SEVILLA.- La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y precandidata a la Secretaría General del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha considerado "gravísimo" el cese de la Interventora General de la Junta "porque" dicha responsable "haya detectado en su tarea" al frente de ese puesto "que se estaban produciendo fraccionamientos no justificables de los contratos" del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
En una entrevista en el programa 'La Ventana Andalucía' de la Cadena SER, María Jesús Montero se ha pronunciado así al día siguiente de que el Consejo de Gobierno andaluz aprobase el nombramiento de Miguel Ángel Figueroa Teva como nuevo interventor general de la Junta en sustitución de María Antonia González, que ha sido cesada "a petición propia", según ha expuesto este jueves en una atención a medios la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta, Carolina España.
Desde partidos de la oposición de izquierdas al Gobierno andaluz han vinculado dicho cese con la investigación abierta en un juzgado de instrucción de Sevilla al hilo de la denuncia del Grupo Socialista sobre supuestas irregularidades en la contratación del SAS entre los años 2021 y 2024 que se habrían cometido al emplearse el procedimiento de emergencia habilitado durante la pandemia de Covid-19 una vez que éste ya no estaba justificado por la legislación vigente.
María Jesús Montero ha tildado de "gravísimo" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno; "la consejera o quien corresponda, cese a la Interventora general porque efectivamente haya detectado en su tarea, en su responsabilidad, el que se estaban produciendo fraccionamientos no justificables de los contratos, con el perjuicio que ello supone para conseguir una mejor oferta económica en términos de ahorro o de no emplear los recursos que son estrictamente necesarios".
También ha considerado "gravísimo" el que "se haya producido", por parte de la Junta, "una prolongación de lo que es la legislación urgente" vinculada a la pandemia para la adjudicación de determinados contratos, algo que actualmente es objeto de una "investigación judicial", según ha subrayado.
María Jesús Montero ha puesto de relieve, "para que los ciudadanos nos entiendan", que recurrir a ese procedimiento de emergencia para la adjudicación de contratos implica que éstos "se conceden a dedo" y "no van a licitación pública".
"Me parece gravísimo que se haya producido" esto "y que el señor Moreno Bonilla lo considere simplemente una situación administrativa o algo a lo que no le tiene que prestar atención, y que ahora se cobre la pieza de la Interventora general", ha continuado exponiendo María Jesús Montero, para quien el presidente de la Junta "tiene que dar muchas explicaciones, porque esto es incomprensible".
En esa línea, la vicepresidenta primera del Gobierno y también vicesecretaria general del PSOE ha concluido aseverando que, al igual que "ocurre con el Fiscal General del Estado" --al hilo del caso en el que se investiga a Álvaro García Ortiz por la presunta filtración contra Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso--, "no se puede atacar a aquellos que persiguen la comisión de delito o que persiguen el fraude".
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