SEVILLA.- este lunes, ante la sede de la Confederación de Empresarios de Sevilla
(CES), donde ha advertido de que las mujeres sevillanas perciben, de
media, 5.822 euros menos al año que los hombres, lo que sitúa la brecha
en un 31%. Así, esto supone trabajar "casi dos meses gratis", por lo que
han reclamado "reformas estructurales" en materia de igualdad salarial.
Por su parte, UGT ha criticado la persistencia de la brecha salarial
entre mujeres y hombres durante la concentración, al tiempo que el
secretario general del sindicato, Oskar Martín, ha asegurado que la
diferencia retributiva actual supone "un auténtico robo a las mujeres
trabajadoras".
"Estamos hablando de dos meses en los que una
mujer trabaja gratis para cobrar lo mismo que un hombre", ha señalado
Martín, quien ha preguntado públicamente "por qué el valor del trabajo
de una mujer tiene que ser inferior".
El dirigente sindical ha
destacado que la reducción progresiva de la brecha salarial en los
últimos años está directamente relacionada con la subida del Salario
Mínimo Interprofesional y con el trabajo desarrollado por los sindicatos
en la negociación colectiva.
"Detrás de cada avance para
reducir la brecha salarial hay un sindicalista luchando para acabar con
esa discriminación", ha afirmado.
No obstante, ha advertido de
que la desigualdad persiste debido a factores estructurales del mercado
laboral andaluz, como la concentración de mujeres en sectores más
precarizados y peor remunerados, la parcialidad, la conciliación y las
dificultades para avanzar profesionalmente por la existencia de techos
de cristal y una falta real de corresponsabilidad.
Martín ha
alertado además sobre los nuevos riesgos derivados de la digitalización y
la implantación de la inteligencia artificial en el ámbito laboral.
En este sentido, ha reclamado control y vigilancia sobre los
algoritmos para evitar que reproduzcan o multipliquen discriminaciones
de género.
"Si no controlamos cómo se aplican esos algoritmos, las desigualdades pueden multiplicarse", ha advertido.
Durante su intervención, el secretario general de UGT Andalucía ha
sido contundente al afirmar que "la brecha salarial no es un accidente,
es un fallo del sistema democrático", insistiendo en que "no se puede
dejar fuera de la igualdad real a la mitad de la población".
UGT Andalucía ha reiterado su compromiso con la igualdad real entre
mujeres y hombres y con la defensa de un modelo social basado en la
justicia, la equidad y la protección de los servicios públicos.
"El sindicalismo de clase seguirá luchando para que mujeres y hombres
tengan las mismas oportunidades, los mismos salarios y el mismo
reconocimiento laboral", ha concluido Oskar Martín.
Por su
parte, desde CCOO-A han reclamado "un plan integral estatal de cuidados y
una corresponsabilidad real para evitar que las mujeres más jóvenes
hereden la discriminación salarial que persiste en la actualidad", tal y
como ha subrayado la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO de Sevilla,
Vanessa Casado.
En este sentido, la secretaria general de
CCOO de Andalucía, Nuria López, ha hecho referencia a los asesinatos
machistas ocurridos en la comunidad en lo que va de año, ante lo que ha
añadido que "si acabamos con la brecha salarial, mejoramos los salarios,
y las mujeres tenemos independencia económica, podemos tener también
más libertad para dejar atrás a nuestros agresores".
Por ello,
ha asegurado, "si tenemos políticas públicas que nos ayuden, nos
protejan, y permitan coeducación, también permite dejar atrás la
violencia de género y la violencia vicaria". "Creo que en el día de la
brecha salarial no podríamos tampoco dejar pasar esa reivindicación", ha
concluido.
lunes, 23 de febrero de 2026
Sindicatos advierten que las mujeres "trabajan casi dos meses gratis" y piden "reformas estructurales" en igualdad salarial
viernes, 20 de febrero de 2026
Las trabajadoras almerienses cobran un 13,1% menos que los hombres
ALMERÍA.- Con motivo del Día de la Brecha Salarial, UGT y CCOO de Almería protagonizaron un acto conjunto en el que denunciaron que la diferencia retributiva entre mujeres y hombres responde a una discriminación estructural del mercado laboral, y exigieron políticas de corresponsabilidad, planes de igualdad efectivos y mayor control de la Inspección de Trabajo.
Las mujeres asalariadas de Almería difieren el salario respecto a los hombres en un 13,1%, aunque es la brecha más baja de toda Andalucía hay que tener en cuenta que también tenemos los salarios más bajos y por tanto la diferencia respecto al resto de Andalucía es menor, según los datos de la AEAT correspondientes a 2024.
En términos absolutos, los ingresos medios de los hombres en la provincia ascendieron a 19.740 euros anuales, frente a los 17.452 euros de las mujeres. En la capital la diferencia es del 8,4%, y en Roquetas de Mar del 6,2%. Almería es, con diferencia, la provincia andaluza con menor brecha, por delante de Jaén (17,7%) y Granada (19,2%).
