SEVILLA.- La consejera andaluza de Salud y Bienestar
Social, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que en Andalucía
el sistema sanitario público lo tiene "todo previsto" para que aquellas
personas que tengan la vecindad administrativa en la comunidad, "sean
inmigrantes o no", sigan recibiendo la atención sanitaria no urgente que
hasta la fecha se les venía dispensando.
A preguntas de los periodistas al término de la reunión del
Consejo de Gobierno de la Junta, Montero ha declarado que para la
atención sanitaria programada de la población inmigrante en situación
irregular --la atención urgente no requiere de ningún tipo de
documentación-- "se le solicitará sólo el empadronamiento, que es lo que
certifica que la persona tiene vecindad administrativa en Andalucía".
Montero ha justificado esta medida, "entre otras razones porque el
colectivo inmigrante tienen un impacto económico en consumo de recursos
sanitarios bajísimo, ya que es una población habitualmente sana y joven
y, por tanto, consume menos recursos".
De igual modo, ha agregado que el bajo uso de los recursos
sanitarios que hace esta población responde a que son personas "que
tradicionalmente no suelen ir a los servicios sanitario, porque piensan
que se les va a cobrar, como ocurre en sus países de origen, o por miedo
a su situación de irregularidad en el país".
Además, ha advertido de que la no dispensación de una sanidad
programada (la no urgente) podría provocar un "impacto en la salud
pública que podría perjudicar al resto de los ciudadanos", en referencia
a un hipotético aumento de enfermedades altamente transmisibles, como
puedan serlo el sarampión, al quedar fuera de los programas vacunales.
"Es decir, que no es sólo un elemento de solidaridad sino de velar
por la salud pública del conjunto de los ciudadanos", ha puntualizado
Montero. Preguntada si este derecho sanitario puede tener un efecto
llamada de inmigrantes que residen en otras zonas, ha dicho que, "en
este momento, el elemento disuasorio más importante es la falta de
oportunidad laboral que hay en España y en el entorno de la UE".
"Esto de la crisis tiene su cara y su cruz. Además, el sistema
sanitario ya vienen desarrollando el sistema urgente para cualquier
persona, resida o no en una comunidad, y lo contrario sería omisión del
deber de socorro", ha agregado.
Respecto al hecho de que el RDL 16/2012 también establece que los
mayores de 26 años podrían tener derecho a la atención sanitaria
ordinaria siempre que en el plazo de tres meses regularizaran su
condición de beneficiario respecto a un titular, Montero ha dicho que el
Gobierno andaluz "entiende que sería la Seguridad Social la que tendría
que hacer un reconocimiento de oficio de la situación de estos
ciudadanos y no dándoles un plazo de tres meses para que lo hagan
ellos".
Por ello, ha pedido al Gobierno que si dicha norma va a ser así
tal cual está redactada, "sería bueno que levase a cabo una campaña de
información para que nadie se sorpresa". En el caso de Andalucía, ha
concretado, "no ocurrirá esto porque respetaremos sus derechos, pero nos
referimos a casos como, por ejemplo, cuando un andaluz vaya a otro
lugar y le puedan poner dificultades a su atención".
De esta forma, ha advertido que "si el Gobierno central no
modifica este decreto tal como está redactado. entendemos que desde
Andalucía habrá que hacer una campaña de información advirtiendo a los
andaluces de que si se encuentran en esa situación y se desplazan a
otras CCAA tienen que regularizar su situación sanitaria para que no se
encuentren con una desagradable situación fuera de nuestra comunidad",
ha concluido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario