El Consejo Consultivo Andaluz insta al Ayuntamiento de Almería a indemnizar con 25.000 euros al CSIC por la muerte de gacelas de La Hoya

 ALMERÍA.- El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha propuesto que el Ayuntamiento de Almería abone una indemnización de 25.000 euros al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) por la muerte por estrés acústico de cuatro ejemplares de gacelas y un arruí en la Finca Experimental La Hoya tras los conciertos organizados por el Consistorio entre el 19 y 22 de junio en el parque colindante.

En su dictamen preceptivo pero no vinculante, el órgano consultivo señala la responsabilidad del Ayuntamiento al considerar que se produjo una "mala práctica municipal" al haber desoído la "experta opinión" de los responsables de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC), quienes advirtieron de los posibles efectos de los conciertos en estos animales vulnerables.

En concreto, el CCA aprecia cómo los expertos desplegaron una "amplia actividad informativa y preventiva" sobre la "elevada posibilidad" de que se produjera "un daño que finalmente se produjo" con la muerte de los cinco ungulados, por lo que respalda la reclamación por responsabilidad patrimonial del órgano científico frente al Ayuntamiento, que pretendía archivar dicha petición por la que se solicitaban inicialmente 414.460 euros por los daños.

El dictamen del Consultivo reconoce que no se puede dar por acreditada una vulneración de la normativa ambiental por parte del Ayuntamiento ya que "se respetaron los niveles de ruido tolerados en la normativa municipal" aunque apunta que dicha normativa va orientada hacia las personas y no "para las gacelas en el medio abierto" en el que se encontraban.

"No parece de sentido común celebrar conciertos junto a una estación experimental de esta naturaleza, si no es desde una falta de reconocimiento y respeto al criterio de sus expertos, servidores públicos, que advirtieron por activa y por pasiva de los riesgos que suponía dicha celebración", abunda el Consultivo, para el que la finca La Hoya reúne las condiciones para realizar su función de investigación y experimentación, "siempre que estas no se vean violentadas".

En esta línea, contrapone las consideraciones de un técnico municipal sobre el "carácter armonioso de la música" que se interpretó "para experimentar emociones entre poesía e ideas" frente a las de un experto en el comportamiento de ungulados, que informó por escrito de que "el nivel de tolerancia acústica de estos mamíferos es muy inferior al de los humanos".

Así, aunque no se vulnerara la normativa ambiental, sí quedó acreditado el fallecimiento de los animales tras los conciertos, "existiendo claros indicios de que pudiera haberse derivado precisamente de la alteración de su hábitat natural al ser sometidos a un estrés por las circunstancias de contaminación acústica ocasionada en los actos celebrados".

Si bien la justicia archivó el procedimiento penal abierto por la muerte de los animales, el Consultivo precisa que los tribunales determinaron únicamente la inexistencia de un delito de maltrato animal o contra el medio ambiente al no rebasarse los niveles máximos de ruido y no apreciar dolo por parte de los organizadores de los conciertos.

No obstante, las resoluciones judiciales no niegan la existencia del hecho lesivo, como fue el fallecimiento de los ejemplares, por el que el CSIC reclamaba la indemnización. En este sentido, el CCA aclara que "puede en vía administrativa hacerse una valoración jurídica diferente de los hechos atendiendo a las pruebas practicadas" ya que "no existe cosa juzgada".

De este modo, da por acreditado que el CSIC advirtió al Ayuntamiento de Almería de los daños que la celebración de "los tan reiterados conciertos" podían producir sobre la población de animales a su cargo.

Asimismo, ve acreditado que el centro público, que trabaja a los pies de la Alcazaba desde los años 70, movilizó a su personal "de manera extraordinaria", con carácter "preventivo" y por un "temor fundado" en la experiencia cualificada de los profesionales y expertos de la EEZA a que los conciertos produjeran un grave estrés en los animales protegidos.

"Está acreditado que los daños que se anunciaron se produjeron, como así se declara en el auto de sobreseimiento, pues fallecieron cinco ejemplares de ungulados, cifra muy elevada, nada habitual, que indica la existencia de unas circunstancias adversas extraordinarias", recoge el dictamen.

De igual forma, pone en cuestión los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento sobre las tasas de morbimortalidad de los ungulados, a causa de accidentes o complicaciones, para explicar la muerte casi simultánea de cinco ejemplares.

