los derechos de pensión deberán incluirse en el tope de emolumentos establecido.
   Así, la alta dirección registrará un descenso de la retribución de entre el 67% y el 65% con respecto a la prevista para el presente ejercicio, mientras que los consejeros no ejecutivos de estas entidades podrán recibir una remuneración máxima de 100.000 euros por todos los conceptos.
   En el caso de las entidades intervenidas, el personal de alta dirección registrará una reducción sobre la retribución media del 76% en el caso de los presidentes, y del 66% en el de los consejeros. El Gobierno ha eliminado para estos directivos tanto la retribución variable como los beneficios de pensiones en este ejercicio.
   Estas medidas se enmarcan en la reforma financiera que, entre otras medidas, exige una provisión adicional a la banca por importe de 50.000 millones de euros para sanear sus balances ante el deterioro de sus activos inmobiliarios.
   Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se fijan estas limitaciones de sueldo en las entidades que han recibido aportaciones de dinero público "del mismo modo que se fijan límites a las remuneraciones para casos donde el sector público tiene actividad".
   De Guindos sostuvo que el Ejecutivo ha tomado esta decisión tras recibir el informe del Banco de España sobre dichas remuneraciones y a la luz de la situación económica tanto a escala internacional como en España, e incidió en que el techo máximo establecido a los emolumentos es "razonable".
   El informe del organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez ponía de manifiesto que el grado de seguimiento de las recomendaciones de retribución contenido en el decreto del FROB por parte de las entidades era "medio o bajo".
   De Guindos subrayó que el Banco de España era responsable de la vigilancia de esta directiva y que cuando las remuneraciones de los directivos no son compatibles con la base de capital el instituto emisor está facultado para limitar el total de emolumentos.
   Se trata de una decisión que en este contexto "parece lógica", que se ha adoptado "sin demagogia pero con responsabilidad", según de Guindos, quien reconoció que es una medida que se aplica de cara al futuro, ya que "no se puede hacer nada" ante las retribuciones devengadas con anterioridad.
   El Gobierno está convencido de que "su misión no es fijar los sueldos del sector privado", pero tanto el Ejecutivo como el Banco de España consideran adecuado que las entidades de crédito que han recibido respaldo público garanticen el cumplimiento de los objetivos para los que se concedió éste, y sirvan de ejemplo a la sociedad en un momento de dificultad, argumentó el ministro.

jueves, 2 de febrero de 2012

Más de 470.000 almerienses podrán votar en las elecciones autonómicas del 25 de marzo

SEVILLA.- Más de 6,4 millones de andaluces, 176.050 de ellos residentes en el extranjero, podrán ejercer el derecho al voto en las elecciones autonómicas del próximo 25 de marzo, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En concreto, 6.404.623 ciudadanos --6.228.573 de ellos residentes en la comunidad-- están llamados a las urnas el 25M en Andalucía, de los que 368.103 podrán participar por primera vez en unas elecciones autonómicas por haber cumplido 18 años desde la anterior votación al Parlamento andaluz, celebrada el 9 de marzo de 2008.
   Como es tradicional, la provincia de Sevilla es la que cuenta con mayor número de electores, en concreto, 1.510.262 (de los que 1.486.591 residen en la comunidad y 23.671 se encuentran en el extranjero), seguida de Málaga, con 1.510.262 (1.084.410 y 35.828, respectivamente).
   Por debajo del millón de electores se sitúan Cádiz, con 982.765 (961.892 y 20.873); Granada, con 736.655 (700.221 y 36.434); Córdoba, con 653.201 (638.738 y 14.463); Jaén, con 537.274 (527.678 y 9.596); Almería, con 471.186 (441.437 y 29.749), y Huelva, con un total de 393.042 (387.606 en el país y 5.436 en el extranjero).
   Estos datos sitúan a Granada como la provincia andaluza con más electores residentes en el extranjero, con un total de 36.434, seguida de Málaga, con 35.828; Almería, con 29.749; Sevilla, con 23.671; Cádiz, con 20.873; Córdoba, con 14.463; Jaén, con 9.596, y Huelva, con 5.436.
   Los electores residentes en el extranjero que deseen votar deberán solicitar su voto a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral correspondiente a su inscripción, hasta el 25 de febrero, en el impreso oficial remitido por esa Oficina a sus direcciones postales de residencia en el extranjero.
   El censo electoral se podrá consultar del 6 al 13 de febrero en los ayuntamientos y en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral. Los electores residentes en el extranjero podrán comprobar sus datos de inscripción en estas mismas fechas en los distintos consulados.
   Los electores pueden presentar reclamaciones a sus datos de inscripción en los ayuntamientos, consulados o en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral, en el mismo plazo, del 6 al 13 de febrero.
   La Oficina del Censo Electoral remitirá a cada elector residente en Andalucía una tarjeta censal con la información de la mesa y el local electoral donde le corresponde votar, a partir del día 27 de febrero.

El alcalde de Carboneras denuncia la falta de compromiso de los ecologistas

CARBONERAS.- El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar), ha lamentado la "ausencia de última hora" de los colectivos Ecologistas en Acción y Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar a la cumbre para abordar el futuro del hotel de Azata del Sol en El Algarrobico, que, según ha subrayado, se mantiene para este sábado, y la ha atribuido a una "falta de compromiso".

