ALMERÍA.- El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Antonio Ruano, ha denunciado que el trabajador de la empresa concesionaria del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales, FCC Medio Ambiente, que alertó públicamente de posibles incumplimientos en la prestación del servicio ha sido suspendido de empleo y sueldo durante un mes.
Ruano ha recordado que fue el propio trabajador, que es uno de los inspectores del servicio, quien intervino en la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento para advertir de que muchas de las quejas procedentes de centros educativos estaban relacionadas con trabajos de limpieza que no se estaban realizando y para explicar que existían actas e informes de inspección sobre incumplimientos de la empresa adjudicataria.
“Lo verdaderamente preocupante es lo que ha sucedido después. En lugar de poner el foco en comprobar si nuestros colegios se estaban limpiando como establece el contrato y adoptar medidas para que cualquier deficiencia se corrigiera, quien ha terminado sufriendo las consecuencias es precisamente el trabajador que dio la voz de alarma”, ha señalado Ruano.
El concejal socialista considera “muy grave” que una persona que puso en conocimiento de una comisión municipal unos hechos relacionados con la prestación de un servicio pagado con dinero público “pueda sufrir represalias por haber hablado”.
“El mensaje que se traslada al resto de trabajadores es demoledor: si ves algo que no funciona, mejor cállate. Y eso es exactamente lo contrario de lo que debería promover una administración pública”, ha manifestado.
Ruano ha recordado que el PSOE ya reclamó al equipo de Gobierno que investigara lo sucedido y solicitó las actas de inspección, los informes técnicos, los requerimientos realizados a la empresa, las certificaciones y las facturas abonadas para determinar si el servicio contratado se estaba prestando correctamente.
Para Antonio Ruano, este episodio refleja una forma de actuar “que pretende que impere la ley del silencio entre quienes trabajan en los servicios municipales o en las empresas concesionarias: que los problemas no salgan, que nadie levante la voz y que todo parezca funcionar aunque existan denuncias que dicen lo contrario”.
“Nosotros defendemos justo lo contrario. Cuando un trabajador advierte de un problema, lo primero es comprobar qué está pasando. Si hay algo que funciona mal, se arregla. Si una empresa no cumple, se le exige que cumpla. Y si se está pagando por trabajos que no se realizan, se investiga hasta el final”, ha subrayado.
El edil socialista ha incidido en que el contrato de limpieza de dependencias municipales y colegios supone más de 16 millones de euros de dinero público, por lo que el Ayuntamiento tiene la obligación de controlar que cada prestación incluida en el contrato se realice correctamente.
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