ALMERÍA.- La vista oral contra la cúpula de la Comunidad de Regantes 'Cuatro
Vegas' de Almería acusada del uso durante tres lustros aguas residuales
para sus cultivos hortofrutícolas "sin tratar adecuadamente", y de
extracciones ilegales en pozos del Medio y Bajo Andarax, arrancará el 29
de enero en la Audiencia Provincial.
El juicio está señalado en once sesiones que se prevé que se prolonguen hasta el día 12 de marzo. Son, en total, once los acusados; el presidente de entidad, el vicepresidente y otros nueve integrantes o ya ex de su junta de gobierno.
La Fiscalía les atribuye la presunta comisión de varios delitos medioambientales y un supuesto delito de desobediencia, y se enfrentan a penas de hasta nueve años y cinco meses de prisión.
Para la vista oral, que se celebrará ante el tribunal de la Sección Tercera, está programada testifical de varios agentes de la Guardia Civil, así como las periciales de facultativos de la Unidad Técnica de la Fiscalía General del Estado, y del Instituto Nacional de Toxicología, con sede en Sevilla.
El escrito de calificación provisional apunta que las prácticas determinadas por el órgano de gobierno de la comunidad de regantes supusieron "un grave riesgo para la salud de las personas", ya que el agua de riego empleada para cultivar vegetales que se consumen en fresco contenían "bacterias" y "huevos" de pequeños gusanos que podrían haber provocado enfermedades entre quienes los ingerían.
El Ministerio Público achaca al presidente de la entidad dos delitos contra el medio ambiente y uno más de desobediencia, mientras que para los otros nueve acusados, en función del momento en el que formaban parte de la directiva, también observa al menos un delito contra el medio ambiente, toda vez que reclama distintas multas y la inhabilitación temporal para pertenecer a órganos de gobierno de comunidades de regantes.
La Fiscalía sostiene que al menos durante un periodo de 15 años, entre 2001 y 2016, la Comunidad de Regantes Cuatro Vegas, a través de su presidente y diez de sus consejeros en diferentes periodos, habría incumplido "reiteradamente" su obligación de dar tratamiento terciario de filtración y desinfección al agua procedente de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Almería, "bien por no aplicar ninguno, bien por insuficiencia del aplicado", de modo que el agua que se distribuía para riego "incumplía" los parámetros de la normativa de uso de aguas residuales.
Fue precisamente a raíz de estos incumplimientos cuando la Junta de Andalucía acordó el 10 de octubre de 2011 iniciar un procedimiento para suspender el suministro de agua procedente de la depuradora de El Bobar a la comunidad de regantes ante "el riesgo para la salud de los ciudadanos", si bien en agosto de 2012 autorizó el acceso a las aguas regeneradas para la "realización de pruebas de calidad" sin poder usar dichas aguas para uso agrícola.
El fiscal para la protección del medio ambiente observa así que pese a la medida cautelar que prohibía a la sociedad de regantes usar el agua de la EDAR con fines de riego, Cuatro Vegas habría procedido a distribuir agua a sus comuneros entre finales de agosto de 2012 hasta noviembre de 2014; fecha en la que se autorizó por parte de la Junta el aprovechamiento de aguas de la EDAR a la Comunidad General de Usuarios (Cgual), aunque fue la comunidad de Cuatro Vegas la que hizo dicho aprovechamiento por estar integrada en la comunidad general.
Así, al menos entre agosto de 2012 y junio de 2013, según los cálculos de la acusación pública, se distribuyeron 5.065.596 metros cúbicos de agua procedente de la EDAR sin cumplir los requisitos para reutilización de aguas depuradas; mientras que entre el 11 de noviembre de 2014 y, al menos, hasta el 27 de abril de 2016, Cuatro Vegas continuó distribuyendo agua para riego procedente de la edad "incumpliendo reiteradamente el tratamiento terciario al que estaba obligada".
El suministro de agua para el riego de las fincas de cultivo de la zona, donde predomina la plantación de tomate, supuso "un grave riesgo para la salud de las personas" ya que estas aguas contenían "bacterias y huevos de nematodos intestinales" que pueden producir un "peligro biológico de origen alimentario" y, por consiguiente, enfermedades relacionadas con la ingesta de alimentos contaminados con materia fecal.
Según el análisis del fiscal, las aguas presentaban "contaminación con amonio que las clasifica de muy mala calidad ecológica, suponiendo un riesgo grave para los ecosistemas que pueden verse afectados además de un grave riesgo para la salud de las personas por consumo de vegetales regados con estas aguas".