   "Pese a haber reiterado personalmente su intención de asistir en diversas ocasiones a miembros de la Corporación Local, las asociaciones ecologistas se han desmarcado de la convocatoria, a pocos días del encuentro", ha trasladado en un comunicado, en el primer edil que pone en cuestión los argumentos esgrimidos por estas para rehusar la invitación.
   Hernández ha rechazado que el Ayuntamiento no esté dando cumplimiento a las resoluciones judiciales y ha indicado que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ordena retrotraer el nivel de protección del paraje a la clasificación de "no urbanizable" de la que gozaba en el año 1994 "no hace referencia a la restitución de los terrenos, como pretenden hacer ver los grupos ecologistas".
   Según ha destacado, el fallo que ratifica uno previo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) alude "a la reiteración en las medidas cautelares de mantener la suspensión de la modificación de 1998 del Decreto sobre Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata, sobre el nivel de protección".
   El regidor, quien ha considerado la presencia de los colectivos ecologistas "necesarias absolutamente" para "llegar a un entendimiento" entre las partes implicadas en el conflicto en torno a el hotel de El Algarrobico, ha confirmado que la reunión, a las 11,00 horas, se mantiene con la presencia de Azata del Sol, empresa constructora del complejo, el presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Carboneras, el PSOE de Carboneras y el Grupo de Desarrollo Sostenible 'Levante Almería' (Proder).
   Ha reiterado que la cita tiene como fin que todos los agentes involucrados en este asunto "se conozcan y puedan poner en común" los distintos puntos de vista para llegar arrojar algo de "luz" sobre el problema desde un "escrupuloso cumplimiento" de las resoluciones de los tribunales, ha ahondado. Tras el encuentro está previsto realizar una visita al hotel.
   "La intención del nuevo equipo de Gobierno es convertir la casa de los carboneros en una mesa de diálogo y de propuestas, con el objeto de poder progresar, frente a la situación de permanente enfrentamiento judicial que tiene la zona en que se ubica la construcción del hotel, reunir las distintas sensibilidades, y avanzar más allá de la conflictividad de los tribunales, pretendiendo acercar las posturas de los actores", ha manifestado.

La banca española debe sanear sus cuentas con 50.000 millones contra resultados en un año

MADRID.- La banca española deberá sanear sus cuentas por el 'ladrillo' por importe de 50.000 millones de euros que detraerá de los resultados en un único año, aunque las entidades que participen en procesos de fusión contarán con unas condiciones más flexibles, ya que podrán detraer estos recursos del capital y durante un proceso de dos ejercicios, según anunció hoy el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien insistió en que no se emplearán recursos públicos.

   La reforma financiera establece que las provisiones para cubrir eventuales pérdidas en activos inmobiliarios problemáticos se elevarán hasta el 80% en el caso del suelo, porcentaje que contrasta con el 31% actual. En el caso de las promociones en curso, subirán del 27% al 65%, y en el caso de la promoción terminada y de la vivienda, se elevarán del 25% al 35%.
   Por otro lado, la banca deberá constituir una provisión genérica del 7% en los créditos inmobiliarios saneados, aquellos que no registran incidencias de pago, como fórmula preventiva ante posibles deterioros futuros. Todos estos saneamientos se realizarán sobre el valor en libros de los activos inmobiliarios y la fecha límite para realizarlos será el 31 de diciembre de 2012, especificó el ministro.
   "Estas elevadas cifras de aprovisionamiento contrastan con lo que teníamos anteriormente y ayudarán a descargar de activos inmobiliarios a la banca española y eso va a ser muy bueno", enfatizó De Guindos, quien vaticinó un descenso del precio de la vivienda con la aplicación de la reforma. Las entidades "dejarán de hacer de inmobiliarias y se centrarán en captar pasivo y dar crédito", apostilló.
   De Guindos desveló estos detalles sobre la reforma financiera que aprobará previsiblemente mañana el Consejo de Ministros, para sanear los balances de los bancos por su exposición al sector inmobiliario, con el fin de despejar las desconfianza de los inversores, reactivar el flujo del crédito y crear empleo.
   En cuanto a las entidades que opten por la vía de las fusiones, contarán con dos ejercicios para acometer estas provisiones y podrán hacerlo contra patrimonio, aunque deberán presentar un plan de viabilidad y medidas de gobierno corporativo al Ejecutivo, que deberá dar 'luz verde' tras informe del Banco de España, así como asumir compromisos de ampliación en la concesión de crédito.
   De Guindos explicó que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) podrá contribuir al saneamiento de dichas entidades en proceso de fusión a través de la compra de bonos contingentes convertibles (cocos), para lo que el Tesoro ampliará el capital de este organismo dependiente del Banco de España en 15.000 millones. Según sus cálculos, esta emisión podría elevar la deuda pública en cuatro décimas, pero no tendrá impacto alguno sobre el déficit público.
   El ministro de Economía y Competitividad explicó que los denominados 'cocos' son títulos de renta fija que en determinadas situaciones se pueden convertir en renta variable y que se utilizarán para inyectar recursos en las entidades que emprendan procesos de fusión.
   De Guindos insistió en que este respaldo no se puede considerar dinero público, porque estos instrumentos híbridos se emitirán a precios de mercado, por lo que las entidades beneficiarías deberán hacer frente a intereses de mercado, actualmente en torno al 8%.
   Asimismo, recalcó que estas exigencias para ajustar los activos inmobiliarios a precios de mercado "son perfectamente asumibles por el sector", al tiempo que se facilitarán los requerimientos para las entidades que opten por las integraciones, lo que redundará en la eficiencia y solvencia del sistema financiero español, y por tanto, en el conjunto de ciudadanos.
   El ministro de Economía eludió vaticinar cuántas entidades quedarán al final del proceso porque se trata de algo que "depende de ellas mismas" e incidió en que el Ejecutivo no se inmiscuirá en dichos procesos, aunque los supervisará. "Lo que se pretende en última instancia es tener un sistema bancario con entidades mas sólidas, más saneadas y con mucho mejor gobierno corporativo", enfatizó.
   También prefirió no especificar qué tamaño es el idóneo para una entidad. "Aquí no hay cifras mágicas, buscamos entidades más grandes, más eficientes y con mejor gobierno corporativo. Pero puede haber unas de 300.000 millones de euros de balance que no sean eficientes y otras de 100.000 millones que sí", ilustró.
   El Gobierno va a poner muchísima atención en el plan de saneamiento con el fin de que se genere un entorno de competencia suficiente en el que operen entidades saneadas y con capacidad de competir, explicó. "Ahora hoy algunas entidades que no tienen capacidad de competir", recalcó el ministro de Economía.

