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GRANADA.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fijado diez días
para que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) le detalle qué
gestiones está realizando para cubrir el puesto de secretaria cuya
vacante fue alegada por el alcalde, Salvador Hernández (C's), para pedir
que se suspendieran los plazos que le impuso para informar sobre sus
gestiones de cara a hacer "no urbanizable" el paraje de El Algarrobico
bajo advertencia de posibles multas ante dilaciones "no justificadas".
En su enésima providencia, el alto
tribunal andaluz responde a la petición efectuada por el alcalde y le
exige que en un plazo máximo de diez días dé cuenta del régimen de
sustitución previsto respecto al puesto de Secretaría en el Consistorio
así como sobre las gestiones que se estén llevando a efecto para que tal
régimen resulte operativo.
Hernández pidió la suspensión de
los plazos que la Sala de lo Contencioso-administrativo acordó para que
informara cada diez días de los cambios y actuaciones encaminados a
hacer "no urbanizable" los terrenos de El Canillar y El Algarrobico,
donde se ubica el hotel de Azata al asegurar que carecía de secretaria
para poder efectuar los trámites solicitados.
En concreto, el
primer edil carbonero detalló en el documento suscrito durante las
pasadas navidades que el puesto de secretaría se encuentra vacante, toda
vez que la persona que ejercía sus funciones como secretaria accidental
"cesó el pasado 24 de diciembre" sin que aún haya sido cubierto.
"En el momento de incorporación o nombramiento de Secretaria en el
Ayuntamiento de Carboneras se pondrá en conocimiento de la Sala",
apuntaba el alcalde en su escrito con el que pedía que se paralizaran
los plazos al entender que para acatar el contenido de la resolución
judicial era preciso contar con esta figura municipal encargada de la
función pública.
La Sala de lo Contencioso-administrativo de
Granada ordenó que se librara un oficio "urgente" dirigido al alcalde
para que acometa acciones y cambios en el plan general del municipio
conforme a las observaciones realizadas por Greenpeace y la Junta de
Andalucía, que alegaron al informe técnico municipal remitido el pasado
mes de agosto con el que el Ayuntamiento daba por cumplido dicho
trámite.
En su resolución, la magistrada María del Mar Jiménez
Morera exigía al alcalde que informara "cada diez días" a la Sala de
las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a los cambios y
actuaciones ordenadas de cara a conformar los sectores ST-1 y ST-2 como
no urbanizables.
En este sentido, hacía una advertencia
expresa a Hernández de que "de detectarse cualquier dilación no
justificada" se procedería a la imposición a su cargo de "multas
coercitivas" con la posibilidad incluso de deducir testimonio ante las
autoridades judiciales "por si procediera exigirle cualquier tipo la
responsabilidad penal".
El tribunal ya advirtió en ocasiones
anteriores al alcalde de Carboneras con la imposición de multas
personales así como con la posibilidad de acudir a la Fiscalía si no
realizaba las acciones necesarias para declarar no urbanizables ambos
parajes en base a las sentencias, sin que se llegara a adoptar dicha
decisión finalmente.
En este caso, realizaba varias
puntualizaciones concretas sobre el ordenamiento que fueron advertidas
por la organización ecologista y el Gobierno andaluz, entre ellas, la
necesidad de que desaparezca la inclusión de 'El Canaillar' como suelo
urbanizable vigente así como varias menciones al respecto.
Asimismo, interesa la "publicación" de la normativa urbanística
"corregida" en ejecución de sentencia; una de las principales cuestiones
que interesan los demandantes después de que el Ayuntamiento se
limitara a llevar el contenido de la sentencia a los instrumentos
técnicos del planeamiento sin necesidad de darle publicidad a los
cambios en los boletines oficiales correspondientes.
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