ALMERÍA.- La organización ecologista Greenpeace ha
tachado de "incomprensibles" la declaraciones efectuadas este lunes por
el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo
Saavedra, en torno a la posición del Gobierno con respecto al hotel de
El Algarrobico, al considerar que el Ejecutivo "simplemente evita
cumplir sus ineludibles obligaciones" puesto que existen sentencias
"firmes" que, a juicio de la organización, conllevan el derribo del
inmueble.
Según ha trasladado en una nota la responsable de la Campaña de
Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, "lo que debe hacer --el Gobierno--
es actuar por imperativo legal y proceder, sin más excusas, a la
demolición del hotel ilegal", ya que entiende que existe
pronunciamientos judiciales que redundan en la "ilegalidad" del
edificio.
En este sentido, ha apelado a la sentencia del Tribunal Supremo
que ratifica la ocupación por parte del edificio de Azata del Sol de la
zona de servidumbre de protección de la playa de El Algarrobico, en
Carboneras así como la del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) en la que anula parcialmente el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales (PORN) de 2008, por lo que el establecimiento
queda amparado por la normativa de 1994 que devuelve al lugar la
calificación de "no urbanizable".
Para Greenpeace, los tribunales a los que Saavedra apela en sus
declaraciones "ya han indicando que se ejecute la demolición del hotel y
ahora la Administración simplemente debe cumplir con sus obligaciones".
En esta línea, Marcos señala que en la sentencia del TS el juez apunta a
que la degradación ambiental del paraje "ha de ser corregida por otros
cauces".
La organización se ha referido también al protocolo de
colaboración sobre El Algarrobico suscrito entre la Junta de Andalucía y
el anterior gobierno, y que a juicio de Costas "no sirve para nada por
sí solo" dado que con él "se pretenden asumir actuaciones concretas sin
que se haya firmado un convenio siquiera". No obstante, Greenpeace
señala que con dicho documento, ambas partes "se comprometieron a
adoptar un plan de actuación conjunto, con un acuerdo de cofinanciación y
desarrollar el protocolo de recuperación de la playa de El Algarrobico a
través de convenios específicos".
Con esto, desde Greenpeace afirman que "a pesar de las
declaraciones del director general el Estado, sí que tiene presupuesto
para ejecutar su demolición mediante la partida asignada a su dirección
en materia de "actuaciones en la costa" que van encaminadas a la gestión
del dominio público y que ya tiene una dotación presupuestaria". En
este sentido, la responsable conservacionista ha defendido el Ministerio
"debería considerar esta actuación como prioritaria como ejemplo de que
no se van a permitir más barbaridades en el litoral y que se puede
revertir el modelo de destrucción y de burbuja inmobiliaria".
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