"Difícilmente puede calificarse como casual que tales 'accidentes', experimentados no en un animal sino en cinco, se produjeran justo tras la celebración de los conciertos, hecho insólito en el centro, permitiendo los indicios existentes y los propios informes periciales emitidos por los técnicos expertos para establecer la relación causal que se niega por la Administración", ataja el Consultivo.

El Consejo Consultivo andaluz da 'luz verde' a Carboneras para declarar la nulidad de la licencia de obras del Algarrobico

SEVILLA/ALMERÍA.- El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha dictaminado favorablemente la propuesta de resolución del procedimiento que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) tramita para revisar de oficio la licencia de obras concedida en enero de 2003 a Azata del Sol para edificar el hotel de El Algarrobico de cara a anular el acuerdo por el que se concedió dicho permiso municipal, que declara "nulo".

En su resolución preceptiva y vinculante del pasado 22 de mayo, el órgano valida el texto que el Consistorio tiene intención de elevar a Pleno próximamente para dar cumplimiento a la sentencia dictada por el TSJA en julio de 2021, por la que se le imponía la obligación de realizar este proceso ante las leyes que se vulneraron para otorgar la licencia.

En esta línea, el Consultivo concluye que la licencia resulta "nula de pleno derecho" principalmente por dos motivos: por autorizar la construcción en suelo no urbanizable protegido, conforme al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 1994; y por afectar a la servidumbre de costas, ya que invadía la distancia mínima de 100 metros del deslinde del dominio público marítimo-terrestre.

Así, señala que el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras es el que tiene las competencias para iniciar el procedimiento al tiempo que rechaza la caducidad del expediente puesto que, pese al tiempo transcurrido --más de 20 años--, el procedimiento se ha visto sujeto al cumplimiento y ejecución de las resoluciones judiciales.

Con ello, avala el informe emitido el pasado 27 de marzo por parte de la Secretaría del Ayuntamiento con la propuesta que se someterá a debate en el plenario, la cual fue incorporada al voluminoso expediente examinado por el Consejo Consultivo ante el que, además, alegaron tanto colectivos ecologistas como la propia empresa promotora.

Dicha propuesta instará al Pleno, entre otros aspectos, a declarar de facto la ilegalidad de la licencia así como deducir 'a posteriori' un procedimiento específico para determinar si la constructora tendría derecho a cobrar una indemnización y cuánto supondría, en su caso.

El Ayuntamiento acordará así "determinar cualitativa y cuantitativamente, así como evaluar económicamente" qué cantidades, en su caso, tendrían que desembolsarse puesto que, según alega, en este momento carece de los medios materiales y personales necesarios para estudiar este asunto en detalle.

En cuanto a las alegaciones y recursos interpuestos por las partes al expediente, el Ayuntamiento prevé remitirse al propio dictamen del Consultivo, el cual respalda sus pretensiones tanto en el modo de tramitar el expediente, los plazos y su intención de estudiar en un segundo expediente las posibles indemnizaciones.

La organización ecologista Greenpeace hace celebrado esta "victoria" tras más de dos décadas de litigios y 12 años desde que la organización iniciara la vía administrativa específica para la revisión de oficio. Así, ha valorado que el Consultivo haya "dado la razón a quienes han defendido la ilegalidad del hotel construido a pie de playa en Carboneras"

Con ello, han manifestado que durante estos últimos cuatro años desde que el TSJA obligara a la revisión de oficio de la licencia, el Consistorio "ha agotado todos los cauces para evitar este paso", una actitud que Greenpeace ha calificado de "insumisión judicial intolerable".

"Hoy celebramos mucho más que la anulación de un permiso de obras; celebramos el fin de la impunidad en nuestras costas. Sin embargo, esto debe ser un punto de inflexión: ante la gravedad de los retos ambientales y climáticos que enfrentamos, no nos podemos permitir este tipo de funcionamiento institucional agónico y cómplice", ha dicho la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña.

Por su parte, el coordinador de Greenpeace Andalucía, Luis Berraquero, ha considerado que "ya no quedan más excusas" para acceder al derribo del hotel "tras años de trampas y desobediencia por parte del Ayuntamiento de Carboneras".

