MADRID.- La Asociación Española de
Abogados Cristianos ha interpuesto una querella ante la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo contra la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá,
por un presunto delito cometido por funcionario público contra los
derechos individuales, contemplado en el artículo 542 del Código Penal,
por recurrir el 'pin parental' implantado en los centros educativos de la Región de Murcia a principios de curso.
La organización de juristas considera que la postura de Celaá respecto
al 'pin parental' "viola el artículo 27.3 de la Constitución
que establece que 'los poderes públicos deben garantizar el derecho de
los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones'.
Asimismo, dicen que vulnera "el artículo 16.1 de la carta magna que
establece 'el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto'; y
el artículo 39.3 que establece 'el deber de los padres de prestar
asistencia en todo a sus hijos'".
Además, afirman que la titular de Educación,
con su posición en contra del 'pin parental', "está actuando en contra
del Convenio Europeo de Derechos Humanos" que establece que "el Estado,
en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación
de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta
educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y
filosóficas".
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos,
ha tachado de "inadmisible que la ministra asegure que los hijos no
pertenecen a los padres o que intente prohibir el 'pin parental', algo
que debería ser un derecho de todos los padres".
Además,
Castellanos ha anunciado que la asociación de Abogados Cristianos "se
personará en el procedimiento judicial iniciado por Celaá contra el
gobierno de Murcia por la instauración del 'pin parental'".
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