Piden cuatro años de cárcel para el exalcalde de Cantoria por la compra de un palacio

 ALMERÍA.- La Fiscalía y la acusación particular han solicitado cuatro años de prisión para el exalcalde de Cantoria Pedro Llamas, al que se acusa de delitos de prevaricación y malversación por la presunta compra irregular de parte del Palacio de Almanzora en 2009 tras el juicio celebrado en la Audiencia de Almería, que ha quedado visto para sentencia.

El Ayuntamiento de Cantoria, a través de su representación ejecida por el letrado Javier Salvador, se ha adherido a la petición del Ministerio Público, que también pide 17 años de inhabilitación para empleo o cargo público a raíz de estos hechos. Ambas partes sostienen que el exregidor actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad de la operación, que se articuló sin expediente.

Durante la sesión han prestado declaración el entonces secretario municipal del Ayuntamiento, el vendedor de la parte del inmueble objeto de la operación y el agente de la Guardia Civil que elaboró el informe de investigación, en el que se recoge que la compraventa se cerró en un bar de la zona de Artés de Arcos de Almería.

Las acusaciones han sostenido que la compra del Palacio, por la que llegó a abonar 40.400 euros --cantidad que ha sido consignada en el juzgado-- de los 360.000 euros pactados, se realizó sin articular expediente de contratación, por lo que carecía de los informes técnicos y jurídicos preceptivos así como de los sistemas de control y una adecuada consignación presupuestaria.

El Palacio no llegó a incorporarse al patrimonio municipal ya que la compraventa no llegó a completarse a pesar de que, desde la defensa, se han señalado que la acción del entonces regidor respondía un interés general del municipio ante la oportunidad de hacerse con un inmueble histórico de cierto valor.

El fiscal sostiene que Llamas supuestamente suscribió un contrato privado de compraventa con un particular para la compra por parte del Ayuntamiento de una parte del Palacio de Almanzora por un importe total de 360.000 euros a través de una operación que se habría llevado a cabo "sin cumplir con los trámites legalmente previstos".

Sostienen las acusaciones que la decisión fue adoptada sin expediente de contratación, sin informes técnicos, jurídicos ni económicos preceptivos y sin dotación presupuestaria habilitante.

En ese contexto, entre los años 2011 y 2012, el Consistorio habría llegado a pagar un total de 40.400 euros mediante pagos fraccionados con cargo a fondos públicos. En concreto, los pagos se realizaron el 1 de marzo de 2011 por importe de 25.000 euros; el 14 de octubre de 2011 por 1.100 euros; el 15 de diciembre de 2011 por 3.300 euros; el 6 de febrero de 2012 por 2.200 euros; y el 16 de noviembre de 2012 por 8.800 euros.

Los informes incorporados a la causa reflejan que tanto la Secretaría como la Intervención municipal emitieron "constantes reparos" donde alertaban de la ilegalidad de los pagos y de la improcedencia de asumir intereses derivados del contrato privado, reparos que habrían sido rechazados mediante resoluciones de la Alcaldía.

Según la acusación, dichas resoluciones no fueron elevadas al Pleno municipal, pese a la obligación legal de hacerlo, lo que habría impedido "deliberadamente" el control por parte de los órganos colegiados del Ayuntamiento.