Proyectos de fusión, antes de junio

Las entidades financieras que decidan fusionarse deberán presentar un plan de viabilidad económica y medidas de gobierno corporativo antes del próximo 30 de mayo, al tiempo que el Gobierno les exigirá compromisos para ampliar o "al menos" mantener la concesión de crédito hacia la economía.
   Así lo anunció el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en rueda de prensa para adelantar el decreto ley que prevé aprobar el Consejo de Ministros este viernes. El ministro justificó este plazo en el objetivo de posibilitar una integración "rápida y eficiente".
   De Guindos admitió por ello que los procesos de concentración se deberán culminar en plazos "extremadamente" reducidos. Una vez que las entidades presenten al Gobierno sus proyectos de fusión, el Ministerio de Economía tendrá un mes para dar su luz verde.
   El titular de Economía avanzó que la integración de entidades finalizará el próximo 1 de enero de 2013. Como medida para incentivar las fusiones, el Ejecutivo permitirá que las entidades objeto de fusión acometan los saneamientos exigidos durante dos ejercicios, y no hacerlo en un año como el resto del sector. Y además estas entidades podrán ejecutar el saneamiento contra patrimonio y no sólo contra resultados.
   Ahora bien, De Guindos aclaró que las integraciones tendrán que elevar los balances un 20%, aunque en algunos casos podrán ser un 10%, y descartó que se realicen a través de las fórmulas de fusiones frías (SIP). "Deberán ser a través de fórmulas societarias", explicó.
   Si las fusiones necesitan ayudas, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) facilitará financiación articulada a través de bonos convertibles contingentes, los conocidos vulgarmente como 'cocos'.
   Para intentar afrontar la solicitud de 'cocos' y así completar fusiones, el Gobierno eleva la dotación patrimonial del FROB hasta 15.000 millones de euros, con lo que reforzará su capacidad de endeudamiento. "El Gobierno pondrá muchísima atención en los planes de saneamiento y en los gobiernos corporativos", garantizó.
   "La reforma pretende entidades viables y un saneamiento rápido", afirmó el ministro, quien enfatizó que esta reestructuración del sector financiero español se llevará a cabo "sin recursos públicos".
De Guindos aclaró que estas condiciones a las fusiones se harán extensibles también a los procesos iniciados desde el 1 de septiembre de 2011, por lo que el Banco Popular podrá acogerse a las mismas para absorber Pastor.
   Preguntado sobre el número de entidades idóneas, el ministro sentenció: "No hay cifras mágicas, buscamos entidades más eficientes y saneadas", y descartó que la reestructuración vaya a acabar en un oligopolio.
   "El número de entidades resultantes va a garantizar la competencia", afirmó, para después constatar una realidad: "Ahora hay entidades que no tienen capacidad de competir. El número de entidades no garantiza la competencia".
   Con todo, De Guidos se mostró seguro de que estas medidas de saneamiento fortalecerán el sistema financiero español en las actuales circunstancias. "Es un paso importante", sostuvo.

Empeora el 'rating' de Andalucía en la calificación de Fitch

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha rebajado la nota a doce gobiernos regionales y locales españoles y a tres empresas públicas como consecuencia de su decisión de recortar la calificación de España en dos escalones, desde 'AA-' a 'A' con perspectiva 'negativa', según informó la compañía en un comunicado. 

   Entre las comunidades autónomas, la agencia ha rebajado en dos escalones la calificación de Madrid, desde 'AA-' a 'A', y en un escalón los ratings de Andalucía, Asturias, Canarias y Cantabria, de 'A+' a 'A'. La perspectiva de todos estos ratings es 'negativa'.
   Asimismo, también ha recortado en dos escalones la calificación de las ciudades de Barcelona, Madrid, Pamplona y Vigo, desde 'AA-' a 'A', situando todos ellos en perspectiva 'negativa'.
   Fitch destaca que está rebaja generalizada de las calificaciones también supone la aplicación de los criterios de la agencia, según los cuales los ratings de gobiernos regionales o locales no pueden ser superiores a los de los países a los que pertenecen, salvo "circunstancias excepcionales".
   Entre esas excepciones se encuentran Alava, Vizcaya y Guipuzcoa, cuya calificación ha pasado desde 'AA+' a 'AA' con perspectiva 'negativa'. Asimismo, ha confirmado el rating 'AA' de la ciudad de San Sebastián, aunque ha cambiado su perspectiva a negativa.
   Por otro lado, Fitch ha decidido mantener en revisión para una posible rebaja, pendiente de información adicional sobre su liquidez y sus necesidades de financiación, los ratings 'BBB+' de Castilla-La Mancha, 'A-' de Cataluña y 'A' de Murcia.
   Por otra parte, la agencia también ha retirado el proceso de revisión en el que se encontraban varias entidades del sector público dependientes del Ejecutivo nacional, el cual se ha saldado con la rebaja de los ratings de la SEPI y el FROB, desde 'AA-' a 'A', y de Pequeños y Medianos Astilleros (Pymar), desde 'A-' a 'BBB'.

