CARBONERAS.- El Ayuntamiento de Carboneras va a trasladar al Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) así como al Consejo Consultivo
de Andalucía (CCA) la decisión municipal de aplazar la votación
destinada a declarar nula la licencia de obras del hotel de El
Algarrobico con la que se preveía dar cumplimiento a la sentencia
judicial y avanzar hacia la restauración del paraje natural.
Así lo ha trasladado el Consistorio tras la sesión de pleno,
extraordinaria y monográfica, en la que con siete votos --cinco del PSOE
y dos de concejales no adscritos-- la mayoría de la corporación ha
dejado congelada la anulación del permiso de obras hasta no contar con
más informes jurídicos sobre el impacto económico y patrimonial de la
medida.
La opción de pausar el acuerdo para declarar vicio de
nulidad del acto administrativo por el que se concedió la licencia de
obras municipal en enero de 2003 ha partido del edil no adscrito Felipe
Cayuela, si bien a él se ha sumado la mayoría de la corporación.
Sí optaban por aprobar la anulación de la licencia cuatro ediles del
PP y el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (C's), a quien la
decisión ha pillado por sorpresa. Al Pleno ha faltado un edil, que había
excusado su presencia.
"Lo que procedía hoy era anular la
licencia con ese dictamen preceptivo del Consejo Consultivo y no ir más
allá", ha manifestado a los periodistas al acabar el Pleno, que apenas
ha durado 15 minutos, en el que esperaba dar cumplimiento de una vez a
la sentencia del 22 de julio de 2021 del TSJA, que obliga a la revisión
de oficio de la licencia otorgada a Azata del Sol para la construcción.
El Consejo Consultivo de Andalucía avaló el pasado mes de mayo la
propuesta de la Alcaldía para enterrar una licencia nula que es nula de
pleno derecho por autorizar la construcción en suelos no urbanizables de
especial protección del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar así como
sobre la zona de servidumbre. Ese mismo acuerdo preveía, más adelante,
estudiar en otro expediente para determinar posibles indemnizaciones.
La decisión del Pleno ha levantado instantáneamente la reacción de la
organización ecologista Greenpeace que remitido a la Sala de lo
Contencioso-administrativo de Granada un escrito para solicitar la
ejecución forzosa de la sentencia de cara a evitar nuevas demoras ante
los años que acumula la pieza de ejecución sin que se cumpla el mandato
judicial.
A la postura de la asociación, que también ha pedido
la imposición de multas coercitivas y que se dé traslado a la Fiscalía
ante posibles delitos de desobediencia, se ha sumado la Junta de
Andalucía, cuya portavoz en funciones, Carolina España, ha avanzado que
solicitará al tribunal que ejecute el fallo "supletoriamente" ante la
falta de actuación del Consistorio.
"Seguimos defendiendo que
la solución en el ámbito de El Algarrobico es anular la licencia", ha
manifestado la consejera ante la vía de la ejecución forzosa a la que
ahora se acogen pero que ha sido largamente reivindicada por los
colectivos conservacionistas con el fin de ahorrar plazos y acortar
posibles recursos.
Antes de la votación de la retirada de la propuesta en el Pleno, el
portavoz socialista en el Ayuntamiento, José Luis Amérigo, había
avanzado que su grupo se abstendría de apoyar la anulación de la
licencia del hotel --concedida hace 23 años bajo mandato del PSOE-- al
considerar que el expediente carecía de información "esencial" sobre las
consecuencias económicas.
No obstante, ha sido su respaldo a
posponer la decisión lo que ha provocado un notable desagrado en las
filas de su partido, lo que ha llevado al secretario general del PSOE de
Almería, José María Martín, ha anunciar la apertura de un expediente
sancionador a los cinco concejales.
"No se han respetado las
directrices que desde los órganos del partido se le habían facilitado",
ha trasladado Martín en una rueda de prensa convocada de urgencia en la
que ha defendido la posición "inequívoca" de su partido destinada a
cumplir las resoluciones judiciales y, en última instancia, acelerar el
derribo del establecimiento.
Para el dirigente socialista, "el
derribo del hotel de El Algarrobico no admite ni una sola demora más
después de más de dos décadas de pleitos en los juzgados".
En esta
línea, el propio partido inició el febrero de 2025 una segunda vía, la
de la expropiación, para tratar de agilizar el proceso --inicialmente
previsto en cinco meses-- que está a la espera de que un tribunal
económico fije justiprecio.
Asimismo, ha sido el Gobierno central el que, principalmente a través
del Ministerio para la Transición Ecológica, ha presionado en los
últimos días a la Junta para que convoque una reunión de la comisión
mixta Gobierno-Junta en la que avanzar en los acuerdos para demoler el
hotel y recuperar el paraje conforme a los protocolos suscritos en 2011.
Desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente se optó por
aguardar a que el Pleno de Carboneras aprobara la anulación de la
licencia para convocar una reunión de la comisión, lo que fue criticado
por el Ejecutivo, que le acusó de "echar el freno" y dar "pasos atrás"
en este asunto.
La consejera en funciones de Hacienda,
Carolina España, no ha dejado pasar la "paradoja" al advertir que
finalmente ha sido el PSOE el que ha "bloqueado" la anulación de la
licencia con su postura en el Pleno, sentido en el que desde la Junta se
está "estudiando" si existe alguna "responsabilidad penal" de los
ediles que han obligado con su voto a aplazar el acuerdo.
No
obstante, también ha trasladado un cambio de postura y ha anunciado que
en cuestión de "días" se convocara la comisión mixta --ahora sin
necesidad de acuerdo de pleno previa-- para "exigir explicaciones",
"soluciones" y "responsabilidades" a los socialistas sobre lo ocurrido.
"¿Por qué ha permitido la señora Montero y el PSOE-A que los
concejales voten en contra del pleno para anular la licencia?", se ha
cuestionado España, quien se ha preguntado además si el PSOE tiene algo
que esconder al haberse mostrado "en rebeldía con la justicia" a partir
de esta decisión.
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