A solo tres semanas de que se
cumplan cuatro años del arranque formal de la denominada Operación Poniente en
El Ejido, el 20 de octubre de 2009, la instrucción sufre una parálisis de casi
tres años. Quedó en dique seco nada más abandonar el juzgado la Juez Montserrat
Peña, por traslado a Granada, que fue quien abrió diligencias secretas el 20 de
abril de ese mismo año a instancias de la Fiscalía del TSJA.
Atraso inexplicable e
incomprensible si se tienen en cuenta una serie de circunstancias bastante
notables entorno a este macro caso de corrupción.
Fue la segunda gran operación
judicial en Andalucía contra la corrupción, tras la Operación Malaya en
Marbella, con cerca de setenta personas imputadas y millones de euros saqueados
de las arcas públicas del Ayuntamiento de El Ejido. Entre los detenidos y
encarcelados preventivamente estuvieron el alcalde de El Ejido, Juan Enciso, el
interventor municipal, Pepe Alemán y una panoplia de empresarios de las
parasitarias contratas de la semi pública Elsur. Aquel sumario, con cerca de
los 300.000 folios ya, fue instruido en el Juzgado Nº 2 de Almería, donde
continúa abierto a día de hoy. Ante Su Señoría desfilaron la flor y nata del
próspero empresariado del Poniente almeriense de la época.
El escándalo social levantado
por aquella espectacular operación judicial fue de tal calibre que no solamente
indignaba a los ciudadanos el tejemaneje económico de los encausados con el
dinero público. Cabreaba e irritaba especialmente conocer, en papel timbrado
del Ministerio de Justicia, la verdadera cara de la política almeriense donde,
al margen de las siglas, casi todos acababan revolcados en la misma cama. La
política, el funcionariado, los medios de comunicación y una selecta élite social
que mangoneaba lo de los demás. Todos, siempre, muy unidos en sus fechorías.
-ORIGEN DE LAS DENUNCIAS.
La Operación Poniente no fue
fruto de las denuncias interpuestas ante la Fiscalía de Almería por IU y PP,
tal y como en algún momento interesó vender en estos años por conveniencia de
algunos políticos de la derecha. Ni tampoco por investigaciones de la Agencia
Tributaria, como recientemente ha apuntado un portavoz de la misma. Difícilmente
podrá presentar la AET un documento que demuestre que ellos, si verdaderamente descubrieron
el pastel de El Ejido y Elsur, actuaron en consecuencia judicializando su
informe de inspección.
En honor a la verdad quienes
realmente impulsaron las primeras denuncias públicas fueron los trabajadores de
la empresa Elsur, participada por Abengoa y el Ayuntamiento de El Ejido. (Por
cierto, alguno de aquellos trabajadores que actuaron como “topos” de primera
hora han sido incluidos en un Ere masivo para su despido esta semana, bajo
supervisión del actual acalde Paco Góngora, el que mayor tajada política obtuvo
del caso Poniente).
Un abogado que trabajó para el
Ayuntamiento fue el conducto utilizado por los trabajadores de Elsur para
filtrar a la periodista Eva Liria Rubio, Delegada entonces de Onda Cero El
Ejido, abundante documentación que demostraría la trama económica montada para
saquear los impuestos de los ejidenses a través de las empresas satélites del
clan. La publicidad de dichos documentos a través de la radio y El Mundo de Almería, editado entonces por Luis
Montoya, destapó el escándalo sin participación de mano política alguna. De
hecho, el presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, se desayunó por la radio
con el escándalo sin conocer de antemano
que se fuese a publicar. El edil de Roquetas no ocultó entonces su incomodidad.
A Amat, sin duda, le ponía la
idea de ajustarle las cuentas a su viejo camarada Enciso y a su gente del PAL,
ex miembros todos del PP, que le habían “robado” la Diputación mediante un
pacto oculto y vergonzoso con el PSOE de Martín Soler. Pero a Gabriel Amat le
hubiese gustado dirigir y controlar el proceso de denuncias periodísticas, ir
por delante para evitar sorpresas no deseadas. No lo logró, aunque lo intentó.
Finalmente se sumó al carro meses después, autorizando a su partido para la
presentación de una denuncia ante la Fiscalía Provincial, justo después y a
rebufo de que lo hiciese la hoy diputada comunista Rosalía Martín en nombre de
IU.
El PSOE guardó un silencio cómplice
y sospechoso con los políticos encausados en la trama, todos de derecha extrema.
Eran sus socios y amigos, con lo que planificaban en Sevilla cada otoño el
curso político almeriense con la aquiescencia de Manolo Chaves y la presencia
de Luis Pizarro.