La inmigración irregular a España por vía marítima se incrementó un 50% en 2011

MADRID.- La inmigración clandestina a España por vía marítima se incrementó un 49,8 por ciento el año pasado, cuando 5.443 personas alcanzaron las costas frente a las 3.632 que lo hicieron en 2010, según el Balance de la Lucha contra la Inmigración Ilegal 2011 presentado este jueves por el secretario de Estado de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa. 

   Interior, que tilda el incremento de "ligero repunte", explica que la tendencia de llegada de inmigrantes en pateras y cayucos "sigue en descenso", ya que en comparación con las cifras de 2006, cuando arribaron 39.180 personas, el año pasado fueron 33.737 menos.
   De los 5.443 extranjeros en situación irregular localizados en 2011 en embarcaciones clandestinas, 340 llegaron a Canarias, frente a los 196 del año 2010, y un total de 5.103 arribaron en la Península, cuando un año antes se contaron 3.436.
   En cuanto a Ceuta y Melilla, en 2011 se registraron 3.345 entradas irregulares, "fundamentalmente de personas que intentaban acceder a nado, ocultos en vehículos o medios de transporte o bien vulnerando el perímetro fronterizo", según explica la Secretaría de Estado. Esta cifra supone un aumento del 53,1 por ciento respecto de 2010, con 1.778 personas más.
   El balance arroja asimismo, que durante el año pasado el Estado repatrió a 30.792 personas a sus países de origen, un 2,08 por ciento más que en 2010. De ellas, a 11.092 personas se les impidió cruzar las fronteras españolas en puertos y aeropuertos, lo que supone un aumento del 17,3 por ciento respecto de 2010.
   Asimismo, 1.278 fueron interceptadas tras cruzar las fronteras por Francia o Portugal y devueltas al país del que salían (readmisión), un 34,76 por ciento menos que en el año anterior. En cuanto a los sorprendidos cuando intentaban entrar a España por puestos no habilitados como fronteras, la caída fue del 3,19 por ciento respecto de 2010, hasta 7.064 personas, según los mismos datos.
   En cuanto a las expulsiones de personas sorprendidas cuando ya estaban dentro del país, se produjo un aumento del 11,2 por ciento en la cifra de expulsados con antecedentes, que sumaron 9.114, y cayó un 31,2 por ciento, según el balance oficial, la repatriación de personas sin delitos, con 2.244 expulsiones ejecutadas.
   La Secretaría de Estado destaca la "mejora en la eficacia de las expulsiones cualificadas" que en su opinión, arrojan estos datos, y la atribuye a la creación de la Brigada de Expulsión de Delincuentes Extranjeros del Cuerpo Nacional de Policía (BEDEX).

Andalucía supera el millón de parados registrados mientras Almería suma otro 4% más en enero

SEVILLA.- El número de parados registrados en el Instituto Nacional de Empleo (INEM) en Andalucía aumentó en enero en 39.050 personas, lo que supone un incremento del 4,03 por ciento, según los datos facilitados este jueves por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, que sitúan por encima del millón la cifra de desempleados en Andalucía.

   De esta forma, el número total de desempleados en la Comunidad se sitúa en 1.008.202 trabajadores. Asimismo, en términos interanuales, el paro aumentó en 77.581 personas, lo que representa un incremento del 8,34 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.
   A nivel nacional, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo INEM) se situó al finalizar enero en casi 4,6 millones de personas, tras subir en el mes en 177.470 desempleados, con un aumento porcentual del 4,01 por ciento respecto a diciembre.
   En concreto, el volumen total de parados alcanzó a cierre del pasado mes la cifra de 4.599.829 desempleados, su nivel más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 1996. En términos interanuales, el paro aumentó en enero en 368.826 personas, un 8,72 por ciento más.
   En Andalucía, por sectores, el paro registrado en Andalucía aumentó especialmente en el sector Servicios, con 24.638 desempleados más; en el Colectivo Sin Empleo Anterior, con 4.135 desempleados más; en la Construcción, con 4.743 desempleados más; en la Industria, con 2.814 parados más; y en la Agricultura, con 2.720 desempleados más.
   Por sexos, de los 1.008.202 desempleados registrados el pasado mes en Andalucía, la mayor parte fueron mujeres, con 512.902 desempleadas, mientras que 495.300 eran hombres.
   El desempleo registrado en el INEM aumentó en enero en todas las provincias andaluzas en relación con el mes anterior, especialmente en Jaén, donde el paro aumentó un nueve por ciento, con 4.365 parados más; Córdoba, con 4.539 parados más, un 5,55 por ciento más, y Almería, con 2.888 parados más, un cuatro por ciento más.
   En términos absolutos, el paro subió especialmente en Sevilla, con 8.075 parados más y un aumento del 3,55 por ciento; en Málaga, con 7.355 parados más y un incremento del 3,77 por ciento; y Cádiz, con 6.268 desempleados más, un 3,38 por ciento más que en el mes anterior.
   En el resto de provincias, el paro subió en Granada, con un incremento del 4,6 por ciento y 4.512 desempleados más; y en Huelva,
con un aumento del 1,73 por ciento y 1.048 parados más.
   En lo que respecta a la contratación, el número total de contratos registrados en enero de 2012 en Andalucía ascendió a 300.610, de los que 292.614 fueron contratos temporales, el 97,34 por ciento del total, y el resto, 7.996 fueron indefinidos, un 2,66 por ciento del total. 