A partir del año 2000, la comunidad de regante decidió ampliar la superficie regable autorizada por la Confederación Hidrográfica del Sur, para lo que comenzó a suscribir convenios de concesiones de agua con propietarios de pozos de aguas subterráneas "sin autorización del organismo de la cuenca", según expone la Fiscalía, que señala que el agua de dichos pozos era considerada "mala" y además correspondía a acuíferos "sobreexplotados".
Entre 2002 y 2016, a través de su presidente y los miembros de la junta de gobierno, Cuatro Vegas habría comprado agua de al menos cinco pozos que "no tenían autorización o concesión", así como de otro más que sí tenía autorización pero "extrayendo agua con exceso de volumen permitido"; todo ello pese a encontrarse estos pozos en masa de agua calificada como "mala" por el Plan Hidrológico Nacional.
De este modo, la Comunidad de Regantes Cuatro Vegas, que "no tiene ningún aprovechamiento de aguas subterráneas", habría extraído 4.243.770 metros cúbicos de agua de pozos que "carecen de título de aprovechamiento de agua" y, por tanto, no están autorizados para extraer agua subterránea.
Del pozo que sí contaba con autorización, la Fiscalía estima que se extrajeron unos 255.931,5 metros cúbicos de agua al año entre mayo de 2006 y diciembre de 2014 cuando el permiso concedido limitaba dicha cantidad a los 14.000 metros cúbicos anuales de agua.
Todos los pozos citados corresponden a la masa de agua subterránea denominada 'Medio-Bajo Andarax' que, conforme al Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, se encuentran "en mal estado, siendo su estado químico y su estado cuantitativo malo".
La Fiscalía estima que la compra y extracción de agua por Cuatro Vegas tuvo "efectos ambientales negativos" al haber sacado agua de una masa "sobreexplotado", lo que ha derivado en un "riesgo ambiental significativo" ya que "ha favorecido la rotura del balance hídrico y la generación de problemas a la masa de agua" que implica la "pérdida de la calidad" del recuso ante procesos de intrusión marina, la disminución del volumen de agua que reduce su capacidad de depuración y la alteración de los ecosistemas asociados al agua subterránea.
Por todo ello, además de las penas privativas de libertad y las multas económicas interesa que los acusados y solidariamente la Comunidad de Regantes Cuatro Vegas realice las obras de restauración encaminadas a restablecer, en la medida de lo posible, el equilibrio ecológico en los términos que señale la Consejería de Medio Ambiente, de modo que, de no efectuarlas, indemnice a la Junta en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia correspondiente al coste de reposición medioambiental de los terrenos y acuíferos afectados.
El juicio está señalado en once sesiones que se prevé que se prolonguen hasta el día 12 de marzo. Son, en total, once los acusados; el presidente de entidad, el vicepresidente y otros nueve integrantes o ya ex de su junta de gobierno.
La Fiscalía les atribuye la presunta comisión de varios delitos medioambientales y un supuesto delito de desobediencia, y se enfrentan a penas de hasta nueve años y cinco meses de prisión.
Para la vista oral, que se celebrará ante el tribunal de la Sección Tercera, está programada testifical de varios agentes de la Guardia Civil, así como las periciales de facultativos de la Unidad Técnica de la Fiscalía General del Estado, y del Instituto Nacional de Toxicología, con sede en Sevilla.
El escrito de calificación provisional apunta que las prácticas determinadas por el órgano de gobierno de la comunidad de regantes supusieron "un grave riesgo para la salud de las personas", ya que el agua de riego empleada para cultivar vegetales que se consumen en fresco contenían "bacterias" y "huevos" de pequeños gusanos que podrían haber provocado enfermedades entre quienes los ingerían.
El Ministerio Público achaca al presidente de la entidad dos delitos contra el medio ambiente y uno más de desobediencia, mientras que para los otros nueve acusados, en función del momento en el que formaban parte de la directiva, también observa al menos un delito contra el medio ambiente, toda vez que reclama distintas multas y la inhabilitación temporal para pertenecer a órganos de gobierno de comunidades de regantes.
La Fiscalía sostiene que al menos durante un periodo de 15 años, entre 2001 y 2016, la Comunidad de Regantes Cuatro Vegas, a través de su presidente y diez de sus consejeros en diferentes periodos, habría incumplido "reiteradamente" su obligación de dar tratamiento terciario de filtración y desinfección al agua procedente de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Almería, "bien por no aplicar ninguno, bien por insuficiencia del aplicado", de modo que el agua que se distribuía para riego "incumplía" los parámetros de la normativa de uso de aguas residuales.