Pero aquellas denuncias
presentadas en 2007 en la Fiscalía de Almería, donde Juan Enciso tenia buenos
contactos con el Teniente Fiscal Fernando Brea, tal y como evidenciaron las
grabaciones telefónicas de la OP, no tuvieron mucho movimiento ni efectos a
posteriori. Pasado el tiempo, meses, fue la propia Fiscalía del TSJA la que
verdaderamente activó desde Granada la investigación final que desembocó en el
desarrollo de la acción judicial y un espectacular operativo policial el 20 de
octubre de 2009.
-HACIENDA, ¿RESPONSABLES?
Recientemente han estado en
Almería en visita institucional rutinaria el Presidente del TSJA, Lorenzo del
Rio y los delegados para Andalucía del CGPJ. Lógicamente el escandaloso retraso
de la instrucción de la OP fue uno de los asuntos por los que preguntaron, a lo
que el juez decano, Luis Columna, les explicó que el retraso estaba motivado
por el Ministerio de Hacienda, que no había concluido los informes periciales solicitados
en su día desde la sede judicial instructora.
Paralelamente, los
socialistas, elevaban en el Congreso de Diputados una Proposición no de Ley en la
que se instaba al Gobierno, en colaboración con la Junta de Andalucía, en el
ámbito de sus competencias, a dotar al Juzgado de Instrucción Nº 2 de Almería,
de los medios que precise de acuerdo con lo previsto legalmente, incluido el
nombramiento de un juez de refuerzo.
Junto a
esta inquietud institucional que se ha empezado a visualizar recientemente, no
convendría olvidar la desazón que vienen padeciendo desde hace años muchos de
los imputados – que no sentenciados- en la OP. Algunos tienen o han tenido
embargadas sus cuentas, con importantes fianzas de por medio, propiedades
personales, familiares y un sinfín de medidas cautelares del todo punto
injustas por lo dilatado en el tiempo y el perjuicio causado. A otros, qué
paradoja, la Justicia ni siquiera le ha localizado el dinero oculto en esos
años.
La
proposición socialista no salió adelante por la oposición expresa del PP que
planteó una cuestión de matiz que no fue aceptada por los proponentes. El actual
juez de la OP seguirá sin apoyo extra y sin dotación de más medios para
concluir la instrucción y poder fijar fecha para la Vista Oral del macro
proceso.
Pero no
ha sido esta la única sorpresa de estos días en relación con el caso Poniente.
Un portavoz autorizado de Hacienda ha desmentido, parcialmente, que su
ministerio tenga la culpa del retraso. Lo ha hecho a través del Diario de
Almería, señalando que el 90% de la documentación está ya analizada. El
periodista Iván Gómez recoge con detalle cuanto le transmite el portavoz
oficial de Hacienda: “No hay ninguna parálisis, sino todo lo contrario. Ya se
han emitido ocho informes de avance y conclusiones provisionales y se están
ultimando los informes periciales definitivos para entregarlos al instructor
del caso antes de que finalice el año”, afirma Máximo Suchowolski, portavoz de
la Agencia Tributaria.
-PIEZAS SEPARADAS
Parece
pues evidente que la instrucción de la OP no se ha paralizado solo por culpa de
los inspectores de Hacienda como se argumentó públicamente desde la judicatura.
En ámbitos sociales y políticos almerienses se habla de la deliberada intención
de frenar y contaminar jurídicamente el proceso desde fuera. En definitiva
dilatar todo propiciando posibles causas de nulidad posterior. Sorprende
también la pasividad de la Fiscalía Anticorrupción en este proceso, sin gesto
que se conozca para salir del marasmo. El comportamiento de la Juez Alaya en el
caso de los Eres, cuando le niegan el obligado auxilio a la Justicia, podría
servir de patrón o ejemplo para concluir que en Almería ninguno de los togados
que tan tocado la OP han movido un dedo para pedir más medios o que se aceleren
los informes de Hacienda en estos tres últimos años.
El PSOE
ha quitado de en medio a todos sus dirigentes salpicados en este sumario, Martín
Soler junto a Diego Asensio y Segura Vizcaíno, pero en el PP siguen mandando
todos los actores que confraternizaron con Juan Enciso, “el mejor alcalde de
España”, según proclamó Javier Arenas en los días de vino y rosas. Alguno
incluso hasta sigue siendo formalmente socio de algún imputado en el Registro
Mercantil.
Parece
que ahí puede radicar el temor del PP a que prosiga a fondo la investigación
del caso Poniente, de donde emanan piezas separadas de calado y, con más medios
de apoyo al Juez, podrían salir algunas más.
De
todas formas, uno de los asuntos apuntados en la OP y susceptible de ser
investigado en pieza separada, los negocios del empresario hotelero y urbanístico
Miguel Rifá, ya tienen sumario abierto y en otro juzgado de Almería desde hace
más de un año, acusado de seis graves delitos económicos, esta vez sí, denunciado
por parte de los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera. Y ojo al dato: Rifá
es socio de la familia Amat en numerosas mercantiles.