   A continuación detallados los datos del paro por provincias con la variación total con respecto al mes anterior, el porcentual y el número global de parados: 

PROVINCIA /ENERO/ PORCENTAJE/ PARADOS
Almería...........2.888..........4,00...............75.131
Cádiz.............6.268..........3,38..............191.470
Córdoba...........4.539..........5,55...............86.320
Granada...........4.512..........4,60..............102.670
Huelva............1.048..........1,73...............61.587
Jaén..............4.365..........9,00...............52.864
Málaga............7.355..........3,77..............202.354
Sevilla...........8.075..........3,55..............235.806
==============================================================
TOTAL............39.050..........4,03............1.008.202

   A continuación detallados los datos del paro por provincias con la variación total con respecto al mismo mes del año anterior, el porcentual y el número global de parados: 

PROVINCIA/ ENERO /PORCENTAJE/ PARADOS
Almería............4.961.............7,07...............75.131
Cádiz.............11.603.............6,45..............191.470
Córdoba............7.285.............9,22...............86.320
Granada...........10.618............11,53..............102.670
Huelva.............4.104.............7,14...............61.587
Jaén...............6.384............13,73...............52.864
Málaga............12.853.............6,78..............202.354
Sevilla...........19.773.............9,15..............235.806
============================================================== TOTAL.............77.581.............8,34.............1.008.202

Jiménez dice que "nadie" les ha "preguntado nada" acerca de un posible apoyo a Chacón o Rubalcaba

ALMERÍA.- El concejal en el Ayuntamiento de Almería y cabeza de la lista alternativa que supone el 30 por ciento de 23 los delegados que acudirán al 38º Congreso Federal, Joaquín Jiménez, ha trasladado este jueves que ningún miembro de la Ejecutiva provincial "nos ha preguntado nada" y ha asegurado que en la "única" reunión mantenida "no se abordó" el respaldo a uno u otro candidato a la Secretaría General del PSOE.

   Jiménez ha declinado, no obstante, entrar a considerar el comunicado con el que el líder de los socialistas almerienses, José Luis Sánchez Teruel, avanzaba que una "amplía mayoría" de la delegación por esta circunscripción apoyaría a la exministra Carmen Chacón, aunque ha indicado que los delegados que él encabeza mantienen una "posición de neutralidad hasta escuchar a los dos candidatos".
   "Coincidimos con el secretario general del PSOE-A, José Antonio Griñán", ha subrayado al tiempo que ha calificado de decisión "a nivel personal" el posicionamiento del exconsejero andaluz Martín Soler a favor de Alfredo Pérez Rubalcaba, "que nada tiene que ver con este grupo de delegados", ha añadido. "Cada uno ejercerá su derecho a voto en absoluta libertad".
   Jiménez ha insistido en que en la "única" reunión celebrada con Sánchez Teruel previa a la celebración del cónclave federal de Sevilla "se habló de la organización del congreso y también de la representación de cada delegado en los grupos de trabajo de las ponencias" pero que "no se habló de los candidatos". 
"A mí nadie me ha preguntado nada y tampoco me consta que le hayan preguntado a otros", ha afirmado.
   Sánchez Teruel informó el miércoles de que había trasladado a Griñán que una "amplia mayoría" de la delegación almeriense le había transmitido su "apoyo" a la candidata Carme Chacón para ocupar la Secretaría General del partido tras conocer el sentir de la "mayor parte" de los miembros de la representación almeriense, compuesta por 23 personas, de las que siete se integraron procedentes de una lista alternativa liderada por Jiménez y en la que figuran, entre otros, Martín Soler y el exsecretario general del PSOE de Almería, Diego Asensio.

El Ayuntamiento de El Ejido expulsa al exinterventor municipal y presunto 'cerebro' del caso 'Poniente'

EL EJIDO.- El Ayuntamiento de El Ejido ha resuelto separar definitivamente del servicio al exinterventor municipal José Alemán, uno de los principales imputados en el caso 'Poniente', por "falta muy grave" después de que haya quedado "probado" que contabilizó "a sabiendas de que eran inexistentes" casi 43 millones de euros como derechos de cobro pendientes de pago en los presupuestos de la corporación de los años 2007 y 2008.