Fue precisamente a raíz de estos incumplimientos cuando la Junta de Andalucía acordó el 10 de octubre de 2011 iniciar un procedimiento para suspender el suministro de agua procedente de la depuradora de El Bobar a la comunidad de regantes ante "el riesgo para la salud de los ciudadanos", si bien en agosto de 2012 autorizó el acceso a las aguas regeneradas para la "realización de pruebas de calidad" sin poder usar dichas aguas para uso agrícola.
El fiscal para la protección del medio ambiente observa así que pese a la medida cautelar que prohibía a la sociedad de regantes usar el agua de la EDAR con fines de riego, Cuatro Vegas habría procedido a distribuir agua a sus comuneros entre finales de agosto de 2012 hasta noviembre de 2014; fecha en la que se autorizó por parte de la Junta el aprovechamiento de aguas de la EDAR a la Comunidad General de Usuarios (Cgual), aunque fue la comunidad de Cuatro Vegas la que hizo dicho aprovechamiento por estar integrada en la comunidad general.
Así, al menos entre agosto de 2012 y junio de 2013, según los cálculos de la acusación pública, se distribuyeron 5.065.596 metros cúbicos de agua procedente de la EDAR sin cumplir los requisitos para reutilización de aguas depuradas; mientras que entre el 11 de noviembre de 2014 y, al menos, hasta el 27 de abril de 2016, Cuatro Vegas continuó distribuyendo agua para riego procedente de la edad "incumpliendo reiteradamente el tratamiento terciario al que estaba obligada".
El suministro de agua para el riego de las fincas de cultivo de la zona, donde predomina la plantación de tomate, supuso "un grave riesgo para la salud de las personas" ya que estas aguas contenían "bacterias y huevos de nematodos intestinales" que pueden producir un "peligro biológico de origen alimentario" y, por consiguiente, enfermedades relacionadas con la ingesta de alimentos contaminados con materia fecal.
Según el análisis del fiscal, las aguas presentaban "contaminación con amonio que las clasifica de muy mala calidad ecológica, suponiendo un riesgo grave para los ecosistemas que pueden verse afectados además de un grave riesgo para la salud de las personas por consumo de vegetales regados con estas aguas".
A partir del año 2000, la comunidad de regante decidió ampliar la superficie regable autorizada por la Confederación Hidrográfica del Sur, para lo que comenzó a suscribir convenios de concesiones de agua con propietarios de pozos de aguas subterráneas "sin autorización del organismo de la cuenca", según expone la Fiscalía, que señala que el agua de dichos pozos era considerada "mala" y además correspondía a acuíferos "sobreexplotados".
Entre 2002 y 2016, a través de su presidente y los miembros de la junta de gobierno, Cuatro Vegas habría comprado agua de al menos cinco pozos que "no tenían autorización o concesión", así como de otro más que sí tenía autorización pero "extrayendo agua con exceso de volumen permitido"; todo ello pese a encontrarse estos pozos en masa de agua calificada como "mala" por el Plan Hidrológico Nacional.
De este modo, la Comunidad de Regantes Cuatro Vegas, que "no tiene ningún aprovechamiento de aguas subterráneas", habría extraído 4.243.770 metros cúbicos de agua de pozos que "carecen de título de aprovechamiento de agua" y, por tanto, no están autorizados para extraer agua subterránea.
Del pozo que sí contaba con autorización, la Fiscalía estima que se extrajeron unos 255.931,5 metros cúbicos de agua al año entre mayo de 2006 y diciembre de 2014 cuando el permiso concedido limitaba dicha cantidad a los 14.000 metros cúbicos anuales de agua.
Todos los pozos citados corresponden a la masa de agua subterránea denominada 'Medio-Bajo Andarax' que, conforme al Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, se encuentran "en mal estado, siendo su estado químico y su estado cuantitativo malo".
La Fiscalía estima que la compra y extracción de agua por Cuatro Vegas tuvo "efectos ambientales negativos" al haber sacado agua de una masa "sobreexplotado", lo que ha derivado en un "riesgo ambiental significativo" ya que "ha favorecido la rotura del balance hídrico y la generación de problemas a la masa de agua" que implica la "pérdida de la calidad" del recuso ante procesos de intrusión marina, la disminución del volumen de agua que reduce su capacidad de depuración y la alteración de los ecosistemas asociados al agua subterránea.
Por todo ello, además de las penas privativas de libertad y las multas económicas interesa que los acusados y solidariamente la Comunidad de Regantes Cuatro Vegas realice las obras de restauración encaminadas a restablecer, en la medida de lo posible, el equilibrio ecológico en los términos que señale la Consejería de Medio Ambiente, de modo que, de no efectuarlas, indemnice a la Junta en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia correspondiente al coste de reposición medioambiental de los terrenos y acuíferos afectados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario