En concretos, ambos ediles se enfrentan a dos años de prisión por un presunto delito contra la ordenación del territorio y otros cinco años por un delito de malversación que también se imputa al interventor, como cooperador necesario, puesto que fue quien autorizó el gasto y firmó el contrato que se habría simulado para efectuar la obra "sin formular reparo alguno".
El Ministerio Público también achaca a Torrecillas y Campoy, éste como cooperador, un presunto delito de prevaricación por omisión, por los que solicita su suspensión para cargo o empleo público durante un periodo de 12 años, según el escrito provisional de acusación. El resto de delitos también llevan aparejados una pena conjunta de inhabilitación por 18 años para ambos acusados; 15 en el caso del interventor.
La Fiscalía sostiene que en julio de 2017 el por entonces alcalde independiente y su concejal de Obras Públicas decidieron de común acuerdo pavimentar el cauce de la Rambla de Albox para facilitar el aparcamiento de vehículos pese a que el espacio forma parte del dominio público hidráulico y que aquella construcción requería autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
La acusación fiscal mantiene que el alcalde y actual edil por UCIN en el Consistorio actuó a sabiendas de que dicha obra "no se ajustaba a la legalidad" y de que la Administración andaluza no concedería al Ayuntamiento el permiso, si bien "decidió llevarla a cabo sufragándola con fondos municipales sin dictar ninguna resolución ni tramitar expediente administrativo" para eludir el trámite ante la Junta.
Para ello, habría contado con la colaboración del concejal, con quién habría procedido a emplear a operarios del Ayuntamiento y de una empresa pública dependiente del mismo para pavimentar un tramo del cauce de la rambla de unos 280 metros de longitud por unos seis de anchura con una capa de hormigón de diez centímetros de espesor.
Para esta primera fase, que fue denunciada por un funcionario de la Junta, se habría abonado con fondos municipales una factura de 8.712 euros a la empresa que suministró el hormigón.
Así, en el mes de septiembre del mismo año, ambos acusados procedieron a ampliar el tramo pavimentado, de nuevo, "omitiendo deliberadamente dictar resolución y tramitar expediente administrativo", según la acusación.
El 26 de septiembre de 2017 se había pavimentado un tramo de cauce de unos 380 metros de largo por unos 15 metros de anchura, lo que suponía una extensión de 5.800 metros cuadrados.
Para dicha operación, volvieron a contactar con la misma empresa para conseguir el hormigón necesario, si bien el coste superaría los 18.000 euros y, por tanto, superaría el límite de contrato menor conforme la legislación vigente en ese momento.
Ante tal situación, la Fiscalía apunta que los representantes públicos habrían decidido "disfrazar" la naturaleza del contrato, de modo que el mismo fuera "de obra" y no de "suministro" pese a que la empresa solo iba a facilitar el hormigón ya que la obra la iban a realizar trabajadores municipales.
Bajo dicho plan, se habría ordenado a una funcionaria del Ayuntamiento que redactara el contrato de obra con las circunstancias que debían constar en el mismo. Dicho contrato fue redactado el 19 de septiembre de 2019, esto es, después de que Áridos y Hormigones Pérez Jiménez S.L "presentara ningún presupuesto" ya que lo entregó en el Ayuntamiento dos años antes.
El contrato fue firmado también por el interventor y reflejaba un presupuesto total de 49.948 euros de los que 25.000 correspondían, según el propio contrato, al "hormigonado de la Rambla". Este contrato daba lugar, según la Fiscalía, a un suministro "que no se podía tramitar como contrato menor", hecho sin resolución anterior que acordara ni las obras ni los gastos, sin expediente administrativo alguno y en un espacio que no era de titularidad municipal.
A raíz del expediente iniciado por la Junta de Andalucía por las obras en la rambla, el Ayuntamiento abonó una multa de 6.010 euros y ejecutó las obras para reponer el cauce alterado a su estado anterior que conllevaron un coste para las arcas públicas de 24.600 euros.
Por todo ello, el fiscal pide que los tres acusados indemnicen al Ayuntamiento de Albox con 57.130 euros, toda vez que para el ex alcalde y el responsable de Obras Públicas también se solicita el pago adicional y conjunto de una indemnización al Consistorio de 8.712 euros.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha previsto dos jornadas para la celebración del juicio a partir del 15 de mayo si bien el ex alcalde ha solicitado un aplazamiento de la vista, que deberá ser estudiada por el tribunal, a raíz de un accidente que padeció el pasado 15 de abril por el que sufrió varias fracturas y que, según su representación, le obligan a guardar cuatro semanas de reposo por prescripción médica.
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