La Junta de Andalucía ha anunciado la eliminación de la gratuidad
para las entradas a museos, monumentos y enclaves arqueológicos
andaluces. Este es el segundo anuncio en cuatro años, pues ya en 2020 lo
hizo la entonces consejera de Cultura, Patricia del Pozo, aunque la
medida quedó suspendida y sin efecto.
Nuevamente anuncia la Junta la supresión de esta gratuidad general de
nuestros espacios culturales, anunciando para ellos tres diferentes
categorías de precios que van de los 3 a los 8 euros.
A continuación, se
indica que estos precios no están cerrados y que dependen del informe
de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Tampoco se
sabe con exactitud en qué fecha se pondrá en práctica la medida, cuya
finalidad exacta tampoco se aclara.
Amigos de la Alcazaba manifestó en 2016 su opinión de establecer un
precio de entrada a nuestro patrimonio, compaginando el derecho a la
gratuidad total de amplios colectivos (menores, mayores, desempleados,
personas con discapacidad, jubilados y pensionistas, profesionales del
sector, colectivos culturales y educativos...), y del conjunto de la
ciudadanía en determinados días y horarios con la conveniencia de que
los visitantes también contribuyamos al mantenimiento de los espacios
culturales como ocurre en casi todos los lugares dentro y fuera de
España.
“Nos atrevimos” a decirlo con un gobierno socialista y lo
repetimos ahora con un gobierno popular.
Sin embargo, opinamos que el actual anuncio de eliminación de la
gratuidad total de los espacios culturales es simplemente una medida
recaudatoria, ambigua, poco reflexionada, peor explicada y difícil de
llevar a cabo, al no considerar las distintas realidades de nuestro
patrimonio, las imprescindibles mejoras de los servicios que deben
ofrecerse a los visitantes y sin tener en cuenta las plantillas de
trabajadores, que en la mayor parte de los casos son muy deficitarias
Actualmente estos espacios para los que se anuncian la gratuidad nos
costaron el pasado año más de 40 millones de euros de funcionamiento, y,
aunque alguna exministra llegó a declarar hace 20 años que “el dinero
público no es de nadie”, resulta que sí que lo es, que son los
ciudadanos los que pagan con sus impuestos el mantenimiento de sus
espacios culturales. Quien no paga el uso y disfrute de nuestro
patrimonio son los visitantes de fuera de Andalucía, unos por ser de la
Unión Europea y otros, los extra comunitarios, por entrar en la “barra
libre”, ante su propia extrañeza. Esto hay que valorarlo en estos
tiempos de turismo masivo, en los que por ejemplo la mitad de los
visitantes de nuestra Alcazaba no son almerienses.
La actual gratuidad contribuye a que se ponga menos en evidencia la
escasez o ausencia de servicios ofrecidos al visitante en la mayor parte
de los espacios culturales almerienses: audioguías, visitas guiadas,
planos, folletos, accesibilidad (no sólo física, sino también sensorial y
cognitiva), correcta señalización e iluminación (los problemas de
iluminación en la Alcazaba merecerían un capítulo aparte)…
Por otro lado, es imprescindible un aumento de las plantillas de
trabajadores, pues en muchos de los museos y monumentos que se
incorporarán a este sistema de pagos, el déficit de personal se arrastra
desde hace 30 años, alcanzando a veces a la dirección en los espacios
que la poseen.
En la Alcazaba de Almería, según el sindicato USTEA, el
déficit de personal llega al 40% de la plantilla. No cuenta con
ordenanzas, auxiliares de instituciones, restaurador, jardinería, entre
otros, y tiene sólo dos vigilantes por turno para todo el recinto. En
otros monumentos como Los Millares, el déficit laboral llega hasta el 75
por ciento.
Además, para poner en marcha el sistema de cobros se requieren
trabajadores cualificados, requeridos por ley para este fin,
trabajadores que no existen actualmente en las plantillas. El sindicato
USTEA señala que desde hace 24 años no se cobra entrada a los
extranjeros comunitarios (pese a que está legalmente establecido) porque
no hay expendedores autorizados, y “sin ellos no se pueden cobrar las
entradas”.
Las responsabilidades de manejar dinero público quedaron de
manifiesto con el “caso Alhambra”, que acabó con escándalo y con su
directora. Estos expendedores autorizados servirían también para acabar
con la cuantificación de visitantes “a ojo”, al no existir justificante
de entrada, que da lugar a que algún político ceda a la tentación de
hinchar las cifras a su conveniencia.
Tampoco se ha clarificado a qué fines se destinará lo recaudado. ¿A
mejorar los servicios y la preservación y promoción de los fondos
patrimoniales o simplemente a recortar la financiación pública? ¿Acabará
el dinero en una caja única o revertirá en los propios espacios?
Tengamos en cuenta que para la Alcazaba se prevé un millón de euros
anuales de ingresos en concepto de entradas.
La Junta debería por tanto dar muchas explicaciones antes de anunciar
el fin de la era de la gratuidad total, cuya finalidad no puede ser
meramente recaudatoria, recaudación que además alcanzaría solamente al
20% del gasto.
En definitiva, opinamos que este segundo intento de la Junta de
Andalucía debe también paralizarse hasta despejar todas las incógnitas
existentes, de manera que la finalización de la gratuidad en museos y
monumentos esté realmente justificada y pueda ser correctamente
explicada a la ciudadanía y comprendida por ella.