Ahora bien, la lectura de esas cifras exige contextualización. Tal como señalan los sindicatos "no se debe a los altos salarios de ellas sino a los bajos salarios generalizados que se dan en la provincia": Almería es, de hecho, la provincia andaluza donde los hombres tienen un menor salario equivalente a tiempo completo. No es igualdad; es una pobreza salarial compartida —aunque no igualitariamente repartida— que encubre la discriminación de fondo.
Esa discriminación, según UGT y CCOO Almería, tiene nombre y apellidos. La parcialidad femenina, apuntan es el factor con mayor impacto en la brecha retributiva, sitúa a Andalucía con una tasa del 23,3% entre las mujeres asalariadas en 2025, frente al 6,5% registrado entre los hombres, 16 puntos y ocho décimas de distancia que no son casualidad: son el resultado de una organización social que sigue colocando los cuidados de menores, de mayores, de personas dependientes, como responsabilidad casi exclusiva de las mujeres, empujándolas hacia jornadas reducidas que recortan su nómina y, con el tiempo, su pensión.
Junto a ello, la maternidad funciona como multiplicador de esa desigualdad. Los datos del IECA revelan que la brecha salarial entre las mujeres sin hijos o hijas se sitúa en el 18,1%, pero escala hasta superar el 30% entre quienes tienen descendencia, llegando al 31% cuando hay tres o más menores en el hogar.
La corresponsabilidad, han subrayado CCOO y UGT Almería, "está, desgraciadamente, desaparecida en combate." y mientras siga existiendo esa desigualdad la maternidad continuará siendo, paradójicamente, un factor de penalización laboral para las mujeres.
Por otro lado, el sector primario, columna vertebral de la economía almeriense, ofrece el dato más crudo de toda Andalucía en términos de brecha sectorial.
Las mujeres asalariadas en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca deberían ganar un 52,6% más para igualar los ingresos de sus compañeros de sector, la mayor diferencia de cualquier actividad económica de la comunidad.
El fenómeno de la segregación ocupacional que concentra a las mujeres en empleos peor remunerados explica buena parte de este resultado, tanto o más que la parcialidad o la temporalidad.
Ante este diagnóstico, las dos organizaciones sindicales coincidieron en sus propuestas y han exigido que los poderes públicos intervengan con decisión para corregir la infravaloración de las ocupaciones feminizadas, los cuidados, limpieza, atención sociosanitaria, educación infantil y que las empresas garanticen horarios y permisos realmente equitativos, por lo que ambas organización han reclamado un Pacto estatal por los Cuidados que los eleve a política pública de primer orden, con financiación suficiente para convertirlos en un derecho colectivo y no en una carga individual de las mujeres.
Finalmente, recuerdan ambos sindicatos, los avances normativos de los últimos años; reforma laboral de 2021, decretos sobre planes de igualdad y registros retributivos van en la dirección correcta, pero resultan insuficientes mientras la Inspección de Trabajo carezca de los medios necesarios para hacerlos cumplir y mientras demasiadas empresas sigan resistiéndose a implementar los planes de igualdad.
La igualdad retributiva no llegará sola; requiere voluntad política, presupuesto y control.
lunes, 21 de julio de 2025
El Consejo Asesor de Brecha de Género aborda la situación de las mujeres gitanas
MADRID.-La tercera reunión, el Consejo Asesor de Brecha de Género ha hecho un diagnóstico general de la situación de las mujeres gitanas y su acceso a la protección social, con un enfoque dirigido a romper barreras estructurales desde una mirada interseccional.
Según los estudios disponibles, las mujeres gitanas suman la discriminación por origen étnico, condiciones de vida en muchos casos marcadas por la pobreza, la precariedad laboral, la exclusión residencial y la falta de oportunidades educativas. Estos factores, junto con estigmas sociales arraigados, generan una desventaja acumulada que impacta de forma notable en su acceso a la protección social.
"La población gitana es uno de los grupos con mayor riesgo de exclusión social, y las mujeres dentro de ese grupo sufren una desventaja aún mayor", ha expuesto la ministra Elma Saiz en su intervención.
"Por eso es fundamental que nuestras políticas públicas, y en particular las de protección social, reconozcan y atiendan esta realidad desde su raíz. La realidad de las mujeres gitanas nos interpela a seguir impulsando estrategias inclusivas, participadas y adaptadas a sus circunstancias".
La Fundación Secretariado Gitano, entidad de referencia en la promoción de la igualdad de oportunidades y los derechos de la población gitana en España, ha documentado ampliamente esta realidad.
Según sus estudios, la participación laboral de las mujeres gitanas es muy inferior a la de los hombres de la misma comunidad: en 2018 su tasa de actividad era del 38%, frente al 76% de los varones, mientras que la tasa de ocupación era del 17% frente a 44%.
"Es fundamental visibilizar el rol de las mujeres gitanas como sujetos activos, con capacidad de decisión, liderazgo y contribución a la sociedad, favoreciendo su acceso a todos los derechos en condiciones de igualdad, desde el conocimiento, el reconocimiento y el respeto a su identidad".
En este contexto, el Ingreso Mínimo Vital se configura como una herramienta clave para reforzar la protección social de los hogares en situación de vulnerabilidad, y tiene un enorme potencial para mejorar las condiciones de vida de muchas mujeres gitanas.
"Desde el Gobierno seguimos trabajando para reforzar su alcance", ha asegurado la ministra. "Hay que adaptarlo mejor a las realidades de las personas beneficiarias y facilitar su acceso mediante medidas de simplificación administrativa, información accesible y acompañamiento social, como estamos haciendo".
"Las mujeres gitanas, por sus circunstancias específicas, pueden beneficiarse especialmente de este instrumento, al que se debe complementar con itinerarios de inclusión social, educativa y laboral, como se ha demostrado desde el Laboratorio de Políticas de Inclusión, que favorezcan su autonomía, formación y participación activa", ha asegurado.
El Consejo Asesor de Brecha de Género del Ministerio de Inclusión se creó en mayo de 2024 con el objetivo de asesorar en la toma de decisiones de las políticas públicas competencia del Ministerio desde la perspectiva del género, particularmente aquellas orientadas a reducir la brecha de género.
Además, entre sus funciones, está la de proponer iniciativas que puedan cerrar las brechas provocadas por los roles tradicionales de género que persisten.
domingo, 2 de febrero de 2020
IU denuncia ante el relator de la ONU sobre la Pobreza el "elevado" nivel de desigualdad en España
Alston solicitó a la dirección federal de Izquierda Unida que elaborara una ‘contribución escrita sobre la situación en España en cuanto a la pobreza y la vulneración de los Derechos Humanos’.
Izquierda Unida constata en su trabajo que los índices de pobreza se sitúan en nuestro país “muy por encima de lo que cualquier sociedad supuestamente desarrollada puede permitirse y la relación con un elevado nivel de desigualdad resulta evidente a la luz de los datos”.
IU considera que “erradicar la pobreza y la exclusión social exige superar el actual modelo productivo y de desarrollo, con profundas reformas estructurales de toda índole que enfrenten directamente la desigualdad”.
“Supone también -añade- reforzar y blindar el pilar que deben ser los servicios sociales para todo el país y actuaciones conjuntas de las administraciones públicas para prevenir y proteger a la ciudadanía”. De ahí que estos objetivos se sitúen como prioritarios para IU en la agenda que el Gobierno del que forma parte a través de Unidas Podemos debe poner en marcha en los próximos meses, indican desde el partido que lidera Alberto Garzón.
En este contexto, IU ha denunciado al relator de la ONU sobre la necesidad de actuar ya y de manera urgente porque “mientras se discuten cuestiones de mayor calado y la sociedad toma conciencia para poner estas hondas transformaciones en marcha, cientos de miles de personas en España sufren pobreza, exclusión social y serios problemas de acceso a derechos fundamentales como una correcta alimentación o el acceso a una vivienda digna, entre otros”.
Izquierda Unida entiende que “el empobrecimiento se alimenta de un desarrollo basado en un modo de producción injusto como el capitalista, que genera desigualdad y en el que amplios sectores sociales sufren el abandono de los poderes públicos mientras un pequeño porcentaje se enriquece”.
La primera visión del relator
El relator de la ONU ha asegurado que España “es un país muy rico, que se puede permitir hacer mucho más por las personas de bajos ingresos”.
“Es como en muchos países que he viajado, pero España es un país muy rico y parece que estuviera prosperando económicamente; o sea que España se puede permitir hacer mucho más por las personas de bajos ingresos, supongo que por eso el Gobierno me invitó a hacer esa visita y espero que el informe que presente ayude en esta labor”.
Por la mañana, Philip Alston ha expuesto el grave déficit de vivienda social en España y ha lamentado que los sucesivos gobiernos no hayan creado una “vivienda justa”.
Alston ha escuchado a vecinos de bloques de viviendas de protección pública de la Comunidad de Madrid que han sido adquiridos por fondos buitre durante los últimos años.
“España tiene una trayectoria muy singular de no haber invertido en vivienda social, tiene los niveles más bajos de vivienda social de toda Europa, y eso es parte de una política más amplia de gobiernos sucesivos que no han logrado crear vivienda justa”, ha señalado el relator de la ONU a un centenar de vecinos afectados.
“La Constitución Española reconoce el derecho a la vivienda, pero cuando pregunto a abogados que qué supone eso me responden que casi nada, y hay que cambiar eso, el derecho a la vivienda es crucial”, ha destacado.
lunes, 7 de octubre de 2019
La desigualdad en Almería: en Oliveros la renta es cinco veces superior a Pescadería
