El Ministerio Público va a pedir dos años de cárcel para cada uno de los agentes T.L.S. y M.V.M. al considerarlos cómplices de un delito contra la salud pública así como un año y medio adicional de prisión por su presunta integración en un grupo criminal, aunque alternativamente los considera al menos responsables de un delito de omisión del deber de perseguir delitos, ante lo que interesa un año de inhabilitación.
Al margen de las penas privativas de libertad, interesa el pago de multa de 150.000 euros.
La acusación sitúa a ambos funcionarios "en el segundo nivel de la
organización" y les atribuye el ser las personas "encargadas del cobro
mensual de los alquileres de las viviendas" en las que se cultivaba la
marihuana, labor por la que supuestamente se llevaban una comisión.
Así, aunque "no eran partícipes" de la instalación, mantenimiento,
recolección y venta de las plantaciones, "sí eran conocedores y
consentidores de la actividad ilícita" cometida por los cabecillas de la
red, según la Fiscalía, que en el caso de los agentes remarca,
asimismo, su condición de policías locales y les reprocha "que, a pesar
de tener conocimiento de que en las viviendas donde realizaban los
cobros, había plantaciones de marihuana, nunca procedieron a perseguir
el hecho delictivo pese a su condición de autoridad".
El
escrito determina que la organización compuesta inicialmente por siete
miembros habría comenzado a operar con anterioridad a septiembre de 2018
para obtener "grandes cantidades de marihuana dedicadas la venta de
terceros", para lo que dividieron sus funciones a fin de preparar
lugares de cultivo y establecer tareas de cuidado, vigilancia,
recolección, envasado y distribución final en Roquetas de Mar.
Para ello, los acusados de habrían servido tanto de viviendas de su
propiedad como de otras que habrían alquilado, en ocasiones a través de
terceros, para lo que se servían al menos de otros seis colaboradores.
Así, el supuesto 'cabecilla' identificado como J.A.R.S., para el que se
interesan un máximo de seis años y cuatro meses de cárcel, era el dueño
de las plantaciones y el encargado de localizar las viviendas empleadas
para los cultivos.
A partir de ahí, la red habría distribuido
distintas funciones a sus miembros, entre los que estaban los encargados
de equipar las viviendas, realizar las instalaciones eléctricas, de
gestionar las plantaciones y de llevar a cabo la recolección. Del mismo
modo, también identifica a otros acusados como los encargados de
concertar reuniones y transportar dinero para eludir la acción policial.
El escrito provisional de acusación apunta además la supuesta
participación de un "reconocido" empresario identificado como J.C.R.M.,
dueño de cuatro sociedades, las cuales eran propietarias de "múltiples
viviendas" en Roquetas de Mar que habrían servido para instalar las
plantaciones 'indoor' de marihuana con conocimiento explícito del
empresario. Para él el Ministerio Público interesa hasta tres años y
medio de cárcel.
Como consecuencia de la actividad, los
agentes realizaron un registro voluntario el 23 de septiembre de 2018 en
una vivienda de Roquetas, donde encontraron 350 plantas de marihuana
así como equipos de iluminación artificial y aparatos de aire.
En total
fueron 12 los inmuebles alquilados y propiedad de los acusados
intervenidos, así como las taquillas de los policías locales de Vícar
sospechosos, en los que se hallaron diversas cantidades de dinero.
Los acusados de los delitos contra la salud pública, pertenencia a un
grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico, por el que habrían
ocasionado perjuicios económicos por unos 9.000 euros a las compañías
eléctricas, se enfrentan a penas que van desde los cuatro años y medio
de prisión a multas por cargos alternativos como encubrimiento, omisión
del deber de perseguir delitos o un delito leve de defraudación de
fluido.
El juez instructor reseñó en el auto de procedimiento
abreviado que durante que la investigación "resultó especialmente
llamativo cómo policías locales, fuera de servicio, se moviesen con
evidente facilidad por una zona de Roquetas de Mar como las 200
viviendas, siendo hecho notorio las numerosas actuaciones judiciales ahí
por delitos contra la salud pública" y se reveló "como ambos se
convirtieron en piezas esenciales en la búsqueda de viviendas y de
personas encargadas de desarrollar otras finalidades relacionadas con la
presunta actividad delictiva".
Añadió que la actividad
ilícita de la que se les acusa suponía "unos ingresos mensuales de entre
6.000 y 7.000 euros" y que lo hacía "con plena libertad y
disponibilidad para elegir a los arrendatarios de las viviendas" para
cultivos de marihuana.
En la operación policial se registraron
ocho viviendas en alquiler y otras cinco propiedad de los acusados o de
conocidos y se decomisaron más de 1.200 plantas de marihuana. En el
domicilio y taquilla de uno de los agentes se intervinieron más de 5.300
euros procedentes supuestamente de las comisiones delictivas.
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