"Cada día que el hotel sigue en pie es una afrenta a la justicia y al patrimonio común. Es hora de que entren las máquinas y que el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar recupere lo que nunca debieron arrebatarle. El dictamen no es una sugerencia, es el acta de defunción legal del hotel", ha añadido.

Greenpeace ha recordado que el Tribunal Supremo sentenció en 2016 que el paraje del Algarrobico era suelo protegido no urbanizable desde 1994 mientras que en su sentencia de 2023, el alto tribunal ordenó en firme al Ayuntamiento de Carboneras que iniciara el procedimiento de revisión de oficio de la licencia de obras.

"El dictamen actual del Consultivo es el último paso para acabar con la licencia, confirmando que el permiso concedido en 2003 fue ilegal desde el primer minuto por contravenir los planes ambientales del Parque Natural, tal y como denunció Greenpeace", han abundado.

Así, han urgido a la aplicación del protocolo de derribo y restauración firmado por Gobierno central y Junta de Andalucía en 2011, en el que establece un reparto de tareas: el Estado se encarga de la demolición y el desescombro, mientras que la Junta asume la restauración ambiental y la gestión de los residuos.

Greenpeace exige que los presupuestos públicos de 2026/2027 reflejen ya las partidas necesarias para devolver la playa a su estado original. "No se trata solo de tirar un edificio, sino de recuperar la biodiversidad de una de las joyas del Mediterráneo andaluz". Según un informe encargado por Greenpeace, el derribo y la restauración tienen un coste estimado que supera los siete millones de euros.

Además, la nulidad de la licencia es la "llave maestra" para culminar el proceso de expropiación parcial iniciado en 2025 por el Ministerio para la Transición Ecológica "sin tener que hacer frente a una indemnización abusiva". Dicho proceso, que afecta solo a la mitad del hotel que invade la zona de servidumbre, está pendiente de concretar un justiprecio por parte de un tribunal de expropiaciones

Para Greenpeace, la nulidad de la licencia cierra la puerta a que la promotora exija indemnizaciones millonarias basadas en una "licencia válida", ya que esta fue ilegal desde su origen. "Esto protege las arcas públicas de las pretensiones de la empresa, que llegó a pedir más de 70 millones de euros en su día", han interpretado.

"El Algarrobico pasa hoy de ser un símbolo de la corrupción y el ladrillazo al ejemplo del fin de la impunidad. No podemos normalizar procesos de dos décadas mientras destruyen el planeta: la protección del patrimonio natural tiene que ser ineludible e inmediata. Hoy, por fin, la ley pesa más que el hormigón", ha concluido Saldaña.

Greenpeace celebra que la licencia de obras del Algarrobico ha sido declarada nula por el CJC andaluz

 ALMERÍA.- Tras más de dos décadas de litigios y 12 años desde que Greenpeace iniciara la vía administrativa específica para la revisión de oficio, el Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido finalmente el dictamen que declara la nulidad de pleno derecho de la licencia de obras del Algarrobico, con fecha de 21 de mayo. 

El alto organismo ha dado la razón a quienes han defendido la ilegalidad del hotel construido a pie de playa en Carboneras, Almería, desde hace 20 años.

El dictamen del Consultivo responde a la sentencia del Tribunal Supremo de 2023, que ya instaba al Ayuntamiento de Carboneras a revisar la licencia concedida en 2003. Durante estos últimos cuatro años, el Consistorio ha agotado todos los cauces para evitar este paso, una actitud que Greenpeace califica de "insumisión judicial intolerable".

"Hoy celebramos mucho más que la anulación de un permiso de obras; celebramos el fin de la impunidad en nuestras costas. Sin embargo, esto debe ser un punto de inflexión: ante la gravedad de los retos ambientales y climáticos que enfrentamos, no nos podemos permitir este tipo de funcionamiento institucional agónico y cómplice. Ya no nos queda tiempo que perder en rescatar la legalidad; el futuro nos exige actuar ya, sin más prórrogas ni blindajes ante los intereses económicos y políticos de unos pocos”, ha declarado Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España.  

”Tras años de trampas y desobediencia por parte del Ayuntamiento de Carboneras, ya no quedan más excusas: cada día que el hotel sigue en pie es una afrenta a la justicia y al patrimonio común. Es hora de que entren las máquinas y que el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar recupere lo que nunca debieron arrebatarle. El dictamen no es una sugerencia, es el acta de defunción legal del hotel", ha afirmado Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía.

El escrito del Consejo Consultivo andaluz no nace en el vacío, es el final de la hoja de ruta que marcó el Tribunal Supremo en 2016 cuando sentenció que el paraje del Algarrobico erasuelo protegido no urbanizable desde 1994, desmontando el argumento del Ayuntamiento de que el suelo era urbanizable. 

En su sentencia de 2023, el Alto Tribunal ordenó taxativamente al Ayuntamiento de Carboneras que iniciara el procedimiento de revisión de oficio de la licencia de obras. El dictamen actual del Consultivo es el último paso para acabar con la licencia, confirmando que el permiso concedido en 2003 fue ilegal desde el primer minuto por contravenir los planes ambientales del Parque Natural, tal y como denunció Greenpeace.

Con la licencia anulada, ya no hay obstáculos administrativos para la demolición del mamotreto ilegal. Greenpeace va a proceder a pedir la demolición de forma inmediata ante el Ayuntamiento de Carboneras. 

Gracias al empeño de la organización ecologista por restaurar la zona, existe un protocolo de colaboración firmado en 2011 entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía (1) que establece un reparto de tareas: el Estado se encarga de la demolición y el desescombro, mientras que la Junta asume la restauración ambiental y la gestión de los residuos. 

Greenpeace exige que los presupuestos públicos de 2026/2027 reflejen ya las partidas necesarias para devolver la playa a su estado original. No se trata solo de tirar un edificio, sino de recuperar la biodiversidad de una de las joyas del Mediterráneo andaluz. 

Según un informe encargado por Greenpeace, el derribo y la restauración tienen un coste estimado que supera los siete millones de euros (2).

Además, la nulidad de la licencia es la “llave maestra” para culminar el proceso de expropiación iniciado en 2025 por el Ministerio para la Transición Ecológica sin tener que hacer frente a una indemnización abusiva.

Greenpeace resalta que, tal y como viene defendiendo en estas dos décadas, la nulidad de la licencia cierra la puerta a que la promotora (Azata del Sol) exija indemnizaciones millonarias basadas en una "licencia válida", ya que esta fue ilegal desde su origen. 

Esto protege las arcas públicas de las pretensiones de la empresa, que llegó a pedir más de 70 millones de euros en su día. La Justicia ha dejado claro que quien construye en suelo protegido asume su propio riesgo, y la nulidad de la licencia refuerza que el Ayuntamiento nunca debió otorgar ese permiso.

"El Algarrobico pasa hoy de ser un símbolo de la corrupción y el ladrillazo al ejemplo del fin de la impunidad. No podemos normalizar procesos de dos décadas mientras destruyen el planeta: la protección del patrimonio natural tiene que ser ineludible e inmediata. Hoy, por fin, la ley pesa más que el hormigón", ha concluido Saldaña.

Carboneras envía al Consejo Consultivo Andaluz la propuesta que aboca la licencia de obras del Algarrobico a su nulidad

CARBONERAS.- El Ayuntamiento de Carboneras ha enviado al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) su propuesta para resolver el expediente de revisión de la licencia de obras que concedió en enero de 2003 a Azata del Sol para edificar su hotel en el paraje de El Algarrobico, a fin de declarar que el permiso presenta "vicio de nulidad".

Así lo refleja el texto remitido al órgano consultivo para la confección de su dictamen preceptivo conforme la petición realizada por el propio CCA, que tras varias reclamaciones otorgó al Ayuntamiento de Carboneras cinco días más de plazo para completar la documentación que le requería desde diciembre de 2025 bajo aviso de archivo si no atendía el requerimiento.

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (C's), hace constar en un oficio la remisión de la propuesta de resolución que debe someterse al dictamen del órgano consultivo así como el envío del voluminoso expediente relativo a la concesión de la licencia de obras, al tiempo que dispone que se informa el TSJA de dicho trámite.

El documento da cuenta de la última petición que el Consultivo le hizo al Ayuntamiento para que incorporara en el expediente su propuesta de resolución en la que reflejara la concurrencia o no de la causa de nulidad invocada, lo cual es condición para poder emitir su dictamen.

El Ayuntamiento, que no había formulado propuesta cuando remitió el resto del expediente, solicitó una prórroga ante la falta de secretario municipal para llevar a cabo el trámite. Con la incorporación de una secretaria municipal la pasada semana ha podido solventar dicho escollo y atender la petición del Consultivo en plazo.

Cabe señalar que el TSJA que supervisa el cumplimiento de la sentencia solicitó al Consejo Consultivo de Andalucía que comunicara al tribunal "cualquier decisión" que adopte, ya sea la del archivo del expediente o la emisión de un dictamen, en función de la actuación municipal, toda vez que abría la puerta a una ejecución directa de la sentencia si el Ayuntamiento no avanzaba en los trámites para cumplir el fallo.

La propuesta da cuenta del fallo dictado en julio de 2021 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA que obligaba al Ayuntamiento a revisar de oficio la licencia de obras del hotel ante su posible nulidad, por lo que el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras inició el 11 de julio de 2025 dicho proceso.

Así, propone además estar a la recepción del dictamen del Consejo Consultivo ante las alegaciones y recurso que puedan presentar el resto de partes interesadas en el procedimiento.

Sobre la obligación de indemnizar, el acuerdo especifica que hará necesario "deducir 'a posteriori' un procedimiento específico" con el que "determinar cualitativa y cuantitativamente, así como evaluar económicamente, las cantidades que eventualmente pudieran derivarse" de dicho procedimiento.

El Ayuntamiento justifica sobre este último aspecto que carece de los medios materiales y personales para estudiar en detalle las posibles indemnizaciones que se puedan derivar de la anulación de la licencia, por lo que propone evaluar más adelante dicha cuestión "en aras de garantizar el principio de indemnidad, confianza legítima y buena fe".

El Consejo Consultivo urge la propuesta de revisión de la licencia del Algarrobico a Carboneras, que demanda más plazo

 

GRANADA.- El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha dado al Ayuntamiento de Carboneras diez días para que remita su propuesta de revisión sobre la anulación o no de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico brindada en 2003 para emitir su dictamen toda vez que el Consistorio le ha solicitado que amplíe el plazo para responder a sus peticiones ya que, en este momento, carece de secretario municipal para poder efectuar el trámite.

En un escrito remitido este mismo miércoles al órgano autonómico, el Ayuntamiento expone una situación sobrevenida causada por la baja médica del secretario municipal interino así como por la falta de un secretario con habilitación nacional, lo que deriva en una situación de bloqueo administrativo "no impultable" al Ayuntamiento.

El alcalde del municipio, Salvador Hernández (C's), ha apelado a este motivo para solicitar una ampliación, sin concretar de cuánto, del plazo de diez días dado por el Consultivo para poder contar con un secretario que pueda dar asistencia técnica y legal a los trámites necesarios dentro del procedimiento de revisión de oficio y, de este modo, evitar que se dé por desistida la petición y se archive la solicitud.

Con ello, el Ayuntamiento se limita a exponer su situación sin entrar en el fondo de la petición efectuada por el Consultivo el pasado 9 de marzo, en la que le exigía su propuesta de resolución del expediente que inició en julio del pasado año para poder emitir un dictamen al respecto.

Se trata de la segunda ocasión en la que el órgano con sede en Granada advierte al Consistorio carbonero de deficiencias documentales detectadas tras una primera petición de documentos que le hizo el 11 de diciembre de 2025, a la que el Ayuntamiento contestó el pasado 26 de febrero.

Ya por entonces se le reclamaba una copia autorizada del expediente administrativo de revisión de oficio una vez que este estuviera tramitado "íntegramente", lo que incluye su propuesta de resolución sobre la anulación o no del permiso municipal concedido a Azata del Sol para construir el hotel sobre el que los tribunales han advertido "vicios de nulidad".

De este modo, y aunque parte de las cuestiones planteadas quedaron resueltas con la documentación emitida el pasado mes de febrero, le insta de nuevo a remitir dicha propuesta de resolución para someterla a dictamen "reflejando, en consecuencia, la concurrencia o no de la causa de nulidad invocada".

Asimismo, la secretaria del CCA le advierte de que una vez completado el expediente, "el mismo debe volver a ser remitido a este Consejo en su integridad" y no solo en la parte faltante.

 "Es necesario subsanar la deficiencia señalada, al objeto de poder emitir el dictamen solicitado", le ha insistido.