   Alemán, al que la instrucción que investiga una supuesta trama de corrupción municipal y empresarial en El Ejido achaca la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales, incurrió en una "notorio incumplimiento" de las funciones "inherentes al puesto de trabajo encomendadas", según se recoge en la conclusión del expediente administrativo de régimen disciplinario que fue incoado hace seis meses.
   Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del equipo de gobierno, José Francisco Rivera, el exinterventor imputó "a sabiendas de que no correspondía y de forma continuada" como ingresos y derechos a cobrar casi 43 millones de euros en los presupuestos de 2007 y de 2008. En concreto, la cuantía ascendió a 35,7 millones en el ejercicio de 2007 y de 7,2 en el de 2008, lo que, ha subrayado, ha causado "unos perjuicios muy importantes y ha abocado a la situación de asfixia que, actualmente, tiene la Tesorería".
   Rivera ha precisado que las cantidades "ficticias" tienen que ver con el aprovechamiento urbanístico de sectores del municipio. Los informes de los técnicos del Área urbanismo que se han incorporado al procedimiento administrativo demuestran --ha añadido-- que no había "ningún tipo de convenio de monitorización ni documento que acreditase que el Ayuntamiento tuviera derecho a percibir cantidad alguna de ningún crédito contra absolutamente nadie".
   La resolución de Alcaldía por la que se dictamina la separación del servicio de Alemán, fechada el pasado día 30 y de la que se dará en cuenta en la próxima sesión plenaria, se aviene a las conclusiones del expediente administrativo de régimen disciplinario, que recoge que la actuación del exinterventor, "continuada", está tipificada como falta muy grave por "notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo encomendadas".
   El edil de Hacienda ha indicado que la contabilización casi 43 millones de euros como derechos de cobro "inexistentes" ha "permitido" que el Consistorio estuviese acometiendo "gastos que tenían financiación pero que al final ha resultado irreales".
"Ha provocado que se acumule a la deuda ya de por sí bastante importante en el Consistorio en esos años", ha remarcado. La deuda de las arcas municipales ejidenses asciende a más de 222 millones de euros, más 97 millones de euros sólo con la empresa mixta de servicios municipales, Elsur, considerada "clave" por la instrucción en el caso 'Poniente'
   Un auto judicial ordenó el pasado mes de octubre dejar sin efecto de manera cautelar la suspensión provisional de funciones decretada por Alcaldía para Alemán al considerar que, de continuar en vigor hasta que se resolviese el expediente administrativo de régimen disciplinario, podría "implicar una daño profesional y personal de difícil reparación".
   Alemán está considerado el "cerebro" de la presunta trama de corrupción empresarial y política que investiga el denominado caso 'Poniente' que mantuvo encarcelado durante casi ocho meses al exregidor ejidense Juan Enciso (PAL) y al propio Alemán tras su detención en octubre de 2009 junto a otras 19 personas. Está en libertad tras abonar una fianza de 600.000 euros.
   Del sumario, instruido por el Juzgado número 2 de la capital, se desprende que las sociedades de los principales implicados facturaron de Elsur, considerada eje de la supuesta trama, con subcontrataciones en su mayoría "irregulares" alrededor de 93,3 millones de euros entre los años 2002 y 2007. Señala, asimismo, que los principales imputados constituían un "grupo criminal perfectamente organizado" que "detrajo" dinero de las arcas municipales a través de las citadas subcontrataciones con Elsur.

Ecologistas no irá a la cumbre de El Algarrobico

ALMERÍA.- Ecologistas en Acción y la Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar han comunicado este jueves que no acudirán a la cumbre para analizar el futuro del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras convocada para este sábado por el alcalde, el independiente Salvador Hernández (Gicar), al que sí confirmaron en primera instancia asistencia.

   Ambos colectivos, en la misma línea ya argumentada por Greenpeace, señalan que no tienen "nada que discutir" con el Ayuntamiento carbonero mientras siga clasificando el paraje como urbanizable en su planeamiento urbanístico y subrayan que, cuando tengan "constancia" de la voluntad "inequívoca" del Consistorio de "cumplir normativa y resoluciones judiciales", no tendrán "inconveniente" en abordar cuál es "la mejor y más rápida" manera de "restituir" la legalidad urbanística en la zona.
   En un comunicado, resaltan que la postura de las asociaciones ecologistas convocadas al acto es "unánime" y detallan que pasa por instar al regidor carbonero a desclasificar los suelos de El Algarrobico que gozan de protección medioambiental en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata y a que "anule" la licencia de obras cuya legalidad dirime el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) después de que fuese declarada nula por un juzgado de lo contencioso-administrativo. "Hay que proceder a la demolición de ese mamotreto que nunca debió construirse", indican.
   En la carta remitida a Hernández, Ecologistas en Acción y Amigos del Parque desgranan los hitos más significativos en torno a la evolución del hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones y arremeten contra la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, que, aseguran, "modificó un decreto del Consejo de Gobierno sin seguir el procedimiento, por vía de hecho, para modificar la planimetría del Algarrobico y dibujar una D2 --zona urbanizable-- donde había una C1 --área natural de interés general--".
   En esta línea, remarcan que el Consistorio tramitó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, que clasifica el paraje urbanizable, después de que el TSJA ordenase en un auto de marzo de 2009, confirmado por el Tribunal Supremo (TS) en septiembre de 2011, restablecer el nivel de protección que la zona tenía en el PORN de 1994 y se cambiase, por tanto, a no urbanizable pese a la tesis sostenida por la Junta de Andalucía.
   "El Ayuntamiento de Carboneras sigue interpretando torticeramente que los citados autos restablecen en el Algarrobico el nivel de protección D2, áreas urbanizables, y proyecta en el sector ST-1 la construcción de 250 viviendas", aseguran cuando, según resaltan, las resoluciones quieren "todo lo contrario", que es "evitar que se deteriore más El Algarrobico" hasta que se resuelva sobre la legalidad o no de la licencia".
   De hecho, ante la aprobación del PGOU por parte del anterior equipo de gobierno, el Alto Tribunal andaluz apercibió personalmente al exalcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández, de un presunto delito de desobediencia si urbanizaba el Algarrobico.
   Ambos colectivos concluyen que, este contexto "de desobediencia municipal" a decisiones judiciales y a normativa vigente, cualquier acuerdo al que se pueda llegar sobre el futuro de dicho hotel "debe de ser respetuoso con las leyes y las decisiones judiciales" y, por tanto, reiteran "no tenemos nada que discutir con el Ayuntamiento de Carboneras mientras siga clasificando al Algarrobico como urbanizable en el PGOU".
   Tampoco va a concurrir a la convocatoria del primer edil, que asumió la Alcaldía después de las elecciones municipales celebradas en mayo de 2011, la organización conservacionista Greenpeace y la Junta de Andalucía, cuyo consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, se mostró tajante sobre la propuesta al señalar que "no ha lugar" a ningún tipo de reunión, "sino a que la justicia se pronuncie para poder trabajar en la recuperación de este espacio".
   Azata del Sol sí confirmó su asistencia ya que sostiene que la reunión "será buena" aunque sólo sea "para conocerse personalmente" y, de este modo, "conocer, de manera directa, las posiciones de unos y otros ya que estamos dispuesto a escuchar y hacernos escuchar". Junto a la promotora del hotel acudirán los empresarios hosteleros de Carboneras.

