ALMERÍA.- El hormigonado de la rambla de Albox tiene los días contados.
Así lo desvelaron el alcalde del municipio, Francisco Torrecillas, y la
delegada de Desarrollo Sostenible, Aránzazu Martín Moya, en sendas
declaraciones a La Voz de Almería
Las negociaciones
iniciadas hace mes y medio en torno a esta polémica obra no han
resultado como esperaba Francisco Torrecillas, que era partidario de “regularizar” la obra en su totalidad, pero según la delegada de Desarrollo Sostenible, Aránzazu Martín Moya, se habría buscado un levantamiento “parcial” que mantenga lo máximo posible de la obra y que sea “lo menos lesivo posible” para el municipio.
Discriminación
El
proyecto de levantamiento, que según el alcalde ya habría sido
presentado pero que la delegada niega que haya sido registrado aún, será
estudiado a su vez en las próximos días, pero para el alcade Albox ha sufrido un trato discriminatorio, ya que otros pueblos “han hecho exactamente lo mismo”, según afirma.
“En Macael hicieron un paseo y taparon la rambla sin ningún permiso,
y si no es cierto, que lo presenten”, retó el primer edil, que denunció
que la delegada de Desarrollo Sostenible, Aránzazu Martín Moya, no
habría intervenido en este caso. Si el caso de Macael ejemplifica la
injusticia que dice sufrir el alcalde, el de Pulpí supone el modelo que a Torrecillas le hubiera gustado que se siguiera en Albox.
En el municipio del Levante, siempre según las declaraciones del alcalde, los técnicos habrían autorizado un hormigonado similar argumentando que se necesitaba “acelerar el paso del agua”.
La delegada de Desarrollo Sostenible, por su parte, se ha defendido
alegando que estas actuaciones son anteriores a su mandato y que no entra dentro de la jurisdicción de la Delegación determinar si las obras son ilegales.
“Si él cree que hay alguna ilegalidad, que lo denuncie,
pero me cuesta creer que los anteriores titulares de Medio Ambiente
autorizaran una obra ilegal”, ha sostenido la delegada, que se avino a
negociar una salida consensuada para la obra el pasado noviembre y
asegura que se ha buscado un levantamiento que ”menoscabe lo menos posible” la obra realizada.
La polémica por el hormigonado, que fue construido en 2017 y casi inmediatamente declarado ilegal
por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía, ha traído de cabeza al municipio
durante los últimos dos años.
Se trata de una obra que muchos consideran necesaria aunque desaprueben que el alcalde la haya realizado sin la autorización pertinente,
ya que el cauce de las ramblas no es competencia de los Ayuntamientos
sino de la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de la Junta de Andalucía.
Desde el vertido del hormigón en 2017, se han producido dos denuncias por parte de Seprona que finalmente desembocaron en una sanción de la Delegación de Medio Ambiente por valor de 6.010 euros en septiembre del año pasado.
Movilización ciudadana
Si bien el importe de la multa fue rápidamente abonado por el Consistorio, la demolición de toda la obra y la reposición del cauce a su estado anterior -que también estaban incluidas en la resolución- no se pusieron en marcha hasta el pasado 8 de noviembre, día en el que la
excavadora encargada de levantar el hormigón fue detenida por una
manifestación espontánea de vecinos que impidió la retirada del
pavimento.
Este hecho fue el detonante de las negociaciones entre Ayuntamiento y Delegación, que fueron descritas como “una ventana de esperanza” por el alcalde, que esperaba poder mantener una obra que juzga necesaria por motivos de seguridad y saneamiento.
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