El Consejo Consultivo de Andalucía espera que el Ayto. de Carboneras subsane deficiencias en el expediente de El Algarrobico

CARBONERAS.- El Consejo Consultivo de Andalucía ha anunciado que se encuentra "a la espera" de que el Consistorio de Carboneras subsane las deficiencias en el expediente de El Algarrobico.

 En concreto, el pasado 5 de diciembre de 2025 tuvo entrada en el Consejo Consultivo andaluz el oficio del alcalde del Ayuntamiento de Carboneras por el que solicitaba dictamen en relación al procedimiento de revisión de oficio del acuerdo de la Comisión de Gobierno municipal de 13 de enero de 2003 por el que se concedió licencia de obra al hotel de la promotora Azata del Sol en la playa de El Algarrobico.

Según ha informado el órgano en una nota, tras examinar los servicios jurídicos del Consejo Consultivo la documentación adjunta a dicha solicitud "se observaron deficiencias significativas" que suponían impedimento legal a la emisión del correspondiente dictamen, lo que se notificó al alcalde el pasado 11 de diciembre de 2025, requiriéndole que subsanara dichas deficiencias y remitiera en su integridad el expediente al Consejo Consultivo para que pudiera emitirse el dictamen solicitado.

En contexto, entre la documentación que falta se encuentran diversos informes técnicos y jurídicos relativos a la concesión, así como la propuesta de resolución que se somete a dictamen. 

 Éste último punto lo han valorado como de "especial trascendencia" en la emisión del dictamen, puesto que constituye "requisito indispensable para la admisibilidad de la solicitud", ya que, tras la correspondiente motivación, la conclusión del dictamen se pronuncia favorable o desfavorablemente a dicha propuesta.

En este sentido, el apartado 3 del artículo 63 del Reglamento del Consejo Consultivo de Andalucía establece que "las solicitudes de dictamen se formularán cuando el procedimiento se haya tramitado en su integridad, una vez formulada la propuesta de resolución".

Hasta este sábado, 21 de febrero, la Administración de Carboneras no ha procedido a subsanar los citados errores, por lo que persiste la imposibilidad legal de emisión de dictamen por parte del Consejo Consultivo de Andalucía, una situación de la que el propio Consejo Consultivo dio traslado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el pasado 11 de febrero.

El Consejo Consultivo respalda a una vecina almeriense por daños en su casa tras una rotura en la red de agua

 ALMERÍA.- El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha emitido un dictamen que apoya la reclamación de una vecina de Almería, quien solicitó una indemnización de más de 54.370 euros tras sufrir daños en su vivienda debido a una rotura en la red pública de saneamiento en noviembre de 2022.

La resolución, que avala la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Almería frente a estos daños, puesto que inciden en que los perjuicios sufridos por la propietaria del inmueble fueron a causa de unas filtraciones de agua provenientes de las tuberías de abastecimiento y suministro público.

En su dictamen, de carácter preceptivo, el órgano consultivo subraya la "relación causal entre el daño y la prestación del servicio público" como base para estimar las pretensiones de la reclamante, toda vez que dicho daño cumple con los requisitos legales de antijuridicidad, imputabilidad a la Administración.

El incidente tiene su origen en un escape de agua que provocó filtraciones y el posterior hundimiento del terreno bajo la vivienda afectada. Aunque la gestión del suministro de agua y el saneamiento recae en una empresa concesionaria, el Consejo Consultivo ha determinado que corresponde al Ayuntamiento de Almería responder como último responsable del servicio público.

El dictamen también señala el incumplimiento de los plazos legales durante la tramitación del procedimiento. Además, destaca la falta de valoración detallada por parte de la Administración sobre los informes periciales y fotográficos aportados por la reclamante, que justifican el importe solicitado.

El Consejo ha destacado la necesidad de realizar un expediente contradictorio para determinar la cuantía exacta de la indemnización, de manera que garantice la participación de todas las partes interesadas. Asimismo, insta a verificar que la reclamante no haya recibido compensaciones adicionales "que haya paliado el importe de lo que ahora reclama".

El dictamen establece que la resolución desestimatoria no puede prosperar en su forma actual y que el caso debe resolverse con base en los fundamentos probatorios presentados. El Ayuntamiento deberá notificar su resolución definitiva en un plazo de 15 días desde su adopción, conforme a la normativa aplicable.