Competencia autonómica

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha recordado que la solución al conflicto generado por la construcción del Hotel Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras , es "competencia autonómica".
   Así lo ha indicado el ministro al término anoche de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados ante las preguntas de los periodistas. En este sentido, ha reiterado que la solución al hotel del Algarrobico, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar es "competencia autonómica.
    El ministro, que ha precisado durante su intervención en la Comisión que la anunciada reforma de la Ley de Costas será "rigurosa y seria" y que se analizarán "todas las incongruencias" de la norma de 1988 y cuya gestión ha generado multitud de "quejas" en la opinión pública europea, ha asegurado que en España hay "magníficos" y "nefastos" ejemplos en el litoral español y que su propósito es "copiar los magníficos" para "poner en valor" las costas del país porque si están bien cuidadas son "un valor económico y turístico".
   En este contexto, Arias Cañete ha dicho que "Algarrobicos" no sabe hacer "ni los piensa hacer" y ha insistido en que a él "esos modelos" --en referencia la construcción del hotel en el paraje de El Algarrobico-- no le gustan.

Alerta hoy por la ola de frío en toda España

MADRID.- Un total de 32 provincias estarán hoy jueves en alerta amarilla (riesgo) por bajas temperaturas, viento y nieve como consecuencia de la ola de frío siberiano que entrará este miércoles por el nordeste peninsular, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las provincias más orientales de Andalucía están en alerta amarilla por nieve, que podría acumular hasta 3 centímetros. En la misma situación se encuentran Murcia, Valencia y Alicante. Por su parte, en Baleares se encuentran en alerta naranja en Mallorca y Menorca por vientos costeros. Además, en el norte de Mallorca podrían acumularse hasta 5 centímetros de nieve.
   Ante esta situación, la Aemet ha señalado que se la cota de nieve ha bajado a entre 0 y 500 metros en la mitad norte peninsular y entre 500 y 1200 metros en la mitad sur y en Baleares.
Además, la cordillera cantábrica, Pirineos y la costa de Gerona, Mallorca y Menorca, estarán en alerta naranja por nevadas y vientos costeros.
   Así, la Aemet destaca que los cielos estarán nubosos en toda la Península, al igual que en Baleares y Canarias, con probabilidad de precipitaciones débiles en el norte y ocasionalmente con tormentas en la costa mediterránea.
   En cuanto a las temperaturas, sufrirán una notable caída que se acentuará como consecuencia de los vientos que, se espera, traiga también la ola de frío, según ha señalado la agencia. Así, las temperaturas mínimas llegarán a los -11ºC en el Pirineo, mientras que en el resto de la mitad norte de la Península se moverán entre los -6ºC y los -4ºC. Además, la costa gallega y la catalana sufrirán fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 110 kilómetros por hora.
   Esta ola de frío permanecerá en España hasta el sábado, mientras que el domingo la situación "tenderá a relajarse", aunque, según ha señalado el portavoz de la Aemet, Ángel Rivera, "está por ver" si la semana que viene se restablece el anticiclón o hay una segunda entrada de aire frío.

De las peores olas de frío desde 1950

   Esta ola de frío se produce aproximadamente una vez entre siete u ocho años y, de hecho, "esta podría ser de las cuatro más frías desde 1950", según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
   Así, el portavoz de la AEMET, Ángel Rivera, ha explicado que esta situación "no es desconocida en invierno", pero ha añadido que, en este caso, además de las bajas temperaturas, la sensación térmica será de "aún más frío" debido a los vientos del nordeste de entre 30 y 40 kilómetros por hora y de hasta 70 u 80 kilómetros por hora en el cuadrante nordeste y Baleares.
   En este contexto, ha precisado que el temporal consiste en un anticiclón que se extiende por el norte de Europa con un eje inclinado nordeste-suroeste y que lleva un borrasca fría al sur en torno al Mediterráneo y sur de Europa. Esto implicará una descarga de viento del nordeste que arrastra masas de aire que proceden de Rusia o el interior de Europa y, a veces, de la propia Siberia.

miércoles, 1 de febrero de 2012

Comienza en Motril el juicio por el accidente en las obras de la A-7 entre Almería y Málaga


MOTRIL.- En la sala de vistas tres del Juzgado de lo Penal nº1 de Motril,  abarrotada y con una maqueta de la autocimbra siniestrada en el centro de la misma, ha comenzado hoy la sesión del juicio por el suceso que se produjo el 7 de noviembre de 2005 en el viaducto de Río Verde de la obras de la A-7, tramo Almería-Málaga, en Almuñécar, y que costó la vida a seis trabajadores, un siniestro por el que están imputadas un total de doce personas. 

   Una vez resueltas cuestiones previas, la sesión ha continuado con la declaración de Pablo Jiménez, ingeniero director del proyecto del tramo La Herradura-Taramay.
   El elevado número de personas que intervendrán durante la vista oral (más de medio centenar de personas entre testigos y acusados) ha obligado a modificar la disposición de la sala para dar cabida a los abogados defensores y de las acusaciones populares, que ejercen los sindicatos CCOO y UGT.
   El juicio se celebra más de seis años después de lo ocurrido y a dos años y medio de que se decretara la apertura de juicio oral por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Almuñécar, que consideró que de la instrucción se desprendía la "existencia de indicios racionales de criminalidad" para imputar de manera provisional a los acusados, entre los que se encuentra Juan Francisco Martín Enciso, entonces jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, del Ministerio de Fomento, Pablo Jiménez, ingeniero director del proyecto de ejecución del tramo La Herradura-Taramay, y Juan Mena Delfa, coordinador de seguridad del Ministerio de Fomento.
   De hecho, las obras fueron promovidas por Fomento y adjudicadas a la UTE La Herradura, que suscribió con la empresa Estructuras y Montajes de Prefabricados S.A. un contrato de ejecución de obras para la realización de los trabajos de los viaductos de hormigón en el tramo de autovía adjudicado y a su vez la empresa contratista subcontrató con la mercantil portuguesa Douro Montemuro diversas unidades de obra. Para la realización del viaducto Río Verde que se desplomó se hizo uso de una 'autocimbra' para la ejecucución de los tableros que constituirán en su día las calzadas de la autovía. El fabricante de la 'autocimbra' es 'Puentes y Calzadas', líder del grupo empresarial al que pertenece Estructuras y Montajes.
   Por ello, están imputados en la causa, además de los mencionados, el representante legal, el jefe de obra y la técnico de seguridad de la UTE La Herradura, J.M.F.T., J.A.S.C. y A.I.D.P.; el representante legal, el técnico en prevención de riesgos laborales, el jefe de obra, el encargado y el capataz de Estructuras y Montajes Prefabricados, C.S.S, J.L.R.H., E.C.T.M. J.M.O.C. y M.C.M.; y el representante legal de la empresa Puentes y Calzadas , J.M.L.M.
   Según indicaba la juez en su auto, el 7 de noviembre de 2005, sobre las 15,30 horas, se produjo la caída de la autocimbra desde una altura de unos 67 metros aproximadamente, siniestro que produjo el fallecimiento de seis personas y lesiones de diversa consideración en otras cinco.
   Ese día se produjo una avería en uno de los cables eléctricos del sistema de accionamiento para el desplazamiento de la autocimbra, y, a pesar de ello, los trabajadores permanecieron sobre el mecanismo, que no se desalojó, durante las labores de reparación. Después de una media hora desde que se registró el fallo eléctrico se produjo el colapso de la autocimbra, precipitándose al vacío.
   Según el informe pericial elaborado, el inicio del colapso de la cimbra se ubica en la unión entre el marco trasero de la batería izquierda y el cordón inferior derecho del módulo adyacente de la batería simple, lugar en el que se inició la rotura en una de las soldaduras, por el aflojamiento de una tuerca o de uno o varios tornillos de unión.  
   Las especificaciones relativas a las precauciones de seguridad respecto a los ajustas contenidas en el manual de instrucciones de la autocimbra resultaban, según la juez, "escasas e insuficientes" como también las instrucciones con respecto al mantenimiento y reparación de la autocimbra que se establecían.
   El Estudio de Seguridad y Salud elaborado por Fomento fue también "insuficiente", ya que no contenía mención alguna ni a la autocimbra, ni a ningún otro equipo de trabajo, ni consta que haya llevado a cabo ningún tipo de control o seguimiento concreto sobre la revisión de la autocimbra.
   Igualmente también lo fue el Plan de Seguridad y Salud elaborado por la UTE La Herradura, al no aludir a las labores de revisión y mantenimiento de la cimbra, sin que conste remisión alguna, ni siquiera al exiguo Manual de Instrucciones; tampoco consta que por el personal de la UTE se efectuaran labores de revisión y mantenimiento de la cimbra, ni que dichas tareas estuvieran encomendadas al personal acreditado, "contradiciendo las propias directrices del Coordinador de Seguridad de la obra a este respecto". La mercantil Estructuras y Montajes no llevó a cabo tampoco acciones de supervisión y control respecto de las operaciones de inspección o revisión de la autocimbra.
   La Fiscalía pide penas de hasta cuatro años de cárcel para once de los imputados. Diez de los once acusados, entre los que se encuentra el ingeniero director del proyecto de ejecución del tramo Herradura-Taramay, Pablo Jiménez, se enfrentan a una condena por la posible comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, seis de homicidio imprudente, y otros tres de lesiones imprudentes, por los que, además de la pena de prisión se enfrentan a inhabilitación para el ejercicio de sus respectivas profesiones si están relacionadas con la construcción.
   Para M.C.M., capataz de la empresa 'Estructuras y Montajes Prefabricados' --la subcontrata--, el Ministerio Solicita tres años y seis meses de prisión, puesto que no se le imputa el primero de los delitos mencionados. Asimismo, el fiscal interesa el sobreseimiento con respecto a Juan Francisco Marín Enciso, jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, del Ministerio de Fomento, que también estaba inicialmente imputado en el procedimiento.
   El sindicato UGT, personado como acusación popular, pide un total de 52,5 años de prisión y 45 de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión para diez imputados. Los acusa concretamente de seis delitos de homicidio imprudente, tres de lesiones imprudentes y nueve contra la seguridad e higiene en el trabajo, por el que además solicita una multa de 144.000 euros.
   CCOO, también acción popular, ha solicitado 288 años de cárcel para los doce imputados por la posible comisión de seis delitos de homicidio imprudente, tres de lesiones imprudentes y otros nueve contra la seguridad y la salud laboral. Además, pide para cada uno de ellos 21 años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, así como 86.400 euros de multa.